La deslocalización industrial: riesgos y reacciones

El Norte de Castilla, 3 de mayo de 2016

 

Villalar 2016. Al pie del monolito que recuerda a los Comuneros de Castilla, se oyó la voz de los trabajadores de las fábricas de Lauki y Dulciora, afectadas por la deslocalización.  



La relación entre globalización económica e intensificación de la movilidad espacial de las actividades industriales y de servicios es en nuestros días una tendencia fuera de toda  duda. Las razones que explican la deslocalización productiva responden a los patrones imperantes en los movimientos de capitales y al flexible comportamiento espacial de las empresas en una economía en la que las estrategias ya no aparecen determinadas por la distancia sino por los equilibrios y la competencia interterritorial, responsables de las actuaciones geográficamente discriminatorias en función de las ventajas comparativas y competitivas de cada territorio. Puede decirse además que es en el marco del amplio margen de opciones permitidas por el capitalismo global, y acentuado además en el caso europeo por la ampliación del mercado integrado hacia los países del Este,  como cabe interpretar el alto nivel de versatilidad de que disponen las empresas para modificar sus localizaciones, lo que introduce una perspectiva renovada cuando se trata de analizar en profundidad y con visión de futuro las capacidades productivas de cada espacio en sintonía con los nuevos paradigmas en los que se desenvuelve la actual empresa sin fronteras.

Ante los desafíos de la globalización las empresas se ven inducidas a aplicar medidas de ajuste integral, que van más allá del enfoque que convencionalmente entendía sus objetivos de acuerdo con  su capacidad para fabricar bienes en mercados controlables, estables y regulados. Además este creciente margen de maniobra espacial se acrecienta sobremanera merced a las posibilidades tecnológicas permitidas por la fragmentación de los procesos de producción, por la configuración de poderosas redes de información que racionalizan la toma de decisiones y por la capacidad que tienen las empresas para optimizar a su favor las actividades de I+D+i al utilizarlas de forma integral dadas las complementariedades que se establecen entre los recursos cognitivos disponibles en los diversos países de implantación.

Ahora bien, las tensiones surgidas en el conjunto de los actores susceptibles de verse afectados son considerables, siempre traumáticos, y provocan una sensación de vulnerabilidad que hace tomar conciencia a las sociedades afectadas del nivel de riesgo y de las amenazas a que se enfrentan y de las negativas implicaciones que puede traer consigo este tipo de  iniciativas. La fragilidad frente a la deslocalización deja inermes a los espacios dependientes poniendo en tela juicio los valores y capacidades de que se creía disponer, al mostrarse insuficientes para neutralizar decisiones externas, que privilegian otros ámbitos, situados en la categoría de espacios-rivales con fortalezas difíciles de contrarrestar.

Entendida de manera dual – bien como competencia desleal entre lugares o como algo inherente al comportamiento espacialmente selectivo la inversión  extranjera directa –, las perspectivas que ofrece la deslocalización adquieren una dimensión que repercute de lleno, al tiempo que las pone a dura prueba,  sobre la naturaleza y  la solidez de las directrices promovidas desde las políticas públicas, por cuanto ante ellas se abre un escenario de posibilidades a recuperar y a la vez de incertidumbre económica y de malestar social que obliga a la autocrítica y  a la introducción de modificaciones en las estructuras y modelos de gestión aplicados a los recursos disponibles, que siempre existen. Entendida como reto, como riesgo o como amenaza, la deslocalización de las empresas industriales y de los puestos de trabajo asociados a ellas obliga necesariamente a introducir una nueva perspectiva institucional en el modo de entender las relaciones entre la acción pública, la sociedad y el territorio. Se justifica así un proceso de reorganización interna de las estrategias de desarrollo, que al tiempo que somete a revisión la propia estructura y articulación del capital territorial afectado y de los elementos sobre los que se sustenta obliga a replantear muchas de las líneas de actuación llevadas a cabo tradicionalmente en consonancia con las pautas  convencionales y rutinarias de la política industrial.


