Hacia una nueva Geografía de la automoción

El Norte de Castilla, 14 de diciembre de 2018

Los aspectos relacionados con la fabricación automovilística han ocupado siempre una posición primordial en las investigaciones de Geografía Económica. No es posible entender las grandes transformaciones que afectan a la producción, al comercio, al transporte, a la organización del trabajo, a la racionalización de las lógicas empresariales, a las relaciones humanas y a la reestructuración de los procesos territoriales sin aludir al decisivo impacto que la automoción ha provocado en todas estas variables. De ahí que las diferentes formas de movilidad asociadas a la evolución del automóvil lo hayan convertido en uno de los principales emblemas del siglo XX, en virtud de la dimensión alcanzada por las estrategias desplegadas en el mundo por sus empresas más representativas, al compás de las espectaculares innovaciones aplicadas a los procesos de producción, sujetos a la lógica de la competitividad global, a las alianzas interempresariales y a los esfuerzos encaminados al afianzamiento de posiciones de poder en el complejo panorama de las conexiones comerciales. Solo así puede comprenderse esa identidad que la automoción ofrece como “la industria de las industrias”,  una denominación que describí y analicé hace años como reflejo de su capacidad para la integración de procesos e innovaciones tecnológicas multisectoriales.

            Si el automóvil ha tenido una importancia crucial en los procesos socioeconómicos y espaciales de nuestro tiempo, es evidente que su relevancia pervivirá aunque dentro de parámetros – en cuanto a tipo producto,  mercado,  hábitos de uso, consumo, autonomía, pautas de movilidad y seguridad - distintos a los que han regido su funcionamiento hasta nuestros días. No asistimos a  un mero cambio de paradigma sino a una drástica revolución tecnológica en virtud de la cual la fabricación automovilística se inscribe en un escenario de transformaciones ineludiblemente condicionadas por los compromisos a que obliga la puesta en práctica del Acuerdo de Paris contra el Cambio Climático aprobado en 2015, pese a que los nuevos modelos (el  vehículo eléctrico)  no sean ambientalmente inocuos a lo largo de su ciclo de la vida (de la mina al desguace), debido a las necesidades iniciales del proceso de fabricación, a las cantidades de materias primas empleadas en la producción de baterías y al incremento exponencial de la demanda de electricidad a que su implantación masiva obliga. Tanto es así que las economías de energía podrían verse contrarrestadas por el altísimo nivel de producción requerida.

            En cualquier caso, se trata de un panorama en el que el comportamiento del sector ha de gravitar en función de las estrategias empresariales aplicadas a tres factores esenciales: la innovación del producto, las formas de trabajo y la localización de las instalaciones. Pues si, en efecto, la innovación aparece, en principio, concebida al servicio de la ecología, con todo lo que ello implica desde la perspectiva del tipo de producto fabricado – reflejo de la “tecnología última”, en rotunda expresión del expresidente de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn-, es evidente que ello va a determinar de manera sustancial la orientación de la política energética y de las infraestructuras de carga, la adaptación de las cualificaciones laborales al tiempo que someterá a rigurosa evaluación el nivel de acogida y adaptabilidad ofrecido por las localizaciones existentes a los desafíos impuestos por las nuevas lógicas productivas.  Observando las pautas del complejo empresarial, cabe pensar que las directrices planteadas por las grandes compañías van a mostrarse proclives a la intensificación de sus capacidades competitivas dentro de una planificación de las actuaciones adaptadas a las exigencias ambientales con la mirada puesta en un horizonte que no admite dilaciones.

            Se inicia así un periodo de transición logísticamente asumida que sin duda va a obligar a la adopción de medidas estratégicas de extraordinario calado y con una dimensión geográfica de primera magnitud. En este sentido cabría centrarse en dos fundamentalmente. Por un lado, y a escala europea, se impone la necesidad de contrarrestar el sesgo que, favorable a la posición de China, reviste el proceso en ciernes, lo que, en concreto, justifica la urgencia de incrementar las capacidades competitivas de Europa en el decisivo campo de la fabricación de baterías, terreno en el que actualmente el peso de Asía es abrumador. Por otro, con la atención puesta en España, y que, por lo que nos atañe, pudiera ejemplificarse en los relevantes enclaves de montaje ubicados en Castilla y León, no cabe duda de que la estrategia a seguir, sin menoscabo de la reflexión que conviene suscitar sin demora, y sobre la base de lo que debiera consistir en acometerla desde una política industrial de Estado, pasa por la defensa y acreditación de las fortalezas sólidamente asentadas en su tradición manufacturera, en el que también descuellan firmas muy solventes en el subsector de componentes. No se trata solo de conjurar el riesgo de la deslocalización sino también de optimizar el enorme potencial ya creado tanto en la fabricación final como en la de bienes intermedios, ratificándolo como una de sus principales ventajas comparativas susceptibles de permitir afrontar con cierta seguridad y con el menor impacto negativo posible el enorme desafío que se avecina.

Ciencia frente a barbarie

El Norte de Castilla, 12 noviembre 2018

Los defensores de la Naturaleza observan en estos momentos un panorama contradictorio. Por un lado, asisten con estupor al triunfo de dirigentes políticos que, bien por el gran poder que ostentan (Trump en Estados Unidos) o por la inmensidad del espacio bajo su responsabilidad (Bolsonaro en Brasil, Putin en Rusia, Duterte en Filipinas), se muestran claramente a favor de las intervenciones desencadenantes de efectos demoledores sobre el medio ambiente y los paisajes mientras desprecian o ignoran los factores que, científicamente fundamentados, revelan los riesgos ecológicos a los que se enfrenta la Tierra, el único planeta habitable y el único que podemos transmitir a quienes nos sucedan en la secuencia de la vida.

