La Agencia Espacial en León: entre la eficiencia y la equidad

 

Campus de Vegazana. Universidad de León

El Norte de Castilla, 8 diciembre 2022

Aunque la decisión ya está tomada, tiene pleno sentido hacer una serie de puntualizaciones sobre el acierto que, a mi juicio, hubiera supuesto la implantación en la ciudad de León de la sede de la Agencia Espacial Española, que finalmente ha sido otorgada a la populosa capital de Andalucía por acuerdo unánime del Gobierno. Planteo estas reflexiones desde Valladolid con el propósito de traer a colación los argumentos que, de haber sido tenidos en cuenta de manera coherente con los criterios empleados, hubieran avalado de manera consistente la candidatura a favor de la ciudad bañada por el Bernesga, con evidentes repercusiones positivas para Castilla y León y quizá también para Asturias, en virtud de los efectos difusores que pudiera generar en las regiones septentrionales.

            Partamos de la idea de que el procedimiento utilizado para la asignación territorial de la Agencia Espacial y de la Agencia de Inteligencia Territorial no ha consistido formalmente en una decisión predeterminada, sino en un concurso abierto a las ciudades que se ofrecían a albergarlas mediante un proceso competitivo. Como era previsible, las candidaturas han proliferado más de lo que en principio se suponía: 21 ciudades han concurrido para acoger la Agencia Espacial y 14 la de Inteligencia Artificial. Una interpretación geográfica de las propuestas ofrece conclusiones muy interesantes que revelan hasta qué punto los contrastes interterritoriales que se producen en España, y que tienden a acentuarse, se corresponden con el propósito de afianzar, en los más dinámicos, la fortaleza ya alcanzada mientras se plantea impulsar, en los críticos, una personalidad latente, que se estima infrautilizada.

            La pretensión correctora de esta divergencia aparece contemplada de manera explícita e intencionalmente clara en los criterios en los quehabría de basarse la decisión. Se perseguía conciliar la eficiencia con la equidad, de modo que la voluntad de aprovechar las potencialidades existentes para adecuarlas al funcionamiento de una dotación exigente en infraestructuras y generadora de externalidades múltiples, operase a la vez como factor revitalizador del territorio en la lucha contra el debilitamiento poblacional del que tanto se habla y que tanto, al parecer, preocupa. Al propósito de satisfacer esta doble finalidad obedece la idea de abordar la cuestión como una iniciativa abierta a la selección entre ciudades, entendida como una fórmula idónea para descubrir, a través de las propuestas presentadas, las posibilidades latentes y, por tanto, susceptibles de ser valorizados. Pues, de otro modo, ¿qué sentido tiene abrir un concurso entre ciudades de todos los tamaños para rivalizar entre sí y provocar innecesariamente la frustración de las que no logran lo solicitado?

            En ese contexto de objetivos duales y complementarios hay argumentos suficientes para respaldar la idea de que la ciudad de León ofrecía posibilidades para asegurar una articulación entre ellos. No es una apreciación voluntarista, sino asentada en el conocimiento de las circunstancias que conforman la realidad espacial leonesa. Y es que las perspectivas del ámbito leonés están determinadas por la conveniencia de dinamizar y poner en valor unas indudables capacidades que han quedado lesionadas por la crisis de sectores emblemáticos (minería, siderurgia, energía, actividades agro-ganaderas) que han sustentado sus dinamismos económicos y sociales enraizados en el tiempo y en la riqueza natural. Si el retroceso empresarial y poblacional ha sido su manifestación más palmaria, no es menor la sensación de crisis emocional que se ha apoderado de un sector importante de la sociedad leonesa, lo que justifica los intentos a favor de la reafirmación de su personalidad y del reconocimiento que a todas las escalas merece.

            Es así como cabría interpretar también su intento de convertirse en la sede de la Agencia Espacial Española, al considerar que dispone de fundamentos sólidos para lograrlo. Si, entre ellos, no resulta desdeñable la capacidad de iniciativa empresarial acuñada a lo largo del tiempo, y que aún subsiste como reacción al declive, convendría destacar, en relación con el nivel de aptitud requerido por la Agencia el reconocimiento del nivel de especialización otorgado por la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial cuyo prestigio se identifica con la diversificación en el ámbito de la ingeniera, tradicionalmente centrada en la acreditada Escuela Técnica Superior de Minas, a partir de los años ochenta. Las sucesivas promociones egresadas, tal y como ratifican los indicadores utilizados, han conseguido fraguar un importante grupo de especialización y de profesionales de primer nivel en el sector. El hecho de que, a modo de ejemplo, de este Centro de la Universidad de León proceda el primer astronauta seleccionado por la AgendaEspacial Europea constituye un testimonio fidedigno de que constituye un valor que no puede quedar desestimado.

         La existencia de esta dotación científico-técnica representa una plataforma susceptible de garantizar el buen funcionamiento y la correcta adecuación a las necesidades de la Agencia cuya instalación se ha solicitado, y que a su vez pudiera operar como catalizador de la potente dotación en ingenierías existente en Castilla y León. Se trataría además de una plataforma valorizable en un escenario de mejora y readaptación de las infraestructuras de comunicación de las que la ciudad no carece de antemano y que, como sucede en otros escenarios estratégicamente bien situados como es el caso, pudieran evolucionar en sintonía con la modernización de los ejes de comunicación física en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica en el que León sería capaz de desempeñar una función vertebradora crucial. En cualquier caso, todo ello hubiera supuesto no sólo el reconocimiento a una justa aspiración sino también una sensibilidad, sincera y no demagógica, hacia las tendencias regresivas a que se enfrentan las áreas con serios problemas de recuperación poblacional.

Los cuatro (y necesarios) pilares estratégicos de Castilla y León

 

El Norte de Castilla, 27 mayo 2022

En recuerdo y reconocimiento a la calidad personal y a la labor empresarial de Avelino (+ 1995) y José Antolín Toledano (1936-2022)

Los problemas del momento histórico que estamos viviendo en los inicios de la tercera década del siglo XXI han desencadenado un conjunto de situaciones críticas que inevitablemente debe conducir a la reflexión y al debate tanto sobre los factores que las provocan como sobre las perspectivas que han de orientar el futuro. Si analizar la cuestión de forma global ayuda a comprender la magnitud de los desafíos planteados, tiene también sentido descender en el nivel espacial de referencia para centrar la atención en aquellos escenarios que, en escalas intermedias, no permanecen, como es obvio, al margen de las tendencias generales.  

