La politica de vivienda en España: un problema sin resolver

 La política de vivienda debiera haber sido la prioridad del Gobierno de España, de los anteriores y del actual. Es increíble que hayan transcurrido varias legislaturas sin, pese a la conciencia de que se tenía del tema, acometer el tratamiento y la solución de uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad española, y particularmente la juventud. El tiempo ha pasado y su magnitud no ha dejado de crecer. Basta observar la ínfima posición que España ocupa en la relación de paises europeos en el indicador de vivienda social por 100 habitantes.

Viviendas sociales por 100 habitantes en la UE

De pronto, deprisa y corriendo, como si no hubiera un mañana y bajo la presión electoral en ciernes, se trata de recuperar el tiempo perdido. Y, como era previsible, las medidas adoptadas, con un abundante arsenal de improvisaciones (ahora nos damos cuenta de que existían la Sareb y los terrenos de los cuarteles abandonados) emergen de manera precipitada, sin la evaluación previa y con la visión prospectiva que merecen, solapándose entre sí e incurriendo en contradicciones que ponen en entredicho su viabilidad y el logro, siquiera sea mínimo, de los resultados pretendidos.

Y es que una política de vivienda efectiva solo es posible si se cumplen dos requisitos: un gran acuerdo interinstitucional, dada la aplicación multinivel que presenta desde el punto de vista administrativo, y en el que el compromiso de los dos grandes partidos (de los que depende la gobernación del 90 por 100 de los ayuntamientos y la mayoría de las CCAA) es ineludible; y, una planificación a corto, medio y largo plazo, bien elaborada y con plazos bien estructurados.

Nada de esto se está haciendo en España, el país europeo en el que la cultura del territorio y su ordenación racionalizada más se echa de menos. Lo que ocurre con el agua es otro ejemplo fidedigno de esta insensibilidad, crónica y que permanentemente invita al escepticismo cuando de las medidas relativas a la adecuada ordenación del territorio y sus recursos se trata.

En defensa de una Nueva Cultura del Territorio

 

Entre los temas que ponen en evidencia la sensibilidad demostrada hacia los problemas esenciales de nuestro tiempo los referidos a las transformaciones que afectan al territorio han ocupado un lugar primordial, contempladas desde el enfoque multidisciplinar que distingue e interpreta el desarrollo de sus actividades como acreditado ámbito de encuentro, reflexión y debate. No es una preocupación baladí, pues a nadie se le oculta la trascendencia y el significado que poseen las intervenciones que, a diferentes escalas y con variables niveles de intensidad e impacto, afectan a los entornos en los que se desenvuelven y organizan las actividades humanas y las estructuras territorializadas de relación social, económica y cultural. Siempre he defendido, y sigo defendiendo, la idea de que todo tiene que ver con el territorio, como escenario y armazón vertebrador de cuanto sucede sobre la Tierra. Todas las disciplinas cultivadas por el ser humano remiten necesariamente a la toma en consideración de la dimensión espacial que, tanto en la fase de indagación como de experimentación, ofrecen. La experiencia obtenida del trabajo interdisciplinar no ha dejado de ratificar esta afirmación.

            Tal es la razón que justifica estas líneas como aproximación a un aspecto tan interesante como complejo, relativo a los fenómenos y las tendencias que caracterizan la evolución de las realidades contemporáneas, cuya dimensión territorial es incuestionable. No he tratado con ello de realizar un análisis pormenorizado y erudito sobre la cuestión, que ya he abordado con detenimiento en otras publicaciones a lo largo de mi trayectoria profesional, sino de plantearla como argumento susceptible de atraer la atención y, en la medida de lo posible, alentar el debate, máxime cuando son numerosos y reiterados los testimonios que revelan la incuria con la que tan a menudo es tratado el territorio en España. Los ejemplos son tan ostensibles, y tan presentes están en la mente de todos, que huelga cualquier referencia detalladas sobre un problema archiconocido y en ocasiones de una extraordinaria gravedad.

            Motivado por esta preocupación, me centraré en dos ideas que considero relevantes: de un lado, trataré de abordar un acercamiento al concepto mismo de territorio como noción sustantiva y primordial en el contexto de las preocupaciones sociales e institucionales; y, de otro, llamar la atención sobre un Documento que, promovido y debatido en el seno de la Geografía española, merece ser conocido y asumido con mayor resonancia que la que desde su formulación en la primera década del siglo XXI se le ha otorgado.

 

¿Qué entendemos por territorio? La cultura territorial como fundamento de las relaciones construidas entre la sociedad y el espacio geográfico

            Estamos ante una noción esencial, integradora de las diferentes perspectivas que confluyen en la interpretación y en la percepción de un espacio geográfico como soporte de la identidad cultural de una sociedad, de los procesos formativos que la vertebran y como garantía a su vez para orientar las decisiones mediante la toma en consideración tanto de sus potencialidades como de las amenazas a que se enfrenta. De su relevancia deriva el proceso de afianzamiento intelectual asociado a la construcción de una Nueva Cultura del Territorio. 

        Cimentado en las connotaciones que encierra el concepto de cultura, su aplicación específica reviste una gran trascendencia en la medida en que permite la asimilación perceptiva y práctica de las características que un territorio presenta desde el punto de vista de sus recursos, de sus ventajas comparativas y de sus fortalezas frente a las diversas amenazan o situaciones de riesgo a las que se enfrenta en función de los aprovechamientos ejercidos sobre él. Supone, por tanto, una garantía para que la intervención que sobre él se realice aparezca debidamente sustentada en un análisis riguroso de sus capacidades y de los límites que han de orientar las actuaciones a fin de que sus valores distintivos –aquellos en los que precisamente se asienta la dimensión socio-cultural del espacio- sean debidamente preservados.

            La cultura territorial, como expresión asociada a la consideración de lo que significa un espacio de vida, de actividad, de intereses y de relaciones, y poseedor de referencias e incitaciones culturales múltiples a la par que, integradas, se convierte en un valioso concepto catalizador de voluntades y estrategias, tanto desde la perspectiva individual como colectiva. Individualmente, supone un desafío para el desarrollo cognitivo y comportamental de la persona, en la medida en que estimula la curiosidad y alienta la capacidad de iniciativa que la permite avanzar en la aprehensión de la realidad territorial hasta asumirla como un elemento clave de su acervo cultural y como estímulo orientador de sus actitudes ante la realidad territorial en la que se inscribe. 

