Brumas y claros en el Canal de la Mancha

El Norte de Castilla, 27 de febrero de 2020

Conocida es la metáfora referida a la percepción que los británicos tienen a veces de que el continente europeo queda aislado cuando la niebla se sobreimpone a las aguas, a menudo turbulentas, del Canal de la Mancha. Esa visión de territorio singular, repleto de referencias materiales y simbólicas individualizadoras, ha marcado siempre la visión respecto a Europa de un amplio sector de una sociedad que, arropada en las particularidades inherentes a la insularidad y en los factores representativos de su fortaleza histórica, cultural y económica en el mundo, ha mantenido siempre una postura favorable a la salvaguarda de sus elementos de identificación, coexistentes con la firme defensa de sus posiciones en la economía global. Su integración en el proyecto comunitario europeo ha presentado desde el primer momento matices que con frecuencia han puesto en entredicho la lealtad a los compromisos tan laboriosamente construidos en el complejo de los vínculos y compromisos que estructuran una realidad supraestatal permanentemente condicionada por los desafíos a que obliga su creciente complejidad.

Efectuada la salida formal Gran Bretaña de la Unión Europea, carece de sentido seguir insistiendo en las causas que la han provocado. Interesa centrar la reflexión en la trayectoria que en adelante ha de seguir el proceso durante el periodo de negociación abierto tras la separación formal y, y con especial interés, plantear las implicaciones que un hecho tan decisivo puede tener en la propia reconfiguración interna de la Unión.  Es evidente que la evolución de un proceso negociador no admite anticipaciones esquemáticas ni cerradas, pues las posiciones pueden variar a medida que la importancia de los temas suscitados obligue a introducir posiciones más flexibles, inducidas por la naturaleza de las relaciones que han de mantenerse entre el Reino Unido y los países con las que ha compartido experiencias, logros, vicisitudes y decepciones durante casi medio siglo. Por esa razón, el observador se resiste a pensar que en el inicio de las conversaciones las directrices defendidas por ambas partes se muestren incompatibles, como se ha señalado por algunos de los defensores más acérrimos del Brexit, que en su momento no se recataron a la hora de inducir el voto afirmación con engaños, medias verdades y falsedades, de inmediato reconocidos tras el ajustado resultado obtenido por la opción segregadora. El observador prefiere, en cambio, hacer un seguimiento de las declaraciones efectuadas por representantes significativos de ambas opciones, concediéndolas la credibilidad que merecen por la responsabilidad que desempeñan en este juego en el que las líneas del debate aparecen nítidamente planteadas.

Para entender el sentido de las discrepancias que acompañan en sus inicios esta salida nada tan significativa resulta expresivo partir de la contraposición entre las ideas esgrimidas por el premier británico en el primer discurso posBrexit pronunciado el día 3 de febrero y las que simultáneamente en Bruselas el negociador Michel Barnier hizo públicas sobre el proyecto en el que la Comisión ha de basar la negociación con el gobierno británico. De partida la divergencia se mostraba evidente. Si para Johnson el mantenimiento de un acuerdo de librecambio entre ambas partes no debe implicar la aceptación de las normas europeas sobre la competencia, la protección social, las ayudas públicas, la política sanitaria y el medio ambiente, el representante de la Comisión insistía, ante los hechos consumados, en rechazar la posibilidad de que la estrategia británica se decante por mecanismos de desregulación, que – “ aplicados en nuestra misma puerta”, en elocuente manifestación de la canciller alemana, Angela Merkel -  pudieran dar origen a ventajas competitivas (desleales) susceptibles de amenazar y poner en riesgo los cimientos sobre los que sustenta la capacidad industrial y económica de los Veintisiete. De manera muy expresiva el propio Barnier resumió el objetivo que, ante todo, se persigue a lo largo de la negociación: “favorecer en la medida de lo posible la convergencia, mediante el control de la divergencia”. En esta línea se mostró firme al señalar que en materia de transición ecológica debía haber una complementariedad plena por ambas partes y en la necesidad de que, en situaciones de conflicto jurídico, y cuando el Derecho comunitario se vea afectado, las diferencias habrán de resolverse en el marco del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sobre estas bases se asienta, como punto de partida, el proceso de negociación a llevar a cabo a lo largo del año 2020, en el que, no cabe duda, también aflorarán temas sensibles, ya apuntados por Barnier, como los relacionados con la seguridad, la movilidad de la población, el reconocimiento de las garantías profesionales y la pesca. Todo un cúmulo de cuestiones hacen acto de presencia para abrir un escenario muy abierto que no estará exento de tensiones y dificultades en pos de la armonización reglamentaria pretendida para que los intereses de la Unión, y de sus ciudadanos, no se vean lesionados. Se perfila, pues, un escenario en el que sería deseable que la niebla no impidiera la aparición de claros, capaces de despejar las dudas y resolver los desencuentros que inicialmente se plantean.

