La industria, un motor esencial para el territorio

 

El Norte de Castilla, 25 diciembre 2021 

La instalación en Valladolid de una factoría de la empresa británica Switch Mobility, subsidiaria de la hindú Ashok Leyland, y destinada a la fabricación de autobuses eléctricos, es, en principio, una muy buena noticia. Más allá de los datos, en inversión y empleo, que revelan la magnitud de la iniciativa y que seguramente adquirirán mayor concreción a medida que espacialmente se materialice, esta decisión pone al descubierto dos aspectos que conviene destacar.

            En primer lugar, y contemplado desde la perspectiva regional, ratifica la relevancia alcanzada por Valladolid y Castilla y León como escenarios atractivos para la implantación industrial en todas sus manifestaciones. La decisión de la firma británica sintoniza con un prestigio acreditado en el tiempo, que asocia la ubicación elegida con la capacidad demostrada para ocupar una posición internacional de primer orden en el campo de la producción automovilística. La sólida tradición acumulada en este sentido, valorada y analizada en numerosas publicaciones, no podría perder continuidad en el panorama repleto de desafíos y estímulos abierto por el proceso de transición numérica y ecológica. Se trata de un enorme reto, condicionado por las implicaciones que derivan de la intensa transformación a que se ven abocados los procesos tecnológicos en el sector que a menudo he definido como “la industria de las industrias”, es decir, el complejo de tareas asociadas a la construcción compleja del automóvil, que en sí mismo supone la integración técnica y funcional de una gran variedad de elementos, todos ellos afectados por innovaciones tan intensas como aceleradas en el tiempo. 

Junto al nivel de calidad alcanzado por las factorías de montaje, justo es destacar el decisivo papel desempeñado por las plantas de elaboración de componentes, que han hecho de la industria auxiliar de la automoción ubicada en diferentes puntos de Castilla y León, y artífice de una trama fabril altamente competitiva, una de las más reconocidas del mundo. Como tampoco habría que ignorar la existencia de un personal altamente cualificado en los diferentes campos relacionados con la especialización tecnológica y organizativa de las empresas. Sobre tales cimientos está plenamente justificada la propuesta a favor de que la ciudad de Valladolid siga manteniendo un peso específico en los rumbos renovados de la automoción. Precisamente en esos términos planteé no hace mucho la conveniencia de que Valladolid mantuviera su condición de espacio privilegiado para el desarrollo de las instalaciones vinculadas al desarrollo de la movilidad sostenible. Así consta en el acta de la reunión del Pleno Consejo Social de la ciudad que, presidido por el alcalde, tuvo lugar el pasado 26 de octubre.  

               La segunda de las lecciones extraídas de la presencia de Switch Mobility en nuestra región – pues su resonancia ha de ser también regional – tiene que ver con lo que representa, a modo de ejemplo, dentro de los nuevos horizontes abiertos a la industrialización española y de la Unión Europea. En ambos casos, no es aventurado traer a colación el nivel de incidencia que el Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia pueda tener en el cumplimiento de uno de sus objetivos prioritarios: el impulso de un modelo productivo sustentado fundamentalmente en la industrialización, la digitalización y el cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible. Las interrelaciones que se establecen entre estas directrices suponen, en principio, un viraje muy notable respecto a las muestras de debilitamiento de la fortaleza industrial europea en el mundo, más ostensibles aún en términos relativos en el caso de España, donde el sector apenas representa el 15% del PIB, seis puntos por debajo de la media comunitaria europea y casi la mitad de Alemania. Recordemos también que España, según la OMC; ocupaba en 2020 el sexto lugar de la UE y el 15.º del mundo en el ranking de países exportadores de manufacturas, con una cuota en el mercado global de tan solo el 1,8%. Las diferencias provocadas por tales contrastes se han puesto claramente en evidencia durante los años de la Gran Recesión (2007-2008) cuando las limitaciones estructurales de una parte sustancial del tejido productivo español – ese “entramado demasiado vulnerable de pymes” de que habla el Banco de España - han agravado de manera sensible sus costos económicos y socio-laborales.  La resolución de estas limitaciones representa, por tanto, uno de los principales déficits estructurales que ha de ser corregidos en el contexto de las orientaciones estratégicas que globalmente han de marcar la pauta en el proceso de recuperación de la industria española y europea en un mundo globalizado.

               Contundentes son las proclamas emanadas de los órganos de gobierno comunitarios, cuando aluden a la necesidad de afianzar el papel de la industria como factor de impulso del crecimiento económico y del empleo. Y lo hacen en defensa de un complejo de actividades, cuyas premisas deben actualizarse en el contexto de los nuevos enfoques estratégicos a que al mismo tiempo obligan el Brexit – no es baladí que Switch Mobility sea una empresa británica, decidida a instalarse en un país miembro de la UE –, las rupturas producidas en el comercio de suministros y en las cadenas de valor internacionales (con los riesgos que conllevan) y los impactos provocados por la pandemia de la covid 19. No en vano asistimos a una reestructuración global de la Geografía de la industria, que conviene analizar de cerca para valorar sus implicaciones efectivas en España y en Castilla y León sobre la base de sus potencialidades constatadas.

 

La deslocalización industrial: riesgos y reacciones

El Norte de Castilla, 3 de mayo de 2016

 

Villalar 2016. Al pie del monolito que recuerda a los Comuneros de Castilla, se oyó la voz de los trabajadores de las fábricas de Lauki y Dulciora, afectadas por la deslocalización.  



La relación entre globalización económica e intensificación de la movilidad espacial de las actividades industriales y de servicios es en nuestros días una tendencia fuera de toda  duda. Las razones que explican la deslocalización productiva responden a los patrones imperantes en los movimientos de capitales y al flexible comportamiento espacial de las empresas en una economía en la que las estrategias ya no aparecen determinadas por la distancia sino por los equilibrios y la competencia interterritorial, responsables de las actuaciones geográficamente discriminatorias en función de las ventajas comparativas y competitivas de cada territorio. Puede decirse además que es en el marco del amplio margen de opciones permitidas por el capitalismo global, y acentuado además en el caso europeo por la ampliación del mercado integrado hacia los países del Este,  como cabe interpretar el alto nivel de versatilidad de que disponen las empresas para modificar sus localizaciones, lo que introduce una perspectiva renovada cuando se trata de analizar en profundidad y con visión de futuro las capacidades productivas de cada espacio en sintonía con los nuevos paradigmas en los que se desenvuelve la actual empresa sin fronteras.