                De ese modo, los ciudadanos logran adquirir el nivel de sensibilidad necesario para entender el significado y la impronta de los cambios producidos en su entorno, comprender los factores que los motivan y valorar la magnitud de sus impactos, permitiéndole ejercer una función cautelar de las actuaciones. Asimismo, la relevancia del concepto radica también en su virtualidad para operar como noción aglutinante de posiciones colectivas, fortalecidas al amparo del conocimiento compartido y colectivamente asumido del territorio, que opera como factor de cohesión social y cultural y como posición activa en la defensa y salvaguarda de sus cualidades patrimoniales, entendidas como baluartes de necesaria e ineludible consideración en la toma de decisiones.

            De ahí su capacidad para plasmarse en la diversificación de las representaciones sociales de que es susceptible el territorio, coherente con la elaboración de posturas y comportamientos comunes materializados en redes asociativas o de colaboración que, estables y a la par cambiantes en el tiempo, redundan en efectos positivos a favor de la mejora de la calidad del territorio y de los vínculos fraguados entre éste y la sociedad. En ambos casos la labor informativa y formativa –sustentada en lo que ha de valorarse como un proceso de aprendizaje territorial permanente- desempeña una importancia capital, ya que contribuye a la transmisión del conocimiento y a la sistematización de los saberes que cristalizan en la toma de conciencia y en la mejora perceptiva de los fenómenos en los que, de cara a la acción, se apoya el respeto y la defensa del territorio en el que se inscriben dichas sensibilidades.  Al amparo de esta serie de consideraciones se justifica plenamente el tratamiento sistematizado con el que, desde el punto de vista estratégico y decisional, han de ser abordadas las medidas de intervención sobre el territorio.

 

Un hito esencial: el llamamiento a favor de una Nueva Cultura del Territorio

La elaboración del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio (2006) por parte de la Asociación Española de Geografía  marcó en su día un hito indudable en la historia del pensamiento sensible en España relacionado con la magnitud e importancia de los problemas territoriales. Fue una importante llamada de atención sobre los aspectos que conviene recordar.

            Se parte de la idea que el territorio debe convertirse en un tema político de primer orden, entendiendo por político no únicamente la práctica institucional o partidaria, sino también el compromiso del conjunto de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene derecho a vivir en un ámbito digno, sano y bello, pero también tiene el deber de cuidarlo y de exigir que velen por él quienes tienen la representación de la sociedad. Urge pues poner las bases de una nueva cultura territorial que impregne la legislación estatal y autonómica, que oriente la práctica de todas los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado, que corrija en beneficio de la colectividad los excesos privados y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad social.

 

Esta Nueva Cultura del Tterritorio debe estar sustentada en los siguientes principios, criterios y prioridades:

 

1. El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras.

 

2. El territorio es una realidad compleja y frágil. Toda realidad territorial, todo lugar, está compuesto de múltiples elementos naturales y culturales y de sus interrelaciones, que deben ser adecuadamente considerados. Las actuaciones con gran incidencia territorial (urbanización, obras públicas, extracción de minerales, roturaciones, forestaciones, etc.) tienen habitualmente consecuencias irreversibles. Por ello, deben realizarse con conciencia de dicha complejidad y evaluando previamente las múltiples repercusiones posibles. El principio de precaución es de imprescindible aplicación a todas estas transformaciones.

 

3.  El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Estos valores sociales difíciles de medir en términos monetarios convencionales deben ser tomados sistemáticamente en consideración por las administraciones responsables de velar por sus cualidades y potencialidades. La apropiación privada de cualquier parte del territorio debe ser compatible con dichos valores; por ello, la propiedad del suelo y la vivienda debe ser ejercida con respeto de su función social, y con la asunción plena de la responsabilidad de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su potencial paisajístico.

 

4. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. En efecto, la correcta gestión del proceso de urbanización permite reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas, contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.

 

5.  El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. Así, frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la importancia de la legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen gobierno del territorio. Ahora bien, la práctica urbanística debe dotarse de nuevos horizontes y de nuevas herramientas disciplinares y administrativas. Sólo de esta forma dará respuesta a las necesidades sociales, propiciará la coordinación política horizontal entre distintos departamentos y fomentará la concertación vertical entre administraciones y con los agentes sociales. El conjunto de administraciones competentes debe propiciar pues una revalorización del planeamiento territorial y general, suprimiendo la utilización espuria de otros instrumentos de menor alcance espacial, pero con alta incidencia real, cuya aplicación abusiva ha tenido como consecuencia la urbanización masiva, desordenada e inadecuada de suelo rústico.

 

6. El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de ordenación están sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana. Ante esta deriva, hay que defender planes municipales de ordenación que atribuyan valores positivos a todas y cada una de las partes del término municipal, basando el crecimiento urbano en criterios ecológicos y sociales, más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos. En particular, debe abandonarse la concepción del suelo rústico como un espacio residual, perennemente pendiente de urbanización futura y comprender que la permanencia de suelos rústicos destinados a las prácticas agrarias se hace imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en los contextos espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas. La defensa del espacio abierto, como matriz territorial básica es hoy una prioridad que debe ser perseguida adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de tierras y/o expropiación por interés social.

 

7. El planeamiento territorial debe proveer de acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos. En un territorio crecientemente integrado el planeamiento municipal no puede hacer frente por si solo a las dinámicas de transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social. El planeamiento territorial debe ser un compromiso a la vez general y suficientemente concreto, por cuyo cumplimiento y desarrollo será evaluada la actividad política de los partidos y responsables públicos que lo formulan y aprueban. Sobre las Comunidades Autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una mayor voluntad política de ordenar su territorio superando la situación creada casi exclusiva del planeamiento urbanístico. Deben aumentar su capacidad administrativa y técnica para realizar planes de ordenación y de hacer real el orden territorial que se propongan tener. Es imprescindible la formulación de modelos de ordenación territorial para ámbitos metropolitanos, litorales y de espacios rurales, con ciudades medias y/o espacios naturales protegidos.

 

8. El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio. Con pleno respeto a las competencias que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónomas y a los municipios en ordenación territorial y urbanismo, la administración general del Estado no puede dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural. Sobre el gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para los gobiernos locales que responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar.

 

9. En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global. El Estado español ha suscrito y/o ratificado diferentes acuerdos internacionales (Convención sobre conservación y protección de la vida silvestre y el medio natural, Berna, 1979; Carta Europea de Ordenación del Territorio, Torremolinos 1983; Convención para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa, Granada 1985; Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992; Estrategia territorial europea, Postdam, 1999; Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, 2000, Hanover; Convención europea del paisaje, Florencia, 2000). En estas circunstancias, las administraciones públicas españolas están obligadas a seguir las orientaciones que en ordenación del territorio desarrollan otros estados europeos de forma consecuente con dichos tratados y con repercusiones muy positivas para sus ciudadanos.

