La politica de vivienda en España: un problema sin resolver

 La política de vivienda debiera haber sido la prioridad del Gobierno de España, de los anteriores y del actual. Es increíble que hayan transcurrido varias legislaturas sin, pese a la conciencia de que se tenía del tema, acometer el tratamiento y la solución de uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad española, y particularmente la juventud. El tiempo ha pasado y su magnitud no ha dejado de crecer. Basta observar la ínfima posición que España ocupa en la relación de paises europeos en el indicador de vivienda social por 100 habitantes.

Viviendas sociales por 100 habitantes en la UE

De pronto, deprisa y corriendo, como si no hubiera un mañana y bajo la presión electoral en ciernes, se trata de recuperar el tiempo perdido. Y, como era previsible, las medidas adoptadas, con un abundante arsenal de improvisaciones (ahora nos damos cuenta de que existían la Sareb y los terrenos de los cuarteles abandonados) emergen de manera precipitada, sin la evaluación previa y con la visión prospectiva que merecen, solapándose entre sí e incurriendo en contradicciones que ponen en entredicho su viabilidad y el logro, siquiera sea mínimo, de los resultados pretendidos.

Y es que una política de vivienda efectiva solo es posible si se cumplen dos requisitos: un gran acuerdo interinstitucional, dada la aplicación multinivel que presenta desde el punto de vista administrativo, y en el que el compromiso de los dos grandes partidos (de los que depende la gobernación del 90 por 100 de los ayuntamientos y la mayoría de las CCAA) es ineludible; y, una planificación a corto, medio y largo plazo, bien elaborada y con plazos bien estructurados.

Nada de esto se está haciendo en España, el país europeo en el que la cultura del territorio y su ordenación racionalizada más se echa de menos. Lo que ocurre con el agua es otro ejemplo fidedigno de esta insensibilidad, crónica y que permanentemente invita al escepticismo cuando de las medidas relativas a la adecuada ordenación del territorio y sus recursos se trata.

En defensa de una Nueva Cultura del Territorio

 

Entre los temas que ponen en evidencia la sensibilidad demostrada hacia los problemas esenciales de nuestro tiempo los referidos a las transformaciones que afectan al territorio han ocupado un lugar primordial, contempladas desde el enfoque multidisciplinar que distingue e interpreta el desarrollo de sus actividades como acreditado ámbito de encuentro, reflexión y debate. No es una preocupación baladí, pues a nadie se le oculta la trascendencia y el significado que poseen las intervenciones que, a diferentes escalas y con variables niveles de intensidad e impacto, afectan a los entornos en los que se desenvuelven y organizan las actividades humanas y las estructuras territorializadas de relación social, económica y cultural. Siempre he defendido, y sigo defendiendo, la idea de que todo tiene que ver con el territorio, como escenario y armazón vertebrador de cuanto sucede sobre la Tierra. Todas las disciplinas cultivadas por el ser humano remiten necesariamente a la toma en consideración de la dimensión espacial que, tanto en la fase de indagación como de experimentación, ofrecen. La experiencia obtenida del trabajo interdisciplinar no ha dejado de ratificar esta afirmación.

            Tal es la razón que justifica estas líneas como aproximación a un aspecto tan interesante como complejo, relativo a los fenómenos y las tendencias que caracterizan la evolución de las realidades contemporáneas, cuya dimensión territorial es incuestionable. No he tratado con ello de realizar un análisis pormenorizado y erudito sobre la cuestión, que ya he abordado con detenimiento en otras publicaciones a lo largo de mi trayectoria profesional, sino de plantearla como argumento susceptible de atraer la atención y, en la medida de lo posible, alentar el debate, máxime cuando son numerosos y reiterados los testimonios que revelan la incuria con la que tan a menudo es tratado el territorio en España. Los ejemplos son tan ostensibles, y tan presentes están en la mente de todos, que huelga cualquier referencia detalladas sobre un problema archiconocido y en ocasiones de una extraordinaria gravedad.

            Motivado por esta preocupación, me centraré en dos ideas que considero relevantes: de un lado, trataré de abordar un acercamiento al concepto mismo de territorio como noción sustantiva y primordial en el contexto de las preocupaciones sociales e institucionales; y, de otro, llamar la atención sobre un Documento que, promovido y debatido en el seno de la Geografía española, merece ser conocido y asumido con mayor resonancia que la que desde su formulación en la primera década del siglo XXI se le ha otorgado.

 

¿Qué entendemos por territorio? La cultura territorial como fundamento de las relaciones construidas entre la sociedad y el espacio geográfico

            Estamos ante una noción esencial, integradora de las diferentes perspectivas que confluyen en la interpretación y en la percepción de un espacio geográfico como soporte de la identidad cultural de una sociedad, de los procesos formativos que la vertebran y como garantía a su vez para orientar las decisiones mediante la toma en consideración tanto de sus potencialidades como de las amenazas a que se enfrenta. De su relevancia deriva el proceso de afianzamiento intelectual asociado a la construcción de una Nueva Cultura del Territorio. 

        Cimentado en las connotaciones que encierra el concepto de cultura, su aplicación específica reviste una gran trascendencia en la medida en que permite la asimilación perceptiva y práctica de las características que un territorio presenta desde el punto de vista de sus recursos, de sus ventajas comparativas y de sus fortalezas frente a las diversas amenazan o situaciones de riesgo a las que se enfrenta en función de los aprovechamientos ejercidos sobre él. Supone, por tanto, una garantía para que la intervención que sobre él se realice aparezca debidamente sustentada en un análisis riguroso de sus capacidades y de los límites que han de orientar las actuaciones a fin de que sus valores distintivos –aquellos en los que precisamente se asienta la dimensión socio-cultural del espacio- sean debidamente preservados.

