URBANISMO ABUSIVO E INDIFERENCIA PÚBLICA

El Norte de Castilla, 30 de Abril de 2009

A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.

Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.

No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.

Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.

¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.

Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno.

Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.

VILLALAR: ¿EVOCACIÓN U OPORTUNIDAD?

El Norte de Castilla, 23 de Abril de 2009

L os actos que dan contenido y proyección a la conmemoración de Villalar han ido incorporando año tras año formas de expresión festiva que en cierto modo se muestran ya convencionales y hasta percibidas como rutinarias en la mentalidad de los ciudadanos. Es normal que así ocurra, pues en eso consiste precisamente la fiesta que nos ocupa: reconocimiento a la labor de quienes son considerados dignos para ello; solemnes declaraciones oficiales que apuntan ideas en las que se mezclan los objetivos conseguidos con los que se pretende lograr; concentración multitudinaria en las campas de Villalar de los Comuneros, convertidas en espacios concurridos en los que todo cabe y todo es bienvenido. Un entorno, al fin, incluyente desde el momento en el que el poder decidió, con buen criterio, asumirlo, convencido de que los vientos de fronda ya habían pasado y que las ventajas que deparaba el encuentro, fortuito o buscado, con unos y con otros suplía las incomodidades a la par que arrumbaba para siempre los recelos de otro tiempo.

Es una fiesta de evocación, de recuerdos cimentados sobre una fecha emblemática, a la que en su día se acogió la naciente comunidad autónoma para hacer de ella la referencia con la que celebrar el hecho de haber visto la luz en medio de no pocas incógnitas y dificultades. Pero no es menos cierto que esta elección de la efeméride conmemorativa nos remite a un episodio de derrota, que, aunque lejana en la memoria, induce a pensar que en el presente también encierra de una u otra manera una carga de compromiso nada desdeñable. En otras palabras, celebrar una derrota implica, al margen de los fastos con los que se celebre, la voluntad política permanente de superarla. He ahí, por tanto, la gran paradoja que, a mi juicio, entraña el hecho de sentirse optimista y confiado cuando la motivación que impulsa a hacerlo hunde sus raíces en una frustración histórica.

Mas se trata de una frustración que, lejos de condicionar y mediatizar las perspectivas de futuro, debe convertirse en un importante factor de motivación. Sobre todo cuando las circunstancias obligan en este sentido y fuerzan a canalizar las decisiones en la dirección más adecuada para que Castilla y León consiga afianzar las posiciones que la corresponden en el escenario de inseguridades en que se ha convertido esta primera década del siglo XXI. Y es que la toma en consideración de lo que significa la rota de Villalar no ha de ser entendida sólo como una mera evocación de lo que sucedió en la primavera de 1521 sino como una oportunidad para someter a reflexión muchas de las dudas con que todavía tropieza nuestra construcción como comunidad autónoma consistente.

Podemos admitir que el diagnóstico a que hoy nos conduce un análisis objetivo de la realidad regional se identifica con un escenario donde coexisten procesos de transformación relevantes, aunque muy selectivos territorialmente, con la persistencia de problemas cuya solución dista mucho de ser afrontada. Problemas derivados de la crisis demográfica estructural que nos aqueja desde mediados del siglo pasado, carencias provocadas por la debilidad o las dificultades de elementos importantes del sistema productivo, tanto agrario como industrial, insuficiencias en servicios destinados a atender las necesidades de una sociedad cada vez más exigente y que observa cómo la disparidad se impone en función de los lugares de residencia.

