Han pasado 20 años y parece que fue ayer. Estábamos reunidos en la Sala de Profesores de la Facultad de Derecho de Valladolid en un acto cultural cuando César Aguirre Viani, catedrático de Medicina, nos dio la noticia. Era el 16 de Noviembre de 1989. Ocho personas habían sido asesinadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador. Entre ellos, los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. En la masacre murieron también la señora que les atendía, Elba Ramos, y su hija, Celina, de 16 años. Lo recuerdo como una noticia atroz que, como un mazazo, conmocionó las conciencias y reveló la descarnada dimensión de la tragedia que entonces se cernía sobre aquel país centroamericano.
Durante todo este tiempo ha permanecido como un recuerdo imborrable, causante de esa sensación de impotencia que provocan la impunidad y el frustrado deseo de que se haga justicia. Con frecuencia acudo a la Fundación Segundo y Santiago Montes, que en Valladolid dirige su hermana Catalina, y en la que se llevan a cabo actividades culturales de una extraordinaria calidad, en un ambiente gratísimo, que no me impide nunca evocar la memoria de las víctimas de aquel crimen horrendo con la pesadumbre de que todavía nadie haya sido imputado. En El Salvador se habla poco del tema, salvo en círculos reducidos que sienten cómo la imagen del país sigue lacerada por un hecho que trasciende la historia local para convertirse en otro símbolo más de la barbarie que ha marcado buena parte de la del siglo XX.
Al fin ocurrió hace un año. El 13 de noviembre del 2008 fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) una querella contra 14 miembros del Ejército salvadoreño y respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), que tiene su sede en San Francisco. Amparándose en el principio de justicia universal que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Garzón y en el hecho de que cinco de las víctimas eran españolas, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha admitido a trámite a comienzos de este año la querella que, aunque desestima la imputación del entonces Presidente de la República, Alfredo Cristiani, sí lo hace con los catorce militares - entre ellos, cuatro generales, dos coroneles y tres tenientes - incluidos en la querella de la APDHE.
La instrucción promete ser ambiciosa a fuer de dilatada. Al tiempo que ordena la declaración del ex fiscal general de la República y de los jueces y fiscales asignados al caso cuando, sin resultados, se juzgó en El Salvador, solicita, a través de una comisión rogatoria, la remisión del testimonio completo de la causa penal que en aquel pais se llevó a cabo, con el fin de conocer los "mecanismos de perdón y de extinción de la responsabilidad criminal" de los que pudieron beneficiarse los "autores intelectuales y/o materiales de los asesinatos". Asimismo, solicita a la Justicia de Estados Unidos la toma de declaración de los miembros de la Delegación norteamericana que en representación del Congreso de Estados Unidos investigó, también sin resultados efectivos, los hechos en 1990.
No es fácil hacer pronósticos sobre la evolución del proceso iniciado en España. Apoyado por las organizaciones salvadoreñas de Derechos humanos,aparece, sin embargo, cuestionado por los responsables de la Universidad Centroamericana, partidarios de afrontar ese crimen “mediante los instrumentos legales y de diálogo de El Salvador”, al tiempo que en la sociedad salvadoreña no son pocas las resistencias a que los culpables sean sancionados, al señalar que los horrores del pasado quedaron diluidos en los Acuerdos de Paz con los que se trató de reconciliar a una comunidad fuertemente traumatizada por doce años de guerra civil.
Dos décadas han pasado ya. Catalina Montes, la entrañable Caty para muchos de nosotros, ha declarado que confía en que, al fin, se haga justicia. Es lo que muchos deseamos para que los autores de aquella terrible masacre sean condenados y el dolor que nos produjo reciba el alivio que merece. Suceda lo que suceda, la imagen de la tragedia y de quienes la sufrieron siempre permanecerá viva en la memoria.
Entre las capitales centroamericanas, posiblemente la de Honduras sea la menos visitada por quienes se dirigen al istmo que enlaza el Norte con el Sur del continente. Cuando se la contempla desde el aire, a punto de aterrizar en el aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa se muestra como una ciudad donde nada resalta, en la que la expansión desordenada de las construcciones apenas deja entrever elementos de singularidad que llamen la atención, salvo los solares vacíos que salpican el tejido urbano y le aportan un aire casi irreal, inmerso en un entorno en el que la montaña, de un espléndido verdor, establece un espectacular contrapunto natural. Incluso sus edificios nobles ofrecen una modestia que no se ve en los otros países del área. A diferencia de San Pedro Sula, la capital económica próxima al Atlántico, es una ciudad que, pese a su condición capitalina, se muestra más tranquila, algo átona, menos bulliciosa, salvo en los momentos en los que el Boulevard Morazán o el Parque Central, donde se yergue la Catedral, aparecen colmados de gente y presentan el tumulto tan conocido en las ciudades latinoamericanas.
