El clamor (justificado) de la España desvitalizada

Versión en español del texto remitido a la consulta realizada 

sobre el tema por la Université de Paris IV (enero 2020) 

No existe una España vacía ni tampoco vaciada, expresiones utilizadas hasta la saciedad y, a mi juicio, e indebidamente.  Puestos a interpretar con rigor la situación, la denominación más pertinente remite a las tendencias propias de un territorio que, habitado y, por tanto, con vida y actividad, se debilita social, económica y culturalmente al tiempo que pierde entidad demográfica mientras quienes aún lo habitan observan, con sensación de impotencia, que sus perspectivas de futuro aparecen ensombrecidas por un proceso de dualización del desarrollo, que privilegia sobremanera a unos territorios en detrimento de otros. Como espacios vivos que aún son, la toma de conciencia crítica de la realidad en la que se desenvuelven no debe sorprender. Explica la motivación de las sensibilidades que subyacen en las reacciones que de manera cada vez más frecuente, se plasman en movilizaciones de muy diversa índole, con un nivel de motivación al alza que no hace sino poner de manifiesto la dimensión de una preocupación que reclama una respuesta ineludible. Pero lo cierto es que no estamos ante un problema de fácil solución, máxime cuando los diagnósticos se hacen más contundentes y muchas de las politicas puestas en práctica, comunmente henchidas de buenas intenciones, ofrecen un balance muy limitado. Y es que lo que en términos genéricos se identifica como “despoblación” constituye una realidad compleja, multicausal, con matices que trascienden el estricto ámbito en el que específicamente se producen para adquirir una dimensión a gran escala, que sólo puede interpretarse en función de los cambios ocurridos en los factores sociales, económicos y culturales que, directa e indirectamente, alteran con efectos de extraordinario alcance las estructuras territoriales contemporáneas.

            Es obvio que la aplicación del enfoque territorial, preconizado por la Geografía, permite entender mejor el significado de las causas que han dado origen a la acentuación de los desequilibrios en la distribución de la población, coherentes con las circunstancias que la han motivado a lo largo del tiempo. Son circunstancias que han evolucionado al compás de un contexto en permanente metamorfosis, y al que hay que recurrir cuando se trata de ofrecer una explicación lógica sobre la decisiva modificación ocurrida en los comportamientos y la movilidad de la población, bien perceptible en la etapa previa y posterior al cambio de siglo. En esencia, la discontinuidad cronológica, que gradualmente aparece perfilada ya en los años noventa, coincide con el tránsito de los desplazamientos asociados al éxodo rural masivo y a la intensificación de los flujos que, con dimensión generalizada, emanan no solamente del mundo centrado en la economía agraria sino también de los espacios urbanos que ocupan una posición intermedia en la estructuración de un territorio funcionalmente cohesionados en función de las jerarquías heredadas, y que sobreviven dentro de un equilibrio permanentemente amenazado. No en balde el proceso no puede entenderse al margen de una redefinción de la ruralidad como "categoría de las representaciones sociales presente en el debate político y en la acción pública relacionada con la ordenación del territorio" (Bontron, 1996)

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Si los movimientos del campo a la ciudad están en la base de un crecimiento urbano generalizado, coexistente con la mecanización de las labores agrarias y la drástica reducción de la mano de obra ocupada en el campo, los síntomas de la despoblación y sus efectos demográficos – envejecimiento y declive reproductor natural -  comenzaron a ofrecer sus rasgos más preocupantes cuando se intensifica  la polarización del crecimiento a favor de un reducido número de núcleos urbanos cuyo poder de atracción se incrementa al compás de las ventajas inherentes  a la mejora de la movilidad y al incremento de las ventajas comparativas que introducen las economías de aglomeración primordialmente decantadas a su favor en espacios altamente selectivos. Las reflexiones apuntadas a comienzos de los noventa por Benko y Lipietz  a propósito de los nuevos paradigmas de la Geografía Económica, centrados en el análisis de los mecanismos que determinan la diferenciación entre “espacios ganadores” y “espacios perdedores”, no hacen sino sentar asentar las tendencias explicativas del vaciamiento poblacional en aquellas áreas donde las oportunidades de trabajo decaen en contraposición a las que distinguen a los lugares – porque de una localización puntualmente privilegiada se trata – mejor acomodados a los principios de la economía global y a las nuevas dinámicas funcionales, asociadas a las fortalezas del terciario superior y a la mejora de la conectividad,  que de ella se derivan.