Con todo, no cabe duda que Castilla y León ha avanzado al compás de los propios cambios ocurridos en el panorama español y en sintonía con los que a la par la han favorecido como región amparada en el flujo proveniente de los Fondos europeos, que le han llevado a abandonar el rango de las regiones asistidas para figurar en el de aquellas encaminadas a la valorización de sus potencialidades mediante el adecuado aprovechamiento de sus capacidades innovadoras. Así entendido, podemos llegar a la conclusión de que en el balance entre avances y estancamientos o retrocesos el saldo aparente no es tan negativo como a veces podría pensarse, ya que todas las regiones españolas, y con evidentes matices, han conseguido en los últimos veinte años efectuar ese tránsito que cabría denominar de espectacular, aunque en el camino hayan surgido costes e impactos que no están aún suficientemente valorados y que algún día saldrán a la luz.

A la postre, es muy probable que, inmersos en un contexto de transformación integral y con potencialidades reconocidas, muchos de los aspectos críticos detectados puedan mitigar su gravedad a un plazo razonable. Pero de lo que no hay que desprenderse es de la sensación de que la fortaleza para hacer frente a esos retos pudiera adolecer de algo que hoy por hoy sigue siendo incuestionable: la insuficiencia de los mecanismos capaces de hacer posible el afianzamiento de la cohesión interna sobre la base de una pretendida identidad castellana y leonesa.

Experiencias recientes revelan hasta qué punto ante una situación marcadamente crítica han vuelto a aflorar prejuicios y cautelas que cuestionan la pertinencia de una acción conjunta a favor de la integración financiera al servicio de un desarrollo por el que todos debieran apostar. Al tiempo suspicacias, prevenciones y argumentos de otra época hacen de nuevo acto de presencia para poner en cuestión la propia existencia de la comunidad autónoma como tal. Aunque sigue abierto, es un debate que habría ya que superar. Y ello por una razón obvia: tal y como está configurado el marco autonómico español, y ante la que se nos viene encima, parece llegado el momento de asumir que, más allá de los símbolos identitarios y de las convicciones legadas por la historia, la cuestión ya no estriba tanto en esforzarse por lograr esa identidad regional discutida como en alcanzar de una vez el acuerdo que nos lleve a garantizar, como mecanismo reactivo ante el futuro, el sentimiento de pertenencia a un espacio común en el que necesariamente estamos obligados a trabajar juntos a favor de un proyecto de desarrollo regional compartido. Es la única forma de saldar el fracaso histórico que supuso Villalar.

EVIDENCIAS Y RECTIFICACIONES

El Norte de Castilla, 3 de Abril de 2009

Es probable que la profunda crisis en la que está sumida la economía contemporánea obligue a revisar muchos de los argumentos que en los años de expansión y bonanza eran casi axiomáticos. Durante mucho tiempo ha dado la impresión de que el modelo estaba consolidado, merced a unas tasas de crecimiento más que satisfactorias, una tendencia del empleo al alza, una capacidad adquisitiva que, contemplada como estable y duradera, permitía acometer consumos de gran envergadura, soportados por endeudamientos atendibles sin riesgos aparentes. El mismo concepto de globalización fue entendido más como garantía que como cautela, convencidos de que la movilidad a gran escala del capital siempre sería beneficiosa para el funcionamiento de un sistema, que encontraba precisamente en la ausencia de fronteras la razón en la que se amparaban las previsiones hacia una distribución generalizada de la riqueza. Ante un escenario tan confortable, todo abundaba a favor de la puesta en entredicho de cualquier mecanismo operativo de control y vigilancia.

De esa misma postura participó España a lo largo de la última década. No hay que hacer excesivo esfuerzo de memoria para darse cuenta de que apenas se habló de economía en aquella larga etapa. La inercia del crecimiento enmascaró la debilidad de los cimientos sobre los que se sustentaba, sin importar mucho los efectos producidos, los enormes costos ambientales e incluso las corrupciones y denuncias que eran archiconocidas antes de que la justicia comenzase a intervenir. El debate político fue muy pobre, crispado en exceso y centrado a menudo en cuestiones que antepusieron la confrontación al acuerdo, creando fracturas que aún no se han superado. De pronto, y aunque ya existían señales de alarma que apuntaban a la finalización de la etapa expansiva, sobrevino la crisis con manifestaciones que tardaron mucho tiempo en ser reconocidas en toda su gravedad.