            La cultura territorial, como expresión asociada a la consideración de lo que significa un espacio de vida, de actividad, de intereses y de relaciones, y poseedor de referencias e incitaciones culturales múltiples a la par que, integradas, se convierte en un valioso concepto catalizador de voluntades y estrategias, tanto desde la perspectiva individual como colectiva. Individualmente, supone un desafío para el desarrollo cognitivo y comportamental de la persona, en la medida en que estimula la curiosidad y alienta la capacidad de iniciativa que la permite avanzar en la aprehensión de la realidad territorial hasta asumirla como un elemento clave de su acervo cultural y como estímulo orientador de sus actitudes ante la realidad territorial en la que se inscribe. 

                De ese modo, los ciudadanos logran adquirir el nivel de sensibilidad necesario para entender el significado y la impronta de los cambios producidos en su entorno, comprender los factores que los motivan y valorar la magnitud de sus impactos, permitiéndole ejercer una función cautelar de las actuaciones. Asimismo, la relevancia del concepto radica también en su virtualidad para operar como noción aglutinante de posiciones colectivas, fortalecidas al amparo del conocimiento compartido y colectivamente asumido del territorio, que opera como factor de cohesión social y cultural y como posición activa en la defensa y salvaguarda de sus cualidades patrimoniales, entendidas como baluartes de necesaria e ineludible consideración en la toma de decisiones.

            De ahí su capacidad para plasmarse en la diversificación de las representaciones sociales de que es susceptible el territorio, coherente con la elaboración de posturas y comportamientos comunes materializados en redes asociativas o de colaboración que, estables y a la par cambiantes en el tiempo, redundan en efectos positivos a favor de la mejora de la calidad del territorio y de los vínculos fraguados entre éste y la sociedad. En ambos casos la labor informativa y formativa –sustentada en lo que ha de valorarse como un proceso de aprendizaje territorial permanente- desempeña una importancia capital, ya que contribuye a la transmisión del conocimiento y a la sistematización de los saberes que cristalizan en la toma de conciencia y en la mejora perceptiva de los fenómenos en los que, de cara a la acción, se apoya el respeto y la defensa del territorio en el que se inscriben dichas sensibilidades.  Al amparo de esta serie de consideraciones se justifica plenamente el tratamiento sistematizado con el que, desde el punto de vista estratégico y decisional, han de ser abordadas las medidas de intervención sobre el territorio.

 

Un hito esencial: el llamamiento a favor de una Nueva Cultura del Territorio

La elaboración del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio (2006) por parte de la Asociación Española de Geografía  marcó en su día un hito indudable en la historia del pensamiento sensible en España relacionado con la magnitud e importancia de los problemas territoriales. Fue una importante llamada de atención sobre los aspectos que conviene recordar.

            Se parte de la idea que el territorio debe convertirse en un tema político de primer orden, entendiendo por político no únicamente la práctica institucional o partidaria, sino también el compromiso del conjunto de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene derecho a vivir en un ámbito digno, sano y bello, pero también tiene el deber de cuidarlo y de exigir que velen por él quienes tienen la representación de la sociedad. Urge pues poner las bases de una nueva cultura territorial que impregne la legislación estatal y autonómica, que oriente la práctica de todas los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado, que corrija en beneficio de la colectividad los excesos privados y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad social.

 

Esta Nueva Cultura del Tterritorio debe estar sustentada en los siguientes principios, criterios y prioridades:

 

1. El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras.

 

2. El territorio es una realidad compleja y frágil. Toda realidad territorial, todo lugar, está compuesto de múltiples elementos naturales y culturales y de sus interrelaciones, que deben ser adecuadamente considerados. Las actuaciones con gran incidencia territorial (urbanización, obras públicas, extracción de minerales, roturaciones, forestaciones, etc.) tienen habitualmente consecuencias irreversibles. Por ello, deben realizarse con conciencia de dicha complejidad y evaluando previamente las múltiples repercusiones posibles. El principio de precaución es de imprescindible aplicación a todas estas transformaciones.

 

3.  El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Estos valores sociales difíciles de medir en términos monetarios convencionales deben ser tomados sistemáticamente en consideración por las administraciones responsables de velar por sus cualidades y potencialidades. La apropiación privada de cualquier parte del territorio debe ser compatible con dichos valores; por ello, la propiedad del suelo y la vivienda debe ser ejercida con respeto de su función social, y con la asunción plena de la responsabilidad de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su potencial paisajístico.

 

4. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. En efecto, la correcta gestión del proceso de urbanización permite reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas, contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.

 

5.  El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. Así, frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la importancia de la legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen gobierno del territorio. Ahora bien, la práctica urbanística debe dotarse de nuevos horizontes y de nuevas herramientas disciplinares y administrativas. Sólo de esta forma dará respuesta a las necesidades sociales, propiciará la coordinación política horizontal entre distintos departamentos y fomentará la concertación vertical entre administraciones y con los agentes sociales. El conjunto de administraciones competentes debe propiciar pues una revalorización del planeamiento territorial y general, suprimiendo la utilización espuria de otros instrumentos de menor alcance espacial, pero con alta incidencia real, cuya aplicación abusiva ha tenido como consecuencia la urbanización masiva, desordenada e inadecuada de suelo rústico.

 

6. El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de ordenación están sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana. Ante esta deriva, hay que defender planes municipales de ordenación que atribuyan valores positivos a todas y cada una de las partes del término municipal, basando el crecimiento urbano en criterios ecológicos y sociales, más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos. En particular, debe abandonarse la concepción del suelo rústico como un espacio residual, perennemente pendiente de urbanización futura y comprender que la permanencia de suelos rústicos destinados a las prácticas agrarias se hace imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en los contextos espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas. La defensa del espacio abierto, como matriz territorial básica es hoy una prioridad que debe ser perseguida adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de tierras y/o expropiación por interés social.