De ahí que el problema planteado por las deslocalizaciones – a las que no permanece ajena la capacidad industrial de Valladolid y de la región castellano-leonesa–  esté en la  base de un necesario e inaplazable debate que entraña un gran significado político y económico-espacial. No en vano la discusión emerge  al  discernir si las actuaciones deben centrarse meramente en la utilización de instrumentos de ayuda a las empresas o en el relanzamiento de pautas de intervención concebidas al servicio de los actores locales, de modo que los recursos disponibles estimulen la capacidad de iniciativa y contribuyan a crear las condiciones adecuadas para que ésta pueda materializarse en un clima de apoyo y de confianza en el futuro, amparado en las posibilidades de la proximidad, robustecidas además por la conciencia colectiva e integradora de voluntades más o menos dispersas o confrontadas. En este sentido, y a modo de ejemplo, expresamente concebido como un intento de frenar las deslocalizaciones, cabría hacer mención a la ilustrativa experiencia acometida en Francia desde 2004 con el fin de impulsar lo que se interpreta como “una nueva política industrial” – de la que España y la mayor parte de sus Comunidades Autónomas carecen –  articulada sobre la base de los llamados “polos de competitividad”, que aplican, dinamizándolos operativamente, los objetivos y las premisas funcionales de los Centros asociados a la innovación, mediante el fortalecimiento de los vínculos nacidos del compromiso entre los agentes empresariales con fuerte compromiso con el territorio, los centros de investigación y los órganos de formación, implicados en programas de cooperación a medio y largo plazo susceptibles de cristalizar en proyectos industriales innovadores y alternativos. Vista así,  la globalización representaría esa especie de revulsivo, de catalizador permanente,  que obliga a las empresas, a los agentes públicos y a la sociedad en general a un proceso de recuperación y redefinición de capacidades subutilizadas o indebidamente aprovechadas.

La Unión Europea: de la seguridad a la incertidumbre

El Norte de Castilla, 9 de marzo de 2012

Cuando a finales de 2007 se firmó en Lisboa el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no era fácil encontrar en el ambiente mediático y político de la época declaraciones que empañaran lo que se concebía como la culminación de un ambicioso proyecto. Abundaban los comentarios a favor de lo que el acuerdo suponía como empeño conseguido en la consolidación de un sistema institucional adaptado a los nuevos tiempos, sensible a las exigencias de un entorno cambiante bajo las premisas ineludibles de la globalización y, sobre todo, destinado a “reforzar la democracia en la Unión Europea y mejorar su capacidad de defender día a día los intereses de los ciudadanos”. Más allá de la grandilocuencia de las palabras que habitualmente acompañan a este tipo de eventos, lo cierto es que, visto con la perspectiva actual, no deja de llamar la atención el ambiente de complacencia dominante en ese momento cuando ya se atisbaban en el horizonte los nubarrones de la crisis financiera, que pronto llevaría a relegar en el fondo de la memoria las satisfacciones momentáneas provocadas por la firma de aquel acuerdo, del que hoy ya casi nadie habla.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces, y lo han hecho al compás de las constataciones que han puesto en evidencia la fragilidad del modelo para hacer frente a la crisis financiera que se ceba en la eurozona con niveles de gravedad insólitos y, lo que es más grave, con la sensación de situarnos en una especie de callejón sin salida, que amenaza con poner en entredicho la supervivencia del proyecto comunitario o, cuando menos, el nivel de aceptación y reconocimiento que hasta ahora ha merecido por un sector mayoritario de la ciudadanía. Lo más preocupante, a mi juicio, es la incredulidad que provoca la percepción desasosegada de las numerosas incertidumbres que ennegrecen el futuro.

