La industria, un motor esencial para el territorio

 

El Norte de Castilla, 25 diciembre 2021 

La instalación en Valladolid de una factoría de la empresa británica Switch Mobility, subsidiaria de la hindú Ashok Leyland, y destinada a la fabricación de autobuses eléctricos, es, en principio, una muy buena noticia. Más allá de los datos, en inversión y empleo, que revelan la magnitud de la iniciativa y que seguramente adquirirán mayor concreción a medida que espacialmente se materialice, esta decisión pone al descubierto dos aspectos que conviene destacar.

            En primer lugar, y contemplado desde la perspectiva regional, ratifica la relevancia alcanzada por Valladolid y Castilla y León como escenarios atractivos para la implantación industrial en todas sus manifestaciones. La decisión de la firma británica sintoniza con un prestigio acreditado en el tiempo, que asocia la ubicación elegida con la capacidad demostrada para ocupar una posición internacional de primer orden en el campo de la producción automovilística. La sólida tradición acumulada en este sentido, valorada y analizada en numerosas publicaciones, no podría perder continuidad en el panorama repleto de desafíos y estímulos abierto por el proceso de transición numérica y ecológica. Se trata de un enorme reto, condicionado por las implicaciones que derivan de la intensa transformación a que se ven abocados los procesos tecnológicos en el sector que a menudo he definido como “la industria de las industrias”, es decir, el complejo de tareas asociadas a la construcción compleja del automóvil, que en sí mismo supone la integración técnica y funcional de una gran variedad de elementos, todos ellos afectados por innovaciones tan intensas como aceleradas en el tiempo. 

Junto al nivel de calidad alcanzado por las factorías de montaje, justo es destacar el decisivo papel desempeñado por las plantas de elaboración de componentes, que han hecho de la industria auxiliar de la automoción ubicada en diferentes puntos de Castilla y León, y artífice de una trama fabril altamente competitiva, una de las más reconocidas del mundo. Como tampoco habría que ignorar la existencia de un personal altamente cualificado en los diferentes campos relacionados con la especialización tecnológica y organizativa de las empresas. Sobre tales cimientos está plenamente justificada la propuesta a favor de que la ciudad de Valladolid siga manteniendo un peso específico en los rumbos renovados de la automoción. Precisamente en esos términos planteé no hace mucho la conveniencia de que Valladolid mantuviera su condición de espacio privilegiado para el desarrollo de las instalaciones vinculadas al desarrollo de la movilidad sostenible. Así consta en el acta de la reunión del Pleno Consejo Social de la ciudad que, presidido por el alcalde, tuvo lugar el pasado 26 de octubre.  

               La segunda de las lecciones extraídas de la presencia de Switch Mobility en nuestra región – pues su resonancia ha de ser también regional – tiene que ver con lo que representa, a modo de ejemplo, dentro de los nuevos horizontes abiertos a la industrialización española y de la Unión Europea. En ambos casos, no es aventurado traer a colación el nivel de incidencia que el Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia pueda tener en el cumplimiento de uno de sus objetivos prioritarios: el impulso de un modelo productivo sustentado fundamentalmente en la industrialización, la digitalización y el cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible. Las interrelaciones que se establecen entre estas directrices suponen, en principio, un viraje muy notable respecto a las muestras de debilitamiento de la fortaleza industrial europea en el mundo, más ostensibles aún en términos relativos en el caso de España, donde el sector apenas representa el 15% del PIB, seis puntos por debajo de la media comunitaria europea y casi la mitad de Alemania. Recordemos también que España, según la OMC; ocupaba en 2020 el sexto lugar de la UE y el 15.º del mundo en el ranking de países exportadores de manufacturas, con una cuota en el mercado global de tan solo el 1,8%. Las diferencias provocadas por tales contrastes se han puesto claramente en evidencia durante los años de la Gran Recesión (2007-2008) cuando las limitaciones estructurales de una parte sustancial del tejido productivo español – ese “entramado demasiado vulnerable de pymes” de que habla el Banco de España - han agravado de manera sensible sus costos económicos y socio-laborales.  La resolución de estas limitaciones representa, por tanto, uno de los principales déficits estructurales que ha de ser corregidos en el contexto de las orientaciones estratégicas que globalmente han de marcar la pauta en el proceso de recuperación de la industria española y europea en un mundo globalizado.