Al tiempo las dudas surgen también cuando se debate acerca de las implicaciones que el posBrexit pueda tener en la reconfiguración de los equilibrios y las alianzas que van a estructurar la Unión Europea a partir de la nueva etapa. Y es que la salida del Reino Unido no es ajena a la toma de posiciones adoptadas en el seno de la Unión por parte de los Estados miembros. La tendencia, ya perfilada, a favor del reforzamiento del eje franco-alemán va a operar como factor determinante de las estrategias de cooperación entre países que van a poner a prueba la solidez de la construcción europea en la nueva etapa y que sin duda va a tener una repercusión evidente en el futuro de España y en el papel que ha de desempeñar en la Unión Europea que se avecina.

Poderosos vientos de cambio en la Unión Europea

El Norte de Castilla, 25 de junio 2014

2014 va a ser un año decisivo en la historia de la Unión Europea. Se abre sin duda una etapa crucial en la historia del proyecto comunitario europeo.  Nada volverá a ser igual a partir de ahora, a poco que se tome nota de por dónde se encaminan las sensibilidades políticas de los ciudadanos tras las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Todo un modelo de gobierno,  basado en un estilo de gestión escasamente sensible a los problemas de la mayoría social, ajustado a prioridades económicas que profundizaban en la desigualdad y en la exclusión de amplios sectores, se ha venido abajo. El mandato de Durão Barroso, al frente de la Comisión  ha sido una catástrofe sin paliativos, que ha minado los cimientos que en su día dieron sentido y razón de ser a la experiencia de integración supraestatal más importante de la Historia.

            Los factores que han contribuido a su puesta en entredicho han sido varios y se muestran al tiempo concurrentes.  Durante estos años han  aflorado movimientos que han demostrado la resistencia o inoperancia de la Unión Europea para ser fiel a sus objetivos de cohesión y convergencia, que marcaron desde el Acta Única (1986) uno de sus principios esenciales. Era evidente que  los movimientos que en la calle - cimentados en la "indignación" y en la rebeldía consecuente - reclamaban ser escuchados y atendidos,  tenían que hacer mella, tarde o temprano, en los procesos y en las estructuras institucionales. No era previsible que aquello quedase meramente limitado al clamor en las plazas y en las calles. No bastaba con la protesta, con la reivindicación, con la manifestación abierta de la rabia justificada, con la acampada y las proclamas incesantes y reiterativas. La incapacidad de las estructuras de poder para asumir lo que significaba esa oleada de insatisfacción, crecientemente expandida, ha derivado en una actitud de desafección y rechazo que inevitablemente tendría que cristalizar en el apoyo a opciones que  surgían con el propósito de dar cabida a ese malestar, a sabiendas de que transmitir la idea de que “no nos representan”  se mostraba, al fin, incompatible con el voto en blanco o la abstención. La búsqueda de la efectividad frente a la nada: no podían hacer otra cosa. Se trataba con ello de mostrar el desapego hacia los políticos, pero no hacia la política, porque bien se sabe que la política lo impregna todo y al margen de ella, y del poder que procura, nada es posible.       

