24 de septiembre de 2021

Ciudades medias: ¿crisis u oportunidad?

 

Burgos


El Norte de Castilla, 24 septiembre 2021

En el contexto de los interesantes debates planteados en torno a las dinámicas demográficas contemporáneas, afloran de nuevo en los países europeos y, entre ellos, en España, las reflexiones que centran la atención en los cambios que pudieran tener lugar en la reestructuración de los sistemas urbanos a partir de las implicaciones derivadas de la distribución selectiva de la población en el territorio a favor de los grandes complejos metropolitanos. Asumido hasta ahora dicho proceso como algo inexorable, su constatación no impide plantear hasta qué punto ese sesgo a favor de la polarización va a traer consigo un debilitamiento irreversible de las ciudades de pequeño y mediano tamaño o, por el contrario, puede cobrar sentido la hipótesis de una recuperación de sus posibilidades como espacios atractivos, susceptibles de experimentar una dinamización de las actividades económicas, con la consiguiente generación de riqueza y empleo que les permita contribuir a un cierto reequilibrio del territorio.

            Abierta la reflexión a las comprobaciones empíricas que ratifiquen con rigor el sentido de una u otra tendencia a corto y medio plazo, el tema adquiere una notable relevancia en un momento especialmente decisivo, en el que el concepto de ciudad media cobra la dimensión que lo identifica con una reordenación del territorio. No en vano es el momento que revela el desencadenamiento de transformaciones económicas, espaciales y socio-laborales de gran envergadura en coherencia con las reflexiones, actitudes y exigencias provocadas por la era postcovid, por las lecciones y advertencias de ella extraídas, y por las pautas de actuación asociadas la transición ecológica, que se muestra inexorable, con los efectos socio-económicos y espaciales derivados que ha de traer consigo.

            Es evidente que ese proceso de transformación encuentra en las ciudades su campo de experimentación más significativo, y en el que el análisis comparado permite conclusiones valiosas desde el punto de vista estratégico. Es bien sabido que las grandes aglomeraciones conllevan, proporcionalmente en relación con su tamaño, un elevado consumo de suelo y de energía a la par que aumentan su capacidad de impacto ecológico en función de la magnitud de los vertidos y las agresiones producidas a gran escala sobre el medio ambiente. Son aspectos críticos a los que hay que sumar los impactos negativos provocados sobre la calidad de vida de la población debido a problemas inherentes a las escalas urbanas de gran dimensión como son los que tienen que ver con la intensidad y congestión de los desplazamientos, con la conciliación de actividades, con el encarecimiento de la vivienda o con la acentuación de las desigualdades, entre otros muchos. Aparecen, en cualquier caso, sumidos en la contradicción que resulta de contraponer sus posibilidades como espacios de crecimiento económico ya consolidado y como lugares de asentamiento de servicios y centros de dirección de primer nivel, con los condicionamientos y servidumbres que acompañan a los procesos de aglomeración (de ahí el concepto de "deseconomías de aglomeración" que se aplica a las macroestructuras urbanas), limitativos cuando se trata de acometer actuaciones correctoras de los problemas existentes y de acomodar sus estrategias a los requisitos que imponen los objetivos propios de la sostenibilidad. Tanto es así que no deja de llamar la atención la idea formulada por el geógrafo Guillaume Faburel cuando plantea la posibilidad de que las ciudades medias puedan convertirse en el "estrato urbano prioritario"

            No sorprende, pues, que ante este escenario parezca convincente y oportuna la necesidad de llamar la atención acerca el margen de posibilidades que, como opciones alternativas tanto desde el punto de vista del trabajo como residencial, presentan las ciudades en las que los problemas señalados – en virtud de la escala dimensional más racional en la que se plantean y pudieran resolverse - revisten menor gravedad. Quizá pueda parecer excesivo presentarlas de manera genérica como escenarios alternativos en un horizonte cercano, en virtud de las inercias que inducen al mantenimiento del modelo dominante y de las insuficiencias que la mayor parte de ellas presentan desde el punto de vista estratégico para acreditar, con perspectivas de ser tenidas en cuenta, sus potenciales ventajas comparativas (tranquilidad, espacio, dotaciones educativas, coste de la vida proximidad...), con frecuencia tan ignoradas como infrautilizadas.