 

10.  El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio. Para promoverla es necesario un gran acuerdo que debe tener su reflejo tanto en la actuación administrativa como en las prácticas sociales. Así, las administraciones que actúan en cada nivel territorial (local, autonómico, estatal y europeo) deben revisar sus objetivos, sus normativas e instrumentos de gestión territorial para ponerlos de forma más efectiva al servicio de la colectividad. Y los ciudadanos, al mismo tiempo que reclaman el derecho de un trato equitativo en cualquier territorio, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones venideras.

 

            Trece años después de su promulgación el Manifiesto ha sido sometido a una revisión que, asumiendo la envergadura de los cambios ocurridos en la realidad española y en las escalas en las que se integra, ha cristalizado en la ADDENDA 2018, cuya consulta recomiendo al constituir un complemento necesario que avala la continuidad y la pertinencia de las ideas maestras plasmadas en el Manifiesto dado a conocer en 2006.  

Los principales desafíos del modelo energético europeo: la integración como necesidad estratégica

 

Si la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha dado lugar a importantes, y posiblemente en algunos casos irreversibles, impactos en la estructuración de los ya inestables equilibrios en que se apoya el mundo contemporáneo, las tensiones de toda índole desencadenadas en la Unión Europea, y dada la proximidad geográfica a los escenarios de conflicto, alcanzan una extraordinaria envergadura. No en vano, la situación crítica en que se ha visto envuelta ha traído consigo una gran variedad de impactos, ocasionados tanto en las lógicas específicas de funcionamiento interno como en las directrices que orientan la configuración de sus vínculos a escala internacional.

            Sin duda, una de las manifestaciones más patentes y problemáticas de los virajes impuestos por la situación creada la ofrecen los aspectos relacionados con la regulación de los mercados energéticos. Aunque no resulta fácil plantear la complejidad de la cuestión y sus expectativas en el reducido espacio disponible, trataré, a modo de aproximación, de apuntar algunas de las ideas claves que gravitan en torno a ella y a sus expectativas de futuro.

            Como punto de partida se deben reconocer las insuficiencias que, desde un punto de vista organizativo y logístico, ha presentado tradicionalmente el funcionamiento del mercado energético en un espacio concebido para la integración económica y la cohesión social. En esencia, y como es sabido, se ha carecido de una política energética europea propiamente dicha. Gravitando en función de las estrategias acometidas por los diferentes Estados, la crisis desencadenada por el conflicto bélico ha puesto al descubierto la ineficiencia de los instrumentos reguladores de los mercados del gas y la electricidad.

            Los diagnósticos realizados al respecto arrojan un balance muy crítico, que centra la atención en varias disfunciones concatenadas. La primera tiene que ver con el sistema de fijación de los precios, que deriva en costes excesivos con la consiguiente repercusión negativa sobre los consumidores al tiempo que favorece un enriquecimiento exagerado de los grandes grupos empresariales, lo que ha contribuido a reforzar sobremanera la estructura oligopolística del sector. Pese a que el método clásico de aplicación del precio de la electricidad había sido defendido por las autoridades comunitarias, dando lugar a una inercia que parecía asumida, la crisis ha revelado con claridad las distorsionesocasionadas por el sistema marginalista, basado en el recurso inicial a las energías más baratas (renovables, nuclear) para utilizar, si no fuesen suficientes, el gas natural que acaba determinando el precio del conjunto.  

La sustitución de las centrales térmicas de producción eléctrica por las de ciclo combinado como generadoras de energía de último recurso y como respaldo casi permanente de las renovables justifica que el ciclo combinado condicione sobremanera el precio de la electricidad con la consiguiente elevación de costes que conlleva. Este sistema ya demostró su carácter problemático cuando en 2021, cuando ya era perceptible la manipulación sobre el producto ejercida por Rusia y en virtud de los acusados comportamientos especulativos y de posible abuso de poder de mercado que lo caracterizan, el precio del gas experimentó un incremento del 707 % - de 13,8 a 111,7 euros el MWh - en el mercado TTF (Title Transfer Facility) holandés para superar ampliamente este umbral tras la invasión de Ucrania, hasta llegar a los 343 euros MWh en agosto de 2022.

            Como era previsible las tensiones desencadenadas por la guerra han trastocado el panorama energético que se ha convertido en el apartado más sensible y preocupante del escenario comunitario europeo al poner especialmente en evidencia los riesgos que derivan del escaso e insuficiente nivel de integración que caracteriza el funcionamiento de los mercados del gas y la electricidad en la Unión Europea. Solo así es posible interpretar las actuaciones emprendidas a partir del verano de 2022, cuando se observa, más allá de las iniciativas abordadas por los Gobiernos en sus respectivos países, un notable cambio de rumbo que sin duda ha de tener una importancia decisiva en la modificación de algunos de los postulados estratégicos hasta entonces aplicados.

            Especial interés reviste en este sentido la aprobación por parte dela Comisión Europea el 14 de junio del “mecanismo ibérico” que permite a España y Portugal la aplicación de topes al precio del gas a fin de abaratar el coste de la electricidad. Las declaraciones efectuadas por la presidenta Von der Leyen descalificando el modelo del mercado eléctrico vigente y preconizando “una reforma enorme y urgente” del sistema evidencian hasta qué punto la necesidad de una ruptura de los mecanismos vigentes es asumida sin equívocos ni ambigüedades. En coherencia con estos planteamientos, y con el fin de promover mecanismos de solidaridad, cobra fuerza la idea, formulada por la responsable de la Comisión en el mes de septiembre a instancia de quince Estados miembros, a favor de fijar un límite de precio al gas ruso, poniendo en entredicho el valor referencial otorgado al TTF mientras apuntaba a la necesidad de elaborar un criterio de referencia congruente con la experiencia vivida y los nuevos enfoques reorientativos del sector.

            En este contexto, y teniendo en cuenta además las incertidumbres que aquejan al territorio europeo, resulta lógico que haya hecho acto de presencia en el seno de la Unión un debate muy intenso, que persigue transmitir ante la opinión pública la idea de que existe una voluntad efectiva de cambio, apoyada en un argumento central: la necesidad de configurar y potenciar un “mercado único energético”, considerada como la estrategia capaz de paliar, e incluso de evitar, la situación creada por la crisis bélica. Se trata de abogar por una estrategia sustentada sobre dos pilares básicos: la revisión del mecanismo de formación de los precios, por un lado, y, por otro, la armonización del mercado energético, asegurando el mantenimiento de los flujos transfronterizos.

