Una legislatura decisiva

El Norte de Castilla, 10 de Julio de 2007

Castilla y León y la ciudad de Valladolid se enfrentan en los próximos años a una etapa decisiva de su historia. Con el horizonte que imponen los ciclos de la acción política esta etapa se identifica con la legislatura que acaba de comenzar, y de sus resultados van a depender muy directamente las perspectivas de desarrollo de la región a medio plazo así como la superación de algunas de las incertidumbres que condicionan la consolidación de su capital como ciudad sólidamente acreditada en el sistema urbano regional, español y europeo.

Es una reflexión pertinente, alertados por las circunstancias que confluyen en el tiempo para definir con perfiles nítidos los nuevos factores de cambio surgidos en el panorama internacional y español, avanzada ya la primera década del siglo XXI. No hay que olvidar que esta toma de conciencia sobre lo que significan estos factores de impacto (globalización de la economía, fuerte competencia entre territorios, desarrollo selectivo de los procesos innovadores, etc.) es percibida de modo sensible en nuestro entorno más inmediato, donde son muy activos los debates suscitados en regiones y ciudades europeas (algunas de ellas hermanadas con Valladolid), que se esfuerzan en analizar con rigor las tendencias en las que encuadrar sus estrategias de futuro, estructuradas a partir de un amplio abanico de opciones, instrumentos y medidas en cuya formulación se acoplan bien los requerimientos surgidos de la propia sociedad y los objetivos impulsados desde los propios órganos de decisión pública, fieles a los compromisos contraídos con una ciudadanía consciente y con los agentes sociales que la dinamizan y representan.

Los retos planteados a Castilla y León como consecuencia del nuevo tratamiento que ha de recibir al perder su condición de “región asistida” dentro de la Unión Europea son cruciales hasta el punto de que, bajo las nuevas premisas que inspiran su nuevo rango (como región adscrita al objetivo de “competitividad regional y empleo”), y debido a sus particularidades y problemas estructurales, pueden llegar a convertirla en un buen ejemplo a la hora de verificar las capacidades de quienes la gobiernan para lograr ese avance cualitativo e integral que la región necesita para asegurar su vitalidad demográfica y fortalecer su atractivo como espacio de oportunidad y de dinamización económica en todos los sectores.

Lograrlo en sintonía con la defensa de sus valores ambientales y patrimoniales, garantizando a la par los avances en la articulación interna de la región y en la percepción, lo más generalizada posible, de que el marco autonómico favorece realmente la búsqueda de equilibrios internos, apoyados en la valorización eficiente de los recursos de todo el territorio, abre un campo de perspectivas mal avenido con la inercia, con la autocomplacencia o con la pretensión de que los problemas y las contradicciones se resuelven por sí solos. Entiendo que este objetivo ha de basarse ante todo en la aplicación decidida y sin ambigüedades de la Ley de Ordenación del Territorio a través de la puesta en marcha de las Directrices Esenciales que permitan definir el modelo territorial que la región necesita así como las actuaciones encaminadas a conseguirlo. Dicho de otro modo, ésta que empieza ha de ser la legislatura en la que se emprenda una política activa, motivadora, y sostenible de ordenación territorial, poniendo fin a las numerosas contradicciones que han jalonado este proceso.

En este mismo contexto el futuro de Valladolid, más allá de los efectos sobre su centralidad de las potentes infraestructuras de transporte previstas, no es ajeno al margen de expectativas creadas para una ciudad en la que la dimensión estratégica y cualitativa de sus grandes directrices debe primar como criterio de actuación esencial. No de otro modo hay que entender los problemas surgidos ante la necesidad de atajar los riesgos de la desindustrialización, de preservar sus valores urbanísticos, patrimoniales y ambientales amenazados, de asumir la función que la corresponde en la organización racional de su caótico espacio metropolitano o de afianzarse al tiempo como ese núcleo de referencia al servicio de la mejor integración posible del espacio regional, superando recelos y desconfianzas que pudieran llegar a poner en entredicho la entidad y cohesión de un territorio tan propenso a las posiciones centrífugas.

Son en ambos casos tareas complicadas, pero necesarias en unos momentos en los que las expectativas de desarrollo de Castilla y León pueden verse lesionadas por los prejuicios intraterritoriales que todavía perviven. De ahí el valor de las múltiples posibilidades y ventajas que derivan de concebir la acción de gobierno como el ejercicio del poder apoyado en la cooperación fecunda entre los diferentes actores institucionales, lo que permitiría abrir nuevos espacios para el juego político, quizá entorpecido hasta ahora por visiones a corto plazo que han de ser sustituidas por perspectivas más coherentes con la magnitud de los cambios que, con visión de futuro, a todos han de afectar sin excepción y que sólo podrán abordarse si se tiene conciencia de que la fragmentación y la visión parcial de las soluciones conduce al declive de la competitividad territorial de Castilla y León, difícilmente recuperable si se debilitara en exceso o se minimizara el alcance de los riesgos que esas tendencias pueden llegar a suponer.