Ante los desafíos de la globalización las empresas se ven inducidas a aplicar medidas de ajuste integral, que van más allá del enfoque que convencionalmente entendía sus objetivos de acuerdo con  su capacidad para fabricar bienes en mercados controlables, estables y regulados. Además este creciente margen de maniobra espacial se acrecienta sobremanera merced a las posibilidades tecnológicas permitidas por la fragmentación de los procesos de producción, por la configuración de poderosas redes de información que racionalizan la toma de decisiones y por la capacidad que tienen las empresas para optimizar a su favor las actividades de I+D+i al utilizarlas de forma integral dadas las complementariedades que se establecen entre los recursos cognitivos disponibles en los diversos países de implantación.

Ahora bien, las tensiones surgidas en el conjunto de los actores susceptibles de verse afectados son considerables, siempre traumáticos, y provocan una sensación de vulnerabilidad que hace tomar conciencia a las sociedades afectadas del nivel de riesgo y de las amenazas a que se enfrentan y de las negativas implicaciones que puede traer consigo este tipo de  iniciativas. La fragilidad frente a la deslocalización deja inermes a los espacios dependientes poniendo en tela juicio los valores y capacidades de que se creía disponer, al mostrarse insuficientes para neutralizar decisiones externas, que privilegian otros ámbitos, situados en la categoría de espacios-rivales con fortalezas difíciles de contrarrestar.

Entendida de manera dual – bien como competencia desleal entre lugares o como algo inherente al comportamiento espacialmente selectivo la inversión  extranjera directa –, las perspectivas que ofrece la deslocalización adquieren una dimensión que repercute de lleno, al tiempo que las pone a dura prueba,  sobre la naturaleza y  la solidez de las directrices promovidas desde las políticas públicas, por cuanto ante ellas se abre un escenario de posibilidades a recuperar y a la vez de incertidumbre económica y de malestar social que obliga a la autocrítica y  a la introducción de modificaciones en las estructuras y modelos de gestión aplicados a los recursos disponibles, que siempre existen. Entendida como reto, como riesgo o como amenaza, la deslocalización de las empresas industriales y de los puestos de trabajo asociados a ellas obliga necesariamente a introducir una nueva perspectiva institucional en el modo de entender las relaciones entre la acción pública, la sociedad y el territorio. Se justifica así un proceso de reorganización interna de las estrategias de desarrollo, que al tiempo que somete a revisión la propia estructura y articulación del capital territorial afectado y de los elementos sobre los que se sustenta obliga a replantear muchas de las líneas de actuación llevadas a cabo tradicionalmente en consonancia con las pautas  convencionales y rutinarias de la política industrial.


De ahí que el problema planteado por las deslocalizaciones – a las que no permanece ajena la capacidad industrial de Valladolid y de la región castellano-leonesa–  esté en la  base de un necesario e inaplazable debate que entraña un gran significado político y económico-espacial. No en vano la discusión emerge  al  discernir si las actuaciones deben centrarse meramente en la utilización de instrumentos de ayuda a las empresas o en el relanzamiento de pautas de intervención concebidas al servicio de los actores locales, de modo que los recursos disponibles estimulen la capacidad de iniciativa y contribuyan a crear las condiciones adecuadas para que ésta pueda materializarse en un clima de apoyo y de confianza en el futuro, amparado en las posibilidades de la proximidad, robustecidas además por la conciencia colectiva e integradora de voluntades más o menos dispersas o confrontadas. En este sentido, y a modo de ejemplo, expresamente concebido como un intento de frenar las deslocalizaciones, cabría hacer mención a la ilustrativa experiencia acometida en Francia desde 2004 con el fin de impulsar lo que se interpreta como “una nueva política industrial” – de la que España y la mayor parte de sus Comunidades Autónomas carecen –  articulada sobre la base de los llamados “polos de competitividad”, que aplican, dinamizándolos operativamente, los objetivos y las premisas funcionales de los Centros asociados a la innovación, mediante el fortalecimiento de los vínculos nacidos del compromiso entre los agentes empresariales con fuerte compromiso con el territorio, los centros de investigación y los órganos de formación, implicados en programas de cooperación a medio y largo plazo susceptibles de cristalizar en proyectos industriales innovadores y alternativos. Vista así,  la globalización representaría esa especie de revulsivo, de catalizador permanente,  que obliga a las empresas, a los agentes públicos y a la sociedad en general a un proceso de recuperación y redefinición de capacidades subutilizadas o indebidamente aprovechadas.

La importancia de la Geografía en la Universidad de Valladolid

El Norte de Castilla, 24 de Febrero 2013

Como corresponde a una institución sensible con los cambios que afectan al entorno que la rodea, la Universidad ha manifestado siempre una voluntad notable para adaptarse a ellos procurando a la vez no poner en peligro los valores que la han prestigiado a lo largo del tiempo. En esa capacidad para lograr un engarce positivo entre la innovación y la tradición, siempre que una y otra estén fundamentadas en pilares consistentes, radica precisamente lo que identifica a la realidad universitaria y la sitúa por encima de las contingencias coyunturales. Más aún, de su fortalecimiento, y en función de las posibilidades que de ello se derivan,  depende el mérito de una Universidad, enriquecida por la confluencia de saberes complementarios, concebidos al servicio de una sociedad cada vez más compleja, con exigencias diversas y en permanente proceso de cambio y readaptación.

Coherente con lo señalado, la Universidad está  obligada a enfrentarse - ayer, hoy y mañana -   a desafíos permanentes que someten a prueba la solidez de sus cimientos y la calidad de los recursos de que dispone para desempeñar de modo satisfactorio su labor en los campos de responsabilidad – en la docencia y en la investigación – que específicamente la competen. Hacerlo en tiempos de crisis no resulta tarea fácil, ya que es entonces cuando, debido a los condicionamientos y a las limitaciones que introduce, las medidas restrictivas tienden a limitar las capacidades existentes, cuando no a debilitarlas e incluso a poner en entredicho el legado que han sabido desarrollar con no poco esfuerzo y en circunstancias muchas veces difíciles, adversas y complicadas.

Conviene traer a colación este aspecto cuando se plantea, como sucede actualmente en Castilla y León, un proceso de reestructuración de la oferta académica que se invoca como necesario al albur de los indicadores habitualmente limitados  a circunscribir la atención en una magnitud – el número de alumnos – que con frecuencia enmascara la realidad de un balance favorable, tanto por los elementos de juicio cualitativos que particularmente lo definen como por los valores intrínsecos acumulados a lo largo de una dilatada trayectoria, construida en momentos incluso más difíciles que los actuales.