               Contundentes son las proclamas emanadas de los órganos de gobierno comunitarios, cuando aluden a la necesidad de afianzar el papel de la industria como factor de impulso del crecimiento económico y del empleo. Y lo hacen en defensa de un complejo de actividades, cuyas premisas deben actualizarse en el contexto de los nuevos enfoques estratégicos a que al mismo tiempo obligan el Brexit – no es baladí que Switch Mobility sea una empresa británica, decidida a instalarse en un país miembro de la UE –, las rupturas producidas en el comercio de suministros y en las cadenas de valor internacionales (con los riesgos que conllevan) y los impactos provocados por la pandemia de la covid 19. No en vano asistimos a una reestructuración global de la Geografía de la industria, que conviene analizar de cerca para valorar sus implicaciones efectivas en España y en Castilla y León sobre la base de sus potencialidades constatadas.

 

Ciudades medias: ¿crisis u oportunidad?

 

Burgos

El Norte de Castilla, 24 septiembre 2021

En el contexto de los interesantes debates planteados en torno a las dinámicas demográficas contemporáneas, afloran de nuevo en los países europeos y, entre ellos, en España, las reflexiones que centran la atención en los cambios que pudieran tener lugar en la reestructuración de los sistemas urbanos a partir de las implicaciones derivadas de la distribución selectiva de la población en el territorio a favor de los grandes complejos metropolitanos. Asumido hasta ahora dicho proceso como algo inexorable, su constatación no impide plantear hasta qué punto ese sesgo a favor de la polarización va a traer consigo un debilitamiento irreversible de las ciudades de pequeño y mediano tamaño o, por el contrario, puede cobrar sentido la hipótesis de una recuperación de sus posibilidades como espacios atractivos, susceptibles de experimentar una dinamización de las actividades económicas, con la consiguiente generación de riqueza y empleo que les permita contribuir a un cierto reequilibrio del territorio.

            Abierta la reflexión a las comprobaciones empíricas que ratifiquen con rigor el sentido de una u otra tendencia a corto y medio plazo, el tema adquiere una notable relevancia en un momento especialmente decisivo, en el que el concepto de ciudad media cobra la dimensión que lo identifica con una reordenación del territorio. No en vano es el momento que revela el desencadenamiento de transformaciones económicas, espaciales y socio-laborales de gran envergadura en coherencia con las reflexiones, actitudes y exigencias provocadas por la era postcovid, por las lecciones y advertencias de ella extraídas, y por las pautas de actuación asociadas la transición ecológica, que se muestra inexorable, con los efectos socio-económicos y espaciales derivados que ha de traer consigo.

            Es evidente que ese proceso de transformación encuentra en las ciudades su campo de experimentación más significativo, y en el que el análisis comparado permite conclusiones valiosas desde el punto de vista estratégico. Es bien sabido que las grandes aglomeraciones conllevan, proporcionalmente en relación con su tamaño, un elevado consumo de suelo y de energía a la par que aumentan su capacidad de impacto ecológico en función de la magnitud de los vertidos y las agresiones producidas a gran escala sobre el medio ambiente. Son aspectos críticos a los que hay que sumar los impactos negativos provocados sobre la calidad de vida de la población debido a problemas inherentes a las escalas urbanas de gran dimensión como son los que tienen que ver con la intensidad y congestión de los desplazamientos, con la conciliación de actividades, con el encarecimiento de la vivienda o con la acentuación de las desigualdades, entre otros muchos. Aparecen, en cualquier caso, sumidos en la contradicción que resulta de contraponer sus posibilidades como espacios de crecimiento económico ya consolidado y como lugares de asentamiento de servicios y centros de dirección de primer nivel, con los condicionamientos y servidumbres que acompañan a los procesos de aglomeración (de ahí el concepto de "deseconomías de aglomeración" que se aplica a las macroestructuras urbanas), limitativos cuando se trata de acometer actuaciones correctoras de los problemas existentes y de acomodar sus estrategias a los requisitos que imponen los objetivos propios de la sostenibilidad. Tanto es así que no deja de llamar la atención la idea formulada por el geógrafo Guillaume Faburel cuando plantea la posibilidad de que las ciudades medias puedan convertirse en el "estrato urbano prioritario"

            No sorprende, pues, que ante este escenario parezca convincente y oportuna la necesidad de llamar la atención acerca el margen de posibilidades que, como opciones alternativas tanto desde el punto de vista del trabajo como residencial, presentan las ciudades en las que los problemas señalados – en virtud de la escala dimensional más racional en la que se plantean y pudieran resolverse - revisten menor gravedad. Quizá pueda parecer excesivo presentarlas de manera genérica como escenarios alternativos en un horizonte cercano, en virtud de las inercias que inducen al mantenimiento del modelo dominante y de las insuficiencias que la mayor parte de ellas presentan desde el punto de vista estratégico para acreditar, con perspectivas de ser tenidas en cuenta, sus potenciales ventajas comparativas (tranquilidad, espacio, dotaciones educativas, coste de la vida proximidad...), con frecuencia tan ignoradas como infrautilizadas.