           Nos encontramos ante un gran desafío reestructurador del territorio, que conviene valorar en toda su dimensión para ser asumido por parte de los órganos responsables de la gestión de la ciudad y de la definición de sus principales orientaciones estratégicas. En este sentido no son desestimables los debates que están teniendo lugar en algunos países de la Unión Europea, en los que no son aisladas las voces que, de manera documentada y con cifras en la mano, dan a conocer las expectativas potencialmente ofrecidas por las ciudades situadas en un umbral de población entre los 10.000 y los 150.000 habitantes, aunque estos límites varían en función de los respectivos contextos territoriales. 

        Ahora bien, más allá de estos umbrales se trata de identificar la importancia económico-espacial de este nivel urbano intermedio, que opera como eslabón de transición entre las grandes áreas metropolitanas y los espacios adscritos a los parámetros propios del mundo rural. Se trata de una categoría que emerge con fuerza en el panorama de las políticas públicas urbanas que preconizan la necesidad de fortalecer el conjunto de ciudades susceptibles de fortalecer las interacciones sociales, afianzar los vínculos de convivencia y asegurar una mayor calidad de vida sobre la base de su capacidad para configurar espacios urbanos inclusivos, seguros, innovadores, cualitativos, resilientes y sostenibles, lo que obliga a una adaptación de las políticas públicas para asumir con garantías los compromisos que esos objetivos implican a la par que incrementan su capacidad de acción con vistas a lograr avances significativos a favor de un mayor equilibrio y mejor aprovechamiento integral del territorio. Suponen, en fin, una forma mucho más creativa de establecer las relaciones con el espacio. Ante este escenario no es ocioso aludir al margen de posibilidades que tal vez pudieran abrirse para las ciudades de Castilla y León, donde este rango urbano presenta potencialidades aún no debidamente aprovechadas.



10 de septiembre de 2021

En defensa de un Pacto por la Sanidad Rural en Castilla y León

Este texto expone y desarrolla las ideas planteadas en el debate organizado por Televisión Castilla y León en su programa "Cuestión de Prioridades" el dia 8 de septiembre de 2021



Consultorio del SACYL en Arcillera (comarca de Aliste, Zamora)  (Fotografia de Rocío Pérez, 2021)


Estas ideas, expuestas en el programa mencionado, las reitero ahora con el fin de dejar constancia de ellas: la reestructuración de la sanidad en el mundo rural es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Comunidad de Castilla y León. No hay un caso igual en la Unión Europea. Y es que, siendo también un problema destacado en otras regiones españolas y europeas, enfrentadas en este tema a una situación preocupante, las características específicas de esta región - magnitud territorial, dispersión del poblamiento, estructura demográfica- acentúan sus aspectos críticos y dificultan las opciones estratégicas para ordenar con criterios de eficacia y equidad ese servicio básico. Un servicio que además tropieza con las insuficiencias de que adolece la dotación de profesionales sanitarios, afectada en España por una mala política de Estado, que está haciendo, en función de los recortes aplicados en el periodo 2009-2018, mella dramática en el ejercicio de la medicina en el conjunto del país y, con especial impacto, en el ámbito rural. No sorprende, por tanto, el hecho de que, considerado por los alcaldes de Aliste como "un buen plan" el presentado por la Consejería de Sanidad, se insiste en la dificultad que supone su aplicación debido a la escasez de médicos para llevarlo a la práctica.

Debido a condicionamientos de esa naturaleza, y que son difícilmente soslayables, cualquier toma de decisiones es arriesgada y proclive a la polémica e incluso a la demagogia. Siempre lo será. Mas, por algún sitio habría que comenzar. Y eso es lo que ha tratado de hacer la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, lo que de entrada compromete al conjunto del gobierno autónomo. Es decir, hay que empezar a desbrozar el camino en un panorama tortuoso y dificilísimo de abordar como se quisiera y de manera óptima, habida cuenta de que el óptimo no existe. Ante una tendencia regresiva de la población, mantener dotación completa y permanente de médico y enfermería en 3.669 consultorios y 247 Centros de Salud (organizados en 161 Zonas Básicas de Salud rurales) es materialmente inviable e incluso carente de sentido. Cuando la consejera Verónica Casado compareció el día 3 de septiembre para dar cuenta del asunto quien esto escribe tomó buena nota del alud que a la señora Casado se le venia encima. Llamé a mis amigos médicos y enfermeras del Aliste para comentario... y coincidimos: "ha empezado pero nadie sabe cómo va a terminar".