En este contexto, y ante un escenario de sensibilización que no puede ser ignorado, deseo llamar la atención sobre la importante y valiosa contribución que la Geografía, sustentada por los profesionales que la han cultivado y la cultivan, ha hecho al bagaje global de la Universidad de Valladolid, aunque siempre,  y como es lógico, con la mirada puesta en las escalas de referencia que, a nivel regional, nacional e internacional, se han nutrido de sus numerosas y reconocidas aportaciones. Profesor de esta Universidad desde el año 1972, dispongo de la suficiente perspectiva y experiencia para destacar la importancia de la tarea realizada y, por tanto, para reclamar que se asuma la fortaleza de este caudal como soporte justificativo de la titulación en Geografía como un elemento acreditado de su estructura docente y científica. Y lo hago no porque se vea amenazada su continuidad sino porque, ante un escenario de imprevisiones no deseadas, siempre es pertinente revalidar el ámbito académico y científico en el que cada cual y quienes con él comparten empeños e ilusiones se desenvuelven  con la sola pretensión de que sus destinatarios principales, es decir, los ciudadanos, conozcan objetivamente la realidad universitaria concebida a su servicio.

Más allá de la información que respalda la envergadura alcanzada, convendría destacar lo que realmente significa el reconocimiento del valor añadido que la Geografía aporta en nuestros días al acervo universitario radicado en Valladolid. Y es que no en vano el estudio de la Geografía – apoyado en el desarrollo de los propios conceptos y en los instrumentos técnicos destinados al tratamiento optimizado de la información espacial y a su correcta representación gráfica y cartográfica - ayuda a  interpretar mejor el mundo que nos rodea, a comprender, en sus diferentes escalas, la diversidad de manifestaciones en las que se proyecta  la acción humana sobre el medio natural, expresada a través de los diferentes tipos de paisaje. Permite asimismo comprender las lógicas en las que se apoyan los impactos que permanentemente modelan el territorio en función de los objetivos que en cada momento de la historia - y con especial intensidad en nuestro tiempo - han orientado las decisiones adoptadas por quienes ostentan la capacidad y el poder para llevarlas a cabo y así proceder a su ordenación racional.

Conocer, entender y expresar el espacio para mejor intervenir sobre él mediante propuestas científicamente bien sustentadas: de eso sustancialmente se trata, merced tanto al  aprendizaje teórico-práctico como a la profesionalización a partir de las destrezas adquiridas, por lo que no está de más invocar el peso adquirido en este sentido por el Colegio de Geógrafos, con más de una década de existencia y con un meritorio caudal de realizaciones en su hoja de servicios. Y de ahí también la justicia de reconocer a la Geografía una posición relevante en el conjunto de los saberes de los que la sociedad debe hacer uso eficaz para ser más consciente de la compleja y contrastada realidad espacial en la que su vida se organiza y desarrolla. Argumentos en este sentido no faltan y la experiencia los avala con holgura, como sucede con la  fraguada concretamente en nuestra Universidad, en la que  no es desestimable en modo alguno ese esfuerzo dilatado e ininterrumpido a favor de la transmisión del conocimiento geográfico sobre cuestiones que permiten a quienes lo reciben adquirir las bases necesarias para abordar el tratamiento de los problemas que afectan a un panorama territorial necesitado de profesionales capaces de interpretarlo con la debida solvencia cultural y científica. 

Intentando controlar el futuro

El Norte de Castilla, 30 de Enero de 2010

Desde hace tiempo se ha impuesto en muchas ciudades la conveniencia de construir el presente para controlar el futuro, haciendo suya esa corriente tan en boga a favor de la prospectiva territorial. Las experiencias son numerosas y el balance ofrecido se abre a toda suerte de resultados y valoraciones. Suponen, en cualquier caso, un ejercicio de voluntad política marcado por el propósito de crear en la sociedad un ambiente propicio a la motivación y a la reflexión sobre lo que su territorio deba ser en un horizonte temporal de medio plazo y en un contexto donde priman más las incógnitas que las certezas.

No es la primera vez que Valladolid emprende una iniciativa de estas características. Ya lo intentó el gobierno municipal en 1993-1994, aunque aquello quedase en un mero propósito, finalmente paralizado tras las elecciones del año siguiente y pese al interés mostrado por los agentes sociales y económicos de la época, que dedicaron muchas horas al debate y a la puesta en común de proyectos que en muchos casos sorprendían por su ambición y novedad. Intervine activamente en aquellos foros, de los que conservo testimonios que hoy resultarían sorprendentes. Loable es que, pasados los años, y en un panorama muy diferente al de entonces, El NORTE DE CASTILLA, coherente con lo que ha sido su compromiso desde sus orígenes con el entorno en que se desenvuelve, invite de nuevo a la sociedad local y provincial a plantearse las preguntas que siempre suelen aflorar en estas circunstancias, con la intención de suscitar el debate en torno a las ideas, propuestas, sugerencias y reflexiones que ayuden a orientar las decisiones o, al menos, a atisbar por dónde debieran ir las más adecuadas en función del diagnóstico que se haga y de los objetivos que se pretendan.

Abordar hoy esta cuestión implica, a mi juicio, la toma en consideración de tres criterios esenciales: de un lado, la clarificación del papel que se pretende asignar a Valladolid en el contexto de la economía globalizada y de la sociedad del conocimiento, pues de ello dependerá, a la postre, su posición en las distintas escalas en que se inserta (europea, española, regional, y, por ende, la que la corresponde como motor de su propia provincia); de otro, una atención preferente a la dimensión cualitativa que deben tener las estrategias previstas, lo que implica asumir con firmeza los principios del buen gobierno local, es decir, de una gobernanza asentada sobre las interrelaciones producidas entre sostenibilidad urbana, integración social y económica y participación ciudadana. En otras palabras, lo que se entiende como “ciudad inclusiva”; y, por último, una estrategia centrada en el fortalecimiento de las redes de cooperación construidas sobre la base de las estructuras sociales, económicas y territoriales en las que la ciudad y sus perspectivas se sustentan.

Ya sé que se trata de objetivos genéricos, mas también es obvio que sin fines de esta naturaleza no es posible efectuar el armazón trabado por los que, más específicos, concretan el rumbo pertinente a seguir en cada caso. Tiempo habrá, según parece, para perfilar hacia dónde encaminar la nave, partiendo del hecho incuestionable de que Valladolid y su entorno encierran potencialidades de primer nivel, cuyo reconocimiento jamás debiera dar lugar a reproches injustificados, como se ha hecho, y que no responden a un análisis riguroso de lo que se tiene y de lo que se carece. Como tampoco cabe duda que en ese proyecto de reflexión abierta tan justificada está la valoración, objetiva y fundamentada, de los recursos y fortalezas disponibles, como la crítica seria e irrestricta, sin la cual es imposible, como bien advertía Max Weber, avanzar en ninguna dirección.