            Por lo que concierne al primer aspecto, y ante la situación de urgencia planteada, la opción a corto plazo no puede ser otra que la de adopción de medidas excepcionales de reducción de la demanda de electricidad – de ahí el objetivo general de minorar la demanda global de electricidad al menos del 10% hasta abril de 2023 -  que posibiliten, a la par que se insiste en la mejora de la eficiencia energética,  una disminución del coste para los consumidores y la redistribución de los excedentes a los clientes finales, planteadas como medidas asociadas en el tiempo a la fijación de impuestos a los beneficios extraordinarios de las compañías y el establecimiento de un precio límite al gas. Tal ha sido uno de los propósitos esenciales de la reunión informal celebrada por el Consejo Europeo en Praga (6 y 7 de octubre de 2022) cuando por vez primera se aborda esta limitación, que inicialmente se concibe con carácter temporal.

 Y, en relación con el segundo gran objetivo, cuya trascendencia económico-geográfica se muestra incuestionable, la crisis ha reactivado las razones que con anterioridad habían puesto especial énfasis en la importancia de las infraestructuras energéticas a escala de todo el espacio común, sobre la base de un argumento crucial: los beneficios que aportan al crecimiento económico al favorecer una reducción de los costos de la energía para los ciudadanos y las empresas. Los datos en este sentido son elocuentes ya que en 2016 se estimaba que los beneficios de la integración plena podrían alcanzar los treinta mil millones de euros anuales con el horizonte de 2030 – fecha fijada para la descarbonización – para el mercado del gas y de cuarenta mil millones para el de la electricidad. En esta línea han abundado sistemáticamente los planes contemplados por el Banco Europeo de Inversiones, aunque obviamente la Entidad insiste en la necesidad de armonizar las reglamentaciones y los instrumentos de apoyo por parte de los Estados, de modo que se alcance la unificación de los códigos aplicados a las redes europeas de gas y electricidad, en un proceso sintonizado con los objetivos de aplicación del Pacto Verde Europeo.

Reflexiones en torno a los impactos de la Covid 19: un debate inconcluso

 

Cuando han transcurrido tres años desde la aparición de la pandemia causante del fallecimiento de (cifra aproximada) 17 millones de personas en el mundo la perspectiva apoyada en las variables y en los elementos de juicio disponibles induce a reflexionar sobre sus implicaciones más significativas. Y es que, como se ha podido ver de manera reiterada, la pandemia ha contribuido con fuerza a la reactivación de reflexiones y debates que ya estaban latentes como reacción a los impactos provocados por la crisis financiera de 2008. Aunque las motivaciones de una y otra son distintas, no están ausentes de los rasgos y las tendencias que definen un panorama repleto de problemas irresueltos, que inducen necesariamente a la reflexión con fines interpretativos susceptibles de facilitar la corrección de factores y situaciones con frecuencia asociados a su desencadenamiento. Y es que no en vano una epidemia constituye, como señala Laurence Monnais, una “realidad multifactorial, necesitada de una salud pública interdisciplinar”.  

            Son, en esencia, grandes y perentorios desafíos intelectuales suscitados ante la necesidad de dar respuesta a problemas acuciantes que, de forma general, quedaron identificados con los efectos de la globalización, un fenómeno positivamente valorado en sus fundamentos básicos para acabar sometido a evaluaciones críticas, que incluso apuntan al fin del orden liberal globalizado,  y a la elaboración de propuestas alternativas, acordes con la necesidad de un modelo socialmente más equitativo, más sostenible desde el punto de vista ambiental y, por ende, fiel a los ineludibles compromisos a que obliga la lucha contra el calentamiento global, de gravedad creciente. Estamos asistiendo, y en un momento crítico de la geopolítica mundial, a una etapa abierta a la búsqueda de nuevos horizontes interpretativos, exigentes en autocrítica y en labor prospectiva de cara a una visión a medio y largo plazo de los procesos que han de afectar a las sociedades tanto individual como colectivamente.

            Con la perspectiva temporal disponible resultan patentes las disrupciones que está trayendo consigo desde el punto de vista territorial hasta cimentar las bases de un replanteamiento de las realidades espaciales a partir de las nuevas formas de relación entre las sociedades y los entornos en los que se organizan y desenvuelven. No en vano el patógeno SARS-CoV-2 se ha convertido, como afirma Michel Lussault,, en un potente operador geográfico que incide sobre el Sistema-Mundo, dando lugar a transformaciones que en esencia se corresponden con una performance geográfica global. Convendría detenerse en lo que significa este fenómeno con el fin de apreciar el alcance de los cambios, ya producidos o en vías de hacerlo, en la configuración de las realidades espaciales, afectadas – o en vías de afectación - por rupturas flagrantes respecto a las tendencias consolidadas en la etapa previa al desencadenamiento de la peste.

            A modo de aproximación a un tema cuyos perfiles se encuentran todavía pendientes de constataciones bien definidas, cabe estimar que los procesos detectados gravitan en torno a tres tendencias fundamentales, que operan como argumentos determinantes de nuevos comportamientos y estrategias. Abiertos al debate, a la contrastación empírica y a la reflexión prospectiva, no son sino la plasmación de metamorfosis decisivas en las formas de vida y en la manera de entender las cambiantes relaciones que las sociedades mantienen con el espacio y con el tiempo. Un fenómeno solo entendible desde la visión del “tiempo largo de las epidemias”, de que habla Jeoffrey Vigneron.

            - En un mundo hiperconectado la evolución de la enfermedad y la consecuente crisis sanitaria han puesto al descubierto la espectacular capacidad de propagación del virus, plenamente superado el condicionamiento de la distancia. El hecho de que los impactos hayan sido comprobados simultáneamente en escenarios tan distantes entre sí ha revalidado la percepción de un mundo compartido, entendible en su globalidad y complejidad, y en el que la difusión de la enfermedad elimina por completo la sensación limitativa de la discontinuidad fronteriza, por más que ésta se haya utilizado como medida profiláctica frente al contagio. Situados ante la epidemia más documentada de la Historia, se ratifica la envergadura de sus implicaciones merced al caudal de datos generados por la numerización masiva del conocimiento. No es posible sustraerse en un contexto así a la toma en consideración de sus manifestaciones espaciales como son las relacionadas con su incidencia en la exacerbación de las desigualdades sociales (en función del género, del nivel social y del origen geográfico), en el agravamiento de la brecha tecnológica como factor clave de diferenciación socio-espacial, en el deterioro de las formas de trabajo – “los trabajadores invisibles”, de que hablan Nicolas Dagorn y Luxemburg -, en la afectación de las relaciones sociales y de la propia vida, hasta el punto de que la alteración de los comportamientos ha sido calificada como “la servidumbre de los cuerpos”. Todo ello sin olvidar los contrastados niveles de calidad y efectividad de los servicios asistenciales, sometidos a presiones que han mediatizado su capacidad de respuesta para asumir el incremento exponencial de las necesidades a que se han enfrentado los sistemas públicos de atención sanitaria. 