            Por otro lado, y frente a esta preocupante tendencia, son muchas las personas que a la par se sienten complacidas ante el reconocimiento otorgado a relevantes personalidades de la comunidad científica, empeñadas en demostrar, con resultados teóricos y empíricos contundentes, la necesidad de mantener posturas de alerta frente a los riesgos o las situaciones de catástrofe previsibles que pueden alterar el funcionamiento de los ecosistemas en ausencia de pautas de control o de no regulación. De ahí la pertinencia de llamar la atención, por el significado que poseen y por su venturosa coincidencia en el tiempo, acerca de los dos galardones que han dado a conocer la labor desarrollada por los científicos estadounidenses William Nordhaus y Sylvia Earle. La trascendencia de la obra de ambos merece ser destacada, tanto por lo que significan las aportaciones respectivas - y la pertinencia de su reconocimiento en una época especialmente crítica - como por el expresivo engarce que, a mi juicio, cabe establecer entre ellas.

             Los modelos desarrollados por Nordhaus, Premio Nobel de Economía 2018, que en esencia gravitan sobre la evaluación integrada plurifactorial del calentamiento global, hacen hincapié decisivo en la dimensión económica de las causas y los impactos asociados al cambio climático como problema incuestionable. Merced a ello, la perspectiva desde la que se analiza este factor, responsable de una alteración ambiental de gran magnitud y con implicaciones a escala planetaria, se enriquece al incorporar de manera rigurosa – mediante los “modelos de valoración integrados” -  los efectos que ocasiona desde el punto de vista económico al tiempo que amplía los horizontes y la utilidad de las medidas susceptibles de aplicación con fines correctores. Entre otros aspectos relevantes, el motivo que ha justificado la concesión del Nobel centra la atención en los trabajos realizados en torno a un aspecto esencial: la regulación de las emisiones de CO², que son vertidas a la atmósfera sin que los agentes que las provocan abonen un precio por ello. Se plantea, por tanto, la necesidad de que estas externalidades negativas estén sujetas a fiscalización – los impuestos al carbono – recurriendo a un sistema impositivo de implantación global, basado en el principio ético y operativo de corresponsabilidad planetaria, de modo que todos los países quedasen implicados en la lucha contra el cambio climático. Los que, en cambio, no asumieran esta responsabilidad (free ryder) podrían ser penalizados a través de la aplicación de un arancel uniforme sobre las importaciones.  

            Por su parte,  la impresionante tarea llevada a cabo por Earle la sitúa en la posición más avanzada e innovadora de la investigación oceanográfica sobre la base de un dilatado trabajo experimental, plasmado en el estudio minucioso del espacio marino mundial en sus diferentes escenarios bioclimáticos. Los resultados obtenidos, que constituyen la razón de ser de la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018, son espectaculares a tenor de las datos ofrecidos sobre la gravedad de las agresiones sufridas por las masas oceánicas como consecuencia de la contaminación resultante de la ingente y acumulativa cantidad  de residuos tóxicos y no biodegradables que se vierten sin control sobre ellas, amén de las producidas por la sobrepesca y la a menudo errática densificación urbanística del litoral.

            Cuando uno valora la relevancia de las aportaciones efectuadas por uno y otra comprende hasta qué punto de la solidez del conocimiento científico – que muchos políticos y ciudadanos subestiman o desconocen– depende la calidad de las estrategias y la efectividad de los resultados pretendidos con ellas. Y en este caso aprecia también las positivas interacciones que se producen entre ambos campos de investigación, pues  queda en evidencia la importancia que los océanos tienen en el equilibrio climático terrestre, en la medida en que son capaces de absorber cantidades elevadas de dióxido de carbono y del calor acumulado. De ahí su vulnerabilidad ante el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, que precisamente tratan de gestionar económicamente las estimaciones del economista galardonado. Concluyamos, en suma, que los Premios concedidos a William Nordhaus y Sylvia Earle marcan un hito de obligada consideración en la defensa de la calidad ambiental de la Tierra, que es, por cierto, el único planeta oceánico que existe.

 

La Universidad en entredicho: riesgo y ejemplaridad

El Norte de Castilla, 24 septiembre 2018

Mantener el prestigio de una Institución requiere no solo una conciencia clara de lo que significa dentro del contexto en el que se integra sino también el convencimiento de que cualquier escándalo que la afecte  puede implicar un descrédito que, llegando a repercutir en  el conjunto del sistema, supone un lastre con impactos lesivos en el tiempo si no se adoptan las medidas que permitan neutralizarlo. Y es que, merced al nivel de sensibilidad existente en un entorno de información abierta e incesante como el actual, la sociedad no permanece indiferente cuando tiene lugar la vulneración de los  principios que aseguran la satisfacción de sus objetivos institucionales en coherencia con la labor desempeñada y con los recursos destinados al cumplimiento satisfactorio de dicha finalidad.