 

7. El planeamiento territorial debe proveer de acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos. En un territorio crecientemente integrado el planeamiento municipal no puede hacer frente por si solo a las dinámicas de transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social. El planeamiento territorial debe ser un compromiso a la vez general y suficientemente concreto, por cuyo cumplimiento y desarrollo será evaluada la actividad política de los partidos y responsables públicos que lo formulan y aprueban. Sobre las Comunidades Autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una mayor voluntad política de ordenar su territorio superando la situación creada casi exclusiva del planeamiento urbanístico. Deben aumentar su capacidad administrativa y técnica para realizar planes de ordenación y de hacer real el orden territorial que se propongan tener. Es imprescindible la formulación de modelos de ordenación territorial para ámbitos metropolitanos, litorales y de espacios rurales, con ciudades medias y/o espacios naturales protegidos.

 

8. El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio. Con pleno respeto a las competencias que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónomas y a los municipios en ordenación territorial y urbanismo, la administración general del Estado no puede dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural. Sobre el gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para los gobiernos locales que responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar.

 

9. En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global. El Estado español ha suscrito y/o ratificado diferentes acuerdos internacionales (Convención sobre conservación y protección de la vida silvestre y el medio natural, Berna, 1979; Carta Europea de Ordenación del Territorio, Torremolinos 1983; Convención para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa, Granada 1985; Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992; Estrategia territorial europea, Postdam, 1999; Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, 2000, Hanover; Convención europea del paisaje, Florencia, 2000). En estas circunstancias, las administraciones públicas españolas están obligadas a seguir las orientaciones que en ordenación del territorio desarrollan otros estados europeos de forma consecuente con dichos tratados y con repercusiones muy positivas para sus ciudadanos.

 

10.  El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio. Para promoverla es necesario un gran acuerdo que debe tener su reflejo tanto en la actuación administrativa como en las prácticas sociales. Así, las administraciones que actúan en cada nivel territorial (local, autonómico, estatal y europeo) deben revisar sus objetivos, sus normativas e instrumentos de gestión territorial para ponerlos de forma más efectiva al servicio de la colectividad. Y los ciudadanos, al mismo tiempo que reclaman el derecho de un trato equitativo en cualquier territorio, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones venideras.

 

            Trece años después de su promulgación el Manifiesto ha sido sometido a una revisión que, asumiendo la envergadura de los cambios ocurridos en la realidad española y en las escalas en las que se integra, ha cristalizado en la ADDENDA 2018, cuya consulta recomiendo al constituir un complemento necesario que avala la continuidad y la pertinencia de las ideas maestras plasmadas en el Manifiesto dado a conocer en 2006.  

La industria, un motor esencial para el territorio

 

El Norte de Castilla, 25 diciembre 2021 

La instalación en Valladolid de una factoría de la empresa británica Switch Mobility, subsidiaria de la hindú Ashok Leyland, y destinada a la fabricación de autobuses eléctricos, es, en principio, una muy buena noticia. Más allá de los datos, en inversión y empleo, que revelan la magnitud de la iniciativa y que seguramente adquirirán mayor concreción a medida que espacialmente se materialice, esta decisión pone al descubierto dos aspectos que conviene destacar.

            En primer lugar, y contemplado desde la perspectiva regional, ratifica la relevancia alcanzada por Valladolid y Castilla y León como escenarios atractivos para la implantación industrial en todas sus manifestaciones. La decisión de la firma británica sintoniza con un prestigio acreditado en el tiempo, que asocia la ubicación elegida con la capacidad demostrada para ocupar una posición internacional de primer orden en el campo de la producción automovilística. La sólida tradición acumulada en este sentido, valorada y analizada en numerosas publicaciones, no podría perder continuidad en el panorama repleto de desafíos y estímulos abierto por el proceso de transición numérica y ecológica. Se trata de un enorme reto, condicionado por las implicaciones que derivan de la intensa transformación a que se ven abocados los procesos tecnológicos en el sector que a menudo he definido como “la industria de las industrias”, es decir, el complejo de tareas asociadas a la construcción compleja del automóvil, que en sí mismo supone la integración técnica y funcional de una gran variedad de elementos, todos ellos afectados por innovaciones tan intensas como aceleradas en el tiempo. 

Junto al nivel de calidad alcanzado por las factorías de montaje, justo es destacar el decisivo papel desempeñado por las plantas de elaboración de componentes, que han hecho de la industria auxiliar de la automoción ubicada en diferentes puntos de Castilla y León, y artífice de una trama fabril altamente competitiva, una de las más reconocidas del mundo. Como tampoco habría que ignorar la existencia de un personal altamente cualificado en los diferentes campos relacionados con la especialización tecnológica y organizativa de las empresas. Sobre tales cimientos está plenamente justificada la propuesta a favor de que la ciudad de Valladolid siga manteniendo un peso específico en los rumbos renovados de la automoción. Precisamente en esos términos planteé no hace mucho la conveniencia de que Valladolid mantuviera su condición de espacio privilegiado para el desarrollo de las instalaciones vinculadas al desarrollo de la movilidad sostenible. Así consta en el acta de la reunión del Pleno Consejo Social de la ciudad que, presidido por el alcalde, tuvo lugar el pasado 26 de octubre.  

               La segunda de las lecciones extraídas de la presencia de Switch Mobility en nuestra región – pues su resonancia ha de ser también regional – tiene que ver con lo que representa, a modo de ejemplo, dentro de los nuevos horizontes abiertos a la industrialización española y de la Unión Europea. En ambos casos, no es aventurado traer a colación el nivel de incidencia que el Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia pueda tener en el cumplimiento de uno de sus objetivos prioritarios: el impulso de un modelo productivo sustentado fundamentalmente en la industrialización, la digitalización y el cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible. Las interrelaciones que se establecen entre estas directrices suponen, en principio, un viraje muy notable respecto a las muestras de debilitamiento de la fortaleza industrial europea en el mundo, más ostensibles aún en términos relativos en el caso de España, donde el sector apenas representa el 15% del PIB, seis puntos por debajo de la media comunitaria europea y casi la mitad de Alemania. Recordemos también que España, según la OMC; ocupaba en 2020 el sexto lugar de la UE y el 15.º del mundo en el ranking de países exportadores de manufacturas, con una cuota en el mercado global de tan solo el 1,8%. Las diferencias provocadas por tales contrastes se han puesto claramente en evidencia durante los años de la Gran Recesión (2007-2008) cuando las limitaciones estructurales de una parte sustancial del tejido productivo español – ese “entramado demasiado vulnerable de pymes” de que habla el Banco de España - han agravado de manera sensible sus costos económicos y socio-laborales.  La resolución de estas limitaciones representa, por tanto, uno de los principales déficits estructurales que ha de ser corregidos en el contexto de las orientaciones estratégicas que globalmente han de marcar la pauta en el proceso de recuperación de la industria española y europea en un mundo globalizado.