- Por otro lado, y como corresponde al hecho de que la pandemia desencadena una triple crisis (política, económica y cívica) los respectivos espacios de vida se han visto afectados de manera generalizada en función de los hábitos inducidos por el obligado confinamiento y el repliegue a favor de la salvaguarda de la privacidad como réplica a la aglomeración social, entendida como ámbito desestimable. La reclusión se atiene a la dosis de sacrificio y renuncia que antepone la seguridad a la libertad, como forma de autoprotección y como eliminación de las dudas e inseguridades que suscita el hecho de encontrarse ante una situación de riesgo letal e imprevisible. Si esta disyuntiva ha seguido respondiendo a los mismos esquemas valorativos que Watts planteaba en su Elogio de la inseguridad en los años cincuenta, no estaría de más invocar la elocuente y oportuno reflexión de Delumeau, para quien “la inseguridad no nace solo de la presencia de la enfermedad sino también de la desestructuración de los elementos que construyen el entorno cotidiano, en el que todo es diferente”.   En este contexto cobra fuerza el empeño por avanzar en el aprovechamiento de las ventajas inherentes a la modelización de los fenómenos y tendencias observados. Particularmente considero oportuno traer a colación la idea planteada a los pocos días del estallido generalizado de pandemia por la prestigiosa Revista Science (número 367, de 27 de marzo de 2020) al subrayar que  “with COVID-19, modeling takes on life and death importance. Epidemic simulations shape national responses“.

 

-Y, como observación aún pendiente de verificaciones contrastadas, no es descartable que el binomio espacio-tiempo se muestre en gran medida trastocado por las nuevas lógicas que tienden a alterar la configuración física de los territorios. A ello han de contribuir decisivamente dos factores decisivos: de un lado, las restricciones y cautelas aplicadas a uno de los soportes que en mayor medida han sustentado la dimensión del proceso globalizador, como es el ejercicio de la movilidad a todas las escalas, en la que el transporte colectivo aparece sujeto a profunda revisión; y, de otro, la modificación de las pautas de conducta asumidas por las personas y las empresas en un contexto propicio además a la recuperación de la confianza en el Estado. Sobre la confluencia de ambos procesos descansan nuevos horizontes estratégicos, cuyo alcance sorprende antes de que sus efectos se plasmen de manera explícita. De ellos deriva lo que se ha venido en definir como un “capitalismo de plataforma”, que se fundamenta en la explotación de la información y en el despliegue de una potencia formidable para el desarrollo del comercio electrónico, en la importancia asignada a los algoritmos que sustentan la inteligencia artificial y su logística con el consiguiente impacto en el trabajo, en la enseñanza a distancia y en la propia transformación de los servicios (telemedicina), el uso de la energía y los sistemas productivos industriales (vehículos autónomos, equipos médicos, etc.). 

Y, si observables son también en las reestructuraciones habidas en el uso formativo y recreativo del espacio y en la intensificación del trabajo no presencial, no carecen de importancia los fenómenos que repercuten en la concepción, con criterios alternativos, de la ordenación de los ámbitos urbanos y rurales, así como de las interrelaciones producidas entre ambos, en el replanteamiento funcional de las actividades educativas o, como hecho de enorme trascendencia, en la proyectada reordenación de las cadenas mundiales de valor, mediante la revisión a fondo del modelo de integración asimétrica de la producción industrial a que ha conducido un proceso deslocalizador hoy cuestionado al amparo de una mundialización en crisis.  Ivan Krastev lo ha señalado con gran expresividad: “ha hecho falta que llegara un virus para poner al mundo patas arriba”.

La Agencia Espacial en León: entre la eficiencia y la equidad

 

Campus de Vegazana. Universidad de León

El Norte de Castilla, 8 diciembre 2022

Aunque la decisión ya está tomada, tiene pleno sentido hacer una serie de puntualizaciones sobre el acierto que, a mi juicio, hubiera supuesto la implantación en la ciudad de León de la sede de la Agencia Espacial Española, que finalmente ha sido otorgada a la populosa capital de Andalucía por acuerdo unánime del Gobierno. Planteo estas reflexiones desde Valladolid con el propósito de traer a colación los argumentos que, de haber sido tenidos en cuenta de manera coherente con los criterios empleados, hubieran avalado de manera consistente la candidatura a favor de la ciudad bañada por el Bernesga, con evidentes repercusiones positivas para Castilla y León y quizá también para Asturias, en virtud de los efectos difusores que pudiera generar en las regiones septentrionales.

            Partamos de la idea de que el procedimiento utilizado para la asignación territorial de la Agencia Espacial y de la Agencia de Inteligencia Territorial no ha consistido formalmente en una decisión predeterminada, sino en un concurso abierto a las ciudades que se ofrecían a albergarlas mediante un proceso competitivo. Como era previsible, las candidaturas han proliferado más de lo que en principio se suponía: 21 ciudades han concurrido para acoger la Agencia Espacial y 14 la de Inteligencia Artificial. Una interpretación geográfica de las propuestas ofrece conclusiones muy interesantes que revelan hasta qué punto los contrastes interterritoriales que se producen en España, y que tienden a acentuarse, se corresponden con el propósito de afianzar, en los más dinámicos, la fortaleza ya alcanzada mientras se plantea impulsar, en los críticos, una personalidad latente, que se estima infrautilizada.

            La pretensión correctora de esta divergencia aparece contemplada de manera explícita e intencionalmente clara en los criterios en los quehabría de basarse la decisión. Se perseguía conciliar la eficiencia con la equidad, de modo que la voluntad de aprovechar las potencialidades existentes para adecuarlas al funcionamiento de una dotación exigente en infraestructuras y generadora de externalidades múltiples, operase a la vez como factor revitalizador del territorio en la lucha contra el debilitamiento poblacional del que tanto se habla y que tanto, al parecer, preocupa. Al propósito de satisfacer esta doble finalidad obedece la idea de abordar la cuestión como una iniciativa abierta a la selección entre ciudades, entendida como una fórmula idónea para descubrir, a través de las propuestas presentadas, las posibilidades latentes y, por tanto, susceptibles de ser valorizados. Pues, de otro modo, ¿qué sentido tiene abrir un concurso entre ciudades de todos los tamaños para rivalizar entre sí y provocar innecesariamente la frustración de las que no logran lo solicitado?

