¿ HACIA DONDE VAMOS?

El Norte de Castilla, 26 de Abril de 1998

Si cualquier momento es bueno para reflexionar sobre Castilla y León y sus perspectivas de futuro, merece la pena aprovechar algunas ocasiones particularmente significativas para suscitar ideas o temas de interés que abran camino al debate o, al menos, aviven esa toma de conciencia crítica de la que tan necesitada está nuestra tierra. Dos acontecimientos de especial relieve avalan esta sugerencia: la celebración del Día de la Comunidad en el año en que se conmemora el decimoquinto aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, y la inminente puesta en marcha, a partir del Consejo Europeo convocado el día 3 del próximo mes de Mayo, de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, que contempla simultáneamente la aceptación de los Estados partícipes ‑ entre ellos, España ‑, la creación del Banco Central Europeo, el establecimiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales y la adopción formal del Reglamento de instauración del euro. La diferencia temporal que separa ambos acontecimientos y la especificidad de sus matices respectivos no impiden considerarlos de manera conjunta como factores determinantes de una realidad regional que, firmemente asentada en el tiempo, no ha de permanecer en absoluto ajena a las transformaciones presumibles en el espacio comunitario.

Y es que, a decir de verdad, se echan de menos las aportaciones efectuadas en esta dirección. El copioso acervo teórico acumulado ya sobre las implicaciones económico‑financieras derivadas de la moneda única, y que tras el Consejo Europeo de Amsterdam (junio de 1997) se ha enriquecido de manera espectacular, contrasta con la limitada atención que hasta ahora se ha prestado al análisis de las repercusiones que tan importante decisión puede ocasionar en la evolución de la compleja estructura territorial de la Unión Europea. De ahí los numerosos interrogantes que afloran por necesidad: ¿cómo va a evolucionar la convergencia entre las regiones en un marco tendente a la convergencia macroeconómica entre los Estados?; ¿van a prevalecer los criterios de selectividad y de máxima eficiencia en el comportamiento de los agentes y en la asignación de los recursos, muy por encima de los de equidad propugnados como uno de los pilares básicos de la construcción europea?; o, dicho de otro modo, ¿cómo se van a reorientar, dentro de este contexto, los principios de solidaridad mantenidos a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión, en cuya materialización tan decisivo papel jugó a comienzos de los noventa el Gobierno de España?. Son incógnitas abiertas, a las que todavía no se ha dado una respuesta clara y convincente, tal vez porque las preocupaciones se orientan a favor de la consecución sin más reservas de los grandes equilibrios, en sintonía con la voluntad de disciplina económica exigida por Alemania y con la mirada puesta en el reconocimiento de las ventajas de estabilidad y rigor inherentes a la unión monetaria e impelidas por la plena integración a escala mundial de los mercados de bienes y de capitales.

Descender del terreno de los grandes planteamientos teóricos, muy madurados y repletos de redundancias, a la concreción planteada por la dimensión regional no parece ejercicio demasiado confortable cuando se contempla desde la perspectiva de los territorios que integran las "periferias" de la Unión, y sobre todo cuando la tendencia previsible apunta a que gradualmente van a dejar de ser espacios protegidos para identificarse como escenarios plenamente expuestos a los desafíos de la competencia y a las reglas del multilateralismo. Circunstancias éstas que además pudieran agravarse si, como todo parece indicar, culmina a medio plazo la incorporación de algunos países de la Europa oriental y de Chipre, una vez iniciadas las negociaciones a finales del pasado mes de Marzo, y cuyo coste, sólo en la primera fase (2000‑2006), se ha evaluado en doce billones de pesetas, casi tres veces superior a todo el aporte financiero de los Fondos Estructurales durante la programación plurianual 1994‑1999.

Tal es la situación en la que necesariamente hay que insertar el horizonte evolutivo de Castilla y León, por más que nadie cuestione los avances logrados a lo largo de los tres lustros de régimen autonómico. Pero las luces no deben ofuscar ni impedir la valoración sincera de la magnitud de las penumbras, allí donde éstas aparezcan. De algunas se ha hecho eco recientemente un editorial de este diario, al traer a colación cálculos ‑ como " datos preocupantes" las definía muy expresivos efectuados por rigurosos órganos de investigación socio‑económica. Si nuestra región aparece sumida en una profundísima crisis demográfica, producto de la desvitalización natural y de un nivel envejecimiento que no admite parangón con ninguna otra Comunidad Autónoma, no es menos cierto que también acusa severas resistencias a la recuperación del crecimiento en todos los sectores productivos y en el empleo, de forma que la correlación entre ambas variables ha relegado globalmente a Castilla y León en el pasado bienio a la penúltima posición entre las regiones españolas, sólo por delante de una situación tan crítica como la que ofrece el problemático y singular panorama asturiano. Descolgado de las regiones interiores, que sorprendentemente arrojan en este período síntomas progresivos como jamás se habían detectado, el espacio castellano‑leonés se muestra como una realidad marcada por el estancamiento, sin que las manifestaciones locales de vitalidad consigan mitigar una sensación de atonía generalizada.

Por eso, cuando se recorre su bellísimo e inmenso territorio ‑ ¿cómo entenderlo en estas condiciones: como servidumbre o como posibilidad? ‑, y de forma patente tras rebasar el área de impacto directo de Valladolid, se tiene la impresión de que la intensificación de las disparidades marca la nota dominante en la configuración geográfica del marco regional, mostrándose, con todos los matices que se quiera, como una especie de "archipiélago económico", donde emergen islotes o puntos aislados de cierto dinamismo, aunque en la mayor parte de los casos su fragilidad les impida convertirse en auténticos impulsores de sus respectivas áreas de influencia. A lo sumo, la aparición de algunos ejes de desarrollo ‑ vigoroso y consolidado en el bajo Pisuerga, en proceso de reafirmación a lo largo del valle del Duero ‑ o de áreas beneficiadas por su atractivo patrimonial, residencial y de ocio ‑ no hay que perder de vista el significado de los fenómenos de cambio ya percibidos en la provincia de Segovia ‑ compendia el elenco de manifestaciones expansivas de cierta consistencia que, sin embargo, deben ser relativizadas o sometidas a evaluación más rigurosa en otros escenarios en los que prima el carácter puntual, o a veces meramente coyuntural, del crecimiento.

Reflexionar en torno a estas cuestiones ha dejado de ser un ejercicio simplemente académico para convertirse en un tema abierto a la confluencia de enfoques, metodologías y estrategias, pues ciertamente no existen soluciones predeterminadas ni recetarios de validez apriorística o unidimensional. Cuantos nos dedicamos a estos temas sabemos hasta qué punto la lógica del desarrollo regional se muestra reacia a cualquier tipo de simplificación o a planteamientos apoyados en el esquematismo voluntarista. Pero también somos conscientes, a tenor de la experiencia comparada y sobre todo en función del conocimiento a fondo del territorio, de que cualquier medida encaminada a la valorización de un espacio crítico en un contexto fuertemente concurrencial va inevitablemente asociada, al menos como punto de partida, al cumplimiento de dos requisitos primordiales: de un lado, la acreditación, tan bien diseñada como hábilmente abordada, de la Comunidad Autónoma ante el exterior sobre la base de las ventajas comparativas y competitivas que sin duda posee; y, de otro, la implicación efectiva de todos los agentes sociales, lejos de las fragmentaciones y enfrentamientos que tanto perjuicio la han ocasionado, en torno a un proyecto realmente movilizador de estrategias de desarrollo complementarias.