               Contundentes son las proclamas emanadas de los órganos de gobierno comunitarios, cuando aluden a la necesidad de afianzar el papel de la industria como factor de impulso del crecimiento económico y del empleo. Y lo hacen en defensa de un complejo de actividades, cuyas premisas deben actualizarse en el contexto de los nuevos enfoques estratégicos a que al mismo tiempo obligan el Brexit – no es baladí que Switch Mobility sea una empresa británica, decidida a instalarse en un país miembro de la UE –, las rupturas producidas en el comercio de suministros y en las cadenas de valor internacionales (con los riesgos que conllevan) y los impactos provocados por la pandemia de la covid 19. No en vano asistimos a una reestructuración global de la Geografía de la industria, que conviene analizar de cerca para valorar sus implicaciones efectivas en España y en Castilla y León sobre la base de sus potencialidades constatadas.

 

Cuando la vida se reduce a un metro cuadrado

 

Aunque cese de inmediato o el ímpetu de su fuerza amaine, los impactos de la erupción que comenzó el 19 de septiembre de 2021, año segundo de la pandemia, marcarán para siempre la configuración del paisaje y de las formas de vida en la isla española de La Palma, en el archipiélago canario. Y también lo hará la percepción de lo que, dentro y fuera de la isla, ese fenómeno ha provocado en un espacio insular de reducida dimensión, de cierta entidad demográfica y con destacada actividad agraria. Son rasgos que agravan la magnitud de la erupción y sus derivaciones.

            Geográficamente es un tema de enorme importancia por su gravedad global. Todo se trastoca, la destrucción es masiva y de manera traumática. No es posible, por más lejos que se viva de aquel escenario, apartar la mirada de las alteraciones producidas en el paisaje y en la vida de quienes allí residen y se afanan por vivir en medio de la catástrofe natural más catastrófica de todas: la ocasionada por la furia interna de la Tierra, inmensa e indómita cuando se desencadena. No hay peor tragedia territorial en espacios habitados que la que traen consigo un volcán y los seísmos que lo acompañan. La tierra tiembla, mientras descubre sus magmáticas interioridades. A diferencia de lo que sucede con otros accidentes naturales, no hay posibilidad alguna de control. Las emisiones acabarán, pero nadie prevé cuándo. Las perturbaciones atmosféricas, siempre anticipables, duran unos días; las telúricas nunca se sabe.

            La incertidumbre crea desasosiego, ansiedad, estrés y mucha sensación de vulnerabilidad. Día tras día, hora a hora, permanentemente, sin descanso. La imaginación queda desbordada  ¿Se hacen una idea de las sensaciones acumuladas por los niños y por las personas en situación de fragilidad? Estruendo incesante, aire enrarecido, luminosidades indeseadas, fulgores que aterrorizan, vertidos incandescentes y sin control, sensación de impotencia, destrucciones erráticas, personas asustadas y a la deriva, con las manos vacías y el rostro entre despavorido y resignado, plantaciones, viviendas e infraestructuras básicas desaparecidas y reemplazadas por hectáreas inabarcables de malpaís, un futuro imposible de planificar hasta que todo acabe. Sus pertenencias, las que presurosamente han podido salvaguardar en medio del pánico, caben en un metro cuadrado de un almacén.

            Todos somos la isla La Palma, el archipiélago canario se imbrica en nuestras vidas. Nos pertenece y lo sentimos nuestro. Aunque el volcán termine, jamás será posible olvidar el otoño de La Palma, aquel en el que el palmero no ha podido decir a la palmerita "que se asome a la ventana, que su amor la solicita". Lo volverá a cantar, pero ya el espacio no será lo mismo. Aunque el paso del tiempo todo lo diluye, no podemos admitir que quede difuminado el recuerdo de las trenzas de lava solidificada, piroclastos y ceniza con su poder arrasador y para siempre.

        La erupción ha finalizado a los 85 días de su estallido. Ha coincidido con la Navidad. Mas la pesadilla no ha terminado. Queda por delante un largo camino hacia la recuperación: de la vida, de lo perdido, de lo abandonado, de la confianza en el futuro. No es un problema estricto de la isla o del archipiélago canario. Es un problema de todos. 

 

Ciudades medias: ¿crisis u oportunidad?

 

Burgos

El Norte de Castilla, 24 septiembre 2021

En el contexto de los interesantes debates planteados en torno a las dinámicas demográficas contemporáneas, afloran de nuevo en los países europeos y, entre ellos, en España, las reflexiones que centran la atención en los cambios que pudieran tener lugar en la reestructuración de los sistemas urbanos a partir de las implicaciones derivadas de la distribución selectiva de la población en el territorio a favor de los grandes complejos metropolitanos. Asumido hasta ahora dicho proceso como algo inexorable, su constatación no impide plantear hasta qué punto ese sesgo a favor de la polarización va a traer consigo un debilitamiento irreversible de las ciudades de pequeño y mediano tamaño o, por el contrario, puede cobrar sentido la hipótesis de una recuperación de sus posibilidades como espacios atractivos, susceptibles de experimentar una dinamización de las actividades económicas, con la consiguiente generación de riqueza y empleo que les permita contribuir a un cierto reequilibrio del territorio.