 La hipermetropolización – identificado en España por la inequívoca prevalencia de Madrid como vigorosa ciudad global, cuya capacidad polarizadora desde el punto de vista económico y funcional no deja de reafirmarse - constituye su corolario más ostensible, ejerciendo un poderoso efecto succionador de recursos de toda índole que al tiempo que prima la rentabilidad de los propios desestabiliza con fuerza implacable los de sus áreas de influencia cuya dimensión física, superado el condicionamiento de la distancia, no cesa de crecer. El fenómeno coincide, como bien se sabe, con la tendencia a la reconversión drástica de los aparatos productivos regionales, tanto agrarios como industriales bajo las premisas de la competitividad que amenaza la supervivencia de muchas de las iniciativas sobre las que se había sustentado su capacidad para generar y mantener el empleo. A medida que se difuminan las líneas distintivas que tradicionalmente habían distinguido la actividad agraria de la industrial, el declive de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias coexiste en el tiempo con las incertidumbres a las que se enfrentan numerosas empresas industriales, tanto transnacionales como no pocas de las nacidas al amparo de la promoción fabril de carácter endógeno, enfrentadas a un escenario mediatizado por la obsolescencia, por la remodelación energética, por las dificultades para afianzar su presencia en los mercados o por las decisiones proclives al ajuste y a la deslocalización.

En cualquier caso, se trata de un horizonte muy crítico que, si culmina el crónico vaciamiento provocado por el éxodo rural, contribuye a la par  al declive vertebrador de las cabeceras comarcales mientras se asiste al estancamiento poblacional de una parte significativa de las ciudades medias, con inclusión de las capitales provinciales, con todo lo que ello implica de desestructuración gradual de los equilibrios asociados a la ordenación más o menos estable de la red tradicional de asentamientos, en buena medida pericilitada.  Mas la magnitud del problema no estriba solo en un debilitamiento cuantitativo de los potenciales demográficos globales. También se asiste a una seria crisis cualitativa, que no admite paliativos ante su manifestación más preocupante o lesiva de cara a los pretendidos intentos de dinamización del territorio afectado, como es la descapitalización del talento regionalizado. Ha sido la dureza de esta constatación la que ha izado todas las señales de alarma y puesto fin a las ambigüedades a las que se ha recurrido en exceso para minimizar la gravedad del fenómeno por parte de quienes habrían de asumir su cuota de responsabilidad. 

La reacción popular va a persistir con la fuerza que aportan las apremiantes demandas y las convicciones de sus protagonistas, en sintonía con la voluntad de impulsar estrategias de lucha contra la despoblación, destacadas en el riguroso informe sobre el tema realizado por ESPON. Tomando, en suma,  como referencia el caso elocuente de la Comunidad de Castilla y León, que ejemplifica con notoria expresividad cuanto sucede al respecto y ante el hecho incuestionable  de que se trata de un problema ligado a la desigualdad espacial de las oportunidades laborales, no es difícil llegar a la conclusión de que, sin estímulo de la capacidad de iniciativa, ya sea endógena o exógena, sin fortalecimiento de la voluntad asociativa de cuantos pugnan por ello y en ausencia de entorno institucional que la arrope, no es posible recuperar las potencialidades latentes, haciendo un uso positivo a su favor de las tecnologías innovadoras. Pues es necesario reconocer que, incluso en un contexto de desvitalización como el observado, siguen existiendo recursos y elementos de oportunidad a la espera de que sean valorizados como se merecen. He ahí, por tanto, uno de los principales desafíos de la acción política, es decir, de una política territorial firme, decidida y bien articulada, que no cierre el camino a la esperanza.