Da la impresión de que el tiempo se hubiera detenido en ella. Tiempo marcado por una evolución histórica en la que los hondureños se han visto despojados de su propio destino. País doblegado a la potencia extranjera que lo ha modelado a su antojo – Estados Unidos, aunque hoy le haya vuelto la espalda- los intentos por salir de esa postración siempre han culminado en el fracaso. Ryszard Kapucinski habló de Honduras como el ejemplo del país donde nunca pasa nada que se note, del territorio sumido en el silencio, el mismo que se percibe cuando se visitan las ruinas mayas de Copán. Los analistas lo describen como la manifestación más clara de lo que representa una república bananera, plegada desde siempre a los intereses de la United Fruit Company y bajo la tutela implacable de un Ejército que ha tolerado la democracia porque jamás ha puesto en peligro las estructuras del poder dominante, a ultranza defendidas por una clase política corrupta, servil a los privilegios de los grandes hacendados, que a comienzos de los ochenta plantearon la posibilidad de convertir a Honduras en Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
“Tegus”, como se la conoce entre sus gentes, se limita a seguir creciendo erráticamente, mientras mantiene una actividad económica muy por debajo de las posibilidades de la ciudad, mientras sus habitantes sobreviven como pueden, deleitándose de vez en cuando con su samba típica, que llaman Punta, o con una cocina de tintes caribeños, mucho más variada que en Guatemala o El Salvador. Durante cuatro meses ha estado apartada del mundo, mientras el país se sumergía aún más en las honduras de la miseria. Es la capital de un Estado famélico que de pronto se ha distinguido tristemente en la América atormentada porque el fantasma de las dictaduras que se creían cosa de otro tiempo emerge con la violencia a la que ya nos habíamos desacostumbrado. Es la vuelta a la dictadura sin paliativos. Una dictadura que ha sumido al país en el cerrojazo informativo, en la represión brutal y en la ruina. Significa la extrema endeblez de las democracias en un área que ha visto sucederse en el tiempo todos los despropósitos característicos de una trayectoria política convulsa. El logro de la paz, forzada por las circunstancias, no ha resuelto las situaciones de conflicto larvadas a partir de la desigualdad social más escandalosa del mundo. La respuesta a la tragedia de la pobreza ha sido tan tibia que cualquier intento de amortiguarla sólo ha traído consigo resistencias que han prevalecido al fin. Nada se ha avanzado en ese sentido en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, la expresión más patente de la impotencia de gobiernos que hace tiempo declinaron en su voluntad de modificar levemente el estado de las cosas.
A muchos sorprendió que en este contexto Manuel Zelaya, el hacendado de Olancho y dirigente del Partido Liberal, afrontase lo que nadie había intentado hasta entonces. Puso en marcha una política de regulación de las concesiones mineras responsables de grave impacto ambiental, incrementó el salario mínimo, planteó reformas inéditas desde el punto de vista sanitario, mediante iniciativas de protección a la infancia y el impulso a la comercialización de medicamentos genéricos, introdujo mecanismos de control aplicados a las compañías telefónicas…. Estas medidas le granjearon un apoyo popular del que jamás había gozado otro Presidente en el país más pobre del istmo. Intuyó que ese respaldo, unido a su alineamiento con los Estados de la Alianza Bolivariana, iba a permitirle continuar otra legislatura al aventurar el resultado positivo de la encuesta que, con una pretensión consultiva, recabase el apoyo de la opinión pública para una Asamblea Constituyente que reformase la Constitución con vistas a la reelección. ¿Error, riesgo inasumible por sus adversarios, excesiva confianza en sí mismo, transgresión de la ley, pretexto en cualquier caso?. Todo se unió a finales de Junio para justificar su derrocamiento y el inicio de la experiencia golpista que los medios se han encargado de propalar con todo lujo de detalles.
Nadie se esperaba que Lula da Silva, acogiéndole en la embajada de Brasil, iba a socorrer a Zelaya del modo en que lo ha hecho. Ese refugio en tierra hondureña, y arropado por la inviolabilidad de la legación brasileña, ha creado desconcierto y obligado a matizar el empecinamiento que el gobierno golpista, aislado internacionalmente y con el país paralizado, trataba de mantener. Es obvio que el presidente de Brasil juega sus bazas como gran líder regional, de modo que, ocurra lo que ocurra, su gesto será aplaudido en todo el mundo. Entre tanto, el tiempo juega a favor de una solución de la crisis que en todo momento ha estado gestionada, con trampas, mentiras y dilaciones, por un tal Micheletti en cumplimiento del único objetivo para el que fue impuesto: de ninguna manera Zelaya debe volver al poder o, si lo hace, fugazmente y con la sola intención de dar apariencia de legalidad a la investidura del nuevo presidente. El laberinto se complica y despeja a la vez. A sabiendas de que la comunidad internacional acabará aceptando el resultado de unas elecciones efectuadas sin garantías, la nueva legislatura se abrirá titubeante y azarosa tras una experiencia dictatorial miserable, que revela los enormes riesgos que aún corre la democracia en Centroamérica, a la par que se cimentará sobre la tragedia vivida y sobre el recuerdo difícil de eludir hacia un gobernante que, salido de las filas de los poderosos, intentó abrir un horizonte de esperanza a quienes la falta de esperanza ha marcado sus vidas a sangre y fuego sin más expectativa que la de sobrevivir en un mar de injusticias flagrantes y de calamidades irresueltas. Para siempre.
