La política de vivienda debiera haber sido la prioridad del Gobierno de España, de los anteriores y del actual. Es increíble que hayan transcurrido varias legislaturas sin, pese a la conciencia de que se tenía del tema, acometer el tratamiento y la solución de uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad española, y particularmente la juventud. El tiempo ha pasado y su magnitud no ha dejado de crecer. Basta observar la ínfima posición que España ocupa en la relación de paises europeos en el indicador de vivienda social por 100 habitantes.
Viviendas sociales por 100 habitantes en la UE
De pronto, deprisa y corriendo, como si no hubiera un mañana y bajo la presión electoral en ciernes, se trata de recuperar el tiempo perdido. Y, como era previsible, las medidas adoptadas, con un abundante arsenal de improvisaciones (ahora nos damos cuenta de que existían la Sareb y los terrenos de los cuarteles abandonados) emergen de manera precipitada, sin la evaluación previa y con la visión prospectiva que merecen, solapándose entre sí e incurriendo en contradicciones que ponen en entredicho su viabilidad y el logro, siquiera sea mínimo, de los resultados pretendidos.
Y es que una política de vivienda efectiva solo es posible si se cumplen dos requisitos: un gran acuerdo interinstitucional, dada la aplicación multinivel que presenta desde el punto de vista administrativo, y en el que el compromiso de los dos grandes partidos (de los que depende la gobernación del 90 por 100 de los ayuntamientos y la mayoría de las CCAA) es ineludible; y, una planificación a corto, medio y largo plazo, bien elaborada y con plazos bien estructurados.
Nada de esto se está haciendo en España, el país europeo en el que la cultura del territorio y su ordenación racionalizada más se echa de menos. Lo que ocurre con el agua es otro ejemplo fidedigno de esta insensibilidad, crónica y que permanentemente invita al escepticismo cuando de las medidas relativas a la adecuada ordenación del territorio y sus recursos se trata.
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