Internet, lucha contra la despoblación y desarrollo territorial

El Norte de Castilla, 21 de abril de 2018

 

            Abordar el problema de la despoblación en las áreas rurales se ha convertido en un tema tan reiterado en la estimación de la importancia que tiene como impreciso cuando se trata de acometer medidas encaminadas a su resolución. Observo que, pese a la relevancia que se le otorga, no son aisladas las voces que admiten, con resignación o sin ella, que hay que asumirlo como uno de los efectos ineludibles del signo de los tiempos a favor de la concentración demográfica en áreas urbanas, por más que en una parte significativa de éstas sean también perceptibles los síntomas de la crisis poblacional en que se hallan sumidas las sociedades en Europa. Es probable que, ante este hecho, estemos asistiendo a una modificación de las reflexiones que han encauzado hasta ahora el sentido del debate, a medida que adquiere una dimensión global, asociada a los efectos provocados por la concatenación de los diversos factores a los que atribuir la crisis demográfica detectada en la segunda década del siglo XXI y particularmente a raíz de la crisis desencadenada en 2007. Basta leer el excelente análisis realizado por los geógrafos José María Delgado y Luis Carlos Martínez (Población, Demografía e Inmigración, Consejo Económico y Social de Castilla y León, 2017) para valorar en toda su dimensión, tanto cronológica como espacial, la magnitud del fenómeno a escala nacional y regional.

            Enfrentados a esta perspectiva, y reconociendo que se trata de uno de los más importantes desafíos que ponen a prueba el sentido de la eficacia y la equidad de las políticas públicas y de quienes las gestionan, la cuestión estriba fundamentalmente en valorar el alcance de los instrumentos concebidos para dar respuesta a la regresividad de la tendencia o, mejor aún, para neutralizarla. A la vista de los resultados obtenidos, las estrategias adoptadas en esta dirección han quedado muy lejos de las pretensiones previstas, cuando no se han visto clamorosamente frustradas. Nadie ha justificado hasta ahora el rotundo fracaso de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, al parecer definitivamente relegada al baúl de los recuerdos. Tampoco se sabe nada de las cincuenta medidas lanzadas a bombo y platillo para luchar contra la despoblación por la Comisión de Entidades Locales del Senado en 2016. Y, por lo que respecta a Castilla y León, ya me he hecho eco en numerosas ocasiones de la sensación de impotencia que provoca la congelación a que se encuentra sometida la aplicación de los métodos y el cumplimiento de los objetivos previstos en las normas relativas a la ordenación integral de su vasto y contrastado territorio. Da la impresión de que en el tratamiento del problema las líneas de actuación que se proclaman, a menudo tan enfáticamente, están caracterizadas por un proceso reiterado en función del cual a la propuesta de iniciativa sucede de inmediato la dilación o el abandono de su puesta en práctica. Dicho de otro modo, nunca ha existido la correspondencia lógica que debiera haber entre la orientación estratégica preconizada y la voluntad de implementarla.

            Es bien sabido que el debilitamiento demográfico de un territorio solo se afronta satisfactoriamente creando las condiciones que disuadan del abandono por parte de quienes residen en él. También la experiencia avala la necesidad de que estas condiciones se encuentren bien complementadas desde el punto de vista económico y social.  De su conjunción dependen las políticas de vitalización demográfica. Las económicas tienen que ver con la posibilidad de empleo y de crecimiento en un contexto de diversificación productiva y de respaldo a la capacidad de iniciativa individual y de grupo. Y las sociales con la existencia de un entorno de confianza, de realización personal y de relación satisfactoria. 

            Si hasta el momento las grandes actuaciones encaminadas a corregir la despoblación se han mostrado fallidas, postergadas o claramente insuficientes... ¿qué importancia cabría asignar a aquellas actuaciones susceptibles de favorecer el aprovechamiento de las posibilidades asociadas a la eliminación de los desequilibrios qué estructuralmente han impedido a amplias áreas del territorio estar debidamente integradas en la sociedad del conocimiento y la información, soportada y estructurada a través de Internet? Y es que, ante la constatación incuestionable de que la mejora de la conectividad virtual permite la difusión del crecimiento y la minoración de los costes tradicionalmente determinados por la distancia, no es difícil llegar a la conclusión de que esforzarse de manera prioritaria en la configuración equitativa y eficiente de esta dotación básica constituye un requisito primordial sobre el que proyectar cuantas medidas adicionales pudieran materializarse de acuerdo con las convincentes lecciones extraídas de la experiencia comparada en escenarios europeos afectados por la desvitalización demográfica o poblacional. 