            Los impactos brutales de la crisis, y su modo de gestionarla, se han encargado de incrementar ese caldo de cultivo, en el que se apoya la voluntad de encontrar alternativas viables a las pautas dominantes. En este empeño han unido sus voces y sus objetivos cuantos se han visto afectados por la devastación. De un lado, los jóvenes, que han asumido un protagonismo incuestionable, conscientes de que el futuro se les va de las manos y desean recuperarlo; de otro, los trabajadores que han acabado perdiendo la percepción de lo que es el trabajo como soporte vital; y también las clases medias, asustadas por el debilitamiento de sus posiciones, por la inseguridad a que se ven expuestas como consecuencia de las situaciones de desprotección que empobrecen su calidad de vida y provocan incertidumbres inasumibles en su visión del futuro. En ese clima de descrédito, desamparo, decepción y miedo se entiende la apertura del abanico electoral, que reduce significativamente el peso de las opciones que, organizadas en función de un bipartidismo muy sólido, hasta hace no mucho suscitaban un confianza que hoy se ha debilitado y, quizá para muchos, irreversiblemente desaparecido. 

            La tipología de esas opciones al alza es variopinta. A su amparo cobran posiciones insólitas los movimientos que cuestionan la misma idea de la integración europea para ampararse en la xenofobia, en el repliegue protector de las fronteras estatales, impermeables a la inmigración o, en el mejor de los casos, disuasorias para el que viene de fuera solo con su fuerza de trabajo. En otros casos, la elección se decanta hacia grupos que preconizan otra forma de hacer política, bien sea desde la izquierda solidaria, denunciadora sistemática de los atropellos y movilizadora de los que quieren dar sentido y concreción a sus sentimientos de indignación que con tanta fuerza han conseguido ilusionar y vertebrar a un sector importante de la juventud, o bien desde las posibilidades que, en las aguas siempre fluctuantes del centro, permiten a sus líderes desmarcarse de los viejos hábitos denostados para erigirse en los pretendidos artífices de una política en la que los compromisos en firme quedan desvaídos o simplificados, sin más estrategias aclaratorias que las que abundan en la apelación reiterativa a favor de la ciudadanía.  Y a ello cabe añadir en el caso de España la forzada simbiosis que el nacionalismo catalán ha pretendido establecer entre la proyección de su voz en Europa con la ruta en pos de la independencia, que es, en esencia, su motivación principal, tratando de ensamblar ambos procesos como parte de una estrategia común, que ha redefinido el mapa político catalán con perfiles nunca conocidos hasta ahora.

            En medio de este profundo ajuste global, la repercusión política de mayor trascendencia hacia el futuro concierne, en mi opinión, a la profunda crisis en que se halla sumida la socialdemocracia, ya que el voto conservador clásico, aunque pueda momentáneamente resentirse, tenderá al restablecimiento, pues en él los intereses siempre priman, a la postre, sobre las disensiones. Pero, ¿qué ocurrirá con la izquierda heredera del pensamiento que tanto ha contribuido a fraguar la Europa moderna y a afianzarla en el mundo como el espacio de la solidaridad y de la integración frente a los riesgos de la desigualdad? Seguramente será este aspecto el que en mayor medida acuse la ruptura - y el horizonte de incógnitas abiertas - que las elecciones al Parlamento Europeo 2014 han traído consigo. Una etapa de intensa y necesaria catarsis se abre para los herederos del socialismo europeo. La disyuntiva a la que se enfrentan es tan urgente como crucial. De su solución depende mucho el futuro de Europa. 

