18 de febrero de 1996

CASTILLA Y LEON ANTE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL




Suplemento ICAL, Febrero 1996





Para analizar correctamente lo que significa el agua en la economía y en la sociedad española es preciso abordar los aspectos que la caracterizan desde una perspectiva dual y a la vez comple­men­taria. Difícilmentee se pueden afrontar los problemas y suscitar las soluciones más idóneas para corregir­los si, en efecto, no se inscribe la valora­ción de los recursos hídricos dentro de su entorno ambiental específico (o, lo que es lo mismo, en las particularidades de su correspon­diente Cuenca Hidrográfi­ca) y al propio tiempo en el contexto de las estrechas interdepen­dencias que necesariamen­te existen entre aquéllos y los caudales del sistema hidrográ­fico global en el que se integran. De ahí que cual­quier visión fragmentaria o reduc­cionista de la política del agua resulta hoy no sólo anacrónica y disfuncional sino que entra en flagran­te contradic­ción con la función estratégica de un recurso que, como sucede en España, debe cumplir la doble función de satisfacer equitativa y racionalmente las demandas planteadas y de contrarrestar los inconvenientes derivados de la fuerte desigual­dad en su distri­bución geográfi­ca. A ello responde el propósito que en su momento inspiró la promulgación de la Ley de Aguas de 1985 y, sobre todo, la intención explícita de los importan­tes Reglamentos (del Dominio Público Hidráuli­co y de la Planifica­ción Hidroló­gica) que posterior­mente la desarrollaron.

Sin embargo, a pesar de los diez años transcurridos desde su entrada en vigor los interesantes objetivos que animaron la azarosa entrada en vigor de la Ley se han visto notoriamente decepcionados por la dificultad sistemática de llevar a cabo a lo largo de este período la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional. Es decir, de ese ambicio­so e indispensable proyecto que merecería ser resaltado sin paliativos como el gozne en torno al cual se habría de articular, al margen de fracturas y antagonismos absurdos, la ordena­ción de los recursos hídricos en España y, en consecuencia, como uno de los pilares esencia­les de toda política de desarrollo solidaria y con visión de futuro, en la que el agua ocupa una posición primordial.

Aunque, dados los precedentes y las actitudes mantenidas en torno a la cuestión, no resulta fácil ser optimista sobre las perspectivas de cumpli­miento de este compromiso a corto o medio plazo, debemos subrayar una idea de importancia capital: la disponibi­lidad de un Plan Hidrológico constituye en los momentos actuales una de las exigen­cias prioritarias del país, al tratarse del único instru­mento capaz de resolver, o al menos de mitigar con garantía, los graves inconvenientes que derivan tanto de los factores de índole natural como de las anomalías de gestión y tratamiento de un bien de singular importancia estraté­gica. Si en el primer caso, convendría evocar los riesgos inherentes a la fuerte irregularidad pluvio­métrica del país, en el segundo los problemas tienen que ver, en general, con el solapamiento de competencias en esta materia, lo que explica la descoor­dinación existente y esa dificul­tad estructural a que se enfrenta la aplicación de criterios de racionali­dad y visión prospectiva en la utilización de un recurso tan valioso como inestable.


Pues bien, a falta de acometer ese paso tan fundamental que no debiera demorarse más allá de otra legislatura, nos encontramos todavía ante una política del agua que, debido a estas servidumbres, sigue adolecien­do de no pocas limitaciones e insufi­cien­cias y que, como se ha visto con motivo del fuerte periodo de sequía sufrido por España en el pasado quinquenio, se traduce en una preocupante propen­sión a generar tensiones y conflictos marcada­mente contra­dicto­rios con la indispensable coordinación de iniciati­vas que convendría primar sobre el enfoque frag­men­tario con que a menudo suelen abordarse los problemas económicos y territo­riales en nuestro país con resultados harto insatisfactorios.


No es difícil entender, por esta razón, que la mayor parte de los esfuer­zos realizados en esta direc­ción aparezcan casi siempre restringidos a la adopción de soluciones parciales o, en todo caso, concebidos con una finalidad que sólo contempla, tal vez porque no pueda hacerlo de otra manera, una vertiente de las múltiples en que aparece estructurada la compleja gestión del agua en nuestros días. Así se explican las frecuentes paradojas observadas en la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos implicados, ya que si desde la Adminis­tración Central las actuacio­nes se centran ante todo en el campo de la inversión y en la adopción de medidas técnicas concretas, no cabe duda que, por más que las realizaciones en este sentido arrojen en general un balance muy digno de encomio, su efectividad a la larga puede verse entorpecida por las deficiencias observadas en el seguimiento del uso de la obra efectuada y, lo que es más importante, en la ordenación del régimen económico de explotación.