            Las regiones representan - por su condición de "espacio de coherencia" - un marco geográfico idóneo para ejemplificar el alcance de las transformaciones que en ellas tienen lugar según la capacidad de respuesta que la sociedad y el territorio afectados puedan ofrecer en este contexto de profunda metamorfosis. Mas esa capacidad de respuesta no puede residir en el mero voluntarismo. Su eficacia ha de ir necesariamente asociada al buen gobierno del territorio y a la solvencia política y técnica de las decisiones, vertebradas de manera coherente, concebidas a medio y largo plazo y capaces de motivar al conjunto de la sociedad en torno a un proyecto regional viable y socialmente galvanizador, que asegure el desarrollo sostenible del espacio bajo su responsabilidad. Mas para que ello sea posible se precisan dos requisitos fundamentales: de un lado, un conocimiento riguroso de los problemas existentes, respaldados por el rigor y la objetividad de los diagnósticos; y, de otro, en la asimilación con fines prácticos de las ventajas comparativas que el propio espacio encierra y que, bien gestionadas, constituyen el fundamento de su competitividad socio-territorial y de su poder de atracción inversora.

            Estas consideraciones tratan de apuntalar una idea que considero pertinente: en la Comunidad de Castilla y León existen potencialidades suficientes a la hora de fortalecer su posición en el panorama de las regiones españolas y europeas. No es una tarea sencilla pero tampoco imposible y, desde luego merece ser asumida con voluntad política, y teniendo en cuenta las posibilidades permitidas por las pautas de desarrollo sustentadas sobre cuatro pilares esenciales. Me limitaré a enunciarlos someramente, como propuestas engarzadas en una secuencia lógica y abiertas al necesario debate clarificador.

            En esta urdimbre estratégica cobra especial importancia, como primer gran objetivo, la voluntad de consolidar a Castilla y León como región industrialmente innovadora, al amparo de la poderosa infraestructura de cualificación alcanzada en el campo de la formación y de la investigación científico-técnica, suficientemente acreditada por numerosos estudios que así lo avalan, Ha de ser, a mi juicio, el principal baluarte sobre el que cimentar una estrategia de desarrollo encaminada a la recuperación industrial de la región tanto en los sectores ya afianzados en su tejido productivo como en el contexto de las líneas abiertas al amparo de la automatización y la digitalización de los procesos de fabricación. Es un enfoque coherente con las pautas del horizonte industrial planteado por la Comisión Europea, empeñada en “revertir el papel decreciente de la industria en la Unión”, y en orientar en esta dirección el aprovechamiento del Plan de Recuperación Next Generation, que ha llevado a plantear esta iniciativa como un desafío asumible por las regiones como ámbitos prevalentes de una dinámica industrial para la que Castilla y León ofrece escenarios idóneos de localización en todo el territorio y que a su vez permitirían evitar el éxodo de jóvenes altamente cualificados.  

            La capacidad para afrontar reto tan crucial no es ajena, en segundo lugar, a las posibilidades estratégicas que presenta la Comunidad como gran espacio de encrucijada en el entrenado de relaciones ya construidas y con perspectivas notables de intensificación en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica.  El engarce permitido por la red de comunicaciones de toda índole revalida la “renta de situación” de Castilla y León como espacio de tránsito obligado en sentido meridiano y Este-Oeste, con todo lo que ello representa de cara al afianzamiento de sus vínculos con las áreas portuarias al tiempo que fortalece el nexo, aún infrautilizado, con la mitad septentrional de Portugal.

            El reconocimiento de esta posición geográficamente privilegiada es indisociable a su vez de los valores reconocidos al conjunto de la riqueza patrimonial (paisajística e histórico-artística) inventariada la región de mayor tamaño, y más compleja, de la Unión Europea. Por más que huelgue insistir en este “pilar”, todas las observaciones a su favor serán pocas cuando se trata de asumirlo y aprovecharlo en sintonía con los principios y objetivos rectores de la cultura del desarrollo respetuoso y sostenible. Y, puesto que nunca se alcanza el nivel óptimo de tratamiento en esta línea, las cautelas han de ser máximas para que en modo alguno se debilite o cuestione el elevado umbral de prestigio que aporta a la Comunidad.

            Ahora bien, y como criterio final, las posibilidades mencionadas sólo pueden ser tales, y, por tanto, cristalizar en resultados ostensibles, cuando se gestionen bien en el marco de un espacio regional cohesionado, sabedor de su entidad compartida y consciente de sus posibilidades como Comunidad Autónoma. Asumido el reconocimiento de su diversidad como un valor intrínseco y altamente valorizable, es evidente que sus perspectivas de futuro deben ser incompatibles con una visión fragmentaria de su realidad y de sus problemas del mismo modo que se verían entorpecidas ante la falta de una adecuada cultura de la cooperación y del compromiso interinstitucional capaz de aprovechar en su integridad los valiosos recursos de que dispone.

 

           

 

Carta abierta de los geógrafos rusos contra la invasión de Ucrania

Esta carta fue remitida desde Rusia a diferentes Grupos de Investigación internacionales para que fuese conocida y respaldada. Me cupo el honor de hacerlo (7 marzo 2022) 

 Lettre ouverte de géographes russes contre les actions de guerre en Ukraine

Au Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine,

 

Nous, citoyens de la Fédération de Russie, géographes, enseignants, scientifiques, étudiants, doctorants et diplômés, signataires de cette lettre ouverte, conscients de notre responsabilité vis à vis du destin de notre pays, nous nous opposons catégoriquement à toute action militaire sur le territoire de l’Etat souverain d’Ukraine et exigeons un cessez-le-feu immédiat des deux côtés ainsi que le retrait des troupes russes vers le territoire de la Russie.

 

Nous considérons qu’il est immoral de nous taire à ce moment précis, quand chaque jour et chaque heure des gens meurent du fait d’actes de guerre. Les opérations de combat menacent des sites vulnérables, tels que la centrale nucléaire de Tchernobyl, les centrales hydroélectriques sur le Dniepr et les exceptionnelles réserves de biosphère de l’Ukraine. Il est inadmissible, au XXIème siècle, de prétendre résoudre des conflits politiques les armes à la main ; tout conflit que ce soit, interne à l’Ukraine ou entre nos deux États doit être résolu uniquement par la voie de la négociation. Peu importe par quoi on justifie l’invasion de l’armée russe : les citoyens russes d’aujourd’hui comme les générations à venir en Russie en paieront le prix.