            Abierta la reflexión a las comprobaciones empíricas que ratifiquen con rigor el sentido de una u otra tendencia a corto y medio plazo, el tema adquiere una notable relevancia en un momento especialmente decisivo, en el que el concepto de ciudad media cobra la dimensión que lo identifica con una reordenación del territorio. No en vano es el momento que revela el desencadenamiento de transformaciones económicas, espaciales y socio-laborales de gran envergadura en coherencia con las reflexiones, actitudes y exigencias provocadas por la era postcovid, por las lecciones y advertencias de ella extraídas, y por las pautas de actuación asociadas la transición ecológica, que se muestra inexorable, con los efectos socio-económicos y espaciales derivados que ha de traer consigo.

            Es evidente que ese proceso de transformación encuentra en las ciudades su campo de experimentación más significativo, y en el que el análisis comparado permite conclusiones valiosas desde el punto de vista estratégico. Es bien sabido que las grandes aglomeraciones conllevan, proporcionalmente en relación con su tamaño, un elevado consumo de suelo y de energía a la par que aumentan su capacidad de impacto ecológico en función de la magnitud de los vertidos y las agresiones producidas a gran escala sobre el medio ambiente. Son aspectos críticos a los que hay que sumar los impactos negativos provocados sobre la calidad de vida de la población debido a problemas inherentes a las escalas urbanas de gran dimensión como son los que tienen que ver con la intensidad y congestión de los desplazamientos, con la conciliación de actividades, con el encarecimiento de la vivienda o con la acentuación de las desigualdades, entre otros muchos. Aparecen, en cualquier caso, sumidos en la contradicción que resulta de contraponer sus posibilidades como espacios de crecimiento económico ya consolidado y como lugares de asentamiento de servicios y centros de dirección de primer nivel, con los condicionamientos y servidumbres que acompañan a los procesos de aglomeración (de ahí el concepto de "deseconomías de aglomeración" que se aplica a las macroestructuras urbanas), limitativos cuando se trata de acometer actuaciones correctoras de los problemas existentes y de acomodar sus estrategias a los requisitos que imponen los objetivos propios de la sostenibilidad. Tanto es así que no deja de llamar la atención la idea formulada por el geógrafo Guillaume Faburel cuando plantea la posibilidad de que las ciudades medias puedan convertirse en el "estrato urbano prioritario"

            No sorprende, pues, que ante este escenario parezca convincente y oportuna la necesidad de llamar la atención acerca el margen de posibilidades que, como opciones alternativas tanto desde el punto de vista del trabajo como residencial, presentan las ciudades en las que los problemas señalados – en virtud de la escala dimensional más racional en la que se plantean y pudieran resolverse - revisten menor gravedad. Quizá pueda parecer excesivo presentarlas de manera genérica como escenarios alternativos en un horizonte cercano, en virtud de las inercias que inducen al mantenimiento del modelo dominante y de las insuficiencias que la mayor parte de ellas presentan desde el punto de vista estratégico para acreditar, con perspectivas de ser tenidas en cuenta, sus potenciales ventajas comparativas (tranquilidad, espacio, dotaciones educativas, coste de la vida proximidad...), con frecuencia tan ignoradas como infrautilizadas.

           Nos encontramos ante un gran desafío reestructurador del territorio, que conviene valorar en toda su dimensión para ser asumido por parte de los órganos responsables de la gestión de la ciudad y de la definición de sus principales orientaciones estratégicas. En este sentido no son desestimables los debates que están teniendo lugar en algunos países de la Unión Europea, en los que no son aisladas las voces que, de manera documentada y con cifras en la mano, dan a conocer las expectativas potencialmente ofrecidas por las ciudades situadas en un umbral de población entre los 10.000 y los 150.000 habitantes, aunque estos límites varían en función de los respectivos contextos territoriales. 

        Ahora bien, más allá de estos umbrales se trata de identificar la importancia económico-espacial de este nivel urbano intermedio, que opera como eslabón de transición entre las grandes áreas metropolitanas y los espacios adscritos a los parámetros propios del mundo rural. Se trata de una categoría que emerge con fuerza en el panorama de las políticas públicas urbanas que preconizan la necesidad de fortalecer el conjunto de ciudades susceptibles de fortalecer las interacciones sociales, afianzar los vínculos de convivencia y asegurar una mayor calidad de vida sobre la base de su capacidad para configurar espacios urbanos inclusivos, seguros, innovadores, cualitativos, resilientes y sostenibles, lo que obliga a una adaptación de las políticas públicas para asumir con garantías los compromisos que esos objetivos implican a la par que incrementan su capacidad de acción con vistas a lograr avances significativos a favor de un mayor equilibrio y mejor aprovechamiento integral del territorio. Suponen, en fin, una forma mucho más creativa de establecer las relaciones con el espacio. Ante este escenario no es ocioso aludir al margen de posibilidades que tal vez pudieran abrirse para las ciudades de Castilla y León, donde este rango urbano presenta potencialidades aún no debidamente aprovechadas.

En defensa de un Pacto por la Sanidad Rural en Castilla y León

Este texto expone y desarrolla las ideas planteadas en el debate organizado por Televisión Castilla y León en su programa "Cuestión de Prioridades" el dia 8 de septiembre de 2021

Consultorio del SACYL en Arcillera (comarca de Aliste, Zamora)  (Fotografia de Rocío Pérez, 2021)

Estas ideas, expuestas en el programa mencionado, las reitero ahora con el fin de dejar constancia de ellas: la reestructuración de la sanidad en el mundo rural es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Comunidad de Castilla y León. No hay un caso igual en la Unión Europea. Y es que, siendo también un problema destacado en otras regiones españolas y europeas, enfrentadas en este tema a una situación preocupante, las características específicas de esta región - magnitud territorial, dispersión del poblamiento, estructura demográfica- acentúan sus aspectos críticos y dificultan las opciones estratégicas para ordenar con criterios de eficacia y equidad ese servicio básico. Un servicio que además tropieza con las insuficiencias de que adolece la dotación de profesionales sanitarios, afectada en España por una mala política de Estado, que está haciendo, en función de los recortes aplicados en el periodo 2009-2018, mella dramática en el ejercicio de la medicina en el conjunto del país y, con especial impacto, en el ámbito rural. No sorprende, por tanto, el hecho de que, considerado por los alcaldes de Aliste como "un buen plan" el presentado por la Consejería de Sanidad, se insiste en la dificultad que supone su aplicación debido a la escasez de médicos para llevarlo a la práctica.