           Nos encontramos ante un gran desafío reestructurador del territorio, que conviene valorar en toda su dimensión para ser asumido por parte de los órganos responsables de la gestión de la ciudad y de la definición de sus principales orientaciones estratégicas. En este sentido no son desestimables los debates que están teniendo lugar en algunos países de la Unión Europea, en los que no son aisladas las voces que, de manera documentada y con cifras en la mano, dan a conocer las expectativas potencialmente ofrecidas por las ciudades situadas en un umbral de población entre los 10.000 y los 150.000 habitantes, aunque estos límites varían en función de los respectivos contextos territoriales. 

        Ahora bien, más allá de estos umbrales se trata de identificar la importancia económico-espacial de este nivel urbano intermedio, que opera como eslabón de transición entre las grandes áreas metropolitanas y los espacios adscritos a los parámetros propios del mundo rural. Se trata de una categoría que emerge con fuerza en el panorama de las políticas públicas urbanas que preconizan la necesidad de fortalecer el conjunto de ciudades susceptibles de fortalecer las interacciones sociales, afianzar los vínculos de convivencia y asegurar una mayor calidad de vida sobre la base de su capacidad para configurar espacios urbanos inclusivos, seguros, innovadores, cualitativos, resilientes y sostenibles, lo que obliga a una adaptación de las políticas públicas para asumir con garantías los compromisos que esos objetivos implican a la par que incrementan su capacidad de acción con vistas a lograr avances significativos a favor de un mayor equilibrio y mejor aprovechamiento integral del territorio. Suponen, en fin, una forma mucho más creativa de establecer las relaciones con el espacio. Ante este escenario no es ocioso aludir al margen de posibilidades que tal vez pudieran abrirse para las ciudades de Castilla y León, donde este rango urbano presenta potencialidades aún no debidamente aprovechadas.

En defensa de un Pacto por la Sanidad Rural en Castilla y León

Este texto expone y desarrolla las ideas planteadas en el debate organizado por Televisión Castilla y León en su programa "Cuestión de Prioridades" el dia 8 de septiembre de 2021

Consultorio del SACYL en Arcillera (comarca de Aliste, Zamora)  (Fotografia de Rocío Pérez, 2021)

Estas ideas, expuestas en el programa mencionado, las reitero ahora con el fin de dejar constancia de ellas: la reestructuración de la sanidad en el mundo rural es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Comunidad de Castilla y León. No hay un caso igual en la Unión Europea. Y es que, siendo también un problema destacado en otras regiones españolas y europeas, enfrentadas en este tema a una situación preocupante, las características específicas de esta región - magnitud territorial, dispersión del poblamiento, estructura demográfica- acentúan sus aspectos críticos y dificultan las opciones estratégicas para ordenar con criterios de eficacia y equidad ese servicio básico. Un servicio que además tropieza con las insuficiencias de que adolece la dotación de profesionales sanitarios, afectada en España por una mala política de Estado, que está haciendo, en función de los recortes aplicados en el periodo 2009-2018, mella dramática en el ejercicio de la medicina en el conjunto del país y, con especial impacto, en el ámbito rural. No sorprende, por tanto, el hecho de que, considerado por los alcaldes de Aliste como "un buen plan" el presentado por la Consejería de Sanidad, se insiste en la dificultad que supone su aplicación debido a la escasez de médicos para llevarlo a la práctica.

Debido a condicionamientos de esa naturaleza, y que son difícilmente soslayables, cualquier toma de decisiones es arriesgada y proclive a la polémica e incluso a la demagogia. Siempre lo será. Mas, por algún sitio habría que comenzar. Y eso es lo que ha tratado de hacer la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, lo que de entrada compromete al conjunto del gobierno autónomo. Es decir, hay que empezar a desbrozar el camino en un panorama tortuoso y dificilísimo de abordar como se quisiera y de manera óptima, habida cuenta de que el óptimo no existe. Ante una tendencia regresiva de la población, mantener dotación completa y permanente de médico y enfermería en 3.669 consultorios y 247 Centros de Salud (organizados en 161 Zonas Básicas de Salud rurales) es materialmente inviable e incluso carente de sentido. Cuando la consejera Verónica Casado compareció el día 3 de septiembre para dar cuenta del asunto quien esto escribe tomó buena nota del alud que a la señora Casado se le venia encima. Llamé a mis amigos médicos y enfermeras del Aliste para comentario... y coincidimos: "ha empezado pero nadie sabe cómo va a terminar".