                Admitamos, como afirmaba Weber, que el riesgo de deterioro de la imagen y de la fortaleza comparativa es consustancial a todas las organizaciones. Es un peligro al que se hallan expuestas permanentemente. Por eso, cuando se parte de  la relevancia que el sector público desempeña en sus diferentes formas de manifestación, las deficiencias y situaciones de corrupción, cohecho o malversación observadas resultan particularmente lacerantes en la medida en que revelan conductas impropias, irresponsablemente ejercidas, que ponen al descubierto la falta de correspondencia entre los recursos asignados y la efectividad de los resultados conseguidos. Aunque el perjuicio que ello ocasiona reviste diferentes niveles de magnitud, es obvio que la resonancia de sus efectos varía en virtud del impacto provocado sobre el apoyo y la confianza socialmente merecidos, pues es obvio que no todas las Instituciones reciben de la sociedad el mismo nivel de valoración y reconocimiento.

                Tradicionalmente son destacables las altas cotas de respaldo y confianza que la sociedad española ha otorgado a las Universidades públicas y su profesorado en los rankings de ponderación efectuados por los órganos demoscópicos. Figurando en los primeros lugares de la serie estimativa, hay que subrayar  que han sido también las estructuras sujetas a niveles de evaluación  más sistemáticos, rigurosos, amén de transparentes,  de cuantos se han llevado a cabo en el conjunto institucional. Todo en ellas está sometido a valoraciones periódicas, afines a criterios e indicadores internacionalmente homologados y en permanente adaptación al desarrollo del conocimiento. Encuestas docentes, calidad y capacidad de transferencia de los proyectos de investigación, naturaleza, objetivos y rendimiento de las titulaciones, selección del profesorado, mecanismos de vigilancia y supervisión de las actividades asociadas a la obtención de Masters y Doctorados forman  una amplia  gama de instrumentos de garantía expresamente contemplados en la Ley, en los Reglamentos y en los Estatutos.

                Sin embargo, la experiencia acumulada lleva a la conclusión de que los resultados obtenidos son muy variables e incluso contradictorios. En muchos casos los mecanismos de control funcionan y en otros menos, cuando no son ostensiblemente  desdeñados.  El hecho de que en ocasiones sean inoperantes e incluso contravenidos no indica que, a priori,  su existencia ponga en tela de juicio la voluntad potencial que justifica la existencia  de la norma, concebida con el propósito explicito de evitar el fraude o el incumplimiento de los objetivos que son consustanciales a la Enseñanza y la Investigación Superiores. De ahí que, si las cautelas y las prevenciones están claras de antemano, no es posible hacer caso omiso, a la hora de verificar su cumplimiento,  del altísimo margen de responsabilidad que corresponde a la ética tanto individual como colectiva de cuantos organizan el  desarrollo de sus actividades, en la medida en que han de procurar, al amparo de su capacidad de iniciativa y sobre la base de una firme voluntad de autocrítica, el mejor uso posible de la autonomía  de la que constitucionalmente gozan las Universidades. Dicho de otro modo, resulta esencial  la toma en consideración de la honestidad profesional  aplicada a  la generación y transmisión del conocimiento, que en esencia  constituyen sus objetivos  básicos  y su misma razón de ser, como tantos profesionales se encargan de poner en evidencia cada día con tanta efectividad como discreción. 

                Los graves hechos ocurridos en una de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid, cuyo Rectorado radica en la ciudad de Móstoles, han lesionado  el prestigio y la credibilidad de las Universidades públicas españolas. Aunque sus efectos puedan ser demoledores a corto plazo, no es menos cierto que las señales de alarma puestas al descubierto son a la vez, y hacia el futuro,  advertencias contundentes que no deben caer en saco roto. A la vista de la resonancia alcanzada  sería sorprendente que no repercutieran en una movilización conjunta e inmediata  de la estructura universitaria para que ese tipo de situaciones quedase definitivamente erradicado. Lo que está en juego es mucho y muy importante. Pues, si en buena medida, las Universidades,  especialmente las de acreditada conciencia de servicio público, representan  uno de los pilares esenciales en los que se sustenta  el predicamento  de una sociedad,  difícilmente podrían ser fieles a la tarea y a la responsabilidad social que las compete si no asumieran el valor de la ejemplaridad como principio rector de su funcionamiento.  

                 

Aprender a mirar la ciudad

El Norte de Castilla, 3 de junio de 2018

Tomo este título de la idea lanzada por Miguel Ángel Fonseca en una conferencia impartida no hace mucho, junto a Luis Mingo, sobre la Plaza Mayor de Valladolid. De buenos arquitectos como éstos siempre se obtienen aprovechables lecciones y oportunas sugerencias. Entre otras, me ratifican en la que desde hace mucho tiempo practico habitualmente como una costumbre heredada de mi maestro y gracias a la cual he conseguido acumular tantas experiencias como sorpresas en numerosas ciudades. Consiste en hacerse con ellas mediante la andada vigilante para apropiarse intelectualmente de su imagen y de la variedad de los elementos que las componen; o, lo que es lo mismo, de adentrarse en los múltiples recovecos, detalles e insinuaciones callejeras que la ciudad ofrece a la mirada curiosa del observador. El ejercicio de esta tarea, que tiene a su favor el aprovechamiento de las posibilidades que brinda la libertad para orientarla en la dirección apetecida, precisa de un esfuerzo previo de aproximación a  lo que se va a ver, a fin de comprenderlo y asimilarlo adecuadamente. Es ncesario partir de una idea previa de lo que se quiere descubrir, pues todos los espacios presentan singularidades que solo la mirada directa y detallada puede comprender en toda su pluralidad de matices.