La Unión Europea: de la seguridad a la incertidumbre

El Norte de Castilla, 9 de marzo de 2012

Cuando a finales de 2007 se firmó en Lisboa el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no era fácil encontrar en el ambiente mediático y político de la época declaraciones que empañaran lo que se concebía como la culminación de un ambicioso proyecto. Abundaban los comentarios a favor de lo que el acuerdo suponía como empeño conseguido en la consolidación de un sistema institucional adaptado a los nuevos tiempos, sensible a las exigencias de un entorno cambiante bajo las premisas ineludibles de la globalización y, sobre todo, destinado a “reforzar la democracia en la Unión Europea y mejorar su capacidad de defender día a día los intereses de los ciudadanos”. Más allá de la grandilocuencia de las palabras que habitualmente acompañan a este tipo de eventos, lo cierto es que, visto con la perspectiva actual, no deja de llamar la atención el ambiente de complacencia dominante en ese momento cuando ya se atisbaban en el horizonte los nubarrones de la crisis financiera, que pronto llevaría a relegar en el fondo de la memoria las satisfacciones momentáneas provocadas por la firma de aquel acuerdo, del que hoy ya casi nadie habla.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces, y lo han hecho al compás de las constataciones que han puesto en evidencia la fragilidad del modelo para hacer frente a la crisis financiera que se ceba en la eurozona con niveles de gravedad insólitos y, lo que es más grave, con la sensación de situarnos en una especie de callejón sin salida, que amenaza con poner en entredicho la supervivencia del proyecto comunitario o, cuando menos, el nivel de aceptación y reconocimiento que hasta ahora ha merecido por un sector mayoritario de la ciudadanía. Lo más preocupante, a mi juicio, es la incredulidad que provoca la percepción desasosegada de las numerosas incertidumbres que ennegrecen el futuro.

No es posible sentirse reconfortado cuando se intenta prever por dónde han de transcurrir en este contexto las políticas estructurales que han marcado la trayectoria de la Unión particularmente desde mediados de los ochenta, cuando tuvo lugar el gran avance a favor de la integración y la convergencia entre regiones y territorios, lo que hizo del espacio europeo una referencia única en el mundo, difícil de emular pero de gran atractivo como proyecto integrador supraestatal. Sin embargo, aproximarse siquiera al escenario de posibilidades que hace apenas tres años se percibían con tintes de seguridad y que, merced a ellas, habían logrado aglutinar voluntades, programas y expectativas, lleva a incurrir no tanto en el pesimismo, que conduce a bien poco, como en la impresión de que en estos momentos ninguno de los órganos que estructuran y dan contenido a la toma de decisiones en el ámbito comunitario europeo tiene claro, de seguir así las cosas, el horizonte que nos espera ni goza de la credibilidad necesaria para inspirar la debida confianza.

En este panorama cabe plantearse críticamente la idoneidad de la estrategia adoptada para afrontar la crisis, una vez comprobado que el procedimiento seguido mediante la disciplina impuesta por la responsable del gobierno alemán, secundada con convicción variable por el presidente francés, corre el riesgo, como se ha señalado en muchos foros internacionales, de arrumbar con el proceso de construcción europea. La reiteración periódica de las advertencias, sumisamente atendidas por los gobernantes periféricos y promulgadas como soluciones taumatúrgicas, no proporciona los resultados perseguidos, obligando a reformularlas de nuevo tras haber quedado las anteriores desmentidas por los testimonios de una realidad incontrolada. Todo parece resolverse en una especie de cadena sin fin que al tiempo que nos hunde en una permanente zozobra lleva necesariamente a plantearse si la Unión Europea será capaz de resolver sus problemas económicos mientras queda afectada por una tendencia declinante del crecimiento, con manifestaciones cada vez más generalizadas de recesión, determinante de un atroz sacrificio social que corre el riesgo, si no ha incurrido ya en él, de anular a la generación que cronológicamente ha coincidido con ella.

Si los argumentos son redundantes a la hora de comprobar, con el suficiente conocimiento de causa, el altísimo coste a que conduce en todos los sentidos el modo de gestión de la crisis, en virtud de las numerosas incertidumbres creadas, de la indefensión ante los movimientos especulativos y del riesgo de desestructuración del espacio único, parece obvia la necesidad de someter a reflexión la consistencia del proyecto acometido así como la capacidad de los instrumentos disponibles para poner fin al modelo de gestión unidireccionalmente impuesto hasta ahora, impulsar un verdadero gobierno económico, regular eficazmente los mercados financieros europeos e internacionales, neutralizar la dictadura de las agencias de calificación y asegurar que la recuperación sea viable a un plazo que permita recuperar las confianzas deterioradas.