 

Cette opération militaire vide de sens les efforts déployés depuis bien des années tant par les géographes que par des chercheurs d’autres disciplines pour la sauvegarde des paysages, pour lutter contre le changement climatique, pour la création de zones naturelles protégées, pour organiser un développement pacifique des économies de Russie et d’Ukraine, et pour le développement de leur coopération transfrontalière. Nous ne pouvons pas renoncer à notre mission : continuer à contribuer à un développement pacifique et harmonieux de notre pays ainsi qu’à son intégration dans l’économie mondiale.

Nous voulons vivre sous un ciel pacifique, dans un pays ouvert au monde et dans un monde ouvert à notre pays, continuer à faire de la recherche au nom du monde, pour le du bien-être de notre pays et de l’ensemble de l’humanité. Les opérations de guerre doivent cesser immédiatement !

La industria, un motor esencial para el territorio

 

El Norte de Castilla, 25 diciembre 2021 

La instalación en Valladolid de una factoría de la empresa británica Switch Mobility, subsidiaria de la hindú Ashok Leyland, y destinada a la fabricación de autobuses eléctricos, es, en principio, una muy buena noticia. Más allá de los datos, en inversión y empleo, que revelan la magnitud de la iniciativa y que seguramente adquirirán mayor concreción a medida que espacialmente se materialice, esta decisión pone al descubierto dos aspectos que conviene destacar.

            En primer lugar, y contemplado desde la perspectiva regional, ratifica la relevancia alcanzada por Valladolid y Castilla y León como escenarios atractivos para la implantación industrial en todas sus manifestaciones. La decisión de la firma británica sintoniza con un prestigio acreditado en el tiempo, que asocia la ubicación elegida con la capacidad demostrada para ocupar una posición internacional de primer orden en el campo de la producción automovilística. La sólida tradición acumulada en este sentido, valorada y analizada en numerosas publicaciones, no podría perder continuidad en el panorama repleto de desafíos y estímulos abierto por el proceso de transición numérica y ecológica. Se trata de un enorme reto, condicionado por las implicaciones que derivan de la intensa transformación a que se ven abocados los procesos tecnológicos en el sector que a menudo he definido como “la industria de las industrias”, es decir, el complejo de tareas asociadas a la construcción compleja del automóvil, que en sí mismo supone la integración técnica y funcional de una gran variedad de elementos, todos ellos afectados por innovaciones tan intensas como aceleradas en el tiempo. 

Junto al nivel de calidad alcanzado por las factorías de montaje, justo es destacar el decisivo papel desempeñado por las plantas de elaboración de componentes, que han hecho de la industria auxiliar de la automoción ubicada en diferentes puntos de Castilla y León, y artífice de una trama fabril altamente competitiva, una de las más reconocidas del mundo. Como tampoco habría que ignorar la existencia de un personal altamente cualificado en los diferentes campos relacionados con la especialización tecnológica y organizativa de las empresas. Sobre tales cimientos está plenamente justificada la propuesta a favor de que la ciudad de Valladolid siga manteniendo un peso específico en los rumbos renovados de la automoción. Precisamente en esos términos planteé no hace mucho la conveniencia de que Valladolid mantuviera su condición de espacio privilegiado para el desarrollo de las instalaciones vinculadas al desarrollo de la movilidad sostenible. Así consta en el acta de la reunión del Pleno Consejo Social de la ciudad que, presidido por el alcalde, tuvo lugar el pasado 26 de octubre.  

               La segunda de las lecciones extraídas de la presencia de Switch Mobility en nuestra región – pues su resonancia ha de ser también regional – tiene que ver con lo que representa, a modo de ejemplo, dentro de los nuevos horizontes abiertos a la industrialización española y de la Unión Europea. En ambos casos, no es aventurado traer a colación el nivel de incidencia que el Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia pueda tener en el cumplimiento de uno de sus objetivos prioritarios: el impulso de un modelo productivo sustentado fundamentalmente en la industrialización, la digitalización y el cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible. Las interrelaciones que se establecen entre estas directrices suponen, en principio, un viraje muy notable respecto a las muestras de debilitamiento de la fortaleza industrial europea en el mundo, más ostensibles aún en términos relativos en el caso de España, donde el sector apenas representa el 15% del PIB, seis puntos por debajo de la media comunitaria europea y casi la mitad de Alemania. Recordemos también que España, según la OMC; ocupaba en 2020 el sexto lugar de la UE y el 15.º del mundo en el ranking de países exportadores de manufacturas, con una cuota en el mercado global de tan solo el 1,8%. Las diferencias provocadas por tales contrastes se han puesto claramente en evidencia durante los años de la Gran Recesión (2007-2008) cuando las limitaciones estructurales de una parte sustancial del tejido productivo español – ese “entramado demasiado vulnerable de pymes” de que habla el Banco de España - han agravado de manera sensible sus costos económicos y socio-laborales.  La resolución de estas limitaciones representa, por tanto, uno de los principales déficits estructurales que ha de ser corregidos en el contexto de las orientaciones estratégicas que globalmente han de marcar la pauta en el proceso de recuperación de la industria española y europea en un mundo globalizado.

               Contundentes son las proclamas emanadas de los órganos de gobierno comunitarios, cuando aluden a la necesidad de afianzar el papel de la industria como factor de impulso del crecimiento económico y del empleo. Y lo hacen en defensa de un complejo de actividades, cuyas premisas deben actualizarse en el contexto de los nuevos enfoques estratégicos a que al mismo tiempo obligan el Brexit – no es baladí que Switch Mobility sea una empresa británica, decidida a instalarse en un país miembro de la UE –, las rupturas producidas en el comercio de suministros y en las cadenas de valor internacionales (con los riesgos que conllevan) y los impactos provocados por la pandemia de la covid 19. No en vano asistimos a una reestructuración global de la Geografía de la industria, que conviene analizar de cerca para valorar sus implicaciones efectivas en España y en Castilla y León sobre la base de sus potencialidades constatadas.