Debido a condicionamientos de esa naturaleza, y que son difícilmente soslayables, cualquier toma de decisiones es arriesgada y proclive a la polémica e incluso a la demagogia. Siempre lo será. Mas, por algún sitio habría que comenzar. Y eso es lo que ha tratado de hacer la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, lo que de entrada compromete al conjunto del gobierno autónomo. Es decir, hay que empezar a desbrozar el camino en un panorama tortuoso y dificilísimo de abordar como se quisiera y de manera óptima, habida cuenta de que el óptimo no existe. Ante una tendencia regresiva de la población, mantener dotación completa y permanente de médico y enfermería en 3.669 consultorios y 247 Centros de Salud (organizados en 161 Zonas Básicas de Salud rurales) es materialmente inviable e incluso carente de sentido. Cuando la consejera Verónica Casado compareció el día 3 de septiembre para dar cuenta del asunto quien esto escribe tomó buena nota del alud que a la señora Casado se le venia encima. Llamé a mis amigos médicos y enfermeras del Aliste para comentario... y coincidimos: "ha empezado pero nadie sabe cómo va a terminar".

Ya ha empezado, en efecto, como propuesta, como proyecto, como conjunto de ideas a tener en consideración. Conocemos, de momento, cuales son sus directrices básicas:

- extender y hacer efectiva la cita previa (como sucede en el conjunto del sistema de atención)

- reordenación del mapa de gestión sanitaria, lo que obligará a que municipios de una zona básica de salud puedan integrarse, con criterios de racionalidad geográfica, en la que mejor facilite la accesibilidad a la atención sanitaria

- posibilidad de crear nuevas áreas que permitan mejorar la prestación asistencial

- redistribuir la población entre los profesionales: mínimo de 400 pacientes por médico

- todo ciudadano tendrá un médico y un profesional de enfermería asignados y de referencia

- organizar los servicios de movilidad como garantía de un tratamiento efectivo con la mayor inmediatez posible

Naturalmente, queda aún mucho trayecto por recorrer, un trayecto cuyo horizonte depende de la iniciativa política y de la capacidad para afrontar el enorme reto planteado: que nadie quede desatendido, poniendo a su servicio las infraestructuras que lo hagan posible. El planteamiento se corresponde con una de las medidas esenciales de la política de Ordenación del Territorio, respaldada por el Parlamento regional, consistente en la creación y organización de los servicios públicos a través de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio. No es, por tanto, ajeno a un enfoque de racionalización funcional del territorio ya aprobado en las Leyes de  ordenación territorial de 1998 y 2013, de las que deriva el Mapa que -  orientado a “garantizar los servicios públicos autonómicos en el medio rural” - el Gobierno regional ratificó el 26 de enero de 2017.

Es un tema pendiente de debate, discusión, aclaración y alternativas. Y también necesitado de una explicación, clara, convincente y sincera por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y eso es precisamente de lo que se trata. Por eso resultan pertinentes los avances posibilitados por la toma de contacto con otras Comunidades Autónomas afectadas por problema similar. Prueba de ello lo ofrecen las conversaciones mantenidas con las Comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha, gobernadas ambas por el Partido Socialista, y de las que han derivado las propuestas acordadas en la reunión celebrada en Soria el 20 de septiembre.

Sin haber acometido aún el debate sobre la propuesta, no es convincente introducir en ese escenario una crisis política que eclipsa y difumina el fondo del problema y desvía la atención hacia otro tipo de intereses y preocupaciones. Adelantar elecciones supone la paralización del proceso y posponer su elaboración conforme a los criterios y los objetivos que cada opción política pueda plantear, y no a corto plazo sino en el horizonte de la legislatura, que razonablemente puede, en los dos años que restan, centrarse en tan complicada cuestión, que es lo que sin duda los ciudadanos esperan de sus representantes. Y es que un adelanto electoral siempre significa un fracaso para el que gobierna.

Tras la aprobación de la Proposición No de Ley presentada por el Partido Socialista en contra de la reforma sanitaria propuesta y aprobada con el apoyo del Partido Popular, todos los partidos aparecen situados corresponsablemente ante el tema que nos ocupa. Ha llegado la hora de verdad. Nadie puede eludir su responsabilidad, entendida como compromiso colectivo. De ahí que, como muchos profesionales y representantes locales proclaman, se impongan el consenso, el acuerdo, ese gran PACTO de Comunidad que Castilla y León necesita para que esta cuestión quede satisfactoriamente resuelta. Es la hora de la política a medio y largo plazo, no cortoplacista. Estoy convencido de que, si esa idea del compromiso compartido llegase a cuajar, Castilla y León habrá dado un paso de gigante hacia el futuro. Y los ciudadanos lo sabrán reconocer.

Los impactos espaciales de la pandemia

 

La pandemia que está trastocando el mundo en los inicios de la tercera década del siglo XXI ha contribuido con fuerza a la reactivación de reflexiones y debates que ya estaban latentes como reacción a los impactos provocados por la crisis financiera de 2008. Aunque las motivaciones de una y otra son distintas, no están ausentes de los rasgos y las tendencias que definen un panorama repleto de problemas irresueltos, que inducen necesariamente a la reflexión con fines interpretativos y correctores. Son, en esencia, grandes y perentorios desafíos intelectuales suscitados ante la necesidad de dar respuesta a problemas acuciantes que, de forma general, quedaron identificados con los efectos de la globalización, un fenómeno positivamente valorado en sus fundamentos básicos para acabar sometido a evaluaciones críticas, que incluso apuntan al fin del orden liberal globalizado,  y a la elaboración de propuestas alternativas, acordes con la necesidad de un modelo socialmente más equitativo, más sostenible desde el punto de vista ambiental y, por ende, fiel a los ineludibles compromisos a que obliga la lucha contra el calentamiento global, de gravedad creciente. Estamos asistiendo, y en un momento crítico de la geopolítica mundial, a una etapa abierta a la búsqueda de nuevos horizontes interpretativos, exigentes en autocrítica y en labor prospectiva de cara a una visión a medio y largo plazo de los procesos que han de afectar a las sociedades tanto individual como colectivamente.