¿Cómo entender la lógica de funcionamiento del Banco Central Europeo, incapaz de subvenir a las necesidades de los Estados miembros para controlar la dinámica especulativa que condiciona permanentemente su capacidad de reacción? ¿Porqué no plantearse, como ha hecho Japón, la renacionalización de los créditos y aprovechar la ocasión para crear en los Estados una banca pública al servicio de los intereses generales? Y, por supuesto, ¿no parece ya llegado el momento de hacer uso de la tasa sobre las transacciones financieras, que haría posible, amén de contribuir a la solidaridad internacional, reducir los déficits y ayudar a la financiación de la deuda, para que esta deje de ser ese dogal asfixiante que impide impulsar la creación de riqueza y salir de esa depauperación del mercado laboral en que irremisiblemente los gestores de la crisis han relegado a un sector creciente de la sociedad?

A poniente, Portugal

El Norte de Castilla, 22 de junio de 2011

Nada de cuanto sucede en Portugal nos puede ser indiferente. Compartir un territorio con tantos elementos comunes, y ser copartícipes a la vez de una historia repleta de confluencias y desencuentros, obliga a no perder la visión conjunta del espacio ibérico cuando los sucesos que afectan al país vecino encierran advertencias que en muchos casos se sienten cercanas. Y es que más allá de la proximidad, es obvio que los acontecimientos contemporáneos, superadores de la incomunicación existente durante las dictaduras, han ido construyendo un entramado muy sólido de imbricaciones que, si encuentran sus factores esenciales de vertebración en el acceso a la democracia y en la incorporación simultánea a la Unión Europea, se corresponden en nuestros días con las zozobras provocadas por la crisis financiera que ha colocado a ambas naciones en el escenario más preocupante de la Europa integrada.

La situación creada tras la operación de rescate acometida sobre la economía portuguesa en mayo del 2011 y el cambio político que ha tenido lugar en el gobierno a raíz de las últimas elecciones generales han descubierto una serie de tensiones que necesariamente remiten a los problemas estructurales de la economía y de la sociedad de Portugal, y que necesariamente conviene comentar tanto por la importancia que en sí mismos tienen como en función de las implicaciones que pudieran ocasionar de cara a los vínculos construidos con España. Y ello sin perder la perspectiva desde las regiones que, a uno y otro lado de la frontera, reflejan el esfuerzo emprendido a favor de un entendimiento que puede verse condicionado por las circunstancias planteadas en un panorama muy crítico, que se creía expedito o no era considerado con los niveles de gravedad que, finalmente, han quedado en evidencia.

De ahí que cuando se analizan los problemas que aquejan a la economía y a la sociedad portuguesas surja inevitablemente la cuestión acerca de la posibilidad de que su dimensión no haya sido percibida como se debiera, acaso amortiguada por la posición cómoda de la que el país disfrutaba como uno de los grandes beneficiarios de los fondos europeos, tanto los Estructurales como los de Cohesión. En cierto modo esta circunstancia ha enmascarado la magnitud de las contradicciones internas en un contexto en el que se superponían los efectos de la ayuda europea coincidiendo con una fase expansiva del mercado interior, que a su vez actuó de estímulo para la llegada a Portugal de cuantiosas inversiones por parte de empresas españolas, esencialmente vinculadas a la energía, la construcción y los servicios financieros. Cabe decir que el mismo argumento, es decir, el mantenimiento de una visión elusiva de los problemas reales y de sus presumibles riesgos hacia el futuro, puede ser esgrimido para España, Irlanda y Grecia, expresivamente los tres Estados que, junto al portugués, se han revelado al tiempo más beneficiados por las ayudas y más vulnerables ante los efectos de la crisis.

