31 de enero de 2010

Intentando controlar el futuro



El Norte de Castilla, 30 de Enero de 2010



Desde hace tiempo se ha impuesto en muchas ciudades la conveniencia de construir el presente para controlar el futuro, haciendo suya esa corriente tan en boga a favor de la prospectiva territorial. Las experiencias son numerosas y el balance ofrecido se abre a toda suerte de resultados y valoraciones. Suponen, en cualquier caso, un ejercicio de voluntad política marcado por el propósito de crear en la sociedad un ambiente propicio a la motivación y a la reflexión sobre lo que su territorio deba ser en un horizonte temporal de medio plazo y en un contexto donde priman más las incógnitas que las certezas.


No es la primera vez que Valladolid emprende una iniciativa de estas características. Ya lo intentó el gobierno municipal en 1993-1994, aunque aquello quedase en un mero propósito, finalmente paralizado tras las elecciones del año siguiente y pese al interés mostrado por los agentes sociales y económicos de la época, que dedicaron muchas horas al debate y a la puesta en común de proyectos que en muchos casos sorprendían por su ambición y novedad. Intervine activamente en aquellos foros, de los que conservo testimonios que hoy resultarían sorprendentes. Loable es que, pasados los años, y en un panorama muy diferente al de entonces, El NORTE DE CASTILLA, coherente con lo que ha sido su compromiso desde sus orígenes con el entorno en que se desenvuelve, invite de nuevo a la sociedad local y provincial a plantearse las preguntas que siempre suelen aflorar en estas circunstancias, con la intención de suscitar el debate en torno a las ideas, propuestas, sugerencias y reflexiones que ayuden a orientar las decisiones o, al menos, a atisbar por dónde debieran ir las más adecuadas en función del diagnóstico que se haga y de los objetivos que se pretendan.


Abordar hoy esta cuestión implica, a mi juicio, la toma en consideración de tres criterios esenciales: de un lado, la clarificación del papel que se pretende asignar a Valladolid en el contexto de la economía globalizada y de la sociedad del conocimiento, pues de ello dependerá, a la postre, su posición en las distintas escalas en que se inserta (europea, española, regional, y, por ende, la que la corresponde como motor de su propia provincia); de otro, una atención preferente a la dimensión cualitativa que deben tener las estrategias previstas, lo que implica asumir con firmeza los principios del buen gobierno local, es decir, de una gobernanza asentada sobre las interrelaciones producidas entre sostenibilidad urbana, integración social y económica y participación ciudadana. En otras palabras, lo que se entiende como “ciudad inclusiva”; y, por último, una estrategia centrada en el fortalecimiento de las redes de cooperación construidas sobre la base de las estructuras sociales, económicas y territoriales en las que la ciudad y sus perspectivas se sustentan.


Ya sé que se trata de objetivos genéricos, mas también es obvio que sin fines de esta naturaleza no es posible efectuar el armazón trabado por los que, más específicos, concretan el rumbo pertinente a seguir en cada caso. Tiempo habrá, según parece, para perfilar hacia dónde encaminar la nave, partiendo del hecho incuestionable de que Valladolid y su entorno encierran potencialidades de primer nivel, cuyo reconocimiento jamás debiera dar lugar a reproches injustificados, como se ha hecho, y que no responden a un análisis riguroso de lo que se tiene y de lo que se carece. Como tampoco cabe duda que en ese proyecto de reflexión abierta tan justificada está la valoración, objetiva y fundamentada, de los recursos y fortalezas disponibles, como la crítica seria e irrestricta, sin la cual es imposible, como bien advertía Max Weber, avanzar en ninguna dirección.


Si, en función de estos parámetros, partimos de la idea de que las perspectivas de futuro de una ciudad como Valladolid están necesariamente ligadas a la corrección de aquellas deficiencias o limitaciones de que adolece, razonable parecería apuntar líneas de atención que pudieran subsanarlas, a sabiendas de que los avances logradas compensarían con creces de los esfuerzos llevados a cabo. Me permito sugerir varias ideas de interés. No hay jerarquía entre ellas, pues son complementarias.


De momento, y por limitaciones de espacio, aludiré únicamente al convencimiento de que la ciudad debe fortalecer su proyección internacional mediante estrategias estables de cooperación interurbana que hasta ahora han sido francamente débiles. Aparte de afectivos, los vínculos han de ser también efectivos y abiertos a las ventajas que derivan de alianzas estratégicas en función de proyectos coordinados. Con la mirada puesta en el desarrollo y en el incremento de la valoración desde el exterior, sorprende que ninguna ciudad de Castilla y León, y a diferencia de lo que sucede en Portugal, participe del amplísimo abanico de posibilidades de interrelación desarrolladas al amparo del programa URBACT, de la Unión Europea. Moviliza en estos momentos a 255 ciudades en torno a iniciativas conjuntas de extraordinario interés, que van desde el desarrollo de la economía del conocimiento hasta aspectos relacionados con la promoción del patrimonio cultural o la gestión de los espacios metropolitanos. Valladolid tendría una excelente cabida en ese espacio de encuentro, del mismo modo que se echa de menos un afianzamiento de los vínculos que en algún momento se pensaron desarrollar con Oporto o con ciudades americanas emblemáticas, tanto del Norte como del Sur, capaces de canalizar, mediante acuerdos de cooperación en firme auspiciados por la Universidad y por el conjunto de los actores, las posibilidades con que hoy cuenta la ciudad y que se hallan, en mi opinión, claramente infrautilizadas.