            En ese contexto de objetivos duales y complementarios hay argumentos suficientes para respaldar la idea de que la ciudad de León ofrecía posibilidades para asegurar una articulación entre ellos. No es una apreciación voluntarista, sino asentada en el conocimiento de las circunstancias que conforman la realidad espacial leonesa. Y es que las perspectivas del ámbito leonés están determinadas por la conveniencia de dinamizar y poner en valor unas indudables capacidades que han quedado lesionadas por la crisis de sectores emblemáticos (minería, siderurgia, energía, actividades agro-ganaderas) que han sustentado sus dinamismos económicos y sociales enraizados en el tiempo y en la riqueza natural. Si el retroceso empresarial y poblacional ha sido su manifestación más palmaria, no es menor la sensación de crisis emocional que se ha apoderado de un sector importante de la sociedad leonesa, lo que justifica los intentos a favor de la reafirmación de su personalidad y del reconocimiento que a todas las escalas merece.

            Es así como cabría interpretar también su intento de convertirse en la sede de la Agencia Espacial Española, al considerar que dispone de fundamentos sólidos para lograrlo. Si, entre ellos, no resulta desdeñable la capacidad de iniciativa empresarial acuñada a lo largo del tiempo, y que aún subsiste como reacción al declive, convendría destacar, en relación con el nivel de aptitud requerido por la Agencia el reconocimiento del nivel de especialización otorgado por la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial cuyo prestigio se identifica con la diversificación en el ámbito de la ingeniera, tradicionalmente centrada en la acreditada Escuela Técnica Superior de Minas, a partir de los años ochenta. Las sucesivas promociones egresadas, tal y como ratifican los indicadores utilizados, han conseguido fraguar un importante grupo de especialización y de profesionales de primer nivel en el sector. El hecho de que, a modo de ejemplo, de este Centro de la Universidad de León proceda el primer astronauta seleccionado por la AgendaEspacial Europea constituye un testimonio fidedigno de que constituye un valor que no puede quedar desestimado.

         La existencia de esta dotación científico-técnica representa una plataforma susceptible de garantizar el buen funcionamiento y la correcta adecuación a las necesidades de la Agencia cuya instalación se ha solicitado, y que a su vez pudiera operar como catalizador de la potente dotación en ingenierías existente en Castilla y León. Se trataría además de una plataforma valorizable en un escenario de mejora y readaptación de las infraestructuras de comunicación de las que la ciudad no carece de antemano y que, como sucede en otros escenarios estratégicamente bien situados como es el caso, pudieran evolucionar en sintonía con la modernización de los ejes de comunicación física en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica en el que León sería capaz de desempeñar una función vertebradora crucial. En cualquier caso, todo ello hubiera supuesto no sólo el reconocimiento a una justa aspiración sino también una sensibilidad, sincera y no demagógica, hacia las tendencias regresivas a que se enfrentan las áreas con serios problemas de recuperación poblacional.

Los cuatro (y necesarios) pilares estratégicos de Castilla y León

 

El Norte de Castilla, 27 mayo 2022

En recuerdo y reconocimiento a la calidad personal y a la labor empresarial de Avelino (+ 1995) y José Antolín Toledano (1936-2022)

Los problemas del momento histórico que estamos viviendo en los inicios de la tercera década del siglo XXI han desencadenado un conjunto de situaciones críticas que inevitablemente debe conducir a la reflexión y al debate tanto sobre los factores que las provocan como sobre las perspectivas que han de orientar el futuro. Si analizar la cuestión de forma global ayuda a comprender la magnitud de los desafíos planteados, tiene también sentido descender en el nivel espacial de referencia para centrar la atención en aquellos escenarios que, en escalas intermedias, no permanecen, como es obvio, al margen de las tendencias generales.  

            Las regiones representan - por su condición de "espacio de coherencia" - un marco geográfico idóneo para ejemplificar el alcance de las transformaciones que en ellas tienen lugar según la capacidad de respuesta que la sociedad y el territorio afectados puedan ofrecer en este contexto de profunda metamorfosis. Mas esa capacidad de respuesta no puede residir en el mero voluntarismo. Su eficacia ha de ir necesariamente asociada al buen gobierno del territorio y a la solvencia política y técnica de las decisiones, vertebradas de manera coherente, concebidas a medio y largo plazo y capaces de motivar al conjunto de la sociedad en torno a un proyecto regional viable y socialmente galvanizador, que asegure el desarrollo sostenible del espacio bajo su responsabilidad. Mas para que ello sea posible se precisan dos requisitos fundamentales: de un lado, un conocimiento riguroso de los problemas existentes, respaldados por el rigor y la objetividad de los diagnósticos; y, de otro, en la asimilación con fines prácticos de las ventajas comparativas que el propio espacio encierra y que, bien gestionadas, constituyen el fundamento de su competitividad socio-territorial y de su poder de atracción inversora.

            Estas consideraciones tratan de apuntalar una idea que considero pertinente: en la Comunidad de Castilla y León existen potencialidades suficientes a la hora de fortalecer su posición en el panorama de las regiones españolas y europeas. No es una tarea sencilla pero tampoco imposible y, desde luego merece ser asumida con voluntad política, y teniendo en cuenta las posibilidades permitidas por las pautas de desarrollo sustentadas sobre cuatro pilares esenciales. Me limitaré a enunciarlos someramente, como propuestas engarzadas en una secuencia lógica y abiertas al necesario debate clarificador.

            En esta urdimbre estratégica cobra especial importancia, como primer gran objetivo, la voluntad de consolidar a Castilla y León como región industrialmente innovadora, al amparo de la poderosa infraestructura de cualificación alcanzada en el campo de la formación y de la investigación científico-técnica, suficientemente acreditada por numerosos estudios que así lo avalan, Ha de ser, a mi juicio, el principal baluarte sobre el que cimentar una estrategia de desarrollo encaminada a la recuperación industrial de la región tanto en los sectores ya afianzados en su tejido productivo como en el contexto de las líneas abiertas al amparo de la automatización y la digitalización de los procesos de fabricación. Es un enfoque coherente con las pautas del horizonte industrial planteado por la Comisión Europea, empeñada en “revertir el papel decreciente de la industria en la Unión”, y en orientar en esta dirección el aprovechamiento del Plan de Recuperación Next Generation, que ha llevado a plantear esta iniciativa como un desafío asumible por las regiones como ámbitos prevalentes de una dinámica industrial para la que Castilla y León ofrece escenarios idóneos de localización en todo el territorio y que a su vez permitirían evitar el éxodo de jóvenes altamente cualificados.  