Si, en función de estos parámetros, partimos de la idea de que las perspectivas de futuro de una ciudad como Valladolid están necesariamente ligadas a la corrección de aquellas deficiencias o limitaciones de que adolece, razonable parecería apuntar líneas de atención que pudieran subsanarlas, a sabiendas de que los avances logradas compensarían con creces de los esfuerzos llevados a cabo. Me permito sugerir varias ideas de interés. No hay jerarquía entre ellas, pues son complementarias.

De momento, y por limitaciones de espacio, aludiré únicamente al convencimiento de que la ciudad debe fortalecer su proyección internacional mediante estrategias estables de cooperación interurbana que hasta ahora han sido francamente débiles. Aparte de afectivos, los vínculos han de ser también efectivos y abiertos a las ventajas que derivan de alianzas estratégicas en función de proyectos coordinados. Con la mirada puesta en el desarrollo y en el incremento de la valoración desde el exterior, sorprende que ninguna ciudad de Castilla y León, y a diferencia de lo que sucede en Portugal, participe del amplísimo abanico de posibilidades de interrelación desarrolladas al amparo del programa URBACT, de la Unión Europea. Moviliza en estos momentos a 255 ciudades en torno a iniciativas conjuntas de extraordinario interés, que van desde el desarrollo de la economía del conocimiento hasta aspectos relacionados con la promoción del patrimonio cultural o la gestión de los espacios metropolitanos. Valladolid tendría una excelente cabida en ese espacio de encuentro, del mismo modo que se echa de menos un afianzamiento de los vínculos que en algún momento se pensaron desarrollar con Oporto o con ciudades americanas emblemáticas, tanto del Norte como del Sur, capaces de canalizar, mediante acuerdos de cooperación en firme auspiciados por la Universidad y por el conjunto de los actores, las posibilidades con que hoy cuenta la ciudad y que se hallan, en mi opinión, claramente infrautilizadas.

De las estructuras de articulación en red que considero pueden valorizar las economías de escala de la ciudad desde la perspectiva socio-económica y territorial hablaré en otra ocasión.

Los impactos de la Alta Velocidad Ferroviaria

El Norte de Castilla, 19 de Diciembre de 2007

La experiencia comparada revela que los procesos de transformación económica y territorial no experimentan en nuestra época cambios tan drásticos y acelerados como los que han tenido lugar en etapas anteriores, cuando causas similares han desencadenado dinamismos y reestructuraciones de notable intensidad, hasta el punto de marcar nítidas rupturas con las tendencias precedentes. Algunos comentaristas han anticipado que la llegada a Valladolid del Tren de Alta Velocidad (TAV) a finales de 2007 puede tener la misma trascendencia que la del ferrocarril en 1859. Partiendo de la idea, en principio acertada, de que el Valladolid moderno se identifica con los grandes hitos que han marcado su condición de enclave ferroviario de primer orden, exageran al extrapolar a nuestros días fenómenos que, si tuvieron lugar en el contexto característico de la industrialización española en la segunda mitad del siglo XIX, difícilmente pueden reproducir los efectos acumulativos de entonces en un momento como el actual en el que las premisas sobre las que se fundamenta el desarrollo son mucho más complejas y diversificadas. Y sobre todo no tan dependientes de las infraestructuras, cuyo papel se ha modificado de modo sustancial.

Si históricamente el tren introdujo un decisivo factor de diferenciación en la dinámica de los territorios al amparo de las posibilidades abiertas por la nueva función otorgada a los núcleos favorecidos por su trazado - y de ello Valladolid siempre será un ejemplo emblemático -, la realidad contemporánea relativiza el alcance de estos impactos, en la medida en que la mejora de la movilidad ya no constituye en sí mismo una garantía de desarrollo o de generación de actividad a los niveles estimados por las previsiones más optimistas. Se trata más bien de un soporte técnico al servicio de las economías de escala preexistentes o de los potenciales de demanda que han sido utilizados como criterio para la implantación del nuevo eje circulatorio, que inevitablemente ha de acomodarse a los principios de eficiencia y rentabilidad con que se concibe y diseña este tipo de línea férrea.

Desde que en 1981 entró en funcionamiento el primer TAV europeo entre París y Lyon, los análisis realizados son más que elocuentes a la hora de valorar el alcance de los impactos provocados, su incidencia en el desarrollo y la repercusión en el sistema territorial en el que se inserta. En síntesis se puede decir que la mejora de la conectividad y la accesibilidad que una operación de estas características trae consigo reviste una doble dimensión. La más relevante, inmediata y de gran resonancia, es sin duda la urbanística y la territorial. Ya sea mediante la creación de un área específica, ya mediante la ordenación con este fin del espacio tradicionalmente ocupado por las instalaciones ferroviarias en todos los casos tiene lugar un fortísimo proceso de revalorización del suelo, que repercute sobre el conjunto del área afectada, con las consiguientes derivaciones especulativas, claramente estimuladas por las ventajas a que induce la nueva centralidad construida.

En este sentido, Valladolid va a ser posiblemente la ciudad europea con mayor superficie a reordenar, heredada del aprovechamiento del espacio ocupado por los antiguos talleres del ferrocarril, a la que se suma la resultante de la operación de soterramiento cuando se lleve a cabo. La disponibilidad de más de 90 Has. en un espacio urbano consolidado constituye una singularidad que explica el alcance de la impresionante metamorfosis funcional y estética prevista, al tiempo que va a representar, para bien o para mal, un ejemplo de referencia sobre el modo de intervenir en los antiguos espacios de uso ferroviario. Y, por otro lado, es evidente también que, merced a la intermodalidad propiciada por la conexión física de la nueva infraestructura con los enlaces viarios y aéreos, a los que ha de impulsar notablemente, la posición estratégica de Valladolid se ha de fortalecer sobremanera como nodo logístico crucial tanto en la Península Ibérica como en el conjunto del llamado Arco Atlántico.