Ya ha empezado, en efecto, como propuesta, como proyecto, como conjunto de ideas a tener en consideración. Conocemos, de momento, cuales son sus directrices básicas:

- extender y hacer efectiva la cita previa (como sucede en el conjunto del sistema de atención)

- reordenación del mapa de gestión sanitaria, lo que obligará a que municipios de una zona básica de salud puedan integrarse, con criterios de racionalidad geográfica, en la que mejor facilite la accesibilidad a la atención sanitaria

- posibilidad de crear nuevas áreas que permitan mejorar la prestación asistencial

- redistribuir la población entre los profesionales: mínimo de 400 pacientes por médico

- todo ciudadano tendrá un médico y un profesional de enfermería asignados y de referencia

- organizar los servicios de movilidad como garantía de un tratamiento efectivo con la mayor inmediatez posible

Naturalmente, queda aún mucho trayecto por recorrer, un trayecto cuyo horizonte depende de la iniciativa política y de la capacidad para afrontar el enorme reto planteado: que nadie quede desatendido, poniendo a su servicio las infraestructuras que lo hagan posible. El planteamiento se corresponde con una de las medidas esenciales de la política de Ordenación del Territorio, respaldada por el Parlamento regional, consistente en la creación y organización de los servicios públicos a través de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio. No es, por tanto, ajeno a un enfoque de racionalización funcional del territorio ya aprobado en las Leyes de  ordenación territorial de 1998 y 2013, de las que deriva el Mapa que -  orientado a “garantizar los servicios públicos autonómicos en el medio rural” - el Gobierno regional ratificó el 26 de enero de 2017.

Es un tema pendiente de debate, discusión, aclaración y alternativas. Y también necesitado de una explicación, clara, convincente y sincera por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y eso es precisamente de lo que se trata. Por eso resultan pertinentes los avances posibilitados por la toma de contacto con otras Comunidades Autónomas afectadas por problema similar. Prueba de ello lo ofrecen las conversaciones mantenidas con las Comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha, gobernadas ambas por el Partido Socialista, y de las que han derivado las propuestas acordadas en la reunión celebrada en Soria el 20 de septiembre.

Sin haber acometido aún el debate sobre la propuesta, no es convincente introducir en ese escenario una crisis política que eclipsa y difumina el fondo del problema y desvía la atención hacia otro tipo de intereses y preocupaciones. Adelantar elecciones supone la paralización del proceso y posponer su elaboración conforme a los criterios y los objetivos que cada opción política pueda plantear, y no a corto plazo sino en el horizonte de la legislatura, que razonablemente puede, en los dos años que restan, centrarse en tan complicada cuestión, que es lo que sin duda los ciudadanos esperan de sus representantes. Y es que un adelanto electoral siempre significa un fracaso para el que gobierna.

Tras la aprobación de la Proposición No de Ley presentada por el Partido Socialista en contra de la reforma sanitaria propuesta y aprobada con el apoyo del Partido Popular, todos los partidos aparecen situados corresponsablemente ante el tema que nos ocupa. Ha llegado la hora de verdad. Nadie puede eludir su responsabilidad, entendida como compromiso colectivo. De ahí que, como muchos profesionales y representantes locales proclaman, se impongan el consenso, el acuerdo, ese gran PACTO de Comunidad que Castilla y León necesita para que esta cuestión quede satisfactoriamente resuelta. Es la hora de la política a medio y largo plazo, no cortoplacista. Estoy convencido de que, si esa idea del compromiso compartido llegase a cuajar, Castilla y León habrá dado un paso de gigante hacia el futuro. Y los ciudadanos lo sabrán reconocer.