            La capacidad para afrontar reto tan crucial no es ajena, en segundo lugar, a las posibilidades estratégicas que presenta la Comunidad como gran espacio de encrucijada en el entrenado de relaciones ya construidas y con perspectivas notables de intensificación en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica.  El engarce permitido por la red de comunicaciones de toda índole revalida la “renta de situación” de Castilla y León como espacio de tránsito obligado en sentido meridiano y Este-Oeste, con todo lo que ello representa de cara al afianzamiento de sus vínculos con las áreas portuarias al tiempo que fortalece el nexo, aún infrautilizado, con la mitad septentrional de Portugal.

            El reconocimiento de esta posición geográficamente privilegiada es indisociable a su vez de los valores reconocidos al conjunto de la riqueza patrimonial (paisajística e histórico-artística) inventariada la región de mayor tamaño, y más compleja, de la Unión Europea. Por más que huelgue insistir en este “pilar”, todas las observaciones a su favor serán pocas cuando se trata de asumirlo y aprovecharlo en sintonía con los principios y objetivos rectores de la cultura del desarrollo respetuoso y sostenible. Y, puesto que nunca se alcanza el nivel óptimo de tratamiento en esta línea, las cautelas han de ser máximas para que en modo alguno se debilite o cuestione el elevado umbral de prestigio que aporta a la Comunidad.

            Ahora bien, y como criterio final, las posibilidades mencionadas sólo pueden ser tales, y, por tanto, cristalizar en resultados ostensibles, cuando se gestionen bien en el marco de un espacio regional cohesionado, sabedor de su entidad compartida y consciente de sus posibilidades como Comunidad Autónoma. Asumido el reconocimiento de su diversidad como un valor intrínseco y altamente valorizable, es evidente que sus perspectivas de futuro deben ser incompatibles con una visión fragmentaria de su realidad y de sus problemas del mismo modo que se verían entorpecidas ante la falta de una adecuada cultura de la cooperación y del compromiso interinstitucional capaz de aprovechar en su integridad los valiosos recursos de que dispone.

 

           

 

Carta abierta de los geógrafos rusos contra la invasión de Ucrania

Esta carta fue remitida desde Rusia a diferentes Grupos de Investigación internacionales para que fuese conocida y respaldada. Me cupo el honor de hacerlo (7 marzo 2022) 

 Lettre ouverte de géographes russes contre les actions de guerre en Ukraine

Au Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine,

 

Nous, citoyens de la Fédération de Russie, géographes, enseignants, scientifiques, étudiants, doctorants et diplômés, signataires de cette lettre ouverte, conscients de notre responsabilité vis à vis du destin de notre pays, nous nous opposons catégoriquement à toute action militaire sur le territoire de l’Etat souverain d’Ukraine et exigeons un cessez-le-feu immédiat des deux côtés ainsi que le retrait des troupes russes vers le territoire de la Russie.

 

Nous considérons qu’il est immoral de nous taire à ce moment précis, quand chaque jour et chaque heure des gens meurent du fait d’actes de guerre. Les opérations de combat menacent des sites vulnérables, tels que la centrale nucléaire de Tchernobyl, les centrales hydroélectriques sur le Dniepr et les exceptionnelles réserves de biosphère de l’Ukraine. Il est inadmissible, au XXIème siècle, de prétendre résoudre des conflits politiques les armes à la main ; tout conflit que ce soit, interne à l’Ukraine ou entre nos deux États doit être résolu uniquement par la voie de la négociation. Peu importe par quoi on justifie l’invasion de l’armée russe : les citoyens russes d’aujourd’hui comme les générations à venir en Russie en paieront le prix.

 

Cette opération militaire vide de sens les efforts déployés depuis bien des années tant par les géographes que par des chercheurs d’autres disciplines pour la sauvegarde des paysages, pour lutter contre le changement climatique, pour la création de zones naturelles protégées, pour organiser un développement pacifique des économies de Russie et d’Ukraine, et pour le développement de leur coopération transfrontalière. Nous ne pouvons pas renoncer à notre mission : continuer à contribuer à un développement pacifique et harmonieux de notre pays ainsi qu’à son intégration dans l’économie mondiale.

Nous voulons vivre sous un ciel pacifique, dans un pays ouvert au monde et dans un monde ouvert à notre pays, continuer à faire de la recherche au nom du monde, pour le du bien-être de notre pays et de l’ensemble de l’humanité. Les opérations de guerre doivent cesser immédiatement !

La industria, un motor esencial para el territorio

 

El Norte de Castilla, 25 diciembre 2021 

La instalación en Valladolid de una factoría de la empresa británica Switch Mobility, subsidiaria de la hindú Ashok Leyland, y destinada a la fabricación de autobuses eléctricos, es, en principio, una muy buena noticia. Más allá de los datos, en inversión y empleo, que revelan la magnitud de la iniciativa y que seguramente adquirirán mayor concreción a medida que espacialmente se materialice, esta decisión pone al descubierto dos aspectos que conviene destacar.

            En primer lugar, y contemplado desde la perspectiva regional, ratifica la relevancia alcanzada por Valladolid y Castilla y León como escenarios atractivos para la implantación industrial en todas sus manifestaciones. La decisión de la firma británica sintoniza con un prestigio acreditado en el tiempo, que asocia la ubicación elegida con la capacidad demostrada para ocupar una posición internacional de primer orden en el campo de la producción automovilística. La sólida tradición acumulada en este sentido, valorada y analizada en numerosas publicaciones, no podría perder continuidad en el panorama repleto de desafíos y estímulos abierto por el proceso de transición numérica y ecológica. Se trata de un enorme reto, condicionado por las implicaciones que derivan de la intensa transformación a que se ven abocados los procesos tecnológicos en el sector que a menudo he definido como “la industria de las industrias”, es decir, el complejo de tareas asociadas a la construcción compleja del automóvil, que en sí mismo supone la integración técnica y funcional de una gran variedad de elementos, todos ellos afectados por innovaciones tan intensas como aceleradas en el tiempo. 