 

Cuando la vida se reduce a un metro cuadrado

 

Aunque cese de inmediato o el ímpetu de su fuerza amaine, los impactos de la erupción que comenzó el 19 de septiembre de 2021, año segundo de la pandemia, marcarán para siempre la configuración del paisaje y de las formas de vida en la isla española de La Palma, en el archipiélago canario. Y también lo hará la percepción de lo que, dentro y fuera de la isla, ese fenómeno ha provocado en un espacio insular de reducida dimensión, de cierta entidad demográfica y con destacada actividad agraria. Son rasgos que agravan la magnitud de la erupción y sus derivaciones.

            Geográficamente es un tema de enorme importancia por su gravedad global. Todo se trastoca, la destrucción es masiva y de manera traumática. No es posible, por más lejos que se viva de aquel escenario, apartar la mirada de las alteraciones producidas en el paisaje y en la vida de quienes allí residen y se afanan por vivir en medio de la catástrofe natural más catastrófica de todas: la ocasionada por la furia interna de la Tierra, inmensa e indómita cuando se desencadena. No hay peor tragedia territorial en espacios habitados que la que traen consigo un volcán y los seísmos que lo acompañan. La tierra tiembla, mientras descubre sus magmáticas interioridades. A diferencia de lo que sucede con otros accidentes naturales, no hay posibilidad alguna de control. Las emisiones acabarán, pero nadie prevé cuándo. Las perturbaciones atmosféricas, siempre anticipables, duran unos días; las telúricas nunca se sabe.

            La incertidumbre crea desasosiego, ansiedad, estrés y mucha sensación de vulnerabilidad. Día tras día, hora a hora, permanentemente, sin descanso. La imaginación queda desbordada  ¿Se hacen una idea de las sensaciones acumuladas por los niños y por las personas en situación de fragilidad? Estruendo incesante, aire enrarecido, luminosidades indeseadas, fulgores que aterrorizan, vertidos incandescentes y sin control, sensación de impotencia, destrucciones erráticas, personas asustadas y a la deriva, con las manos vacías y el rostro entre despavorido y resignado, plantaciones, viviendas e infraestructuras básicas desaparecidas y reemplazadas por hectáreas inabarcables de malpaís, un futuro imposible de planificar hasta que todo acabe. Sus pertenencias, las que presurosamente han podido salvaguardar en medio del pánico, caben en un metro cuadrado de un almacén.

            Todos somos la isla La Palma, el archipiélago canario se imbrica en nuestras vidas. Nos pertenece y lo sentimos nuestro. Aunque el volcán termine, jamás será posible olvidar el otoño de La Palma, aquel en el que el palmero no ha podido decir a la palmerita "que se asome a la ventana, que su amor la solicita". Lo volverá a cantar, pero ya el espacio no será lo mismo. Aunque el paso del tiempo todo lo diluye, no podemos admitir que quede difuminado el recuerdo de las trenzas de lava solidificada, piroclastos y ceniza con su poder arrasador y para siempre.

        La erupción ha finalizado a los 85 días de su estallido. Ha coincidido con la Navidad. Mas la pesadilla no ha terminado. Queda por delante un largo camino hacia la recuperación: de la vida, de lo perdido, de lo abandonado, de la confianza en el futuro. No es un problema estricto de la isla o del archipiélago canario. Es un problema de todos. 

 

Frente a la despoblación, la capacidad de iniciativa

 El Norte de Castilla, 20 de octubre 2021

(décimo aniversario de la rendición y desaparición de ETA) 

Reflexionar sobre el fenómeno de la despoblación - tarea que no cesa como expresión de un compromiso social necesario y cada vez más compartido- solo tiene sentido cuando el análisis de los factores que lo provocan se contempla teniendo en cuenta al mismo tiempo las posibles alternativas encaminadas a su corrección. El reconocimiento del problema es indisociable del valor reconocido a las soluciones. Desde luego, no es un ejercicio fácil tanto por la multiplicidad de causas que motivan el problema como por las incertidumbres a que se enfrentan las estrategias comúnmente planteadas para resolverlo. La relación entre factores y opciones alternativas resulta, por tanto, necesaria, aunque este engarce tenga carácter asimétrico. Y es que, si la interpretación de los hechos alcanza niveles de precisión rigurosos, la indefinición, como corresponde a un escenario de incógnitas por resolver, marca el rasgo dominante cuando de plantear opciones viables y duraderas se trata.

        Ahora bien, alejados de actitudes voluntaristas, hay que admitir que, tratándose de un problema complejo y con dimensión socio-espacial relevante - las áreas rurales representan la tercera parte de la población de la Unión Europea y ocupan el 80% de su territorio -- no se debe perder la confianza en los esfuerzos y en las esperanzas manifestados, cada vez con más frecuencia, por aquellos movimientos que reiteradamente expresan su deseo de que esa realidad crítica no sea ignorada y, menos aún, desatendida. Se han convertido en un amplio clamor, en el que, junto a las proclamas expuestas en la calle, ofrecen notable consistencia los argumentos apoyados en sólidos análisis, con firme fundamentación empírica y demostrativos, cifras en mano, del alto nivel de inquietud alcanzado, susceptible de ofrecer una gran resonancia política, que emerge en un intento de búsqueda del amparo que creen no encontrar en las opciones convencionales. Así lo evidencia la dimensión de la III Asamblea General de la España Vaciada, celebrada el pasado septiembre en la villa conquense de Priego, en la que se han dado cita más de setenta grupos y asociaciones, provenientes de 28 provincias. A este respecto no deja de llamar la atención la presencia vigorosa en este afán reivindicativo de los jóvenes, que de esta manera tratan de dejar constancia de su sensibilidad por el problema – dar cuenta de que también existen y de que políticamente también pueden dejar constancia de ello- y de su disposición para asumir los retos que exige la recuperación siempre que encuentren las condiciones adecuados que lo hagan posible.

            De ahí que, por encima de las posiciones simplemente limitadas a dar cuenta de la preocupación que el hecho suscita y de las lamentaciones que lo acompañan, lo cierto es que para afrontar el debilitamiento económico de un espacio en crisis demográfica no hay otra posibilidad que la asociada al despliegue de la capacidad de iniciativa empresarial, ya sea de origen endógena o proveniente del exterior, y no sólo en la actividad agraria, aunque su capacidad para generar empleo sea ya muy limitada, sino también a través de la diversificación en el abanico de posibilidades que ofrecen la industria y los servicios ligados al aprovechamiento de la riqueza del territorio. 

