En torno a la "macrorregión" del Noroeste ibérico

El Norte de Castilla, 17 de septiembre de 2010

“La unión hace la fuerza”. Así reza el lema del país de los belgas y así lo reitera la experiencia archiconocida de que el esfuerzo compartido permite alcanzar objetivos que aisladamente serían no sólo más dificultosos sino también de menor consistencia y viabilidad. Aplicada esta premisa al desarrollo territorial de la Unión Europea, su plasmación efectiva goza de una dilatada trayectoria que hunde sus raíces en la propia concepción del espacio europeo como una realidad geográficamente compleja, necesariamente abocada a la integración económica por razones que la historia y la experiencia se han encargado suficientemente de respaldar.

Si es evidente que la construcción europea no puede entenderse al margen de la voluntad demostrada por parte de los Estados a favor de eliminar las barreras fronterizas históricas y establecer espacios de encuentro y de compromiso que no han dejado de afianzarse, no menor importancia conviene asignar a los vínculos que se establecen entre los niveles subestatales del sistema administrativo, es decir, entre las regiones y entre los municipios.

De hecho las actuaciones en este sentido se remontan a momentos anteriores a la puesta en marcha de la política regional comunitaria en 1975, posteriormente identificada bajo el principio de la “cohesión económica y social” sobre la base de la convergencia entre las regiones que integran la Unión. Sorprende observar cómo desde comienzos de los años setenta empiezan a ponerse en práctica iniciativas de cooperación transnacional que comúnmente vienen motivadas por la necesidad de acometer actuaciones conjuntas sobre aspectos sensibles (áreas de montaña, aprovechamiento integral de los ríos, gestión forestal…) que conciernen a las partes implicadas con independencia de la discontinuidad forzada por la frontera.

Defiendo el argumento de que, en gran medida, Europa se ha construido desde las regiones fronterizas. Más que una ruptura, la frontera ha operado como un factor proclive al reforzamiento de la proximidad, al entender que los problemas se resuelven mejor cuando las soluciones se comparten. Sólo así se justifica el formidable apogeo adquirido por las llamadas Eurorregiones, que expresan de manera específica el valor reconocido a los espacios transfronterizos como áreas aglutinantes. En un panorama constituido por más de setenta iniciativas, el panorama es, empero, muy desigual y arroja un balance contradictorio, en el que coexisten experiencias exitosas con otras meramente testimoniales e incluso fallidas.

La Comunidad de Castilla y León se caracteriza por una trayectoria muy activa, aunque no exenta de altibajos, en el marco de la cooperación transfronteriza con las regiones limítrofes portuguesas. Ha sido beneficiaria de fondos europeos en cantidades estimables, que poco a poco han ido favoreciendo una aproximación entre los territorios a ambos lados de la “raya” y permitido un conocimiento de los valores en común del que tradicionalmente se carecía. Pero nunca ha configurado con ellas una Eurorregión. Los instrumentos utilizados han sido más modestos (Comunidad de Trabajo, Consorcios, Asociaciones), de modo que su eficacia se ha visto mediatizada por la discontinuidad en las relaciones, que no siempre han respondido al margen de posibilidades a que hubiera dado lugar una línea de actuación estratégicamente mejor definida y organizada en el tiempo.

Las modificaciones introducidas en la Política de Cohesión de la Unión Europea a partir del periodo 2007-2013 inducen a un fortalecimiento de la cultura de la cooperación territorial. Esta noción aparece definida como un Objetivo específico, es decir, como uno de los pilares esenciales de la estructuración del espacio europeo, sólo entendible desde la perspectiva de la cooperación planteada en sus tres dimensiones: la transfronteriza, la transnacional y la basada en la creación de redes regionales y urbanas, con un fuerte protagonismo descentralizado. Todo un reto, en suma, para las autoridades existentes a estos niveles, obligadas a asumir hasta qué punto la asignación de los fondos europeos ha de estar encauzada en función del grado de asimilación y aplicación de las pautas inherentes a la cooperación con territorios e instituciones ubicados en otros países del espacio comunitario europeo.

La decisión de integrar a Castilla y León en una gran región constituida al tiempo por Galicia y Norte de Portugal guarda coherencia con un enfoque del desarrollo regional vertebrado en torno a las posibilidades del espacio atlántico y a la necesidad de robustecer los vínculos allende la frontera. Me resisto a utilizar la palabra Macrorregión para definir esta estructura de cooperación a media escala, ya que el concepto aparece aún impreciso en la terminología europea o, en todo caso, se utiliza para identificar cooperación entre Estados. Pero seguramente el término es lo de menos, pues de lo que se trata es de avanzar con paso firme en una dirección inexorable. Y a nadie se le oculta que implica desafíos nada desdeñables. Y fundamentalmente uno: la historia de la cooperación entre Galicia y Norte de Portugal es tan dilatada como firme. Partícipes de una Eurorregión dotada de organismos de funcionamiento y gestión muy arraigados y de una Comunidad de Trabajo creada en 1991 y con resultados más que apreciables, constituyeron en febrero de 2008 la primera Agrupación Europea de Cooperación Territorial creada en España, figura importantísima en la que no puedo detenerme y en la que estoy investigando. En suma, nuestra Comunidad se incorpora a un espacio de interrelaciones, sinergias y compromisos ya consolidado. Sin duda tiene mucho que aportar y de lo que beneficiarse. Pero no cabe duda de que la iniciativa debe estar sustentada en una firme voluntad política, inmune al desaliento, a sabiendas de que los procesos no son tan automáticos como parece ni los resultados están garantizados de antemano.