Junto al nivel de calidad alcanzado por las factorías de montaje, justo es destacar el decisivo papel desempeñado por las plantas de elaboración de componentes, que han hecho de la industria auxiliar de la automoción ubicada en diferentes puntos de Castilla y León, y artífice de una trama fabril altamente competitiva, una de las más reconocidas del mundo. Como tampoco habría que ignorar la existencia de un personal altamente cualificado en los diferentes campos relacionados con la especialización tecnológica y organizativa de las empresas. Sobre tales cimientos está plenamente justificada la propuesta a favor de que la ciudad de Valladolid siga manteniendo un peso específico en los rumbos renovados de la automoción. Precisamente en esos términos planteé no hace mucho la conveniencia de que Valladolid mantuviera su condición de espacio privilegiado para el desarrollo de las instalaciones vinculadas al desarrollo de la movilidad sostenible. Así consta en el acta de la reunión del Pleno Consejo Social de la ciudad que, presidido por el alcalde, tuvo lugar el pasado 26 de octubre.  

               La segunda de las lecciones extraídas de la presencia de Switch Mobility en nuestra región – pues su resonancia ha de ser también regional – tiene que ver con lo que representa, a modo de ejemplo, dentro de los nuevos horizontes abiertos a la industrialización española y de la Unión Europea. En ambos casos, no es aventurado traer a colación el nivel de incidencia que el Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia pueda tener en el cumplimiento de uno de sus objetivos prioritarios: el impulso de un modelo productivo sustentado fundamentalmente en la industrialización, la digitalización y el cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible. Las interrelaciones que se establecen entre estas directrices suponen, en principio, un viraje muy notable respecto a las muestras de debilitamiento de la fortaleza industrial europea en el mundo, más ostensibles aún en términos relativos en el caso de España, donde el sector apenas representa el 15% del PIB, seis puntos por debajo de la media comunitaria europea y casi la mitad de Alemania. Recordemos también que España, según la OMC; ocupaba en 2020 el sexto lugar de la UE y el 15.º del mundo en el ranking de países exportadores de manufacturas, con una cuota en el mercado global de tan solo el 1,8%. Las diferencias provocadas por tales contrastes se han puesto claramente en evidencia durante los años de la Gran Recesión (2007-2008) cuando las limitaciones estructurales de una parte sustancial del tejido productivo español – ese “entramado demasiado vulnerable de pymes” de que habla el Banco de España - han agravado de manera sensible sus costos económicos y socio-laborales.  La resolución de estas limitaciones representa, por tanto, uno de los principales déficits estructurales que ha de ser corregidos en el contexto de las orientaciones estratégicas que globalmente han de marcar la pauta en el proceso de recuperación de la industria española y europea en un mundo globalizado.

               Contundentes son las proclamas emanadas de los órganos de gobierno comunitarios, cuando aluden a la necesidad de afianzar el papel de la industria como factor de impulso del crecimiento económico y del empleo. Y lo hacen en defensa de un complejo de actividades, cuyas premisas deben actualizarse en el contexto de los nuevos enfoques estratégicos a que al mismo tiempo obligan el Brexit – no es baladí que Switch Mobility sea una empresa británica, decidida a instalarse en un país miembro de la UE –, las rupturas producidas en el comercio de suministros y en las cadenas de valor internacionales (con los riesgos que conllevan) y los impactos provocados por la pandemia de la covid 19. No en vano asistimos a una reestructuración global de la Geografía de la industria, que conviene analizar de cerca para valorar sus implicaciones efectivas en España y en Castilla y León sobre la base de sus potencialidades constatadas.

 

Cuando la vida se reduce a un metro cuadrado

 

Aunque cese de inmediato o el ímpetu de su fuerza amaine, los impactos de la erupción que comenzó el 19 de septiembre de 2021, año segundo de la pandemia, marcarán para siempre la configuración del paisaje y de las formas de vida en la isla española de La Palma, en el archipiélago canario. Y también lo hará la percepción de lo que, dentro y fuera de la isla, ese fenómeno ha provocado en un espacio insular de reducida dimensión, de cierta entidad demográfica y con destacada actividad agraria. Son rasgos que agravan la magnitud de la erupción y sus derivaciones.

            Geográficamente es un tema de enorme importancia por su gravedad global. Todo se trastoca, la destrucción es masiva y de manera traumática. No es posible, por más lejos que se viva de aquel escenario, apartar la mirada de las alteraciones producidas en el paisaje y en la vida de quienes allí residen y se afanan por vivir en medio de la catástrofe natural más catastrófica de todas: la ocasionada por la furia interna de la Tierra, inmensa e indómita cuando se desencadena. No hay peor tragedia territorial en espacios habitados que la que traen consigo un volcán y los seísmos que lo acompañan. La tierra tiembla, mientras descubre sus magmáticas interioridades. A diferencia de lo que sucede con otros accidentes naturales, no hay posibilidad alguna de control. Las emisiones acabarán, pero nadie prevé cuándo. Las perturbaciones atmosféricas, siempre anticipables, duran unos días; las telúricas nunca se sabe.

            La incertidumbre crea desasosiego, ansiedad, estrés y mucha sensación de vulnerabilidad. Día tras día, hora a hora, permanentemente, sin descanso. La imaginación queda desbordada  ¿Se hacen una idea de las sensaciones acumuladas por los niños y por las personas en situación de fragilidad? Estruendo incesante, aire enrarecido, luminosidades indeseadas, fulgores que aterrorizan, vertidos incandescentes y sin control, sensación de impotencia, destrucciones erráticas, personas asustadas y a la deriva, con las manos vacías y el rostro entre despavorido y resignado, plantaciones, viviendas e infraestructuras básicas desaparecidas y reemplazadas por hectáreas inabarcables de malpaís, un futuro imposible de planificar hasta que todo acabe. Sus pertenencias, las que presurosamente han podido salvaguardar en medio del pánico, caben en un metro cuadrado de un almacén.

            Todos somos la isla La Palma, el archipiélago canario se imbrica en nuestras vidas. Nos pertenece y lo sentimos nuestro. Aunque el volcán termine, jamás será posible olvidar el otoño de La Palma, aquel en el que el palmero no ha podido decir a la palmerita "que se asome a la ventana, que su amor la solicita". Lo volverá a cantar, pero ya el espacio no será lo mismo. Aunque el paso del tiempo todo lo diluye, no podemos admitir que quede difuminado el recuerdo de las trenzas de lava solidificada, piroclastos y ceniza con su poder arrasador y para siempre.

        La erupción ha finalizado a los 85 días de su estallido. Ha coincidido con la Navidad. Mas la pesadilla no ha terminado. Queda por delante un largo camino hacia la recuperación: de la vida, de lo perdido, de lo abandonado, de la confianza en el futuro. No es un problema estricto de la isla o del archipiélago canario. Es un problema de todos.