No es posible sentirse reconfortado cuando se intenta prever por dónde han de transcurrir en este contexto las políticas estructurales que han marcado la trayectoria de la Unión particularmente desde mediados de los ochenta, cuando tuvo lugar el gran avance a favor de la integración y la convergencia entre regiones y territorios, lo que hizo del espacio europeo una referencia única en el mundo, difícil de emular pero de gran atractivo como proyecto integrador supraestatal. Sin embargo, aproximarse siquiera al escenario de posibilidades que hace apenas tres años se percibían con tintes de seguridad y que, merced a ellas, habían logrado aglutinar voluntades, programas y expectativas, lleva a incurrir no tanto en el pesimismo, que conduce a bien poco, como en la impresión de que en estos momentos ninguno de los órganos que estructuran y dan contenido a la toma de decisiones en el ámbito comunitario europeo tiene claro, de seguir así las cosas, el horizonte que nos espera ni goza de la credibilidad necesaria para inspirar la debida confianza.

En este panorama cabe plantearse críticamente la idoneidad de la estrategia adoptada para afrontar la crisis, una vez comprobado que el procedimiento seguido mediante la disciplina impuesta por la responsable del gobierno alemán, secundada con convicción variable por el presidente francés, corre el riesgo, como se ha señalado en muchos foros internacionales, de arrumbar con el proceso de construcción europea. La reiteración periódica de las advertencias, sumisamente atendidas por los gobernantes periféricos y promulgadas como soluciones taumatúrgicas, no proporciona los resultados perseguidos, obligando a reformularlas de nuevo tras haber quedado las anteriores desmentidas por los testimonios de una realidad incontrolada. Todo parece resolverse en una especie de cadena sin fin que al tiempo que nos hunde en una permanente zozobra lleva necesariamente a plantearse si la Unión Europea será capaz de resolver sus problemas económicos mientras queda afectada por una tendencia declinante del crecimiento, con manifestaciones cada vez más generalizadas de recesión, determinante de un atroz sacrificio social que corre el riesgo, si no ha incurrido ya en él, de anular a la generación que cronológicamente ha coincidido con ella.

Si los argumentos son redundantes a la hora de comprobar, con el suficiente conocimiento de causa, el altísimo coste a que conduce en todos los sentidos el modo de gestión de la crisis, en virtud de las numerosas incertidumbres creadas, de la indefensión ante los movimientos especulativos y del riesgo de desestructuración del espacio único, parece obvia la necesidad de someter a reflexión la consistencia del proyecto acometido así como la capacidad de los instrumentos disponibles para poner fin al modelo de gestión unidireccionalmente impuesto hasta ahora, impulsar un verdadero gobierno económico, regular eficazmente los mercados financieros europeos e internacionales, neutralizar la dictadura de las agencias de calificación y asegurar que la recuperación sea viable a un plazo que permita recuperar las confianzas deterioradas.

¿Cómo entender la lógica de funcionamiento del Banco Central Europeo, incapaz de subvenir a las necesidades de los Estados miembros para controlar la dinámica especulativa que condiciona permanentemente su capacidad de reacción? ¿Porqué no plantearse, como ha hecho Japón, la renacionalización de los créditos y aprovechar la ocasión para crear en los Estados una banca pública al servicio de los intereses generales? Y, por supuesto, ¿no parece ya llegado el momento de hacer uso de la tasa sobre las transacciones financieras, que haría posible, amén de contribuir a la solidaridad internacional, reducir los déficits y ayudar a la financiación de la deuda, para que esta deje de ser ese dogal asfixiante que impide impulsar la creación de riqueza y salir de esa depauperación del mercado laboral en que irremisiblemente los gestores de la crisis han relegado a un sector creciente de la sociedad?

CRISIS INDUSTRIAL, ¿RESIGNACIÓN O DESAFÍO?