            Conviene traer a colación este hecho tras la declaración efectuada por el presidente del Gobierno español el 20 de marzo de 2018, cuando afirmó en la ciudad de Teruel que la totalidad de los municipios españoles tendrá conexión de banda ancha antes de 2021 a una velocidad de 300 megas por segundo, con una cobertura que afectaría al 95 por 100 de la población. Se habló entonces de una inversión de 525 millones de euros. No es una iniciativa que deba sorprender, pues ya estaba contemplada como una de las directrices esenciales de la Estrategia Territorial Europea (1999) y la propia Agenda Digital Europea ha fijado el año 2020 como el horizonte temporal  para que todos los ciudadanos de la Unión, residan donde residan,  tengan acceso a conexiones de esta entidad. Su impacto espacial será relevante, ya que afectará a cuatro millones de hogares y a nueve millones de personas residentes en el mundo rural. Y, aunque, en virtud de la experiencia adquirida, el escepticismo parece de momento la actitud más aconsejable, observando además la poca atención que al tema se dedica en el  proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, habrá que estar atentos a la aplicación de esta importante iniciativa, a sabiendas de que quizá se trate de la (pen)última esperanza.

Ordenar el territorio: "una ardiente obligación"

El Norte de Castilla, 23 enero 2018

El concepto de Ordenación del Territorio define el significado de la idea de que las actuaciones que modelan y organizan la realidad espacial no deben quedar supeditadas a la lógica selectiva de los comportamientos del mercado, y a sus impactos ambientalmente regresivos, sino ajustadas a unas pautas racionales de intervención, concebidas a largo plazo, coherentes con los principios de preservación de las cualidades paisajísticas y patrimoniales y de acuerdo con criterios de sostenibilidad que a su vez se apoyaban en la pretensión de que la eficiencia y la equidad fuesen opciones compatibles en el desarrollo integral del territorio.

            Contemplada de manera explícita esta noción en el Artículo 148.3 de la Constitución española y aprobada en Torremolinos (1983) la Carta Europea de la Ordenación del Territorio, promovida por el Consejo de Europa, las Comunidades Autónomas emprendieron en los años ochenta un ambicioso y generalizado proceso regulador con este fin. Un proceso que se plasmó en el prolijo arsenal de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que conforman en España la vasta panoplia de directrices encaminadas a la ordenación del territorio al amparo de las competencias asignadas a las Comunidades Autónomas, que hacen uso de ellas haciendo suyas al propio tiempo las Leyes básicas del Estado en la materia y las pautas que derivan de las Directivas de la Unión Europea.

            Con la perspectiva temporal ya disponible y a partir de la valoración de los resultados obtenidos, no es aventurado afirmar que la experiencia asociada a la pretensión de una ordenación coherente del territorio en España se traduce en una ostensible frustración. Numerosos son los elementos de juicio que así lo ratifican. Basta constatar, entre otros, el alcance los incumplimientos de los objetivos previstos en las leyes, las dilaciones en la puesta en práctica de los mecanismos que los hagan posible, las contradicciones entre lo deseable y lo que finalmente ocurre, la sustitución en la práctica de las medidas planteadas con largo horizonte por las que, en cambio, ofrecen un perfil cortoplacista al margen de las implicaciones que hacia el futuro pudieran generar. En suma, la supeditación de las calidades del territorio a los objetivos de los intereses que de él se aprovechan ha definido, con rasgos en ocasiones escandalosos, muchas de las prácticas de intervención que con harta frecuencia han cristalizado en la configuración de un país profundamente alterado desde el punto de vista paisajístico y urbanístico, debido a las agresiones de que han sido objeto muchos de sus elementos patrimoniales - naturales y culturales – más valiosos.