            Y es que acercarse al conocimiento de una ciudad precisa de algo más que el mero voluntarismo de lograrlo. El requisito, sin embargo, no es complicado. Basta simplemente con percibir de antemano sus rasgos esenciales, a saber, la localización, los fundamentos históricos que la identifican y su dimensión demográfica. Sobre la base de estos tres aspectos, la indagación voluntaria y discrecional permite encauzar la sensibilidad y hacer mucho más ilustrativa la experiencia hasta enraizarla en la memoria. Representa descubrir realidades nuevas, muchas veces ignoradas, y experimentar la grata sensación que tiene el escrutador cuando se halla ante lo que no espera, para integrarlo en la propia vivencia y, si llegase el caso, poderlo transmitir como desee. Son muchas las referencias y las señales que los itinerarios urbanos procuran, ya que en ellos, como señala Muñoz Molina, las preocupaciones y las obsesiones se disuelven en la observación incesante. De ahí que, cuando uno siente el deseo de asumir  la realidad que potencialmente se abre a la curiosidad de su mirada, dos son las principales sensaciones que experimenta.

            Por un lado, el recorrido trae consigo la ampliación de los “mapas mentales” que cada cual posee de antemano. El mapa mental está construido en este caso a partir de la idea que se tiene de la ciudad en función de los escenarios más acostumbrados en los que se desenvuelve la vida cotidiana. Por lo general, son espacios limitados y con frecuencia simplificados por la costumbre, pues en principio su configuración está delimitada por los hábitos de relación más rutinarios. De ahí que, cuando la vista se abre a otros escenarios, el observador se da cuenta de que existen marcos de convivencia que ha de enjuiciar como complementarios al suyo. Merced a ello la cartografía personal se embarnece y, lo que es más importante, incorpora elementos sin los cuales el propio campo de consideración vital del ciudadano no podría ser entendido. 

            Y, por otro, cuando el caminante deambula por la ciudad cobra conciencia de otro de los aspectos más estimulantes que nutren su percepción crítica del espacio: la apreciación del significado de los contrastes, la estimación de lo mucho que la diferencia significa en la estructura de los elementos – espaciales, económicos y sociales - que la integran. La idea de uniformidad carece de sentido cuando la mirada se detiene en sus recorridos para percatarse de hasta qué punto la variedad prevalece como rasgo dominante. Diferencias drásticas en la arquitectura, en el tratamiento y situación de los edificios de valor histórico, en la tipología de las calles, en la ordenación de las perspectivas, en la simbología de los reclamos publicitarios, en la densidad de los desplazamientos humanos que en ellas se producen, en la relevancia, calidad y uso de los espacios públicos, en los sonidos envolventes. En esta aproximación a la interpretación de la diversidad urbana reviste gran importancia también la tipología ofrecida por los establecimientos comerciales, habida cuenta de que el comercio constituye una de las principales señas de identidad de las ciudades. Detenerse en este aspecto permite valorar la envergadura de las transformaciones experimentadas y las causas que las provocan ya que se trata de la actividad que mayor metamorfosis experimenta en periodos de tiempo muy breves, en los que la sustitución morfológica y estética ha coincidido con la reconversión o el cierre de numerosos locales, que hoy acusan los efectos demoledores a los que se ha visto sometido el llamado comercio de proximidad.

            Y, del mismo modo, es evidente que las ciudades no pueden concebirse sin sus periferias, sin esos ámbitos en los que se plasma el crecimiento difuso, abierto a numerosas modalidades y estrategias de expansión. Francisco Candel escribió  en los años sesenta una obra que marcó una época y una forma de interpretar los márgenes urbanos. Habló de allí “donde la ciudad cambia su nombre”. Aunque las tendencias actuales ofrecen hoy matices respecto a aquella apreciación, no cabe duda de que captar lo que sucede en ese mundo que habitualmente no se ve, tan repleto de contradicciones y a veces de sobresaltos, supone una incitación a las averiguaciones patentes que no debiera eludirse si se pretende ser fiel al objetivo global perseguido.  

            Por todo ello, observar la ciudad es una lección de primer orden, que nadie debe subestimar. Una poderosa lección de ciudadanía activa. Ayuda a valorar fenómenos esenciales de nuestro tiempo y aporta visiones que reavivan permanentemente la curiosidad de quien se empeña en tenerlas. Las ciudades son libros abiertos, que hay que leer poco a poco, y que releer también, pues el paso del tiempo introduce correcciones y somete a revisión lo ya aprendido. Son laboratorios de experimentación de políticas públicas que someten a valoración la calidad de las decisiones de quienes las gobiernan al tiempo que enriquecen la visión comparativa de la realidad. De ahí su enorme valor formativo, cultural y político. En definitiva, aprender a mirar las ciudades nos hace ser conscientemente críticos del mundo y de la sociedad en los que nos ha tocado vivir.  

                      

Mayo del 68: la toma de conciencia sobre un mundo que cambiaba

El Norte de Castilla, 15 mayo 2018

Lejos de diluir el significado de los recuerdos impactantes, el paso del tiempo permite valorarlos con mayor rigor y clarividencia. De hecho, su importancia en un momento determinado de la vida, y precisamente porque en cierta medida contribuyeron a modificarla, los convierte en vivencias inolvidables, de las que uno no acabará nunca de desprenderse. De ahí que, cuando se dispone de la suficiente perspectiva, superadas ya las parcialidades de juicio a que a menudo suelen conducir los momentos de tensión, la reflexión se serena y calibra mucho mejor la pluralidad de matices que la experiencia proporciona. Medio siglo ha transcurrido ya de todo aquello.