            Es en este escenario de perspectivas en el que deben basarse las reflexiones estratégicas, de forma que vayan más allá del simple juicio de intenciones para plasmarse en actuaciones operativas, bien diseñadas, debidamente asesoradas y viables, capaces de encontrar en el territorio no necesariamente urbano la plataforma idónea para su implantación y desarrollo. Bastaría con otorgar sentido práctico a los objetivos contemplados en la Declaración de Cork 2016, que desglosa en diez apartados los principios en los que debe sustentarse la utilización eficaz de los recursos a sabiendas de que, mediante políticas públicas adecuadas, la gestión de las sinergias entre los diferentes sectores y la mejora de los servicios es posible asegurar las condiciones que faciliten “una vida mejor en el medio rural”.

            Reconociendo que de antemano se trata de un proceso territorialmente selectivo, existen experiencias que inducen a la reflexión. Recurramos a modo de ejemplo al hecho de que empresarios catalanes hayan instalado en un pueblo de Burgos una empresa innovadora, Centro Pamaso, digna de ser tenida en cuenta. Lo hicieron en Villahoz, un pequeño municipio de 300 habitantes, en el valle del Arlanza. Es una iniciativa interesante, concebida con criterios de sostenibilidad y en cuyo impulso ha intervenido la capacidad de estímulo ejercida por empresas relevantes del llamado Polo Positivo burgalés. En Milagros, cerca de Aranda, se esperan proyectos similares, así como en otros puntos del espacio regional, en paralelo con lo sucedido en otros poblacionalmente débiles, que convendría seguir de cerca y analizar in situ. No es un fenómeno masivo, pero conviene estar atentos a la tendencia, reveladora de una capacidad competitiva asumida por algunas empresas.

            Tengamos en cuenta que los procesos demográficos son el corolario de los procesos económicos. No son la causa sino el efecto. Y no cabe duda de que la reestructuración del sistema funcional básico (sanidad y educación) depende en sus perspectivas de futuro de la acreditación que la región pueda tener, también en el mundo rural, como ámbito de oportunidades, habida cuenta de que las infraestructuras de acogida con que cuenta la Comunidad Autónoma puedan favorecerlo sin olvidar lógicamente las políticas de mejora que puedan llevarse a cabo. Se trata, en suma, de asumir el desafío que supone la voluntad de afianzar el atractivo de Castilla y León como un escenario de oportunidades plurisectoriales y respetuosas con su calidad geográfica mediante la promoción activa de las cualidades del territorio como espacio bien dotado de posibilidades, explícitas y latentes, capaces de neutralizar la regresión demográfica de la que se ve afectado.

Ciudades medias: ¿crisis u oportunidad?

 

Burgos

El Norte de Castilla, 24 septiembre 2021

En el contexto de los interesantes debates planteados en torno a las dinámicas demográficas contemporáneas, afloran de nuevo en los países europeos y, entre ellos, en España, las reflexiones que centran la atención en los cambios que pudieran tener lugar en la reestructuración de los sistemas urbanos a partir de las implicaciones derivadas de la distribución selectiva de la población en el territorio a favor de los grandes complejos metropolitanos. Asumido hasta ahora dicho proceso como algo inexorable, su constatación no impide plantear hasta qué punto ese sesgo a favor de la polarización va a traer consigo un debilitamiento irreversible de las ciudades de pequeño y mediano tamaño o, por el contrario, puede cobrar sentido la hipótesis de una recuperación de sus posibilidades como espacios atractivos, susceptibles de experimentar una dinamización de las actividades económicas, con la consiguiente generación de riqueza y empleo que les permita contribuir a un cierto reequilibrio del territorio.

            Abierta la reflexión a las comprobaciones empíricas que ratifiquen con rigor el sentido de una u otra tendencia a corto y medio plazo, el tema adquiere una notable relevancia en un momento especialmente decisivo, en el que el concepto de ciudad media cobra la dimensión que lo identifica con una reordenación del territorio. No en vano es el momento que revela el desencadenamiento de transformaciones económicas, espaciales y socio-laborales de gran envergadura en coherencia con las reflexiones, actitudes y exigencias provocadas por la era postcovid, por las lecciones y advertencias de ella extraídas, y por las pautas de actuación asociadas la transición ecológica, que se muestra inexorable, con los efectos socio-económicos y espaciales derivados que ha de traer consigo.

            Es evidente que ese proceso de transformación encuentra en las ciudades su campo de experimentación más significativo, y en el que el análisis comparado permite conclusiones valiosas desde el punto de vista estratégico. Es bien sabido que las grandes aglomeraciones conllevan, proporcionalmente en relación con su tamaño, un elevado consumo de suelo y de energía a la par que aumentan su capacidad de impacto ecológico en función de la magnitud de los vertidos y las agresiones producidas a gran escala sobre el medio ambiente. Son aspectos críticos a los que hay que sumar los impactos negativos provocados sobre la calidad de vida de la población debido a problemas inherentes a las escalas urbanas de gran dimensión como son los que tienen que ver con la intensidad y congestión de los desplazamientos, con la conciliación de actividades, con el encarecimiento de la vivienda o con la acentuación de las desigualdades, entre otros muchos. Aparecen, en cualquier caso, sumidos en la contradicción que resulta de contraponer sus posibilidades como espacios de crecimiento económico ya consolidado y como lugares de asentamiento de servicios y centros de dirección de primer nivel, con los condicionamientos y servidumbres que acompañan a los procesos de aglomeración (de ahí el concepto de "deseconomías de aglomeración" que se aplica a las macroestructuras urbanas), limitativos cuando se trata de acometer actuaciones correctoras de los problemas existentes y de acomodar sus estrategias a los requisitos que imponen los objetivos propios de la sostenibilidad. Tanto es así que no deja de llamar la atención la idea formulada por el geógrafo Guillaume Faburel cuando plantea la posibilidad de que las ciudades medias puedan convertirse en el "estrato urbano prioritario"

            No sorprende, pues, que ante este escenario parezca convincente y oportuna la necesidad de llamar la atención acerca el margen de posibilidades que, como opciones alternativas tanto desde el punto de vista del trabajo como residencial, presentan las ciudades en las que los problemas señalados – en virtud de la escala dimensional más racional en la que se plantean y pudieran resolverse - revisten menor gravedad. Quizá pueda parecer excesivo presentarlas de manera genérica como escenarios alternativos en un horizonte cercano, en virtud de las inercias que inducen al mantenimiento del modelo dominante y de las insuficiencias que la mayor parte de ellas presentan desde el punto de vista estratégico para acreditar, con perspectivas de ser tenidas en cuenta, sus potenciales ventajas comparativas (tranquilidad, espacio, dotaciones educativas, coste de la vida proximidad...), con frecuencia tan ignoradas como infrautilizadas.