Con la perspectiva temporal disponible resultan patentes las disrupciones que está trayendo consigo desde el punto de vista territorial hasta cimentar las bases de un replanteamiento de las realidades espaciales a partir de las nuevas formas de relación entre las sociedades y los entornos en los que se organizan y desenvuelven. No en vano el patógeno SARS-CoV-2 se ha convertido, como afirma Lussault, en un potente operador geográfico que incide sobre el Sistema-Mundo, dando lugar a transformaciones que en esencia se corresponden con una performance geográfica global. Convendría detenerse en lo que significa este fenómeno con el fin de apreciar el alcance de los cambios, ya producidos o en vías de hacerlo, en la configuración de las realidades espaciales, afectadas – o en vías de afectación - por rupturas flagrantes respecto a las tendencias consolidadas en la etapa previa al desencadenamiento de la peste.

            A modo de aproximación a un tema cuyos perfiles se encuentran todavía pendientes de constataciones bien definidas, cabe estimar que los procesos detectados gravitan en torno a tres tendencias fundamentales, que operan como argumentos determinantes de nuevos comportamientos y estrategias. Abiertos al debate, a la contrastación empírica y a la reflexión prospectiva, no son sino la plasmación de metamorfosis decisivas en las formas de vida y en la manera de entender las cambiantes relaciones que las sociedades mantienen con el espacio y con el tiempo. Un fenómeno solo entendible desde la visión del “tiempo largo de las epidemias”, de que habla Vigneron.

En un mundo hiperconectado la evolución de la enfermedad y la consecuente crisis sanitaria han puesto al descubierto la espectacular capacidad de propagación del virus, plenamente superado el condicionamiento de la distancia. El hecho de que los impactos hayan sido comprobados simultáneamente en escenarios tan distantes entre sí ha revalidado la percepción de un mundo compartido, entendible en su globalidad y complejidad, y en el que la difusión de la enfermedad elimina por completo la sensación limitativa de la discontinuidad fronteriza, por más que ésta se haya utilizado como medida profiláctica frente al contagio. Situados ante la epidemia más documentada de la Historia, se ratifica la envergadura de sus implicaciones merced al caudal de datos generados por la numerización masiva del conocimiento. No es posible sustraerse en un contexto así a la toma en consideración de sus manifestaciones espaciales como son las relacionadas con su incidencia en la exacerbación de las desigualdades sociales (en función del género, del nivel social y del origen geográfico), en el agravamiento de la brecha tecnológica como factor clave de diferenciación socio-espacial, en el deterioro de las formas de trabajo – “los trabajadores invisibles”, de que hablan Dagorn y Luxemburg -, en la afectación de las relaciones sociales y de la propia vida, que Durán ha calificado en estas páginas como “la servidumbre de los cuerpos”. Todo ello sin olvidar los contrastados niveles de calidad y efectividad de los servicios asistenciales, sometidos a presiones que han mediatizado su capacidad de respuesta para asumir el incremento exponencial de las necesidades a que se han enfrentado los sistemas públicos de atención sanitaria.  

- Por otro lado, los respectivos espacios de vida se han visto afectados de manera generalizada en función de los hábitos inducidos por el obligado confinamiento y el repliegue a favor de la salvaguarda de la privacidad como réplica a la aglomeración social, entendida como ámbito desestimable. La reclusión se atiene a la dosis de sacrificio y renuncia que antepone la seguridad a la libertad, como forma de autoprotección y como eliminación de las dudas e inseguridades que suscita el hecho de encontrarse ante una situación de riesgo letal e imprevisible. Si esta disyuntiva ha seguido respondiendo a los mismos esquemas valorativos que Watts planteaba en su Elogio de la inseguridad en los años cincuenta, no estaría de más invocar la elocuente y oportuno reflexión de Delumeau, para quien “la inseguridad no nace solo de la presencia de la enfermedad sino también de la desestructuración de los elementos que construyen el entorno cotidiano, en el que todo es diferente”.  

-Y, como observación aún pendiente de verificaciones contrastadas, no es descartable que el binomio espacio-tiempo se muestre en gran medida trastocado por las nuevas lógicas que tienden a alterar la configuración física de los territorios. A ello han de contribuir decisivamente dos factores decisivos: de un lado, las restricciones y cautelas aplicadas a uno de los soportes que en mayor medida han sustentado la dimensión del proceso globalizador, como es el ejercicio de la movilidad a todas las escalas, en la que el transporte colectivo aparece sujeto a profunda revisión; y, de otro, la modificación de las pautas de conducta asumidas por las personas y las empresas en un contexto propicio además a la recuperación de la confianza en el Estado. Sobre la confluencia de ambos procesos descansan nuevos horizontes estratégicos, cuyo alcance sorprende antes de que sus efectos se plasmen de manera explícita. Bien observables en las reestructuraciones habidas en el uso recreativo del espacio y en la intensificación del trabajo no presencial, no carecen de importancia los fenómenos que repercuten en la concepción, con criterios alternativos, de la ordenación de los ámbitos urbanos y rurales, así como de las interrelaciones producidas entre ambos, en el replanteamiento funcional de las actividades educativas o, como hecho de enorme trascendencia, en la proyectada reordenación de las cadenas mundiales de valor, mediante la revisión a fondo del modelo de integración asimétrica de la producción industral a que ha conducido un proceso deslocalizador hoy cuestionado al amparo de una mundialización en crisis.  Krastev lo ha señalado con gran expresividad: “ha hecho falta que llegara un virus para poner al mundo patas arriba”.