Sorprende, empero, que esta falta de capacidad correctora de las deficiencias existentes, y al margen de la modernización de las infraestructuras auspiciada por los fondos europeos, no se haya percibido en Portugal con la diligencia política que debiera. Y es que basta conocer los datos y tomar contacto con las reflexiones planteadas desde los foros más rigurosos para percatarse de la idea de que, desde hace muchos años, la sensación de crisis está omnipresente y muy enraizada en la vida portuguesa. Con el horizonte de que se dispone, puede afirmarse que en buena medida esta situación obedece al hecho de que, tras la dictadura salazarista, nunca se llevó a cabo una modificación real de las estructuras económicas y sociales heredadas, los sistemas de producción permanecieron en su mayor parte ajenos a los procesos innovadores que imponía la competencia a largo plazo, en tanto que la administración pública adolecía de severos síntomas de ineficiencia, mientras se ha mantenido incólume una política tributaria claramente regresiva y persistido las desigualdades sociales en umbrales mucho más acusados que en el resto de la Unión Europea en su configuración previa a la ampliación al Este.

Condicionada por estos factores, la crisis ha hecho profunda mella en Portugal hasta el punto de que no escasean las voces que cuestionan la pertenencia al ámbito de la moneda única, a la que atribuyen, junto a la liberalización del comercio mundial, la crisis de un modelo económico tradicionalmente basado en la baja productividad y en los reducidos salarios, y que ha sobrevivido hasta que las deficiencias estructurales y funcionales en que se ha desenvuelto han manifestado su inviabilidad. A la crisis económica se ha unido la crisis social, que además del aumento de la desigualdad y del desempleo – menos elevado, sin embargo, que en España – se traduce en las manifestaciones callejeras y en la reanimación de los flujos emigratorios que vuelven a fluir con intensidad hacia Europa y, llamativamente, hacia Angola, la excolonia convertida en tierra de promisión para muchos trabajadores, incluso de media y alta cualificación.

Veinticinco años después de su incorporación al espacio comunitario europeo, Portugal aparece sumido en un intenso proceso de ajuste derivado de la intervención llevada a cabo sobre su economía. Un proceso que posiblemente mediatice sus perspectivas de cooperación con España y sus regiones transfronterizas, tampoco exentas de incertidumbres. Limitado el margen de maniobra y de expectativas alentadoras de que se creía disponer, es evidente que las obligaciones impuestas por los mecanismos prevalentes en la economía europea van a suponer un horizonte que particularmente considero no halagüeño a tenor de los discursos y prácticas restrictivos en un entorno que hasta hace no mucho creíamos tan confortable y esperanzador.

En torno a la "macrorregión" del Noroeste ibérico

El Norte de Castilla, 17 de septiembre de 2010

“La unión hace la fuerza”. Así reza el lema del país de los belgas y así lo reitera la experiencia archiconocida de que el esfuerzo compartido permite alcanzar objetivos que aisladamente serían no sólo más dificultosos sino también de menor consistencia y viabilidad. Aplicada esta premisa al desarrollo territorial de la Unión Europea, su plasmación efectiva goza de una dilatada trayectoria que hunde sus raíces en la propia concepción del espacio europeo como una realidad geográficamente compleja, necesariamente abocada a la integración económica por razones que la historia y la experiencia se han encargado suficientemente de respaldar.

Si es evidente que la construcción europea no puede entenderse al margen de la voluntad demostrada por parte de los Estados a favor de eliminar las barreras fronterizas históricas y establecer espacios de encuentro y de compromiso que no han dejado de afianzarse, no menor importancia conviene asignar a los vínculos que se establecen entre los niveles subestatales del sistema administrativo, es decir, entre las regiones y entre los municipios.

De hecho las actuaciones en este sentido se remontan a momentos anteriores a la puesta en marcha de la política regional comunitaria en 1975, posteriormente identificada bajo el principio de la “cohesión económica y social” sobre la base de la convergencia entre las regiones que integran la Unión. Sorprende observar cómo desde comienzos de los años setenta empiezan a ponerse en práctica iniciativas de cooperación transnacional que comúnmente vienen motivadas por la necesidad de acometer actuaciones conjuntas sobre aspectos sensibles (áreas de montaña, aprovechamiento integral de los ríos, gestión forestal…) que conciernen a las partes implicadas con independencia de la discontinuidad forzada por la frontera.

