La politica de vivienda en España: un problema sin resolver

 La política de vivienda debiera haber sido la prioridad del Gobierno de España, de los anteriores y del actual. Es increíble que hayan transcurrido varias legislaturas sin, pese a la conciencia de que se tenía del tema, acometer el tratamiento y la solución de uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad española, y particularmente la juventud. El tiempo ha pasado y su magnitud no ha dejado de crecer. Basta observar la ínfima posición que España ocupa en la relación de paises europeos en el indicador de vivienda social por 100 habitantes.

Viviendas sociales por 100 habitantes en la UE

De pronto, deprisa y corriendo, como si no hubiera un mañana y bajo la presión electoral en ciernes, se trata de recuperar el tiempo perdido. Y, como era previsible, las medidas adoptadas, con un abundante arsenal de improvisaciones (ahora nos damos cuenta de que existían la Sareb y los terrenos de los cuarteles abandonados) emergen de manera precipitada, sin la evaluación previa y con la visión prospectiva que merecen, solapándose entre sí e incurriendo en contradicciones que ponen en entredicho su viabilidad y el logro, siquiera sea mínimo, de los resultados pretendidos.

Y es que una política de vivienda efectiva solo es posible si se cumplen dos requisitos: un gran acuerdo interinstitucional, dada la aplicación multinivel que presenta desde el punto de vista administrativo, y en el que el compromiso de los dos grandes partidos (de los que depende la gobernación del 90 por 100 de los ayuntamientos y la mayoría de las CCAA) es ineludible; y, una planificación a corto, medio y largo plazo, bien elaborada y con plazos bien estructurados.

Nada de esto se está haciendo en España, el país europeo en el que la cultura del territorio y su ordenación racionalizada más se echa de menos. Lo que ocurre con el agua es otro ejemplo fidedigno de esta insensibilidad, crónica y que permanentemente invita al escepticismo cuando de las medidas relativas a la adecuada ordenación del territorio y sus recursos se trata.

En defensa de una Nueva Cultura del Territorio

 

Entre los temas que ponen en evidencia la sensibilidad demostrada hacia los problemas esenciales de nuestro tiempo los referidos a las transformaciones que afectan al territorio han ocupado un lugar primordial, contempladas desde el enfoque multidisciplinar que distingue e interpreta el desarrollo de sus actividades como acreditado ámbito de encuentro, reflexión y debate. No es una preocupación baladí, pues a nadie se le oculta la trascendencia y el significado que poseen las intervenciones que, a diferentes escalas y con variables niveles de intensidad e impacto, afectan a los entornos en los que se desenvuelven y organizan las actividades humanas y las estructuras territorializadas de relación social, económica y cultural. Siempre he defendido, y sigo defendiendo, la idea de que todo tiene que ver con el territorio, como escenario y armazón vertebrador de cuanto sucede sobre la Tierra. Todas las disciplinas cultivadas por el ser humano remiten necesariamente a la toma en consideración de la dimensión espacial que, tanto en la fase de indagación como de experimentación, ofrecen. La experiencia obtenida del trabajo interdisciplinar no ha dejado de ratificar esta afirmación.

            Tal es la razón que justifica estas líneas como aproximación a un aspecto tan interesante como complejo, relativo a los fenómenos y las tendencias que caracterizan la evolución de las realidades contemporáneas, cuya dimensión territorial es incuestionable. No he tratado con ello de realizar un análisis pormenorizado y erudito sobre la cuestión, que ya he abordado con detenimiento en otras publicaciones a lo largo de mi trayectoria profesional, sino de plantearla como argumento susceptible de atraer la atención y, en la medida de lo posible, alentar el debate, máxime cuando son numerosos y reiterados los testimonios que revelan la incuria con la que tan a menudo es tratado el territorio en España. Los ejemplos son tan ostensibles, y tan presentes están en la mente de todos, que huelga cualquier referencia detalladas sobre un problema archiconocido y en ocasiones de una extraordinaria gravedad.

