10 de septiembre de 2021

En defensa de un Pacto por la Sanidad Rural en Castilla y León

Este texto expone y desarrolla las ideas planteadas en el debate organizado por Televisión Castilla y León en su programa "Cuestión de Prioridades" el dia 8 de septiembre de 2021



Consultorio del SACYL en Arcillera (comarca de Aliste, Zamora)  (Fotografia de Rocío Pérez, 2021)


Estas ideas, expuestas en el programa mencionado, las reitero ahora con el fin de dejar constancia de ellas: la reestructuración de la sanidad en el mundo rural es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Comunidad de Castilla y León. No hay un caso igual en la Unión Europea. Y es que, siendo también un problema destacado en otras regiones españolas y europeas, enfrentadas en este tema a una situación preocupante, las características específicas de esta región - magnitud territorial, dispersión del poblamiento, estructura demográfica- acentúan sus aspectos críticos y dificultan las opciones estratégicas para ordenar con criterios de eficacia y equidad ese servicio básico. Un servicio que además tropieza con las insuficiencias de que adolece la dotación de profesionales sanitarios, afectada en España por una mala política de Estado, que está haciendo, en función de los recortes aplicados en el periodo 2009-2018, mella dramática en el ejercicio de la medicina en el conjunto del país y, con especial impacto, en el ámbito rural. No sorprende, por tanto, el hecho de que, considerado por los alcaldes de Aliste como "un buen plan" el presentado por la Consejería de Sanidad, se insiste en la dificultad que supone su aplicación debido a la escasez de médicos para llevarlo a la práctica.

Debido a condicionamientos de esa naturaleza, y que son difícilmente soslayables, cualquier toma de decisiones es arriesgada y proclive a la polémica e incluso a la demagogia. Siempre lo será. Mas, por algún sitio habría que comenzar. Y eso es lo que ha tratado de hacer la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, lo que de entrada compromete al conjunto del gobierno autónomo. Es decir, hay que empezar a desbrozar el camino en un panorama tortuoso y dificilísimo de abordar como se quisiera y de manera óptima, habida cuenta de que el óptimo no existe. Ante una tendencia regresiva de la población, mantener dotación completa y permanente de médico y enfermería en 3.669 consultorios y 247 Centros de Salud (organizados en 161 Zonas Básicas de Salud rurales) es materialmente inviable e incluso carente de sentido. Cuando la consejera Verónica Casado compareció el día 3 de septiembre para dar cuenta del asunto quien esto escribe tomó buena nota del alud que a la señora Casado se le venia encima. Llamé a mis amigos médicos y enfermeras del Aliste para comentario... y coincidimos: "ha empezado pero nadie sabe cómo va a terminar".

Ya ha empezado, en efecto, como propuesta, como proyecto, como conjunto de ideas a tener en consideración. Conocemos, de momento, cuales son sus directrices básicas:

- extender y hacer efectiva la cita previa (como sucede en el conjunto del sistema de atención)

- reordenación del mapa de gestión sanitaria, lo que obligará a que municipios de una zona básica de salud puedan integrarse, con criterios de racionalidad geográfica, en la que mejor facilite la accesibilidad a la atención sanitaria

- posibilidad de crear nuevas áreas que permitan mejorar la prestación asistencial

- redistribuir la población entre los profesionales: mínimo de 400 pacientes por médico

- todo ciudadano tendrá un médico y un profesional de enfermería asignados y de referencia

- organizar los servicios de movilidad como garantía de un tratamiento efectivo con la mayor inmediatez posible

Naturalmente, queda aún mucho trayecto por recorrer, un trayecto cuyo horizonte depende de la iniciativa política y de la capacidad para afrontar el enorme reto planteado: que nadie quede desatendido, poniendo a su servicio las infraestructuras que lo hagan posible. El planteamiento se corresponde con una de las medidas esenciales de la política de Ordenación del Territorio, respaldada por el Parlamento regional, consistente en la creación y organización de los servicios públicos a través de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio. No es, por tanto, ajeno a un enfoque de racionalización funcional del territorio ya aprobado en las Leyes de  ordenación territorial de 1998 y 2013, de las que deriva el Mapa que -  orientado a “garantizar los servicios públicos autonómicos en el medio rural” - el Gobierno regional ratificó el 26 de enero de 2017.

Es un tema pendiente de debate, discusión, aclaración y alternativas. Y también necesitado de una explicación, clara, convincente y sincera por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y eso es precisamente de lo que se trata. Por eso resultan pertinentes los avances posibilitados por la toma de contacto con otras Comunidades Autónomas afectadas por problema similar. Prueba de ello lo ofrecen las conversaciones mantenidas con las Comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha, gobernadas ambas por el Partido Socialista, y de las que han derivado las propuestas acordadas en la reunión celebrada en Soria el 20 de septiembre.

Sin haber acometido aún el debate sobre la propuesta, no es convincente introducir en ese escenario una crisis política que eclipsa y difumina el fondo del problema y desvía la atención hacia otro tipo de intereses y preocupaciones. Adelantar elecciones supone la paralización del proceso y posponer su elaboración conforme a los criterios y los objetivos que cada opción política pueda plantear, y no a corto plazo sino en el horizonte de la legislatura, que razonablemente puede, en los dos años que restan, centrarse en tan complicada cuestión, que es lo que sin duda los ciudadanos esperan de sus representantes. Y es que un adelanto electoral siempre significa un fracaso para el que gobierna.

Tras la aprobación de la Proposición No de Ley presentada por el Partido Socialista en contra de la reforma sanitaria propuesta y aprobada con el apoyo del Partido Popular, todos los partidos aparecen situados corresponsablemente ante el tema que nos ocupa. Ha llegado la hora de verdad. Nadie puede eludir su responsabilidad, entendida como compromiso colectivo. De ahí que, como muchos profesionales y representantes locales proclaman, se impongan el consenso, el acuerdo, ese gran PACTO de Comunidad que Castilla y León necesita para que esta cuestión quede satisfactoriamente resuelta. Es la hora de la política a medio y largo plazo, no cortoplacista. Estoy convencido de que, si esa idea del compromiso compartido llegase a cuajar, Castilla y León habrá dado un paso de gigante hacia el futuro. Y los ciudadanos lo sabrán reconocer.

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