            El empobrecimiento estético que ello ha traído consigo se revela las más de las veces como un legado difícilmente reversible. Mas el problema no reside solo en la comprobación de estos efectos, muchos de los cuales han sido ya objeto de un inventario escalofriante – “las ruinas modernas” o “la topografía del lucro” en España, descritas por Schulz-Dornburg - sino en el elevado nivel de desatención mostrado por la mayoría de la sociedad. Pese a las enormes implicaciones económicas y sociales que tiene, no es un tema presente en el debate político. Nadie en el panorama institucional habla de ello e incluso es fácil verificar su ausencia o debilidad en los programas de las distintas fuerzas en liza. Da la impresión de que deliberadamente se evita para no incurrir en compromisos cuyo cumplimiento podría provocar, llegado el caso, una posición incómoda. 

            Y, sin embargo, su trascendencia está fuera de toda duda. De ahí que, desde el escenario en el que esta reflexión se plantea, es decir, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cobre fuerza el argumento favorable en pro de la toma de conciencia de lo que una buena, equilibrada y proactiva ordenación del territorio pueda suponer para el ámbito regional que nos ocupa. Y hay que plantearlo desde la perspectiva que lo interpreta como la región europea en la que mayor número de desafíos, ambivalencias y contradicciones se plantean en este sentido. Por su magnitud superficial, por la complejidad y diversidad de sus rasgos ecológicos, por las características del poblamiento, por las críticas tendencias demográficas que la definen, por la diversidad, importancia y vulnerabilidad de sus elementos patrimoniales, por su situación estratégica…Castilla y León adquiere la dimensión de un espacio experimental muy relevante a escala de la Unión Europea o, al menos, de los marcos territoriales con los que es equiparable. 
 
        Se reafirma así su expresividad desde el punto de vista comparativo para el despliegue de actuaciones encaminadas en la doble dirección que conlleva, por un lado, la voluntad de corrección de sus riesgos y situaciones disfuncionales; y, por otro, el aprovechamiento de sus potencialidades, intrínsecas y exógenas, al amparo de los criterios que aparecen bien definidos, a mi juicio, en los instrumentos legales de los que la Comunidad se ha dotado a lo largo del tiempo. Pues no hay que ignorar que tanto la Ley de 1998, pese a las decepciones y flagrantes omisiones que ha deparado su aplicación, como la aprobada en 2013, aún por llevar a la práctica, son normas que personalmente considero muy aprovechables. Sorprende, sin embargo, el impasse a que se hayan sometidas. Y, aunque bien es cierto que son susceptibles de acomodación flexible a la hora de su puesta en práctica, no cabe duda que el futuro de Castilla y León, a la vista de la situación en que se encuentra, pasa necesariamente por la materialización de la voluntad que haga posible la Ordenación efectiva de su territorio asumiendo, con pretensión formativa de la sociedad regional y al tiempo ejemplificadora más allá de sus límites administrativos, lo que esto significa sobre la base de una normativa que se halla irresponsablemente en injustificada hibernación.  

La España despoblada. Entre los deseos y la realidad

Castrillo Mota de Judíos (Burgos)

El Norte de Castilla, 31 de mayo de 2017

El interés por el debilitamiento demográfico de los espacios rurales está de moda. En los últimos años el panorama literario se ha enriquecido con obras – algunas de gran éxito editorial - que encuentran en este argumento una motivación para dar a conocer, desde la visión que entrevera el ensayo con  la ficción, las características y las tendencias de una realidad que no pasa desapercibida. Las referencias alusivas al fenómeno de la despoblación son numerosas, las percepciones resultan contundentes cuando el viaje hace suyos esos ámbitos donde el silencio se respira y los comentarios en torno a la soledad en que están sumidos los paisajes emanan del recuerdo y de las vivencias que de ellos se extraen. Lo que sorprende es que esta actitud de sensibilización cobre fuerza y aliente ahora la reflexión cuando del fenómeno hay constancia sobrada desde hace muchísimo tiempo. Numerosos testimonios literarios y científicos así lo atestiguan. Ni es un hecho reciente ni sus manifestaciones deben inducir a la sorpresa. Los análisis sobre la crisis poblacional del campo llenan los anaqueles de las bibliotecas, en las que reposan estudios, informes, pronósticos, debates, opiniones de toda índole. Es una realidad archiconocida, a cuya interpretación la Geografía ha dedicado algunos de sus más destacados afanes, plasmados en  la atención prestada a la investigación de la regresión demográfica en los espacios no urbanos, nutrida de valiosas reflexiones teóricas y metodológicas que mantienen aún su plena vigencia.