El Norte de Castilla, 1 de Diciembre de 2008

Hace aproximadamente cinco años en Francia, Alemania y Reino Unido comenzaron a cobrar fuerza interesantes debates sobre el porvenir industrial a que estos países, y la Unión Europea en general, se enfrentaban en el panorama de incertidumbres provocado por la globalización de la economía. Prueba de ello fue, entre otros, el contenido del documento elaborado por la Presidencia de la República francesa en septiembre de 2004 sobre las condiciones de evolución de la política industrial para darse cuenta de los vientos que soplaban por Europa sobre un tema de tanta trascendencia para su futuro. No había que tener especiales dotes adivinatorias para presagiar cambios decisivos en el comportamiento espacial de las empresas, atraídas por las ventajas que otros escenarios pudieran ofrecer para la implantación de instalaciones fabriles al amparo de sus menores costes laborales y de su proyección hacia áreas de mercados en expansión. A ello se unía en el caso europeo el atractivo margen de perspectivas creadas por la ampliación hacia el Este, que ya dejaba entrever su repercusión en este sentido mucho antes de que se produjese la integración de estos países.

Sin embargo, hablar de política industrial, de estrategias de futuro, de proyectos de innovación encaminados a fortalecer el tejido productivo de base endógena no formaba parte de las prioridades en las que entonces se enmarcaba la política económica española. Los temas que atraían la atención eran otros, alentados por altas tasas de crecimiento en la renta y el empleo en los sectores que se consideraban motores de la economía, responsables de una sensación de confianza traducida en declaraciones entusiastas que, leídas de nuevo hoy, no dejan de causar un cierto rubor. Y sorprende que así fuera pues a nadie se le ocultaba tampoco la vulnerabilidad de un modelo de crecimiento sustentado en exceso sobre pilares cuya inconsistencia ya se había puesto de relieve en otros escenarios. No eran muchas las voces que en la prensa especializada se hacían eco de esta amenaza, pero sí encontrábamos de cuando en cuando advertencias aleccionadoras que, apoyándose en la experiencia comparada, destacaban que la dependencia de la actividad inmobiliaria y del turismo introducía niveles potenciales de riesgo asociados a su característica evolución coyuntural y a la dificultad de plantear dinámicas estables de crecimiento en virtud del comportamiento fluctuante de la demanda.

Estas tendencias críticas eran aún más previsibles en el sector de la construcción, sobre el que algún día habrá que hacer un análisis a fondo de las circunstancias que han motivado su consideración como uno de los factores más traumáticos de la economía así como de sus implicaciones en la sociedad, en la política y en el territorio españoles. Nada más lejos de mi ánimo que cuestionar su importancia y necesidad, pero lo que ha ocurrido en España en los últimos diez años a este respecto es realmente muy grave.

Entre tanto, insistentes y reiterativas eran las advertencias sobre los bajos niveles de productividad y de competitividad que afectaban a la economía española, situándola en estos decisivos indicadores en los últimos lugares de los países más avanzados de la Unión Europea. Este déficit, destacaron Luis de Guindos y Emilio Ontiveros, en una interesantísima mesa redonda celebrada en Valladolid a comienzos de este año, constituye un grave condicionamiento que es necesario afrontar en unos momentos en los que el modelo de crecimiento comienza a entrar en crisis y se impone la necesidad de afrontar los retos impuestos por la fuerte competencia internacional y las tendencias a la deslocalización de las empresas, en el nuevo marco de posibilidades y expectativas de recuperación de la rentabilidad permitidas por la globalización de la tecnología y de los mercados.

Y es que la importancia y la magnitud de las operaciones de deslocalización sufridas por la industria española en esta primera década del siglo XXI son sin duda alarmantes. Casi un centenar de actuaciones acometidas o proyectadas en tal sentido durante estos años han hecho mella sobre cerca de 50.000 trabajadores al tiempo que revelado la fragilidad de un tejido productivo - encabezado por el sector de material de transporte, equipos eléctricos, caucho, madera y textil – en el que las estrategias planteadas por las empresas que acometen esta decisión escapan por completo al control del país de acogida, lo que trae consigo, aparte de un fortísimo coste social, la descapitalización de las áreas de implantación y la génesis de un horizonte de incertidumbre para el que no existen respuestas y alternativas a un plazo lo suficientemente corto para neutralizar la gravedad de sus efectos.