            Para muchas personas de mi generación, en una época en la que ya nos situábamos en la veintena de la edad y el entorno universitario brindaba la posibilidad de  apertura a nuevas sensibilidades, los sucesos ocurridos en París, y en otras ciudades francesas, durante los meses de Mayo y Junio de 1968, supusieron un momento clave del siglo XX, por lo que tenían de transformación social y de toma de conciencia de un fenómeno histórico excepcional. Quizá no lo fuera de forma inmediata, dadas las condiciones políticas en las que aún se encontraba España, pero sí lo fue a medio plazo, pues, aunque se asumía el retraso con que en nuestro país tenían lugar los acontecimientos de cambio que comenzaban a perturbar los pilares de la realidad europea, la mayoría era consciente de que tarde o temprano esos vientos iban a rebasar los baluartes que hasta entonces los habían dificultado hasta hacerlos desaparecer.

            En principio, no fue fácil, ni quizá posible ni deseado, sustraerse a los señuelos que fluían de allende los Pirineos. Más bien apetecía sentirlos próximos. El conocimiento preferente de la lengua francesa y una cierta admiración por las diversas manifestaciones de su riqueza cultural hicieron sin duda más permeables las imágenes que ninguna censura podía contener. La televisión, aún en blanco y negro, contribuyó a ello en gran medida. No importaban los mensajes críticos y catastrofistas con los que habitualmente se acompañaba en los medios españoles la presentación de los hechos ocurridos. Bastaba con apagar la voz  y centrar la mirada en la imagen trepidante. La verdad es que no siempre era posible descifrarlos correctamente desde la visión con que se había imbuido la educación recibida en las aulas de la época. Sin embargo, por inusuales y sorprendentes, fueron referencias visuales que llamaban mucho la atención, obligando, más que invitando, a su conocimiento e interpretación.

            En un ambiente de dictadura y manipulación informativa como el que entonces envolvía a la sociedad española aquellos acontecimientos hicieron mella en los ciudadanos de manera al principio más bien individualizada para ir cobrando fuerza en grupos reducidos en los que la comunicación y el ambiente  propiciaban el encuentro, hasta conseguir que los sucesos del Mayo francés tuvieran un efecto catalizador de las sensibilidades compartidas. Fue, a mi modo de ver, un proceso que fue creciendo a medida que los afanes particulares confluían en entornos favorables en los que encontraban acomodo y confiada desenvoltura. Al menos, esa fue la experiencia que yo tuve de acercamiento curioso a cuanto ocurría en las calles de París. Fue una vivencia personal que tal vez sirva para traer a colación algunos de los espacios interesantes que en ese momento afloraron en Valladolid, al socaire de aquellas circunstancias. Lozanos en la memoria sobreviven en mí los recuerdos acumulados del espacio surgido en el Colegio Mayor de Santa Cruz, donde confluyeron personas y situaciones que durante un tiempo hicieron posible satisfacer la curiosidad e interpretar, con mayor o menor acierto, lo que iba sucediendo. En ese recinto se dieron cita la inteligencia de José Ortega Valcárcel, la francofilia crítica de Ricardo Martín Valls, la lucidez de José Luis Barrigón, cuando aparecía por allí, y las reflexiones autorizadas y a mesa puesta de dos periodistas singulares, con gran conocimiento de lo que acontecía en Europa. Se trataba de José Antonio Novais, corresponsal de “Le Monde”, invitado a dar varias conferencias sobre el tema, y de Walter Haubrich, que desde 1968 ejerció como corresponsal en España del “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, y que durante aquella primavera residió en el Santa Cruz. Fueron encuentros memorables, largas tertulias, comentarios sobre lo que la prensa decía, discusiones sin guión previo, siempre alentadas por las noticias que llegaban de Francia y que acabaron desplazando a las imágenes, porque, en esencia, de lo que se trataba era de valorar su significado y sus implicaciones en aquella etapa tan crucial de la Historia del mundo y, particularmente, de Europa.

            Y lo cierto es que las lecciones aprendidas no fueron baladíes. Muy pronto muchos españoles, aproximados al fenómeno francés cada cual a su modo, se percataron de que Mayo del 68, y más allá de sus contradicciones, abrió ventanas que hasta entonces habían estado cerradas o apenas entreabiertas. Descubrió nuevos horizontes, alentó los debates en los lugares más insospechados y puso al descubierto las carencias de que adolecíamos en España. Supuso, en fin, un cambio cualitativo en la percepción de la política y de la realidad social, así como en el reconocimiento del papel desempeñado por la libertad de pensamiento y de opción ideológica. Por eso, cuando al año siguiente, y ante la prohibición de celebrar en Valladolid un recital de Paco Ibáñez, un grupo de estudiantes nos desplazamos en autobuses a Palencia, donde el acto sí fue autorizado, para oír, musicalizados, los versos de Gabriel Celaya, de Blas de Otero o de Miguel Hernández, todos sentimos que desde ese Mayo emblemático ya nada sería igual que antes. Por cierto, la autorización del recital estaba condicionada a que fuese un acto académico, en el que había que impartir una conferencia. El geógrafo José Ortega Valcárcel fue el encargado de hablar sobre “los paisajes españoles” y de presentar a Paco Ibáñez. Con mayor o menor optimismo, éramos conscientes de que poco a poco también comenzaba la primavera en Valladolid.