De las estructuras de articulación en red que considero pueden valorizar las economías de escala de la ciudad desde la perspectiva socio-económica y territorial hablaré en otra ocasión.

12 de enero de 2010

¿Está cambiando la concepción del urbanismo en España?

El Norte de Castilla, 12 de Enero de 2010


Tarde o temprano tenía que suceder. Se veía venir. Tan traumático ha sido en todos los sentidos – económico, social, político, ambiental e incluso cultural - el impacto provocado por la vorágine inmobiliaria en España que sólo en el marco de una reacción lógica pueden ser interpretados los hechos que están poniendo en evidencia, si no un viraje profundo, sí al menos el propósito de reorientar las decisiones sobre esta importante materia en sintonía con los principios inherentes al concepto de “ejemplaridad pública”, bien definidos por Javier Gomá en su interesante ensayo sobre el tema (Taurus, 2009). Y es que en menos de un mes han tenido lugar tres acontecimientos claves que inducen a la defensa de una nueva perspectiva en el modo de entender y desarrollar las relaciones entre el gobierno del territorio y las actuaciones que sobre él se llevan, o pudieran llevarse, a cabo.


El primero nos remite al acuerdo adoptado el 15 de Diciembre de 2009 por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que se aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno Local. Se trata de un documento ambicioso que, apoyándose en las recomendaciones del Consejo de Europa, hace una invocación explícita a una serie de principios que llaman la atención. Y así, tras señalar que las actuaciones municipales estarán regidas “por la defensa de los intereses generales con honestidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, austeridad y cercanía a la ciudadanía”, se insiste tanto en el “fomento de la transparencia y la democracia participativa” como en los esfuerzos “a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial”. Esta declaración culmina con una idea fundamental: “incluiremos entre los principales objetivos de las políticas locales la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del territorio”. Todo un cúmulo, pues, de buenos propósitos impregna el compromiso formalmente desplegado por los alcaldes españoles, que han hecho causa común en torno a un texto que será emitido a todos los gobiernos municipales para que, al amparo de su autonomía, lo ratifiquen y lo integren en sus respectivos cuerpos normativos. A partir de ahora toda la atención sobre lo que ocurra será poca.


En segundo lugar, y cuando el 2009 estaba a punto de concluir, se ha dado a conocer la sentencia 1127/2009 emitida el 29 de Diciembre por el Tribunal Supremo por la que ratifica la condena a los responsables de los escándalos urbanísticos de la ciudad de Andratx, en Mallorca. Sus argumentos no admiten equívoco. “Aunque llega tarde, es un fallo muy claro”, según han señalado cualificados expertos para quienes “es una llamada de atención a los poderes públicos e ilustrativo del grado de impunidad en el que se encuentran las infracciones urbanísticas”. No en vano el Alto Tribunal denuncia sin paliativos "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". Por otro lado, la sentencia encierra un planteamiento que se echaba mucho de menos, al afirmar que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio", sin olvidar que, desde el punto de vista de protección del paisaje, es una sentencia que marca un hito, al establecer “que una sola edificación puede suponer un atentado grave al paisaje". Sobre estas bases resulta fácilmente comprensible la insistencia en un aspecto de indudable resonancia jurídica, ya que cuando admite que "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda a la vía penal para que el Derecho Penal y sus jueces deban intervenir directamente", es obvio que estamos asistiendo a la plasmación de una voluntad decidida para que los escándalos urbanísticos sean perseguidos con un mayor nivel de eficacia, lo que, por otra parte, resulta congruente con el espíritu de la Constitución cuando establece que la protección del medioambiente debe contar con sanciones penales.


Y, finalmente, pocos días han transcurrido del 2010 cuando el Ministerio de Cultura ha decidido el 4 de Enero la paralización del “Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal-Canyameral”, por el que el Ayuntamiento de Valencia pretendía la demolición de una parte significativa – 400 edificios - del barrio, considerado Bien de Interés Cultural, con el fin de ampliar una gran avenida del siglo XX hasta la costa. Al calificar este Plan como “expolio del patrimonio histórico de El Cabanyal” el Ministerio, en el ejercicio de su competencia, no hace sino aplicar el Art. 149.1.28 de la Constitución española y el Art. 6.b de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico. La medida deriva de la sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de Mayo de 2009, revocatoria de una anterior, que ha considerado prevalente, frente a la postura del Ayuntamiento, la regeneración de las edificaciones paralelas al mar por representar un legado de gran valor arquitectónico con manifestaciones emblemáticas de la historia económica y cultural valenciana. Es el entorno en el que dibujó Sorolla. Apoyándose en sólidos informes elaborados por la Academia de la Historia y el Consejo Superior de Arquitectos, el Tribunal Supremo instó al Ministerio de Cultura para que se pronunciara sobre el tema y procediese a la aplicación de la sentencia. Y eso es precisamente lo que ha sucedido, al fin, varios meses después.


¿Supone todo esto el inicio de una nueva etapa en la historia del urbanismo español?. Estaremos muy atentos a lo que suceda a partir de ahora.