Son tan numerosas las experiencias vividas en España y en la mayor parte de sus Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla y León, que sorprende el que esta cuestión no haya sido abordada como un gran tema de Estado, primordial por su importancia y, desde luego, mucho más interesante y necesario que las polémicas encrespadas que han sacudido la vida política española y que, a la postre, han quedado relegadas al olvido.

Ha habido que esperar al estallido de la crisis financiera que conmociona nuestra época, y que en España se ve agravada por una crisis económica y de competitividad, para que comenzasen a aflorar las voces a favor de la necesidad de poner en marcha una política industrial, que reafirmase las posiciones del país en este sentido y le liberase de los contrapesos que aún dificultan seriamente una inserción sólida y estable en la economía y en la sociedad globalizadas. Desde esta perspectiva, bienvenido sea el reconocimiento del papel esencial que la industria debe desempeñar en el desarrollo económico. No en vano, es el sector que fortalece la innovación, el desarrollo de los servicios avanzados y la presencia en el mercado internacional, que de ningún modo debiera estar basada en la especialización en sectores de bajo valor añadido, con el riesgo de debilitamiento de sus posiciones en la economía internacional que ello traería consigo.

Crisis, sociedad postindustrial y calidad de vida

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Con bastante asombro y no sin cierta ansiedad estamos asistiendo en esta épo­ca de fin de siglo a la formulación de posiciones nuevas que modifican sustancialmente muchos de los postulados que, asumidos con firmeza y seguridad, pare­cían hasta ahora poco menos que intangi­bles. Es evidente que la crisis económica y la serie de manifestaciones asociadas a ella ha contribuido de forma decisiva a replantear gran parte de los axiomas vi­gentes en las sociedades occidentales de­sarrolladas, a medida que se impone con fuerza la necesidad de reorientar las líneas maestras del crecimiento, cuestiona­do en sus implicaciones más contrapro­ducentes y negativas. Surge así toda una corriente de pensamiento que, si emana de los sectores más sensibilizados de la sociedad, aparece también alentada por algunos de los protagonistas principales del sistema, afanados por asentar las ba­ses teóricas sobre las que ha de reposar la construcción de un modelo articulado en torno a los principios de la llamada socie­dad «postindustrial». Es, en suma, el tiempo de las revisiones a fondo, que, más allá del mero ejercicio autocrítico, siempre saludable y necesario, denotan por parte de éstos el verdadero alcance de una resuelta voluntad de cambio, conce­bida al propio tiempo como garantía para la supervivencia de la lógica, ésta sí inva­riable, sustentadora de su misma razón de ser.

Y es que, en efecto, los fundamentos que justifican tal viraje obedecen no sólo a la necesidad de formular propuestas alternativas al cúmulo de contradicciones desencadenadas por el voluntarismo y los inconvenientes de un pretendido crecimiento sin límites, generador de pro­blemas múltiples, como al propósito de lograr un acomodo lo más rápido y eficaz posible a las nuevas reglas de juego im­puestas por la transformación de los fac­tores de producción y por los requeri­mientos de la demanda social, que presio­na también decididamente en esta direc­ción. A la postre, la convergencia de ambas premisas, claramente interrelacionadas, está provocando, con una celeri­dad insólita, la adopción de nuevas pau­tas de conducta, preconizadas por quie­nes, ostentando un gran poder de decisión y con notoria resonancia en los círculos internacionales, se hallan en condiciones de contribuir en un plazo relativamente corto a la redefinición de los modelos de crecimiento imperantes en las sociedades industrializadas y, en virtud de ello, en la propia dinámica interna de los espacios afectados.