Ya ha empezado, en efecto, como propuesta, como proyecto, como conjunto de ideas a tener en consideración. Conocemos, de momento, cuales son sus directrices básicas:

- extender y hacer efectiva la cita previa (como sucede en el conjunto del sistema de atención)

- reordenación del mapa de gestión sanitaria, lo que obligará a que municipios de una zona básica de salud puedan integrarse, con criterios de racionalidad geográfica, en la que mejor facilite la accesibilidad a la atención sanitaria

- posibilidad de crear nuevas áreas que permitan mejorar la prestación asistencial

- redistribuir la población entre los profesionales: mínimo de 400 pacientes por médico

- todo ciudadano tendrá un médico y un profesional de enfermería asignados y de referencia

- organizar los servicios de movilidad como garantía de un tratamiento efectivo con la mayor inmediatez posible

Naturalmente, queda aún mucho trayecto por recorrer, un trayecto cuyo horizonte depende de la iniciativa política y de la capacidad para afrontar el enorme reto planteado: que nadie quede desatendido, poniendo a su servicio las infraestructuras que lo hagan posible. El planteamiento se corresponde con una de las medidas esenciales de la política de Ordenación del Territorio, respaldada por el Parlamento regional, consistente en la creación y organización de los servicios públicos a través de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio. No es, por tanto, ajeno a un enfoque de racionalización funcional del territorio ya aprobado en las Leyes de  ordenación territorial de 1998 y 2013, de las que deriva el Mapa que -  orientado a “garantizar los servicios públicos autonómicos en el medio rural” - el Gobierno regional ratificó el 26 de enero de 2017.

Es un tema pendiente de debate, discusión, aclaración y alternativas. Y también necesitado de una explicación, clara, convincente y sincera por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y eso es precisamente de lo que se trata. Por eso resultan pertinentes los avances posibilitados por la toma de contacto con otras Comunidades Autónomas afectadas por problema similar. Prueba de ello lo ofrecen las conversaciones mantenidas con las Comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha, gobernadas ambas por el Partido Socialista, y de las que han derivado las propuestas acordadas en la reunión celebrada en Soria el 20 de septiembre.

Sin haber acometido aún el debate sobre la propuesta, no es convincente introducir en ese escenario una crisis política que eclipsa y difumina el fondo del problema y desvía la atención hacia otro tipo de intereses y preocupaciones. Adelantar elecciones supone la paralización del proceso y posponer su elaboración conforme a los criterios y los objetivos que cada opción política pueda plantear, y no a corto plazo sino en el horizonte de la legislatura, que razonablemente puede, en los dos años que restan, centrarse en tan complicada cuestión, que es lo que sin duda los ciudadanos esperan de sus representantes. Y es que un adelanto electoral siempre significa un fracaso para el que gobierna.

Tras la aprobación de la Proposición No de Ley presentada por el Partido Socialista en contra de la reforma sanitaria propuesta y aprobada con el apoyo del Partido Popular, todos los partidos aparecen situados corresponsablemente ante el tema que nos ocupa. Ha llegado la hora de verdad. Nadie puede eludir su responsabilidad, entendida como compromiso colectivo. De ahí que, como muchos profesionales y representantes locales proclaman, se impongan el consenso, el acuerdo, ese gran PACTO de Comunidad que Castilla y León necesita para que esta cuestión quede satisfactoriamente resuelta. Es la hora de la política a medio y largo plazo, no cortoplacista. Estoy convencido de que, si esa idea del compromiso compartido llegase a cuajar, Castilla y León habrá dado un paso de gigante hacia el futuro. Y los ciudadanos lo sabrán reconocer.

La utilidad inútil de los intelectuales

 

El Norte de Castilla, 3 junio 2021

Recurro al expresivo título de la conocida obra de Nuccio Ordine – “La utilidad de lo inútil”- para motivar la reflexión en torno a un hecho importante que no debe pasar desapercibido, por más que a veces haya quien le reste importancia y gravedad Me refiero al progresivo debilitamiento de la presencia de los intelectuales en el panorama de la toma de decisiones adoptadas y aplicadas por los agentes dotados de responsabilidad operativa, tanto públicos como privados. No supone este oxímoron un sesgo pesimista sino la simple constatación de una tendencia que parece evolucionar en sintonía con la modificación de las condiciones que tradicionalmente han caracterizado los vínculos entre el intelectual y la sociedad, en cuyo funcionamiento ha llegado a ocupar un papel clave la labor intermediadora ejercida por quienes, al fin y legítimamente, ostentaban la capacidad decisional efectiva.