            Si el problema es conocido y con creces investigado mucho antes de que suscitara el interés que hoy reviste ¿por qué en la actualidad adquiere tanta resonancia? Me permito acudir a tres razones para explicarlo. La primera tiene que ver con el reconocimiento del territorio, por parte de muchos, como un factor clave en el desarrollo de la cultura social; es decir, se percibe y valora como una realidad cercana, repleta de elementos y referencias que motivan la atención e inducen al descubrimiento de los numerosos e interesantes matices que encierra.  Por otro lado, no es indiferente a esta sensibilidad la constatación de los riesgos y las amenazas a los que se enfrenta,  en el contexto de la despoblación, el patrimonio cultural  localizado en los espacios rurales. Y, finalmente,  influye también la sorprendente proyección mediática alcanzada por el tema, amparada en la atención concedida por los diferentes soportes de comunicación, y que se ha visto reforzada por  los testimonios que desde la literatura han dado prueba fehaciente de una realidad que ofrece tintes dramáticos, provocadores de una atención inexcusable.

            Al amparo de esta toma de conciencia crítica parece razonable  profundizar en las causas a las que obedece la pérdida incesante de población y, sobre todo, valorar la efectividad de las estrategias adoptadas para su corrección ante el escenario de incertidumbre que las condiciona.  Es evidente que la desvitalización demográfica no es sino el resultado de los efectos selectivamente provocados en el espacio por los cambios drásticos del modelo productivo tradicional, responsables directos de los desequilibrios fraguados entre el campo y la ciudad. En esencia, las transformaciones socio-económicas derivadas de la industrialización, de la mecanización de las labores agrícolas y de la diversificación de los servicios han actuado de manera concatenada para explicar  el sesgo demográfico a favor de las ciudades, alimentado por las migraciones procedentes del mundo rural en un proceso de atracción creciente, imposible de neutralizar, acompañado de la racionalización de las tareas de las que anteriormente dependía el mantenimiento de la actividad agraria. A la postre, dicha tendencia, que se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo, para hacer mella en los servicios y en la manufactura, ha acabado demostrando su irreversibilidad. El afianzamiento de la ciudad como ámbito primordial de residencia ha calado también en la mentalidad de la población campesina, sin que ello haya supuesto el abandono de las labores agrícolas, merced a la mejora de la movilidad y de las posibilidades de estabilidad económica permitidas por las ayudas a las rentas agrarias procedentes de la Política Agraria de la Unión Europea, con frecuencia utilizadas en fracción nada desdeñable para la realización de inversiones alejadas del entorno rural.

            Contemplado de esta manera, y a tenor de la experiencia contrastada, puede decirse que el fenómeno de la despoblación, definido por el envejecimiento y las “privaciones sensoriales” de que habla Sergio del Molino, admite difícil réplica. Es justo y pertinente preocuparse por ello, respaldar las movilizaciones, los foros  y las actuaciones encaminados a mantener viva la llama a favor de un universo que declina y  no cejar en el empeño en pos de una recuperación cuyos adalides merecen una admiración y un respaldo sin fisuras. Sin embargo, hay que reconocer que no es una tarea sencilla ni permite, valorando las iniciativas puntuales que aportan quienes tratan de contrarrestarlo, perspectivas alentadoras, por más que la lucha a su favor esté plenamente justificada. Entre otras razones, porque no estamos ante una España vacía – pese a todo, la vida se mantiene - sino ante una España reconfigurada definitivamente por la despoblación, que ha dado origen a otras formas de organización del espacio y de la actividad. Y es que contemplarlo en función de los tibios dinamismos observados (utilización por diversas formas de ocio ocasional, reconstrucción de viviendas, producciones artesanales, recuperación de tradiciones, recurso a la historia recreada y al patrimonio como señuelos, etc.) nos lleva a la conclusión de que se trata de un escenario simbólico y representativo de la metamorfosis funcional que ha tenido lugar en el modo de concebir y organizar las relaciones de las sociedades con los espacios, rurales y urbanos, en los que se desenvuelven. Desde esta perspectiva la ruralidad se presenta ya con rasgos muy distintos a los que tradicionalmente – al menos hasta los años sesenta – la habían caracterizado. Es una ruralidad que, envejecida y vulnerable en estos tiempos de distopías, trata de sobrevivir modelada por las pulsiones, las apetencias y los comportamientos urbanos.