Aunque, por supuesto, el tema reviste numerosas dimensiones y variadas pers­pectivas de análisis, me parece oportuno llamar la atención, por las posibles impli­caciones que pueda tener sobre nuestro marco de referencia más próximo, acerca de la envergadura que, en este contexto, comienza a cobrar una de las tendencias más llamativas y esclarecedoras de la etapa de revisión en que nos encontra­mos. Me refiero, en concreto, al creciente significado que progresivamente se con­cede a la variable medioambiental como componente básico de las directrices pro­pugnadas por relevantes figuras del mundo empresarial, vinculado a la industria en su proyección transnacional más am­plia, y, por ende, con un peso específico capaz de conferirles especial crédito co­mo expresión de una actitud digna de proyección a gran escala. Supone, dicho de otro modo, el reconocimiento explíci­to de la responsabilidad ecológica como principio de actuación estratégica, plan­teado a su vez de acuerdo con la tendencia a la fijación de los definidos por Von Weizsácker como los «valores límite» en que ha desenvolverse el frágil equilibrio establecido entre la actividad económica y la sociedad, por encima de los cuales tienden a surgir situaciones de ruptura y confrontación, netamente perjudiciales tanto por el ecosistema como para el logro de una adecuada calidad de vida, entendi­da en su acepción más plena y globalizadora.

A modo de muestra, nada tan elocuen­te en este sentido como las reveladoras afirmaciones hace unos días por persona­lidades señeras de la industria automovi­lística mundial en el expresivo marco del barrio parisino de La Défense, escenario emblemático del capitalismo moderno y punto de encuentro de un Simposio sue­co-francés sobre el Medio Ambiente, al que tuve la oportunidad de asistir con-ocasión de un reciente viaje de estudios a la siempre espléndida capital francesa. Y ha sido precisamente en este foro donde los dirigentes del grupo Volvo y de la Régie-Renault han coincidido en una re­flexión, que testifica el auténtico valor de una postura públicamente defendida y, ya de forma más específica, el posible inicio de una nueva etapa en la trayecto­ria de uno de los sectores claves en la organización del espacio y de la sociedad contemporáneos, y cuya incidencia eco­lógica parece a todas luces incuestionable.

Partiendo de un análisis crítico sobre la gravedad alcanzada por los impactos más negativos derivados de la utilización ma­siva del vehículo individual, no carece de interés el hecho de que sean los portavo­ces de dos de las principales firmas mun­diales del sector quienes aboguen no sólo por la corrección tecnológica de los efec­tos contaminantes, sino, y esto es lo verdaderamente revelador, por la racio­nalización del uso del automóvil, abun­dando incluso en la necesidad de restrin­gir su acceso a las ciudades, con el fin de liberar a éstas del que sin duda se ha convertido en uno de los factores primor­diales de la problemática urbana, con indudables repercusiones lesivas para la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Al señalar R. Levy, presiden­te de Renault, «qu'il faudra bien un jour que la ville se débarrase del'automobile» no daba la impresión de estar inducido por una postura demagógica sino por el deseo de sintonizar con la evidencia de una realidad palmaria, cada vez más os­tensible como factor de distorsión de la vida cotidiana y de degradación me­dioambiental. Incidencias, en cualquier caso, de imposible solución si se mantie­nen invariables las premisas que han hecho de este elemento de transporte el soporte básico de la circulación y uno de los principales símbolos de los comporta­mientos y actitudes, no menos cuestiona­bles a su vez, imperantes en las socieda­des occidentales.

Entiendo por ello que la reflexión plan­teada reviste una especial trascendencia, ya que no se limita únicamente a denun­ciar la gravedad de un fenómeno tan conocido como preocupante. A mi juicio, son varias las consideraciones deducibles de esta declaración de principios que, en virtud de su procedencia, no merece ser soslayada, pues responde a algo más que al simple propósito de ofrecer una imagen sensible y solidaria con el medio ambien­te, como testimonio al propio tiempo de un fenómeno al que no ha de permanecer ajena la dinámica general del sistema productivo, supeditado a condiciona­mientos más o menos similares. Revela, en consonancia con los parámetros in­dustriales emergentes tras la crisis, el significado de las tendencias en que se halla sumido un epígrafe clave de la pro­ducción, en cierto modo paradigmático dentro de este proceso.