En cambio, conviene entender la dimensión económica y social de manera más cautelosa. En ninguna de las experiencias europeas o españolas el salto cuantitativo ha sido tan intenso como se esperaba. En el ejemplo al que se suele recurrir en España para demostrar que los impactos pueden ser de envergadura – Ciudad Real – los datos no revelan magnitudes tan elevadas por lo que respecta al desarrollo económico e inmobiliario, por más que sea cierta una acentuación de la movilidad al amparo de los desplazamientos pendulares que tienen lugar entre Madrid y las ciudades sujetas a su área de influencia. Tal parecer ser la repercusión más manifiesta: una intensificación de la movilidad, asociada bien la sustitución del modo de transporte utilizado (el vehículo particular e incluso el avión, como ha sucedido en Sevilla y se prevé ocurra también en el caso de Barcelona) o bien a un aumento de la frecuencia de los usuarios habituales, lo que de hecho no implica un incremento sensible del número de viajeros ni, por ende, de las expectativas de demanda de vivienda, máxime cuando se aprecia una saturación del mercado por sobreoferta, con la consiguiente modificación a la baja de los precios.

Y lo mismo cabría decir de sus efectos en la implantación de empresas o en la captación de inversiones, destinadas a vigorizar el tejido productivo, avanzar en la innovación y animar la creación de empleo. No hay ningún automatismo comprobado en este sentido, ya que, cuando la distancia deja de ser un factor condicionante de la localización de las empresas, emergen otros factores (potencial humano, suelo industrial, redes tecnológicas, calidad de los servicios….) que elevan la magnitud del capital territorial y que hay que saber valorizar, lo que explicaría las tendencias selectivas que al respecto se perciben en Europa. El caso de Lille, esa espléndida ciudad del Norte de Francia hermanada con Valladolid desde 1987 y con una posición estratégica privilegiada entre Paris y Bruselas al amparo del TAV puesto en funcionamiento en 1993 y después ampliado hasta Londres a través del Canal de la Mancha, es una prueba fidedigna de que si la alta velocidad ferroviaria afianza la centralidad no asegura por sí sola la dinamización de las potencialidades latentes ni resuelve a su favor las ventajas que derivarían de que la ciudad acabe prevaleciendo más como destino final que como mero lugar de tránsito.

DOS EMPRESARIOS DE REFERENCIA

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El Norte de Castilla, 2 de Agosto de 2007

La casualidad nos ha situado ante dos sucesos luctuosos ocurridos casi en la misma fecha. Las muertes de Santiago López y de Jesús de Polanco han permitido evocar la vida y a la obra de dos personajes representativos de lo mejor del empresariado español en la segunda mitad del siglo XX. Poco importa que no se conocieran o que sus posiciones ideológicas y políticas discrepasen. Las disensiones que han afectado a la historia reciente de España, y que uno y otro vivieron, cada cual desde su perspectiva, con la intensidad propia de quien siente implicado de lleno en la trayectoria de su país, no han impedido que, a la postre, prevalezca el denominador común que los distingue como referentes a los que remitirse para ejemplificar, sobre la base de sus respectivos legados, lo mucho que significa su aportación al desarrollo y a la transformación positiva de las sociedades y de los espacios en los que desplegaron sus respectivos proyectos e inquietudes.

Esta valoración se basa en su identificación con la figura del empresario entendido en el sentido más encomiable del término. Es una categoría que lograron dignificar en medio de un panorama de dificultades e incertidumbres, poniendo al descubierto lo que verdaderamente acredita el espíritu de empresa frente a los intentos de trivializar el concepto y de atribuirlo indebidamente a cuantos presumen de tenerlo sin los requisitos inherentes a esta cualidad, es decir, la capacidad de iniciativa para la puesta en marcha de proyectos innovadores, la audacia frente al riesgo, la tenacidad en la lucha por objetivos de amplio alcance y largo plazo, la autoridad moral, el rechazo a las prácticas especulativas, el liderazgo para crear equipos solventes y el sentido de la oportunidad histórica. Rasgos, en fin, capaces de marcar líneas de comportamiento y de gestión que acaban cristalizando en obras sólidas, resistentes al paso de tiempo y que a la par implican efectos positivos, de gran impacto en sus entornos.

Si con razón se ha señalado la responsabilidad de Santiago López en la transformación de la ciudad de Valladolid como uno de los artífices del despegue industrial que hizo aflorar una nueva sociedad y una dinámica urbana sin precedentes, aunque no exenta de fuertes contradicciones, considero que su huella rebasa con creces la dimensión vallisoletana. Debemos mencionar su papel como uno de los impulsores de la moderna industria del automóvil en España, en la medida en que la creación de FASA - en la que como artífice de la iniciativa desempeñó también un eminente protagonismo la labor de Manuel Jiménez Alfaro - supuso, en un campo dominado por la acción pública, la materialización del primer gran proyecto planteado desde la iniciativa privada con criterios de racionalización tecnológica, que actuaría a su vez como catalizador de la presencia extranjera – en este caso, de Renault -, lo que le convierte en uno de los soportes sobre el que se apoyaría el fuerte despegue en los sesenta de la automoción en España al amparo de su atractivo para la implantación de las grandes firmas multinacionales del sector.

Al propio tiempo no es baladí el mérito que le cupo como polemista cualificado sobre cuestiones de interés económico que desbordaban la escala local. En el Departamento de Geografía le conocíamos como “el termómetro”, pues atentamente seguíamos el pulso de los cambios económicos a través los comentarios que con frecuencia realizaba en El Norte de Castilla y en otros medios sobre la evolución de la economía, en los que hacia alarde de una visión crítica, amplia de miras, siempre coherente con la defensa de la industria como motor del crecimiento, y con un horizonte que apuntaba al conjunto de la región, cuando esta dimensión era ignorada o considerada irrelevante. Sus reflexiones sobre los Planes de Desarrollo, que seguí de cerca, merecen ser recordadas como unas de las más perspicaces que en su momento se hicieron.

Tampoco fue tarea fácil la acometida por Jesús de Polanco cuando a mediados de los setenta supo entender lo que podría representar el proyecto periodístico concebido por José Ortega Spottorno y al que se adhirió, asumiendo gran riesgo y coste personal, consciente del decisivo papel que iba a desempeñar la información libre y de calidad en un proceso tan azaroso y complicado como iba a ser la transición a la democracia en España. Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, y sin olvidar las polémicas suscitadas en torno a la obra del editor fallecido, su acritud pierde consistencia frente a los méritos de una labor que suscita tanta consideración como respeto por parte de quienes con sus productos editoriales competían con él en buena lid. Decía Servan-Schreiber que “la calidad del periodismo se mide por el rigor y la objetividad de la información suministrada, por el rechazo a cualquier forma de sectarismo y por la fidelidad a los principios que amparan la libertad de expresión”.