 

Internet, lucha contra la despoblación y desarrollo territorial

El Norte de Castilla, 21 de abril de 2018

 

            Abordar el problema de la despoblación en las áreas rurales se ha convertido en un tema tan reiterado en la estimación de la importancia que tiene como impreciso cuando se trata de acometer medidas encaminadas a su resolución. Observo que, pese a la relevancia que se le otorga, no son aisladas las voces que admiten, con resignación o sin ella, que hay que asumirlo como uno de los efectos ineludibles del signo de los tiempos a favor de la concentración demográfica en áreas urbanas, por más que en una parte significativa de éstas sean también perceptibles los síntomas de la crisis poblacional en que se hallan sumidas las sociedades en Europa. Es probable que, ante este hecho, estemos asistiendo a una modificación de las reflexiones que han encauzado hasta ahora el sentido del debate, a medida que adquiere una dimensión global, asociada a los efectos provocados por la concatenación de los diversos factores a los que atribuir la crisis demográfica detectada en la segunda década del siglo XXI y particularmente a raíz de la crisis desencadenada en 2007. Basta leer el excelente análisis realizado por los geógrafos José María Delgado y Luis Carlos Martínez (Población, Demografía e Inmigración, Consejo Económico y Social de Castilla y León, 2017) para valorar en toda su dimensión, tanto cronológica como espacial, la magnitud del fenómeno a escala nacional y regional.

            Enfrentados a esta perspectiva, y reconociendo que se trata de uno de los más importantes desafíos que ponen a prueba el sentido de la eficacia y la equidad de las políticas públicas y de quienes las gestionan, la cuestión estriba fundamentalmente en valorar el alcance de los instrumentos concebidos para dar respuesta a la regresividad de la tendencia o, mejor aún, para neutralizarla. A la vista de los resultados obtenidos, las estrategias adoptadas en esta dirección han quedado muy lejos de las pretensiones previstas, cuando no se han visto clamorosamente frustradas. Nadie ha justificado hasta ahora el rotundo fracaso de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, al parecer definitivamente relegada al baúl de los recuerdos. Tampoco se sabe nada de las cincuenta medidas lanzadas a bombo y platillo para luchar contra la despoblación por la Comisión de Entidades Locales del Senado en 2016. Y, por lo que respecta a Castilla y León, ya me he hecho eco en numerosas ocasiones de la sensación de impotencia que provoca la congelación a que se encuentra sometida la aplicación de los métodos y el cumplimiento de los objetivos previstos en las normas relativas a la ordenación integral de su vasto y contrastado territorio. Da la impresión de que en el tratamiento del problema las líneas de actuación que se proclaman, a menudo tan enfáticamente, están caracterizadas por un proceso reiterado en función del cual a la propuesta de iniciativa sucede de inmediato la dilación o el abandono de su puesta en práctica. Dicho de otro modo, nunca ha existido la correspondencia lógica que debiera haber entre la orientación estratégica preconizada y la voluntad de implementarla.

            Es bien sabido que el debilitamiento demográfico de un territorio solo se afronta satisfactoriamente creando las condiciones que disuadan del abandono por parte de quienes residen en él. También la experiencia avala la necesidad de que estas condiciones se encuentren bien complementadas desde el punto de vista económico y social.  De su conjunción dependen las políticas de vitalización demográfica. Las económicas tienen que ver con la posibilidad de empleo y de crecimiento en un contexto de diversificación productiva y de respaldo a la capacidad de iniciativa individual y de grupo. Y las sociales con la existencia de un entorno de confianza, de realización personal y de relación satisfactoria. 

            Si hasta el momento las grandes actuaciones encaminadas a corregir la despoblación se han mostrado fallidas, postergadas o claramente insuficientes... ¿qué importancia cabría asignar a aquellas actuaciones susceptibles de favorecer el aprovechamiento de las posibilidades asociadas a la eliminación de los desequilibrios qué estructuralmente han impedido a amplias áreas del territorio estar debidamente integradas en la sociedad del conocimiento y la información, soportada y estructurada a través de Internet? Y es que, ante la constatación incuestionable de que la mejora de la conectividad virtual permite la difusión del crecimiento y la minoración de los costes tradicionalmente determinados por la distancia, no es difícil llegar a la conclusión de que esforzarse de manera prioritaria en la configuración equitativa y eficiente de esta dotación básica constituye un requisito primordial sobre el que proyectar cuantas medidas adicionales pudieran materializarse de acuerdo con las convincentes lecciones extraídas de la experiencia comparada en escenarios europeos afectados por la desvitalización demográfica o poblacional. 

            Conviene traer a colación este hecho tras la declaración efectuada por el presidente del Gobierno español el 20 de marzo de 2018, cuando afirmó en la ciudad de Teruel que la totalidad de los municipios españoles tendrá conexión de banda ancha antes de 2021 a una velocidad de 300 megas por segundo, con una cobertura que afectaría al 95 por 100 de la población. Se habló entonces de una inversión de 525 millones de euros. No es una iniciativa que deba sorprender, pues ya estaba contemplada como una de las directrices esenciales de la Estrategia Territorial Europea (1999) y la propia Agenda Digital Europea ha fijado el año 2020 como el horizonte temporal  para que todos los ciudadanos de la Unión, residan donde residan,  tengan acceso a conexiones de esta entidad. Su impacto espacial será relevante, ya que afectará a cuatro millones de hogares y a nueve millones de personas residentes en el mundo rural. Y, aunque, en virtud de la experiencia adquirida, el escepticismo parece de momento la actitud más aconsejable, observando además la poca atención que al tema se dedica en el  proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, habrá que estar atentos a la aplicación de esta importante iniciativa, a sabiendas de que quizá se trate de la (pen)última esperanza.