Pues es evidente que si los mecanismos de gestión del agua se identifica­sen con criterios de globalidad, racionalidad, armonización y optimización de inicia­tivas y proyectos, en un marco de coordinación eficiente de las decisiones, y en un momento además en que las innovaciones técnicas permiten afrontar problemas de gran envergadura, no cabe duda que muchas de las inquietudes, enfrentamientos y discrepancias que hoy afectan al panorama hídrico español quedarían, si no totalmente superados, sí por lo menos sujetos a la tranquilidad que proporciona el control eficaz y coherente del recurso, más allá de los inevitables ciclos naturales a que se halla supeditado, y con los que necesariamente hay siempre que contar. Dicho de otro modo, se trata de dar un paso más, y a ser posible definitivo, en la supera­ción de las limitaciones impuestas por la Naturaleza en un país donde a los altísimos contrastes en la distribu­ción geográfica y estacional de las precipi­taciones se suman los inconvenientes propios de una situación geográfica favorable a la alternan­cia de largos períodos de aridez con fuertes episo­dios lluviosos que incluso pueden desembocar, como ha ocurrido este año, en la catástrofe más o menos generalizada.


En mi opinión, no carece de interés efectuar estas reflexiones desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre todo si se tiene en cuenta la personali­dad que la identifi­ca desde el punto de vista hídrico y, por ende, del significa­tivo margen de maniobra que ello le proporciona. Varios son los indicadores que podrían ser esgrimidos a la hora de ponderar sus posibilidades al respecto.


En principio, el rasgo más llamativo viene dado por la magnitud de la superficie drenada por el Duero, que configura - en sus 79.500 Km2 - la más extensa entre las Cuencas Hidrográficas españolas, siendo a la vez la que presenta un grado de articulación fluvial más coherente tanto desde el punto de vista físico, merced a la perfecta ordenación jerárquica de la red, como funcional, por cuanto cerca del 98 % de su superficie se corresponde con el territorio autónomo.


Por otro lado, y ciñéndonos a la Cuenca del Duero y al escenario bien regulado por la Confederación, se trata de un espacio cuyos potenciales hídricos vienen avalados por una serie de factores naturales que en cierto modo la liberan de los déficits, comparativa­mente mucho más elevados, del resto de la España Mediterránea. Si la posición transicional entre las regiones atánticas, lluviosas, del país y las que se encuentran más intensamente afectadas por la aridez la proporciona una mayor disponibilidad de agua, incrementada a su vez por los aportes fluviales procedentes de los sistemas montañosos septentrional y oriental, también es conocido el valor cuantitativo de los recursos subterrá­neos, en virtud de las posibilidades de filtración permitidas por la estructura sedimentaria de la cuenca. Y así, mientras los cálculos elevan la cuantía de precipitaciones medias a los 50.900 Hm3/año, de los que 15.200 representan el volumen de aportación, los efectuados a partir de las Unidades Hidrogeológicas contabilizadas estiman en casi 1.900 los Hm3 existentes bajo superficie.


Y, por supuesto, en modo alguno habría que olvidar la entidad de la riqueza almacenada en la importante red de embalses con que cuenta este ámbito hidrográfico. Baste señalar que, pese a su excesiva atomización, la relevancia de la media docena de grandes presas construidas permite alcanzar una capacidad de almacena­miento de 7.400 Hm3, lo que sitúa a la del Duero en el tercer lugar en esta variable dentro de las C.C.HH. españolas, tras las espectaculares operaciones llevadas a cabo en el Tajo y el Guadiana. Es cierto que estas cifras, dignas de un análisis más detallado, no deben llevar a posiciones optimistas infundadas ni a incurrir en la despreocupa­ción ante los eventuales riesgos de escasez, pero tampoco son irrelevantes cuando se las sitúa en un panorama ineludiblemente abocado contra el derroche y proclive a la defensa de la racionalidad en el usufructo de tan inestimable riqueza. De ahí la importancia de la base territorial de que dispone Castilla y León - a través del excelente entorno de experimentación integral propiciado por la Cuenca del Duero - para defender, en el marco de un clima de sintonía, claridad y cooperación interinstitucional, los dos grandes principios que han de regir la política del agua: la optimización y racionalización de los mecanismos de gestión en todas las fases del ciclo, y la defensa de las actuaciones que, insertas al fin en un Plan Hidrológi­co Nacional debidamente consensuado, se hallen encaminadas al reforzamiento de la solidaridad en un país donde el agua ha de desempeñar un decisivo papel de cohesión interregional, sin agravios ni discrimina­ciones.



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