Pues bien, más allá de las controversias que pudiera suscitar la trayectoria de la cabecera – el diario “El Pais” - identificada con la aportación de Polanco al periodismo, no cabe duda de lo que supuso su salida a la calle cuando todavía el horizonte de la democracia se mostraba confuso y la demanda de libertad e información, aun insatisfecha, era un clamor creciente en la sociedad española. Mucho tiempo ha transcurrido desde que Santiago López y Jesús de Polanco pusieron en marcha las iniciativas que les han singularizado, mas su impronta pervive en el recuerdo y en la realidad. Una impronta asociada a aquellas ideas - desarrollo, innovación, voluntad de cambio, visión de futuro – que ambos protagonizaron y a las que tanto debe la modernización de la España contemporánea.

Una legislatura decisiva

El Norte de Castilla, 10 de Julio de 2007

Castilla y León y la ciudad de Valladolid se enfrentan en los próximos años a una etapa decisiva de su historia. Con el horizonte que imponen los ciclos de la acción política esta etapa se identifica con la legislatura que acaba de comenzar, y de sus resultados van a depender muy directamente las perspectivas de desarrollo de la región a medio plazo así como la superación de algunas de las incertidumbres que condicionan la consolidación de su capital como ciudad sólidamente acreditada en el sistema urbano regional, español y europeo.

Es una reflexión pertinente, alertados por las circunstancias que confluyen en el tiempo para definir con perfiles nítidos los nuevos factores de cambio surgidos en el panorama internacional y español, avanzada ya la primera década del siglo XXI. No hay que olvidar que esta toma de conciencia sobre lo que significan estos factores de impacto (globalización de la economía, fuerte competencia entre territorios, desarrollo selectivo de los procesos innovadores, etc.) es percibida de modo sensible en nuestro entorno más inmediato, donde son muy activos los debates suscitados en regiones y ciudades europeas (algunas de ellas hermanadas con Valladolid), que se esfuerzan en analizar con rigor las tendencias en las que encuadrar sus estrategias de futuro, estructuradas a partir de un amplio abanico de opciones, instrumentos y medidas en cuya formulación se acoplan bien los requerimientos surgidos de la propia sociedad y los objetivos impulsados desde los propios órganos de decisión pública, fieles a los compromisos contraídos con una ciudadanía consciente y con los agentes sociales que la dinamizan y representan.

Los retos planteados a Castilla y León como consecuencia del nuevo tratamiento que ha de recibir al perder su condición de “región asistida” dentro de la Unión Europea son cruciales hasta el punto de que, bajo las nuevas premisas que inspiran su nuevo rango (como región adscrita al objetivo de “competitividad regional y empleo”), y debido a sus particularidades y problemas estructurales, pueden llegar a convertirla en un buen ejemplo a la hora de verificar las capacidades de quienes la gobiernan para lograr ese avance cualitativo e integral que la región necesita para asegurar su vitalidad demográfica y fortalecer su atractivo como espacio de oportunidad y de dinamización económica en todos los sectores.

Lograrlo en sintonía con la defensa de sus valores ambientales y patrimoniales, garantizando a la par los avances en la articulación interna de la región y en la percepción, lo más generalizada posible, de que el marco autonómico favorece realmente la búsqueda de equilibrios internos, apoyados en la valorización eficiente de los recursos de todo el territorio, abre un campo de perspectivas mal avenido con la inercia, con la autocomplacencia o con la pretensión de que los problemas y las contradicciones se resuelven por sí solos. Entiendo que este objetivo ha de basarse ante todo en la aplicación decidida y sin ambigüedades de la Ley de Ordenación del Territorio a través de la puesta en marcha de las Directrices Esenciales que permitan definir el modelo territorial que la región necesita así como las actuaciones encaminadas a conseguirlo. Dicho de otro modo, ésta que empieza ha de ser la legislatura en la que se emprenda una política activa, motivadora, y sostenible de ordenación territorial, poniendo fin a las numerosas contradicciones que han jalonado este proceso.

En este mismo contexto el futuro de Valladolid, más allá de los efectos sobre su centralidad de las potentes infraestructuras de transporte previstas, no es ajeno al margen de expectativas creadas para una ciudad en la que la dimensión estratégica y cualitativa de sus grandes directrices debe primar como criterio de actuación esencial. No de otro modo hay que entender los problemas surgidos ante la necesidad de atajar los riesgos de la desindustrialización, de preservar sus valores urbanísticos, patrimoniales y ambientales amenazados, de asumir la función que la corresponde en la organización racional de su caótico espacio metropolitano o de afianzarse al tiempo como ese núcleo de referencia al servicio de la mejor integración posible del espacio regional, superando recelos y desconfianzas que pudieran llegar a poner en entredicho la entidad y cohesión de un territorio tan propenso a las posiciones centrífugas.

Son en ambos casos tareas complicadas, pero necesarias en unos momentos en los que las expectativas de desarrollo de Castilla y León pueden verse lesionadas por los prejuicios intraterritoriales que todavía perviven. De ahí el valor de las múltiples posibilidades y ventajas que derivan de concebir la acción de gobierno como el ejercicio del poder apoyado en la cooperación fecunda entre los diferentes actores institucionales, lo que permitiría abrir nuevos espacios para el juego político, quizá entorpecido hasta ahora por visiones a corto plazo que han de ser sustituidas por perspectivas más coherentes con la magnitud de los cambios que, con visión de futuro, a todos han de afectar sin excepción y que sólo podrán abordarse si se tiene conciencia de que la fragmentación y la visión parcial de las soluciones conduce al declive de la competitividad territorial de Castilla y León, difícilmente recuperable si se debilitara en exceso o se minimizara el alcance de los riesgos que esas tendencias pueden llegar a suponer.

Valladolid y la industria del automóvil

El Mundo-Diario de Valladolid, 10 de Febrero de 2006

Tres han sido, a mi juicio, los principales pilares que, engarzando el pasado con el presente, han logrado cimentar la personalidad y la proyección a gran escala de la ciudad de Valladolid. Sin menoscabar otros valores igualmente distintivos de su prestigio, es evidente que la Universidad, el ferrocarril y la industria del automóvil constituyen los emblemas más consistentes y vigorosos de la fortaleza y de la imagen vallisoletanas, sus símbolos más conspicuos. No hay que buscar entre ellos prelación alguna, pues cada cual, producto de su época y de las circunstancias que los impulsaron, obedece a momentos históricos diferentes, con lógicas específicas que han justificado su respectiva razón de ser y las particularidades de su trayectoria y de sus impactos tanto en el tiempo como en el espacio. Mas en los tres casos no es difícil percibir un rasgo que expresivamente los unifica y que permite entender la dimensión global de su propio significado, explicativo de la dependencia que se tiene de ellos. Es el que subraya su profunda imbricación en la dinámica integral de la ciudad, con la que han llegado a trabar una verdadera relación simbiótica hasta el punto de que resulta imposible concebir lo que habrá de ser Valladolid en el futuro al margen de lo que cada una de estas realidades pueda dar de sí.