           Nos encontramos ante un gran desafío reestructurador del territorio, que conviene valorar en toda su dimensión para ser asumido por parte de los órganos responsables de la gestión de la ciudad y de la definición de sus principales orientaciones estratégicas. En este sentido no son desestimables los debates que están teniendo lugar en algunos países de la Unión Europea, en los que no son aisladas las voces que, de manera documentada y con cifras en la mano, dan a conocer las expectativas potencialmente ofrecidas por las ciudades situadas en un umbral de población entre los 10.000 y los 150.000 habitantes, aunque estos límites varían en función de los respectivos contextos territoriales. 

        Ahora bien, más allá de estos umbrales se trata de identificar la importancia económico-espacial de este nivel urbano intermedio, que opera como eslabón de transición entre las grandes áreas metropolitanas y los espacios adscritos a los parámetros propios del mundo rural. Se trata de una categoría que emerge con fuerza en el panorama de las políticas públicas urbanas que preconizan la necesidad de fortalecer el conjunto de ciudades susceptibles de fortalecer las interacciones sociales, afianzar los vínculos de convivencia y asegurar una mayor calidad de vida sobre la base de su capacidad para configurar espacios urbanos inclusivos, seguros, innovadores, cualitativos, resilientes y sostenibles, lo que obliga a una adaptación de las políticas públicas para asumir con garantías los compromisos que esos objetivos implican a la par que incrementan su capacidad de acción con vistas a lograr avances significativos a favor de un mayor equilibrio y mejor aprovechamiento integral del territorio. Suponen, en fin, una forma mucho más creativa de establecer las relaciones con el espacio. Ante este escenario no es ocioso aludir al margen de posibilidades que tal vez pudieran abrirse para las ciudades de Castilla y León, donde este rango urbano presenta potencialidades aún no debidamente aprovechadas.

En defensa de un Pacto por la Sanidad Rural en Castilla y León

Este texto expone y desarrolla las ideas planteadas en el debate organizado por Televisión Castilla y León en su programa "Cuestión de Prioridades" el dia 8 de septiembre de 2021

Consultorio del SACYL en Arcillera (comarca de Aliste, Zamora)  (Fotografia de Rocío Pérez, 2021)

Estas ideas, expuestas en el programa mencionado, las reitero ahora con el fin de dejar constancia de ellas: la reestructuración de la sanidad en el mundo rural es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Comunidad de Castilla y León. No hay un caso igual en la Unión Europea. Y es que, siendo también un problema destacado en otras regiones españolas y europeas, enfrentadas en este tema a una situación preocupante, las características específicas de esta región - magnitud territorial, dispersión del poblamiento, estructura demográfica- acentúan sus aspectos críticos y dificultan las opciones estratégicas para ordenar con criterios de eficacia y equidad ese servicio básico. Un servicio que además tropieza con las insuficiencias de que adolece la dotación de profesionales sanitarios, afectada en España por una mala política de Estado, que está haciendo, en función de los recortes aplicados en el periodo 2009-2018, mella dramática en el ejercicio de la medicina en el conjunto del país y, con especial impacto, en el ámbito rural. No sorprende, por tanto, el hecho de que, considerado por los alcaldes de Aliste como "un buen plan" el presentado por la Consejería de Sanidad, se insiste en la dificultad que supone su aplicación debido a la escasez de médicos para llevarlo a la práctica.

Debido a condicionamientos de esa naturaleza, y que son difícilmente soslayables, cualquier toma de decisiones es arriesgada y proclive a la polémica e incluso a la demagogia. Siempre lo será. Mas, por algún sitio habría que comenzar. Y eso es lo que ha tratado de hacer la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, lo que de entrada compromete al conjunto del gobierno autónomo. Es decir, hay que empezar a desbrozar el camino en un panorama tortuoso y dificilísimo de abordar como se quisiera y de manera óptima, habida cuenta de que el óptimo no existe. Ante una tendencia regresiva de la población, mantener dotación completa y permanente de médico y enfermería en 3.669 consultorios y 247 Centros de Salud (organizados en 161 Zonas Básicas de Salud rurales) es materialmente inviable e incluso carente de sentido. Cuando la consejera Verónica Casado compareció el día 3 de septiembre para dar cuenta del asunto quien esto escribe tomó buena nota del alud que a la señora Casado se le venia encima. Llamé a mis amigos médicos y enfermeras del Aliste para comentario... y coincidimos: "ha empezado pero nadie sabe cómo va a terminar".

Ya ha empezado, en efecto, como propuesta, como proyecto, como conjunto de ideas a tener en consideración. Conocemos, de momento, cuales son sus directrices básicas:

- extender y hacer efectiva la cita previa (como sucede en el conjunto del sistema de atención)

- reordenación del mapa de gestión sanitaria, lo que obligará a que municipios de una zona básica de salud puedan integrarse, con criterios de racionalidad geográfica, en la que mejor facilite la accesibilidad a la atención sanitaria

- posibilidad de crear nuevas áreas que permitan mejorar la prestación asistencial

- redistribuir la población entre los profesionales: mínimo de 400 pacientes por médico

- todo ciudadano tendrá un médico y un profesional de enfermería asignados y de referencia

- organizar los servicios de movilidad como garantía de un tratamiento efectivo con la mayor inmediatez posible

Naturalmente, queda aún mucho trayecto por recorrer, un trayecto cuyo horizonte depende de la iniciativa política y de la capacidad para afrontar el enorme reto planteado: que nadie quede desatendido, poniendo a su servicio las infraestructuras que lo hagan posible. El planteamiento se corresponde con una de las medidas esenciales de la política de Ordenación del Territorio, respaldada por el Parlamento regional, consistente en la creación y organización de los servicios públicos a través de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio. No es, por tanto, ajeno a un enfoque de racionalización funcional del territorio ya aprobado en las Leyes de  ordenación territorial de 1998 y 2013, de las que deriva el Mapa que -  orientado a “garantizar los servicios públicos autonómicos en el medio rural” - el Gobierno regional ratificó el 26 de enero de 2017.