Importancia, valor y utilidad de la formación humanística

Norte de Castilla, 21 marzo 2018

Dedico este artículo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, que acaba de conmemorar su primer centenario (1917-2017)

Los debates sobre la educación siempre estarán presentes en el panorama político. Por más que la voluntad de acuerdo parezca pertinente y necesaria en torno a un tema de tanta trascendencia, e incluso llegue a cristalizar en grandes compromisos asumidos desde la diversidad ideológica, las posiciones que en torno a él puedan suscitarse tienden a la controversia, al contraste de perspectivas, a la apertura de ese amplio abanico de opciones que tratan de orientar los métodos en función de los objetivos, como corresponde a las exigencias derivadas de la estrategia de adaptación permanente a los cambios del entorno en el que se desenvuelven las sociedades contemporáneas. De ahí que, cuando se analizan las potencialidades de un determinado espacio y de quienes en él residen para afrontar los retos que ese entorno cambiante impone, los valores relacionados con su capacidad formativa desempeñan necesariamente un papel esencial.

            Ahora bien, a la hora de estimar el alcance y la dimensión de dichos valores conviene discernir claramente cuáles son las causas que explican los procesos de transformación económica, social y territorial a fin de analizar con el necesario rigor y mirada prospectiva los rumbos más adecuados de modo que las directrices formativas, asociadas al desarrollo de las habilidades y a la mejora del conocimiento, ofrezcan a sus destinatarios las garantías adecuadas de adaptabilidad, eficiencia y equidad. Tales objetivos, cuya satisfacción redunda satisfactoriamente en la cualificación del trabajo y en el desarrollo de la sociedad y del territorio donde se alcanzan, no son ajenos a los desafíos impuestos por los grandes factores que, en función de las premisas impuestas por la globalización y los impactos de la crisis, han contribuido a modelar las organizaciones contemporáneas, tanto en el campo de la industria como de los servicios. Y es que en los últimos veinte años, el panorama mundial ha trastocado completamente las lógicas de funcionamiento del sistema, con el consiguiente impacto en las exigencias formativas.

            Los análisis empíricos realizados sobre la base de la perspectiva temporal de que actualmente se dispone son insistentes a la hora de resaltar la importancia adquirida por las pautas de comportamiento que tienen que ver con los espectaculares avances de la movilidad, entendida en su dimensión más amplia y en todas sus manifestaciones. La movilidad, esto es, la ausencia de rigidez en las pautas de actuación, se percibe como el factor principal de transformación global, ya que repercute sobre los flujos laborales, sobre la localización de las empresas, sobre las relaciones intersectoriales, sobre los niveles de satisfacción de la ciudadanía, sobre la calidad de los servicios, sobre la competitividad de las actividades y, lo que no es menos importante, sobre las capacidades del espacio para rentabilizarla en un contexto geográfico fuertemente concurrencial. Al amparo de la falta de restricciones a la movilidad y, por tanto, de la relevancia asignada a los procedimientos de evaluación y prospectiva, nuevas competencias se imponen  como forma de asumir el complejo abanico de responsabilidades a que obliga la magnitud de dicha metamorfosis.

            Si es evidente que todo ello se corresponde con la consolidación de un escenario en el que las tecnologías de la información y la comunicación  cobran un predicamento tan vigoroso y generalizado como irreversible, la cuestión se plantea a partir de la orientación que ello imprime en términos formativos, particularmente de acuerdo con la importancia asignada a un principio básico que redefine los conocimientos teóricos adquiridos y su dimensión aplicada. Me refiero concretamente al significado que como principio de cualificación profesional adquieren la formación polivalente, la adaptabilidad y el desarrollo de las competencias cognitivas no rutinarias. Si ambas tendencias han de ser interpretadas como la manifestación explícita de los cambios inducidos por las innovaciones tecnológicas y las que derivan del tratamiento masivo de la información, no es menos cierto que su proyección práctica cobra una dimensión mucho más efectiva cuando se robustece con el caudal de conocimientos que emanan de la correcta interpretación de la realidad mediante la incorporación del enfoque humanístico, frente a la visión injustamente simplificadora con que a veces se interpreta.

            Es así como aparece plenamente justificada, máxime cuando sus beneficios con claramente perceptibles en numerosas experiencias, la necesidad de una formación integral en la que los saberes identificados con la categoría genérica de Humanidades ocupen el papel relevante que ha de corresponderles en un mundo sensible a las exigencias propias de una sociedad compleja y pluridimensional. Una sociedad en la que los mecanismos de preparación polivalente en los diferentes niveles educativos no permanezcan al margen de la adquisición de competencias básicas, como son las relacionadas con el fortalecimiento del espíritu crítico, con la valoración del significado de la dimensión espacio-temporal de los fenómenos, con la sensibilidad que implica el reconocimiento de las diferencias, con la toma de conciencia de las dinámicas sociales y de los derechos humanos, con el acercamiento a las múltiples opciones de enriquecimiento personal que ofrecen la cultura, el patrimonio, la correcta utilización del lenguaje o la evolución del pensamiento, por citar las más significativas. Vistas de esta manera, no son planteamientos desfasados sino la expresión de un propósito fecundo de sintonía con el signo de los tiempos, que enriquece la formación al tiempo que la hace más competitiva y hasta rentable. Y además es lo que permite afrontar “los peligros del populismo tecnológico”, que denuncia Franklin Foer en “Un mundo sin ideas” (Paidos, 2017). 