En la primera década del siglo XXI estos tres baluartes del potencial vallisoletano se encuentran inmersos en una etapa decisiva de su historia, coincidente en todos ellos con la apertura de nuevos horizontes que van a suponer transformaciones cruciales con la consiguiente readaptación del peso que les corresponde en la trayectoria de la ciudad. Por lo que respecta a la Universidad, son numerosas las circunstancias que abundan a favor de la necesidad de adoptar estrategias innovadoras, acordes no sólo con los requerimientos a que obliga el acoplamiento al llamado Espacio Europeo de Educación Superior, que de hecho va a suponer una auténtica reconversión del sistema, sino también con las nuevas pautas inducidas por las exigencias de la sociedad y de las dinámicas a que dan lugar las actuales tendencias del desarrollo económico, social, cultural y territorial, con las que la Universidad asume un compromiso ineludible. Por otro lado, y de forma casi sincrónica, la relevancia de Valladolid como enclave ferroviario tenderá a reafirmarse al compás de la entrada en funcionamiento del ferrocarril de alta velocidad, que, aparte de las repercusiones urbanísticas a que pudiera dar lugar, contribuirá a afianzar aún más la centralidad geográfica de la ciudad, inevitablemente asociada a su progresiva consolidación como plataforma logística de primer nivel en el sistema circulatorio europeo. No en vano, las economías de escala de transporte así generadas van a traer consigo efectos multiplicadores con resonancia en el conjunto de la región y que habrá que valorar desde la perspectiva del reequilibrio territorial con que deben ser tratadas sus implicaciones.

Ahora bien, especial atención merece lo que haya de ocurrir con la poderosa dotación técnica y laboral vinculada a la fabricación automovilística. Planteado hace tiempo el debate sobre las amenazas que se ciernen sobre el sector, es evidente que la reciente tensión ocasionada en Valladolid por los ajustes llevados a cabo en la regulación del trabajo, como consecuencia de la situación crítica de mercado a que se ha enfrentado el modelo producido en la factoría de Renault España, ha sido un catalizador de las inquietudes que en todas las esferas (trabajadores, directivos, poderes públicos) no han dejado de poner al descubierto la enorme sensibilidad que suscita cuanto ocurre en la principal instalación industrial de la región y una de las más relevantes en España. Y si es cierto que esto ha sucedido siempre en todos los momentos en que, por una razón u otra, los síntomas de crisis hacían mella en el complejo fabril del que en este año se conmemora el primer medio siglo de existencia, a nadie se le oculta que la situación actual conecta con tendencias que no tienen ya tanto que ver con problemas coyunturales o de éxito comercial de un determinado modelo como con los procesos desencadenados en el contexto de la economía globalizada, especialmente incisiva en el comportamiento espacial de la actividad que nos ocupa.

Varios factores convergen, en efecto, para entender que no se trata de una crisis pasajera en “la industria de las industrias” como expresivamente la definió Paul Drucker. Nos encontramos en un momento en que al creciente atractivo de los países recién incorporados a la UE como espacios preferidos para la implantación automovilística transnacional, en la que algunos de ellos (Polonia, República Checa y Hungría) están tendiendo aceleradamente a centrar el aumento de sus posibilidades exportadoras y sus estrategias de internacionalización productiva, se suma los problemas inherentes a un sector donde el exceso de capacidad instalada deriva en una acentuación de la competencia provocada por la presión de aquellas firmas que en el mercado globalizado prefieren operar en un entorno de fabricación con mayores ventajas competitivas. Identificada, pues, como la actividad más propensa a la deslocalización, la situación se agrava en España por el hecho de que el país no ha logrado consolidar una industria automovilística propia, acentuando así la dimensión de las dificultades en momentos críticos como los señalados en el último informe de la ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles), con la alta dosis de vulnerabilidad que se crea cuando la estrategia depende de centros de decisión alejados de nuestro ámbito de responsabilidad. Y por más que éste sea un tema necesitado aún de muchas clarificaciones, hay que reconocer que el problema de la deslocalización se ha visto agravado en España por mor de una administración central que en los últimos diez años ha hecho dejación manifiesta de lo que debe ser una política industrial capaz, entre otros objetivos, de neutralizar los previsibles riesgos consecuentes a esta situación de dependencia foránea en un sector que representa nada menos que el 8 % del PIB y da trabajo a la décima parte de la población activa industrial. A falta, por tanto, de una estrategia industrializadora estatal de carácter preventivo e innovador frente a la deslocalización los esfuerzos desplegados por las Comunidades Autónomas han logrado en parte contrarrestar esta carencia pero en modo alguno podrán sustituir a lo que ante todo ha de significar una política de Estado, precisamente porque es a esta escala, con todas las estrategias de cooperación internas que se quieran, como de hecho se está abordando la cuestión en los grandes países europeos ante la posibilidad de verse afectados por la tendencia. Y es precisamente en el contexto de una política de industrialización efectiva donde cobra especial trascendencia de nuevo el valor de la interacción entre los tres factores – Universidad, accesibilidad y capacidad tecnológica - que permitirán mantener a Valladolid como esa potente ciudad industrial que nunca debe dejar de ser.

UNA UNIVERSIDAD PARA EL SIGLO XXI

El Norte de Castilla, 9 de Mayo de 1998

L a notable expectación que cada cuatro años despierta la elección de rector ‑proceso en el que de nuevo se halla embarcada la Universidad de Valladolid‑ no se debe tanto al interés ocasionalmente provocado por una contienda electoral como al hecho de que, a través de ella, se dilucida la personificación de quien ha de desempeñar la que posiblemente tiende a consolidarse como una de las más importantes responsabilidades en el campo de la gestión de los recursos de toda índole. En realidad, tal significado no es ajeno a esa especie de paradoja que todavía sigue caracterizando a la Universidad en el sentido de que, pese a las limitaciones que en ocasiones mediatizan el desarrollo de sus actividades o a las inercias de que adolecen aspectos esenciales de su dinámica de funcionamiento, cada vez son más sólidos los argumentos que ratifican el alcance de su repercusión sobre el entorno que la rodea, hasta el punto de que no es fácil encontrar otras instituciones, al margen, por supuesto, de las relacionadas con la decisión política, dotadas de una capacidad de incidencia tan formidable ya sea desde el punto de vista cualitativo como en conexión con la pluralidad de manifestaciones y de perspectivas hacia las que potencialmente es capaz de proyectarse. Sin embargo, y por más que estas facultades teóricas sean en principio consustanciales a la propia esencia de la realidad universitaria, su materialización concreta y, sobre todo, su nivel de efectividad distan mucho de merecer en todos los casos una valoración uniforme. Por contra, dependen de múltiples y decisivos factores que no deben pasar desapercibidos, pues, como hace tiempo destacó Ramón y Cajal, no es la simple posesión de una cualidad lo que asegura el logro de las ventajas que en teoría propicia sino su correcto acomodo a una línea de acción ‑o «de conducta», en palabras del pensador‑ que verdaderamente lo garantice.