Pues, en efecto, se trata de una activi­dad forzada a conciliar en su seno la aplicación de altos niveles de racionalización tecnológica con la resolución de los problemas que se derivan de sus destaca­das implicaciones medioambientales a todos los niveles. De ahí que si a corto plazo sus directrices básicas se materiali­zan en la formalización de acuerdos inte­rempresariales y en una inexorable y fe­bril carrera a favor de la productividad máxima, es obvio que a la larga se verá obligada a asumir la evidencia de que sus comportamientos clásicos han entrado ya en contradicción con el margen de tole­rancia que le permite la propia realidad espacial, incapaz de aceptar los niveles de progresión alcanzados hasta ahora. Y es también en este sentido como habría que entender el reconocimiento explícito de que la configuración racional de los espa­cios urbanos exige necesariamente la fun­ción reguladora -entendida en términos de restricción y control- del que sin duda se ha convertido en el principal problema para la satisfacción de los objetivos que identifican la ciudad como un ámbito de uso colectivo y de relación óptima, difícil­mente compatible con el crecimiento ex­ponencial del parque automovilístico y la serie de efectos recurrentes que tal progre­sión implica. Es, por tanto, a partir de este conflicto dialéctico surgido entre trans porte individual y calidad de vida urbana como hay que interpretar la redefinición de las estrategias formuladas, en las que la reivindicación medioambiental se con­vierte en criterio básico de actuación, perfectamente asumible en virtud de las condiciones de versatilidad que caracteri­zan el funcionamiento de la gran empresa moderna y de su capacidad para abrirse a nuevos campos de la producción, sin poner en entredicho, como ya sucede con el grupo Volvo, los pilares de su liderazgo industrial y financiero.

De acuerdo con ello, no resulta ocioso, finalmente, plantearse en qué medida tales comportamientos pueden repercutir sobre el modelo de crecimiento industrial que ha sustentado el afianzamiento de la personalidad fabril vallisoletana. Tal vez sea prematuro hacer aún estimaciones prospectivas sobre el impacto que las nuevas corrientes suscitadas vayan a pro­vocar en enclaves que, como ocurre en nuestra ciudad, han cimentado las líneas maestras de su crecimiento en un sector sometido hoy a controversia o, en todo caso, a la reformulación más o menos intensa de sus esquemas de actuación tradicionales. Pero lo cierto es que el mantenimiento de sus umbrales de vitalidad económico-industrial requiere nece­sariamente la superación de las condicio­nes de dependencia excesiva a la dinámi­ca y a las vicisitudes de una actividad dominante, cuyos riesgos se vislumbran en el horizonte, para, en su lugar y como alternativa necesaria, garantizar la aper­tura a nuevas líneas de actividad, que al tiempo que mitiguen los niveles de incertidumbre propicien la aparición de meca­nismos compensadores antes de que los efectos de la crisis desencadenen los cos­tos sociales que con tanta virulencia han lesionado a las áreas excesivamente vin­culadas a los segmentos más vulnerables del aparato productivo.

Es obvio que ante esta nueva etapa se imponen al tiempo nuevos desafíos, entre los cuales ha de ocupar una posición relevante el lugar que se conceda a la salvaguarda y defensa del medio ambiente como garantía de un funcionamiento satisfactorio de ese difí­cil binomio planteado en las sociedades industrializadas, y en cuya compatibili­dad, ya no tan utópica en el momento actual, descansa la armonización preten­dida entre crecimiento económico y el logro de una auténtica calidad de vida.