 

Internet, lucha contra la despoblación y desarrollo territorial

El Norte de Castilla, 21 de abril de 2018

 

            Abordar el problema de la despoblación en las áreas rurales se ha convertido en un tema tan reiterado en la estimación de la importancia que tiene como impreciso cuando se trata de acometer medidas encaminadas a su resolución. Observo que, pese a la relevancia que se le otorga, no son aisladas las voces que admiten, con resignación o sin ella, que hay que asumirlo como uno de los efectos ineludibles del signo de los tiempos a favor de la concentración demográfica en áreas urbanas, por más que en una parte significativa de éstas sean también perceptibles los síntomas de la crisis poblacional en que se hallan sumidas las sociedades en Europa. Es probable que, ante este hecho, estemos asistiendo a una modificación de las reflexiones que han encauzado hasta ahora el sentido del debate, a medida que adquiere una dimensión global, asociada a los efectos provocados por la concatenación de los diversos factores a los que atribuir la crisis demográfica detectada en la segunda década del siglo XXI y particularmente a raíz de la crisis desencadenada en 2007. Basta leer el excelente análisis realizado por los geógrafos José María Delgado y Luis Carlos Martínez (Población, Demografía e Inmigración, Consejo Económico y Social de Castilla y León, 2017) para valorar en toda su dimensión, tanto cronológica como espacial, la magnitud del fenómeno a escala nacional y regional.

            Enfrentados a esta perspectiva, y reconociendo que se trata de uno de los más importantes desafíos que ponen a prueba el sentido de la eficacia y la equidad de las políticas públicas y de quienes las gestionan, la cuestión estriba fundamentalmente en valorar el alcance de los instrumentos concebidos para dar respuesta a la regresividad de la tendencia o, mejor aún, para neutralizarla. A la vista de los resultados obtenidos, las estrategias adoptadas en esta dirección han quedado muy lejos de las pretensiones previstas, cuando no se han visto clamorosamente frustradas. Nadie ha justificado hasta ahora el rotundo fracaso de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, al parecer definitivamente relegada al baúl de los recuerdos. Tampoco se sabe nada de las cincuenta medidas lanzadas a bombo y platillo para luchar contra la despoblación por la Comisión de Entidades Locales del Senado en 2016. Y, por lo que respecta a Castilla y León, ya me he hecho eco en numerosas ocasiones de la sensación de impotencia que provoca la congelación a que se encuentra sometida la aplicación de los métodos y el cumplimiento de los objetivos previstos en las normas relativas a la ordenación integral de su vasto y contrastado territorio. Da la impresión de que en el tratamiento del problema las líneas de actuación que se proclaman, a menudo tan enfáticamente, están caracterizadas por un proceso reiterado en función del cual a la propuesta de iniciativa sucede de inmediato la dilación o el abandono de su puesta en práctica. Dicho de otro modo, nunca ha existido la correspondencia lógica que debiera haber entre la orientación estratégica preconizada y la voluntad de implementarla.

            Es bien sabido que el debilitamiento demográfico de un territorio solo se afronta satisfactoriamente creando las condiciones que disuadan del abandono por parte de quienes residen en él. También la experiencia avala la necesidad de que estas condiciones se encuentren bien complementadas desde el punto de vista económico y social.  De su conjunción dependen las políticas de vitalización demográfica. Las económicas tienen que ver con la posibilidad de empleo y de crecimiento en un contexto de diversificación productiva y de respaldo a la capacidad de iniciativa individual y de grupo. Y las sociales con la existencia de un entorno de confianza, de realización personal y de relación satisfactoria. 

            Si hasta el momento las grandes actuaciones encaminadas a corregir la despoblación se han mostrado fallidas, postergadas o claramente insuficientes... ¿qué importancia cabría asignar a aquellas actuaciones susceptibles de favorecer el aprovechamiento de las posibilidades asociadas a la eliminación de los desequilibrios qué estructuralmente han impedido a amplias áreas del territorio estar debidamente integradas en la sociedad del conocimiento y la información, soportada y estructurada a través de Internet? Y es que, ante la constatación incuestionable de que la mejora de la conectividad virtual permite la difusión del crecimiento y la minoración de los costes tradicionalmente determinados por la distancia, no es difícil llegar a la conclusión de que esforzarse de manera prioritaria en la configuración equitativa y eficiente de esta dotación básica constituye un requisito primordial sobre el que proyectar cuantas medidas adicionales pudieran materializarse de acuerdo con las convincentes lecciones extraídas de la experiencia comparada en escenarios europeos afectados por la desvitalización demográfica o poblacional. 

            Conviene traer a colación este hecho tras la declaración efectuada por el presidente del Gobierno español el 20 de marzo de 2018, cuando afirmó en la ciudad de Teruel que la totalidad de los municipios españoles tendrá conexión de banda ancha antes de 2021 a una velocidad de 300 megas por segundo, con una cobertura que afectaría al 95 por 100 de la población. Se habló entonces de una inversión de 525 millones de euros. No es una iniciativa que deba sorprender, pues ya estaba contemplada como una de las directrices esenciales de la Estrategia Territorial Europea (1999) y la propia Agenda Digital Europea ha fijado el año 2020 como el horizonte temporal  para que todos los ciudadanos de la Unión, residan donde residan,  tengan acceso a conexiones de esta entidad. Su impacto espacial será relevante, ya que afectará a cuatro millones de hogares y a nueve millones de personas residentes en el mundo rural. Y, aunque, en virtud de la experiencia adquirida, el escepticismo parece de momento la actitud más aconsejable, observando además la poca atención que al tema se dedica en el  proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, habrá que estar atentos a la aplicación de esta importante iniciativa, a sabiendas de que quizá se trate de la (pen)última esperanza.