Entre esos factores, y con la mirada puesta en la experiencia universitaria vallisoletana, no se debe olvidar, en primer lugar, el caudal de posibilidades que, como premisa primordial, derivan de una poderosa dimensión de escala sin la cual difícilmente una institución de este tipo estaría en condiciones de afrontar satisfactoriamente los compromisos planteados. Al invocar este criterio no se está haciendo referencia únicamente al tamaño o a la simple magnitud cuantitativa de sus variables principales, sino a la envergadura de su capital formativo y humano, a la entidad de su oferta lectiva, a la potencia y difusión de su labor científica, a la riqueza de sus vínculos con la realidad social y económica en que se inserta, a la amplitud, en suma, de sus horizontes.

De ahí que, cuando esta serie de indicadores son objetivamente analizados el panorama se despeja, estableciendo una nítida divisoria entre las universidades con verdadera solvencia y las que, producto a menudo de una mal entendida equidad territorial, han proliferado por doquier para satisfacción de intereses localistas o de ambiciones políticas que bien poco tienen que ver con el enfoque que desde la Universidad se ha de dar para la correcta resolución de los problemas. Ante la atomización y fragmentación a que ha llegado el sistema universitario en España los planteamientos propugnados por aquellas Universidades en las que ‑como la de Valladolid‑ la tradición se enriquece con los méritos de la propia consistencia no pueden ser otros que los que subrayen el valor de la fortaleza adquirida, y de las ventajas comparativas que ello ha generado, como principio de salvaguarda frente a un panorama concurrencial amenazado por el riesgo de que la utilización demagógica del agravio o la dispersión errática de los recursos lleguen a primar como moneda de cambio frente a pautas de racionalidad y de eficiencia universalmente definidas.

Mas, por otro lado, es obvio que la defensa de una postura como ésta es inseparable de la puesta en práctica de una plan de actuación coherente y ambicioso, concebido para integrar el desarrollo de las propias potencialidades en un verdadero programa de futuro. Si los mecanismos de funcionamiento democrático aparecen explícitos en la norma, la cuestión no estriba ya sólo en limitarse a defenderlos formalmente sino en garantizar que en la práctica responden, para identificarse con él, a un planteamiento bien asentado, compartido por todos, o al menos asumido por la mayoría. ¿Cómo, si no, se podría lograr la articulación en torno a un proyecto operativo de una realidad tan extraordinariamente compleja y dispar como la que hoy configura, por ejemplo, la Universidad de Valladolid, estructurada en 22 centros y 80 departamentos, en los que se integran 2.200 profesores, responsables de la docencia de 40.000 alumnos y donde las funciones de gestión y servicios dependen de la labor de cerca de 900 personas, todo ello repartido en cuatro provincias, diversas entre sí y con particularidades muy marcadas?

La magnitud y heterogeneidad de las variables que organizan una Universidad moderna justifican la afirmación de que tal vez no exista un organismo en el que los propósitos de armonización y convergencia tropiecen con mayor número de cortapisas. De ahí que, centrándonos en nuestro caso, la única forma de aliviar el peso de estas servidumbres estructurales no pueda ser otra que la que provenga de la voluntad de aprovechar al máximo los instrumentos previstos con tal fin en la estructura orgánica del sistema. Si aún queda bastante camino por recorrer en aspectos esenciales de la ordenación y articulación funcional de los departamentos, o en los que conciernen a los centros en un entramado de decisiones cada vez más complejo y obligado a fórmulas flexibles de cooperación, no cabe duda que nunca como ahora cobra tanta fuerza la propuesta a favor de convertir definitivamente al claustro en ese foro activo de reflexión, debate y acuerdo que la Universidad precisa.

Constituye, en efecto, una exigencia imperiosa aunque sólo sea porque, tratándose de su órgano más representativo, opera también como indispensable elemento aglutinante de voluntades dispersas, superador de recelos, y, por ende, el único capaz de favorecer actitudes de encuentro y confluencia sin las que jamás será posible lograr la reforma de los estatutos, inamovibles hasta ahora por mor de absurdas intransigencias e inhibiciones y pesada losa que desde hace años bloquea una y otra vez la voluntad de modernización de epígrafes esenciales de la vida universitaria.

En este marco, con sus indudables logros y aún evidentes carencias, pero con el marbete de ser sin lugar a dudas la más relevante Universidad de Castilla y León, la de Valladolid se abre a una etapa crucial de gestión ydecisiones. Una etapa en la que la identificación personal de la responsabilidad, y del equipo asociado a ella, no es asunto en modo alguno baladí. Pues, más allá de las legítimas pretensiones que animan a quienes persigan ejercerla, la experiencia es harto aleccionadora a la hora de clarificar los perfiles de la idoneidad para afrontar mejor los tiempos, ilusionantes pero inciertos y contradictorios a la vez, que se avecinan. En estas condiciones los requisitos de liderazgo se elevan por encima de la profesionalidad académica, del voluntarismo personal, de las descalificaciones innecesarias o de las proclamas y ocurrencias más o menos ingeniosas o bienintencionadas.

Reclaman, antes bien, cualidades primordiales y en cierto modo innovadoras que, en esencia, conectan de lleno con la capacidad para lograr la búsqueda permanente de los equilibrios más adecuados entre el funcionamiento interno y transparente del complejo universitario y las interrelaciones que lo imbrican con los cambios ocurridos fuera de sus límites estrictos. En otras palabras, el gobierno de la Universidad pasa necesariamente por la defensa y consecución de un triple objetivo: la preservación de su condición de servicio público de calidad, la defensa de una concepción integradora y solidaria de todos sus componentes en sintonía con un proyecto coherente y viable, y una actitud de firmeza en los procesos de negociación que cada vez con más fuerza han de condicionar el cumplimiento de sus fines estratégicos. Tareas nada fáciles pero que, de lograrse, pueden conferir a la experiencia universitaria vallisoletana a construir en los próximos años una dimensión aleccionadora como escenario ejemplar y punto de referencia obligada.