La magnitud del problema, y las derivaciones que está presentando, evidencian muchas insuficiencias, que conviene destacar. Revela falta de visión anticipatoria y prospectiva, capaz de detectar las limitaciones de un modelo de crecimiento insostenible. Acusa, por otro lado, la ausencia de mecanismos para acometer soluciones con visos de efectividad a medio y largo plazo. Pone al descubierto carencias muy serias desde el punto de vista estratégico, por lo que respecta a la solidez de la política industrial y el fortalecimiento de una vigorosa cultura empresarial. Y es contundente, en fin, a la hora de destacar las dificultades a que el país se enfrenta cuando se trata de abordar los problemas de esta dimensión sobre la base de compromisos asumidos por las organizaciones, a la par que se detecta una posición débil o, en todo caso, menos fuerte de lo que se creía en ese escenario internacional en el que sólo priman quienes poseen peso específico en la toma de decisiones de gran alcance.

Cada una de estas evidencias requeriría un tratamiento pormenorizado, que aquí resulta imposible. Pero sí destacaré, de entre ellas, dos ideas que considero pertinentes. La primera tiene que ver con la necesidad de redefinir el modelo estratégico que España necesita para lograr salir de la crisis. No es, desde luego, tarea fácil ni seguramente cómoda, pero algo, y muy importante, hay que hacer si se desea pasar de las terapias puntuales y de corto horizonte a iniciativas con visos de perdurabilidad. Por más que las medidas adoptadas a escala mundial deban ser tenidas en cuenta, es obvio que las de carácter nacional resultan trascendentales.

En realidad, bastaría centrar este modelo en una visión primordial, esto es, la que prima la incentivación de una cultura empresarial, tan alejada de la consideración laudatoria que han merecido carreras meteóricas basadas en la especulación y el enriquecimiento fácil como proclive a la defensa de las que, en cambio, se decantan a favor del sentido del riesgo, de la innovación, de la mejora de la productividad y de la capacidad competitiva del país. en la línea que abunda a favor de un "capitalismo de los empresarios" frente a un "capitalismo de los especuladores." Una cultura empresarial que evite disfunciones como la de ser una gran potencia en la fabricación de automóviles cuya capacidad estratégica de futuro se encuentra condicionada al no disponer de patentes de vehículos propios o la de ver cómo se pierde poder de decisión ante la deriva en que se han visto inmersos importantes proyectos empresariales tras su privatización, de lo que es ejemplo la lamentable trayectoria seguida por ENDESA, por no hablar de las ventajas que hubiera supuesto en circunstancias críticas la disponibilidad de una sólida banca pública, que ahora tanto se echa de menos.

Y, por otro lado, no es escasa la relevancia que se ha de otorgar al restablecimiento de la confianza institucional. En una estructura de poder fuertemente descentralizada la toma de decisiones anticrisis obliga necesariamente al fortalecimiento de directrices apoyadas en el acuerdo y en la negociación. Si importante es el diálogo social, la cuestión clave remite al engarce que en situación cercana a la emergencia pudiera fraguarse entre el Gobierno central y los de las Comunidades Autónomas. No sorprende, por tanto, que muchos ciudadanos se pregunten, asombrados, cómo es posible que a estas alturas no haya tenido lugar, al máximo nivel, ningún encuentro o debate planteado en este sentido entre ambos niveles de la administración pública, implicando al tiempo a los Ayuntamientos, con el fin de interpretar la gravedad de los problemas, efectuar un diagnóstico riguroso al respecto y asumir responsabilidades compartidas frente a riesgos y desafíos que a todos conciernen sin excepción, dada su relevancia como problema de Estado y habida cuenta de que es precisamente a esta escala como se están abordando los problemas en los principales países de nuestro entorno.