Defiendo el argumento de que, en gran medida, Europa se ha construido desde las regiones fronterizas. Más que una ruptura, la frontera ha operado como un factor proclive al reforzamiento de la proximidad, al entender que los problemas se resuelven mejor cuando las soluciones se comparten. Sólo así se justifica el formidable apogeo adquirido por las llamadas Eurorregiones, que expresan de manera específica el valor reconocido a los espacios transfronterizos como áreas aglutinantes. En un panorama constituido por más de setenta iniciativas, el panorama es, empero, muy desigual y arroja un balance contradictorio, en el que coexisten experiencias exitosas con otras meramente testimoniales e incluso fallidas.

La Comunidad de Castilla y León se caracteriza por una trayectoria muy activa, aunque no exenta de altibajos, en el marco de la cooperación transfronteriza con las regiones limítrofes portuguesas. Ha sido beneficiaria de fondos europeos en cantidades estimables, que poco a poco han ido favoreciendo una aproximación entre los territorios a ambos lados de la “raya” y permitido un conocimiento de los valores en común del que tradicionalmente se carecía. Pero nunca ha configurado con ellas una Eurorregión. Los instrumentos utilizados han sido más modestos (Comunidad de Trabajo, Consorcios, Asociaciones), de modo que su eficacia se ha visto mediatizada por la discontinuidad en las relaciones, que no siempre han respondido al margen de posibilidades a que hubiera dado lugar una línea de actuación estratégicamente mejor definida y organizada en el tiempo.

Las modificaciones introducidas en la Política de Cohesión de la Unión Europea a partir del periodo 2007-2013 inducen a un fortalecimiento de la cultura de la cooperación territorial. Esta noción aparece definida como un Objetivo específico, es decir, como uno de los pilares esenciales de la estructuración del espacio europeo, sólo entendible desde la perspectiva de la cooperación planteada en sus tres dimensiones: la transfronteriza, la transnacional y la basada en la creación de redes regionales y urbanas, con un fuerte protagonismo descentralizado. Todo un reto, en suma, para las autoridades existentes a estos niveles, obligadas a asumir hasta qué punto la asignación de los fondos europeos ha de estar encauzada en función del grado de asimilación y aplicación de las pautas inherentes a la cooperación con territorios e instituciones ubicados en otros países del espacio comunitario europeo.

La decisión de integrar a Castilla y León en una gran región constituida al tiempo por Galicia y Norte de Portugal guarda coherencia con un enfoque del desarrollo regional vertebrado en torno a las posibilidades del espacio atlántico y a la necesidad de robustecer los vínculos allende la frontera. Me resisto a utilizar la palabra Macrorregión para definir esta estructura de cooperación a media escala, ya que el concepto aparece aún impreciso en la terminología europea o, en todo caso, se utiliza para identificar cooperación entre Estados. Pero seguramente el término es lo de menos, pues de lo que se trata es de avanzar con paso firme en una dirección inexorable. Y a nadie se le oculta que implica desafíos nada desdeñables. Y fundamentalmente uno: la historia de la cooperación entre Galicia y Norte de Portugal es tan dilatada como firme. Partícipes de una Eurorregión dotada de organismos de funcionamiento y gestión muy arraigados y de una Comunidad de Trabajo creada en 1991 y con resultados más que apreciables, constituyeron en febrero de 2008 la primera Agrupación Europea de Cooperación Territorial creada en España, figura importantísima en la que no puedo detenerme y en la que estoy investigando. En suma, nuestra Comunidad se incorpora a un espacio de interrelaciones, sinergias y compromisos ya consolidado. Sin duda tiene mucho que aportar y de lo que beneficiarse. Pero no cabe duda de que la iniciativa debe estar sustentada en una firme voluntad política, inmune al desaliento, a sabiendas de que los procesos no son tan automáticos como parece ni los resultados están garantizados de antemano.

URBANISMO ABUSIVO E INDIFERENCIA PÚBLICA

El Norte de Castilla, 30 de Abril de 2009

A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.

Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.

No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.

Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.

¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.

Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno.

Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.