Es un tema pendiente de debate, discusión, aclaración y alternativas. Y también necesitado de una explicación, clara, convincente y sincera por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y eso es precisamente de lo que se trata. Por eso resultan pertinentes los avances posibilitados por la toma de contacto con otras Comunidades Autónomas afectadas por problema similar. Prueba de ello lo ofrecen las conversaciones mantenidas con las Comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha, gobernadas ambas por el Partido Socialista, y de las que han derivado las propuestas acordadas en la reunión celebrada en Soria el 20 de septiembre.

Sin haber acometido aún el debate sobre la propuesta, no es convincente introducir en ese escenario una crisis política que eclipsa y difumina el fondo del problema y desvía la atención hacia otro tipo de intereses y preocupaciones. Adelantar elecciones supone la paralización del proceso y posponer su elaboración conforme a los criterios y los objetivos que cada opción política pueda plantear, y no a corto plazo sino en el horizonte de la legislatura, que razonablemente puede, en los dos años que restan, centrarse en tan complicada cuestión, que es lo que sin duda los ciudadanos esperan de sus representantes. Y es que un adelanto electoral siempre significa un fracaso para el que gobierna.

Tras la aprobación de la Proposición No de Ley presentada por el Partido Socialista en contra de la reforma sanitaria propuesta y aprobada con el apoyo del Partido Popular, todos los partidos aparecen situados corresponsablemente ante el tema que nos ocupa. Ha llegado la hora de verdad. Nadie puede eludir su responsabilidad, entendida como compromiso colectivo. De ahí que, como muchos profesionales y representantes locales proclaman, se impongan el consenso, el acuerdo, ese gran PACTO de Comunidad que Castilla y León necesita para que esta cuestión quede satisfactoriamente resuelta. Es la hora de la política a medio y largo plazo, no cortoplacista. Estoy convencido de que, si esa idea del compromiso compartido llegase a cuajar, Castilla y León habrá dado un paso de gigante hacia el futuro. Y los ciudadanos lo sabrán reconocer.

Despoblación y nuevas ruralidades

 

El Norte de Castilla, 25 de junio de 2021

La atención concedida a la desvitalización demográfica de las áreas rurales explica la abundancia de las reflexiones desplegadas en torno a un tema que, conocido y valorado desde hace mucho tiempo, ha cobrado una relevante dimensión política y cultural. La reunión organizada (Presura 20) por la Asociación El Hueco en la ciudad de Soria el pasado 28 de mayo, en la que se dieron cita todos los líderes políticos del país, con el fin de abordar el problema a la búsqueda de un gran consenso nacional, revela que nos encontramos ante uno de los principales desafíos a afrontar cuando comienza la tercera década del siglo XXI. El hecho de celebrarse en Castilla y León demuestra con expresividad hasta qué punto nuestra Comunidad constituye un espacio representativo de las múltiples perspectivas que confluyen en torno a un fenómeno tan complejo como difícil de acometer con resultados ostensibles.

            Si la despoblación rural no es un hecho accidental tampoco aparece como un proceso fácilmente reversible. Más allá de las medidas que se puedan adoptar para neutralizarlo, y que hay que evaluar con el rigor necesario, conviene recordar el fundamento que lo explica. Responde, como es bien sabido, a los efectos derivados de la desaparición gradual y definitiva de las pautas organizativas de la actividad agraria tradicional, basada en la escasa productividad de la tierra, en el bajo nivel de las técnicas aplicadas, en la abundancia de mano de obra y en una economía de limitados rendimientos, con débil excedente y en la que abundaban las situaciones de pobreza y extrema precariedad de las formas de vida. Las situaciones excepcionales que pudieran darse apenas alteraban este panorama dominante.

            Suficientemente estudiados los factores que a partir de los años setenta y ochenta del siglo XX dan al traste con este modelo, inadaptado a la internacionalización de las estrategias productivas y comerciales, conviene dirigir la mirada a los rumbos que actualmente definen la reconfiguración del mundo agrario y los decisivos impactos espaciales que ello trae consigo. En medio de la sensación de silencio en la que aparece sumido este escenario, afectado por un descenso acelerado de sus efectivos demográficos y en un contexto de reducción material de los servicios públicos tradicionalmente disponibles in situ (aunque las prestaciones, favorecidas por la movilidad, se mantengan), la observación directa de la realidad  pone al descubierto que el abandono de elementos tradicionales de la estructura del territorio abre paso a formas de aprovechamiento que indican modificaciones sustanciales en la configuración de la ruralidad.

            En esencia, nos encontramos ante un proceso de dualización del espacio acorde con la desigual utilidad del suelo, y, por tanto, con las diferentes estrategias para rentabilizarlo. Y es que, mientras el aprovechamiento agrario se intensifica - apenas existe el barbecho, las superficies de regadío no paran de crecer, las explotaciones aumentan de tamaño, la mecanización es espectacular y las especializaciones vitivinícola y hortícola alcanzan la excelencia - las tierras menos apetecidas para la productividad agrícola - más baratas y más fácilmente acaparables en grandes superficies - son los espacios elegidos, o potencialmente elegibles, para la instalación de granjas ganaderas intensivas y la implantación de enormes complejos para la producción de energías renovables. Esta tendencia a favor del aprovechamiento selectivo del espacio parece bien reafirmada, y se muestra congruente con objetivos asumidos por los protagonistas del mundo rural, aunque lógicamente las discrepancias también afloren de vez en cuando.

            En cualquier caso, aunque la vida aparente es muy débil y la soledad impera por doquier, no es menos cierto que la actividad no ha desaparecido. No es un espacio vacío, ni vaciado (conceptos caídos en el estereotipo), sino en profunda reestructuración y digno de ser atendido en su especificidad. La vida relacional persiste y se constata cuando uno la busca, la encuentra y se interesa por ella. No hay pobreza ni marginalidad, pues los hábitos de residencia y comunicación han dejado de ser los de antaño mientras la movilidad, es decir los desplazamientos entre lugares de diferente escala demográfica, ya con fines personales o para la prestación de servicios, se impone en distancias cortas y posiblemente cada vez más largas, favorecidas además por el transporte a la demanda y las modalidades de gestión telemática. El funcionamiento en red tiende a regular las pautas de la cotidianeidad.