            Lejos están ya los tiempos en los que intelectuales relevantes se mostraban como la conciencia crítica a la que se atendía en momentos cruciales de la vida pública: eran esa “conciencia histórica y social de su tiempo”, de que hablaba Simone de Beauvoir. Traer a colación, entre otras muchas, las figuras de Zola, Larra, Sartre, Zweig, Pardo Bazán o Giner de los Ríos, resulta pertinente a la par que nostálgica, cuando se trata de estimar las aportaciones que hicieron en ocasiones trascendentales de su época, en las que su voz emergía con fuerza hasta adquirir una resonancia que sobrepasaba con creces los horizontes en los que había sido planteada. La conocida cita de Stefan Zweig –“la razón y la política siguen raramente el mismo camino y son estas ocasiones las que dan a la historia su carácter dramático” – encierra una idea que tal vez resulta exagerada en función de los terribles episodios vividos por el autor, pero sin duda transmite la preocupación que suscitan las desavenencias producidas entre el modo de interpretar a fondo la realidad y las pautas aplicadas a su transformación. No hay que recurrir a la autocrítica para pensar que esta tendencia sea atribuible a errores, que sin duda los hay, de una y otra parte, cada cual responsable de un distanciamiento conscientemente asumido, sin abandonar la idea a favor de la recuperación de esa deseable simbiosis que tantas orientaciones positivas es capaz aportar en situaciones críticas, cuando todas las variables e indicadores han de ser considerados.

            Sin embargo, se muestra cada vez más patente la subestimación del papel desempeñado por el intelectual en los tiempos en que vivimos. Hay testimonios elocuentes (Krugman, Judt, Ovejero, a modo de ejemplos representativos, se han hecho eco en nuestros días) que insisten en la verificación de que el intelectual ha perdido el reconocimiento que tradicionalmente había tenido, coincidiendo con una puesta en revisión por parte del poder de la responsabilidad social de quienes solo disponen de su capacidad para analizar los hechos mediante la mente y la pluma. Tal revisión no es baladí, ya que va asociada, al menos para un sector importante del entramado decisional, al argumento de que los intelectuales ya no son necesarios ni sus observaciones merecen el valor que ellos pretenden. Ya no cuentan con sus opiniones en los foros de decisión que controlan cómodamente sin posibilidad de réplica ni contestación. A decir verdad, lo que sucede no debería extrañar demasiado, pues responde a una lógica congruente con el signo de una época en la que se han visto sensiblemente modificadas las formas de relación entre el poder y el pensamiento. Basta con remitirse a las cuatro tendencias que, en mi opinión, contribuyen a explicarlo.

            La primera se apoya en las distintas percepciones que una y otra perspectiva tienen de las relaciones construidas entre la teoría y la práctica. Si, como afirma Michel Foucault, no puede plantearse una visión práctica de los hechos sin una sólida fundamentación teórica, no es infrecuente comprobar hasta qué punto el valor de la efectividad prima sobre los planteamientos derivados del examen razonado en los que pudiera sustentarse, con frecuencia condicionados por la duda o por la actitud prudente a que obliga el riesgo de una decisión precipitada. Es evidente que, en segundo lugar, esta disociación que separa lo razonable de lo pragmático no es ajena al enfoque contrastado que se tiene respecto a la idea del tiempo como factor determinante del proceso decisional. De ahí la dicotomía que separa el corto del largo plazo, lo inmediato de lo sometido a las estimaciones susceptibles de aportar la prospectiva con que han de concebirse las actuaciones planteadas. 

Es un contraste de apreciación que, como tercer aspecto a considerar, remite a la desigual forma de consideración y tratamiento de los problemas, pues es hecho cierto que a menudo el enfoque fragmentario prevalece sobre el de carácter global, mucho más complicado éste que aquél, lo que puede entenderse como un factor limitativo de su aplicabilidad. Y, para concluir, no cabe duda de que en esta búsqueda de las divergencias interpretativas entre pensamiento y acción tiene un peso importante la rentabilización de las decisiones, en función de la relevancia otorgada a la altisonante proyección mediática como canal más efectista de su transmisión a la sociedad, con el positivo efecto de imagen que proporciona. Y es que cuando lo mediático domina sobre lo sistémico, los cauces que orientan la decisión se sienten liberados de la crítica entorpecedora, con independencia de si es o no conveniente y necesaria.