El problema de la despoblación

El Mundo-Diario de Valladolid, 15 de Marzo de 2005

Todo parece indicar que si en los momentos actuales hay alguna cuestión que suscite sin fisuras el interés unánime de las fuerzas políticas principales de Castilla y León es sin duda la referida a la despoblación. Desde los inicios de la actual legislatura las múltiples muestras de atención prestadas a la profunda crisis demográfica en que aparece sumida nuestra Comunidad la han convertido de pronto en un tema prioritario, situado en el epicentro de la atención política y merecedor, por tanto, de una resonancia mediática sin precedentes. Da la impresión de que nos encontramos ante un problema recientemente descubierto, al menos por lo que respecta a las preocupantes perspectivas, a los durísimos perfiles, que ofrece. Y, sin embargo, es un problema de raíces profundas, que ha permanecido latente, apenas insinuado, cuando no eludido, ausente de los grandes debates, ignorado por incómodo. Afrontarlo con energía o, en todo caso, indagar a fondo en las causas que lo motivaban se convertía en tarea fatigosa y seguramente también entorpecedora de resultados aparentes que, a corto plazo, eclipsaban el carácter crítico de una realidad sólo abordable en un horizonte temporal mucho más dilatado y, por ende, susceptible de ser postpuesto “sine die”. Mas, como ocurre siempre, los problemas irresueltos crecen como las bolas de nieve si no se las ataja.

Y lo lamentable es que hace mucho tiempo que las señales de alarma eran tan inequívocas como contundentes. Una de las voces más autorizadas y solventes en el estudio de Castilla y León, la de mi maestro Jesús García Fernández, a quien la Comunidad debiera algún día otorgar el reconocimiento que merece, se mostró rotunda cuando comenzaba a fraguarse el modelo autonómico al señalar – en su magnífica obra “Desarrollo y Atonía en Castilla” (Ariel, 1981) – que “la sangría experimentada por la región se ha hecho a costa principalmente de su población joven, y en especial de sus mujeres jóvenes, sin que las ciudades, salvo excepciones, hayan podido contrarrestar, por su falta de verdadero desarrollo económico, semejante sangría. Así, su población ha quedado completamente descoyuntada en su composición de edades y sexos. En este aspecto, el desequilibrio es verdaderamente alarmante (....) y el vaciamiento amenaza la propia existencia de la región”. Desde entonces ha transcurrido casi un cuarto de siglo, no son pocos los autores que han seguido insistiendo en este hecho y más aún los testimonios explícitos que, en medio de la indiferencia o de la atención sincopada, revelaban la magnitud del proceso de desvitalización demográfica, por más que éste se viera frecuentemente eclipsado por las manifestaciones de cambio y desarrollo derivadas en buena medida de nuestra condición de región comunitaria asistida, lo que la permitía ser “alegre y confiada”, como aquella ciudad de la comedia de Jacinto Benavente.