            Hay vida latente, aunque la dimensión del envejecimiento en los pequeños pueblos marque la impronta perceptiva dominante y las construcciones y rehabilitaciones de viviendas coexistan con la ruina del caserío heredado de otro tiempo y ya innecesario. Es otra forma de concebir el uso del espacio no urbano que hay que analizar a fondo, y que cristaliza en la configuración de “nuevas ruralidades”. No basadas éstas ya en el soporte cuantitativo del trabajo agrario como ocurría en otro tiempo, manifiestan al tiempo la posibilidad de incorporar otros campos de actividad como las oportunidades abiertas a las instalaciones industriales, a los potenciales residentes teletrabajadores y al aprovechamiento recreativo de los riquísimos recursos patrimoniales (naturales e históricos) de los que la región dispone y cuya preservación no puede hacerse al margen del reto que supone garantizarla frente a los impactos, paisajística y ambientalmente lesivos, de las macroinstalaciones asociadas a la ganadería intensiva y al desarrollo, al margen de una rigurosa evaluación de sus implicaciones espaciales, de las energías renovables.

La utilidad inútil de los intelectuales

 

El Norte de Castilla, 3 junio 2021

Recurro al expresivo título de la conocida obra de Nuccio Ordine – “La utilidad de lo inútil”- para motivar la reflexión en torno a un hecho importante que no debe pasar desapercibido, por más que a veces haya quien le reste importancia y gravedad Me refiero al progresivo debilitamiento de la presencia de los intelectuales en el panorama de la toma de decisiones adoptadas y aplicadas por los agentes dotados de responsabilidad operativa, tanto públicos como privados. No supone este oxímoron un sesgo pesimista sino la simple constatación de una tendencia que parece evolucionar en sintonía con la modificación de las condiciones que tradicionalmente han caracterizado los vínculos entre el intelectual y la sociedad, en cuyo funcionamiento ha llegado a ocupar un papel clave la labor intermediadora ejercida por quienes, al fin y legítimamente, ostentaban la capacidad decisional efectiva.

            Lejos están ya los tiempos en los que intelectuales relevantes se mostraban como la conciencia crítica a la que se atendía en momentos cruciales de la vida pública: eran esa “conciencia histórica y social de su tiempo”, de que hablaba Simone de Beauvoir. Traer a colación, entre otras muchas, las figuras de Zola, Larra, Sartre, Zweig, Pardo Bazán o Giner de los Ríos, resulta pertinente a la par que nostálgica, cuando se trata de estimar las aportaciones que hicieron en ocasiones trascendentales de su época, en las que su voz emergía con fuerza hasta adquirir una resonancia que sobrepasaba con creces los horizontes en los que había sido planteada. La conocida cita de Stefan Zweig –“la razón y la política siguen raramente el mismo camino y son estas ocasiones las que dan a la historia su carácter dramático” – encierra una idea que tal vez resulta exagerada en función de los terribles episodios vividos por el autor, pero sin duda transmite la preocupación que suscitan las desavenencias producidas entre el modo de interpretar a fondo la realidad y las pautas aplicadas a su transformación. No hay que recurrir a la autocrítica para pensar que esta tendencia sea atribuible a errores, que sin duda los hay, de una y otra parte, cada cual responsable de un distanciamiento conscientemente asumido, sin abandonar la idea a favor de la recuperación de esa deseable simbiosis que tantas orientaciones positivas es capaz aportar en situaciones críticas, cuando todas las variables e indicadores han de ser considerados.

            Sin embargo, se muestra cada vez más patente la subestimación del papel desempeñado por el intelectual en los tiempos en que vivimos. Hay testimonios elocuentes (Krugman, Judt, Ovejero, a modo de ejemplos representativos, se han hecho eco en nuestros días) que insisten en la verificación de que el intelectual ha perdido el reconocimiento que tradicionalmente había tenido, coincidiendo con una puesta en revisión por parte del poder de la responsabilidad social de quienes solo disponen de su capacidad para analizar los hechos mediante la mente y la pluma. Tal revisión no es baladí, ya que va asociada, al menos para un sector importante del entramado decisional, al argumento de que los intelectuales ya no son necesarios ni sus observaciones merecen el valor que ellos pretenden. Ya no cuentan con sus opiniones en los foros de decisión que controlan cómodamente sin posibilidad de réplica ni contestación. A decir verdad, lo que sucede no debería extrañar demasiado, pues responde a una lógica congruente con el signo de una época en la que se han visto sensiblemente modificadas las formas de relación entre el poder y el pensamiento. Basta con remitirse a las cuatro tendencias que, en mi opinión, contribuyen a explicarlo.

            La primera se apoya en las distintas percepciones que una y otra perspectiva tienen de las relaciones construidas entre la teoría y la práctica. Si, como afirma Michel Foucault, no puede plantearse una visión práctica de los hechos sin una sólida fundamentación teórica, no es infrecuente comprobar hasta qué punto el valor de la efectividad prima sobre los planteamientos derivados del examen razonado en los que pudiera sustentarse, con frecuencia condicionados por la duda o por la actitud prudente a que obliga el riesgo de una decisión precipitada. Es evidente que, en segundo lugar, esta disociación que separa lo razonable de lo pragmático no es ajena al enfoque contrastado que se tiene respecto a la idea del tiempo como factor determinante del proceso decisional. De ahí la dicotomía que separa el corto del largo plazo, lo inmediato de lo sometido a las estimaciones susceptibles de aportar la prospectiva con que han de concebirse las actuaciones planteadas. 

Es un contraste de apreciación que, como tercer aspecto a considerar, remite a la desigual forma de consideración y tratamiento de los problemas, pues es hecho cierto que a menudo el enfoque fragmentario prevalece sobre el de carácter global, mucho más complicado éste que aquél, lo que puede entenderse como un factor limitativo de su aplicabilidad. Y, para concluir, no cabe duda de que en esta búsqueda de las divergencias interpretativas entre pensamiento y acción tiene un peso importante la rentabilización de las decisiones, en función de la relevancia otorgada a la altisonante proyección mediática como canal más efectista de su transmisión a la sociedad, con el positivo efecto de imagen que proporciona. Y es que cuando lo mediático domina sobre lo sistémico, los cauces que orientan la decisión se sienten liberados de la crítica entorpecedora, con independencia de si es o no conveniente y necesaria.