Ordenar el territorio: "una ardiente obligación"

El Norte de Castilla, 23 enero 2018

El concepto de Ordenación del Territorio define el significado de la idea de que las actuaciones que modelan y organizan la realidad espacial no deben quedar supeditadas a la lógica selectiva de los comportamientos del mercado, y a sus impactos ambientalmente regresivos, sino ajustadas a unas pautas racionales de intervención, concebidas a largo plazo, coherentes con los principios de preservación de las cualidades paisajísticas y patrimoniales y de acuerdo con criterios de sostenibilidad que a su vez se apoyaban en la pretensión de que la eficiencia y la equidad fuesen opciones compatibles en el desarrollo integral del territorio.

            Contemplada de manera explícita esta noción en el Artículo 148.3 de la Constitución española y aprobada en Torremolinos (1983) la Carta Europea de la Ordenación del Territorio, promovida por el Consejo de Europa, las Comunidades Autónomas emprendieron en los años ochenta un ambicioso y generalizado proceso regulador con este fin. Un proceso que se plasmó en el prolijo arsenal de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que conforman en España la vasta panoplia de directrices encaminadas a la ordenación del territorio al amparo de las competencias asignadas a las Comunidades Autónomas, que hacen uso de ellas haciendo suyas al propio tiempo las Leyes básicas del Estado en la materia y las pautas que derivan de las Directivas de la Unión Europea.

            Con la perspectiva temporal ya disponible y a partir de la valoración de los resultados obtenidos, no es aventurado afirmar que la experiencia asociada a la pretensión de una ordenación coherente del territorio en España se traduce en una ostensible frustración. Numerosos son los elementos de juicio que así lo ratifican. Basta constatar, entre otros, el alcance los incumplimientos de los objetivos previstos en las leyes, las dilaciones en la puesta en práctica de los mecanismos que los hagan posible, las contradicciones entre lo deseable y lo que finalmente ocurre, la sustitución en la práctica de las medidas planteadas con largo horizonte por las que, en cambio, ofrecen un perfil cortoplacista al margen de las implicaciones que hacia el futuro pudieran generar. En suma, la supeditación de las calidades del territorio a los objetivos de los intereses que de él se aprovechan ha definido, con rasgos en ocasiones escandalosos, muchas de las prácticas de intervención que con harta frecuencia han cristalizado en la configuración de un país profundamente alterado desde el punto de vista paisajístico y urbanístico, debido a las agresiones de que han sido objeto muchos de sus elementos patrimoniales - naturales y culturales – más valiosos.


            El empobrecimiento estético que ello ha traído consigo se revela las más de las veces como un legado difícilmente reversible. Mas el problema no reside solo en la comprobación de estos efectos, muchos de los cuales han sido ya objeto de un inventario escalofriante – “las ruinas modernas” o “la topografía del lucro” en España, descritas por Schulz-Dornburg - sino en el elevado nivel de desatención mostrado por la mayoría de la sociedad. Pese a las enormes implicaciones económicas y sociales que tiene, no es un tema presente en el debate político. Nadie en el panorama institucional habla de ello e incluso es fácil verificar su ausencia o debilidad en los programas de las distintas fuerzas en liza. Da la impresión de que deliberadamente se evita para no incurrir en compromisos cuyo cumplimiento podría provocar, llegado el caso, una posición incómoda. 

            Y, sin embargo, su trascendencia está fuera de toda duda. De ahí que, desde el escenario en el que esta reflexión se plantea, es decir, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cobre fuerza el argumento favorable en pro de la toma de conciencia de lo que una buena, equilibrada y proactiva ordenación del territorio pueda suponer para el ámbito regional que nos ocupa. Y hay que plantearlo desde la perspectiva que lo interpreta como la región europea en la que mayor número de desafíos, ambivalencias y contradicciones se plantean en este sentido. Por su magnitud superficial, por la complejidad y diversidad de sus rasgos ecológicos, por las características del poblamiento, por las críticas tendencias demográficas que la definen, por la diversidad, importancia y vulnerabilidad de sus elementos patrimoniales, por su situación estratégica…Castilla y León adquiere la dimensión de un espacio experimental muy relevante a escala de la Unión Europea o, al menos, de los marcos territoriales con los que es equiparable. 
 
        Se reafirma así su expresividad desde el punto de vista comparativo para el despliegue de actuaciones encaminadas en la doble dirección que conlleva, por un lado, la voluntad de corrección de sus riesgos y situaciones disfuncionales; y, por otro, el aprovechamiento de sus potencialidades, intrínsecas y exógenas, al amparo de los criterios que aparecen bien definidos, a mi juicio, en los instrumentos legales de los que la Comunidad se ha dotado a lo largo del tiempo. Pues no hay que ignorar que tanto la Ley de 1998, pese a las decepciones y flagrantes omisiones que ha deparado su aplicación, como la aprobada en 2013, aún por llevar a la práctica, son normas que personalmente considero muy aprovechables. Sorprende, sin embargo, el impasse a que se hayan sometidas. Y, aunque bien es cierto que son susceptibles de acomodación flexible a la hora de su puesta en práctica, no cabe duda que el futuro de Castilla y León, a la vista de la situación en que se encuentra, pasa necesariamente por la materialización de la voluntad que haga posible la Ordenación efectiva de su territorio asumiendo, con pretensión formativa de la sociedad regional y al tiempo ejemplificadora más allá de sus límites administrativos, lo que esto significa sobre la base de una normativa que se halla irresponsablemente en injustificada hibernación.