Hay que admitir que las iniciativas últimamente acometidas – especialmente la que ha llevado a las Cortes regionales a asumir el carácter perentorio del hecho como fundamento de las medidas que hayan de adoptarse – son importantes y, producto de la sinceridad con que son planteadas, permiten abrigar la esperanza de que, al fin, hay una decisión firme para abordar el tema con la diligencia y energía que merece, abierta además a la búsqueda de un consenso institucional. Con todo, y a la espera de conocer con mayor precisión el verdadero alcance de esa constelación de medidas propuestas por cada uno de los dos grandes partidos, interesa destacar que, conocido suficientemente el problema en toda su crudeza y en sus matices más pormenorizados, parece superado el momento de la simple verificación cuantitativa del fenómeno para concretar estrategias que no pueden ni deben limitarse a un mero inventario de ideas más o menos bienintencionadas, y no exentas en muchos casos de ambición e incertidumbre, para proceder a la sistematización de directrices coherentes que, rigurosamente apoyadas en la valoración de los factores que explican el que Castilla y León sea en estos momentos una de las regiones demográficamente más críticas de la Unión Europea, permitan crear en la sociedad un clima de confianza, sin el que resulta imposible dar pasos consistentes en la dirección deseada.

Para ello, y en mi opinión, es preciso partir de la idea de que cuando se habla de despoblación, la perspectiva estrictamente demográfica queda superada por el hecho de que sus manifestaciones no son sino la expresión de un problema global en el que se ven estrechamente imbricados la sociedad, la economía... y el territorio. Se trata, en esencia, de un problema eminentemente territorial, como corresponde, en buena lógica, a la dimensión de los desequilibrios percibidos en una región muy extensa, con fuertes contrastes, estructurales y ecológicos, en su seno que conviene interpretar de acuerdo con la multiplicidad de situaciones que se dan en ella dentro de una visión integradora, que sea capaz de entender la complejidad de acuerdo con un hilo conductor que vertebre la evolución del conjunto sobre los cimientos de un modelo territorial compartido. Y la verdad es que esta sugerencia no hace sino beber de la fuente en la que se inspiran las líneas maestras de las políticas de ordenación territorial aplicadas con cierto éxito en países y regiones europeos y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas españolas, afectadas en muchos casos por situaciones problemáticas que urge corregir, entre otras razones porque la inercia y la laxitud frente a los procesos indeseados provocan su inexorable agravamiento más pronto que tarde. Si, como referencia a tener en cuenta no estaría de más echar un vistazo a los instrumentos que la Ley francesa de Orientación nº 95/115 de 4 de febrero de 1995 para la Ordenación y Desarrollo del Territorio prevé para hacer frente a problemas similares al que nos ocupa, tampoco estaría de más profundizar en la experiencia comparada que ofrecen regiones de nuestro país donde las alertas en este sentido han motivado serios intentos de corrección.

Y, desde luego, no hay que ir tampoco demasiado lejos para entender la intencionalidad de los legisladores que en Castilla y León aprobaron en 1998 la Ley de Ordenación del Territorio. Tantas veces he señalado, verbalmente y por escrito, que es una buena Ley, francamente aprovechable, y en plena sintonía con la Carta Europea de 1983 y con los criterios que en estos momentos prevalecen en los países de nuestro entorno, que huelga insistir una vez más en lo dicho.

Pero en lo que sí desearía llamar la atención es en el hecho de que, si existen reticencias para su puesta en práctica, si los obstáculos que la dificultan pueden llegar a primar sobre la voluntad política de ponerla en práctica en aquél aspecto que resulta más decisivo en relación con el tema que nos ocupa - Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional, apoyadas en delimitación de espacios supramunicipales coherentes para la mayor eficacia y equidad en la toma de decisiones- de lo que no cabe duda es que de alguna manera habrá que sentar los cimientos que hagan posible una aplicación de los instrumentos previstos, aunque sea de forma gradual y recurriendo al efecto demostración que sus resultados, deseablemente buenos, puedan proporcionar. Y en esta tarea no es menos obvio que se precisa de una pedagogía favorable al fomento de una “cultura territorial”, de la que aún se carece y que lleve a los ciudadanos a asumir que las perspectivas de un desarrollo capaz de fijar la población, evitar el éxodo de cualificados y aumentar la capacidad de atracción, pasan necesariamente por una valorización inteligente de los recursos de que se disponen, por la apreciación positiva de las ventajas producidas por la cooperación intermunicipal, y por la creación de un clima de confianza en lo propio que permita optimizar la capacidad de iniciativa de la sociedad y poner fin a ese pesimismo crónico que tanto daño nos ha hecho desde tiempo inmemorial.