            Motivado por esta preocupación, me centraré en dos ideas que considero relevantes: de un lado, trataré de abordar un acercamiento al concepto mismo de territorio como noción sustantiva y primordial en el contexto de las preocupaciones sociales e institucionales; y, de otro, llamar la atención sobre un Documento que, promovido y debatido en el seno de la Geografía española, merece ser conocido y asumido con mayor resonancia que la que desde su formulación en la primera década del siglo XXI se le ha otorgado.

 

¿Qué entendemos por territorio? La cultura territorial como fundamento de las relaciones construidas entre la sociedad y el espacio geográfico

            Estamos ante una noción esencial, integradora de las diferentes perspectivas que confluyen en la interpretación y en la percepción de un espacio geográfico como soporte de la identidad cultural de una sociedad, de los procesos formativos que la vertebran y como garantía a su vez para orientar las decisiones mediante la toma en consideración tanto de sus potencialidades como de las amenazas a que se enfrenta. De su relevancia deriva el proceso de afianzamiento intelectual asociado a la construcción de una Nueva Cultura del Territorio. 

        Cimentado en las connotaciones que encierra el concepto de cultura, su aplicación específica reviste una gran trascendencia en la medida en que permite la asimilación perceptiva y práctica de las características que un territorio presenta desde el punto de vista de sus recursos, de sus ventajas comparativas y de sus fortalezas frente a las diversas amenazan o situaciones de riesgo a las que se enfrenta en función de los aprovechamientos ejercidos sobre él. Supone, por tanto, una garantía para que la intervención que sobre él se realice aparezca debidamente sustentada en un análisis riguroso de sus capacidades y de los límites que han de orientar las actuaciones a fin de que sus valores distintivos –aquellos en los que precisamente se asienta la dimensión socio-cultural del espacio- sean debidamente preservados.

            La cultura territorial, como expresión asociada a la consideración de lo que significa un espacio de vida, de actividad, de intereses y de relaciones, y poseedor de referencias e incitaciones culturales múltiples a la par que, integradas, se convierte en un valioso concepto catalizador de voluntades y estrategias, tanto desde la perspectiva individual como colectiva. Individualmente, supone un desafío para el desarrollo cognitivo y comportamental de la persona, en la medida en que estimula la curiosidad y alienta la capacidad de iniciativa que la permite avanzar en la aprehensión de la realidad territorial hasta asumirla como un elemento clave de su acervo cultural y como estímulo orientador de sus actitudes ante la realidad territorial en la que se inscribe. 

                De ese modo, los ciudadanos logran adquirir el nivel de sensibilidad necesario para entender el significado y la impronta de los cambios producidos en su entorno, comprender los factores que los motivan y valorar la magnitud de sus impactos, permitiéndole ejercer una función cautelar de las actuaciones. Asimismo, la relevancia del concepto radica también en su virtualidad para operar como noción aglutinante de posiciones colectivas, fortalecidas al amparo del conocimiento compartido y colectivamente asumido del territorio, que opera como factor de cohesión social y cultural y como posición activa en la defensa y salvaguarda de sus cualidades patrimoniales, entendidas como baluartes de necesaria e ineludible consideración en la toma de decisiones.

            De ahí su capacidad para plasmarse en la diversificación de las representaciones sociales de que es susceptible el territorio, coherente con la elaboración de posturas y comportamientos comunes materializados en redes asociativas o de colaboración que, estables y a la par cambiantes en el tiempo, redundan en efectos positivos a favor de la mejora de la calidad del territorio y de los vínculos fraguados entre éste y la sociedad. En ambos casos la labor informativa y formativa –sustentada en lo que ha de valorarse como un proceso de aprendizaje territorial permanente- desempeña una importancia capital, ya que contribuye a la transmisión del conocimiento y a la sistematización de los saberes que cristalizan en la toma de conciencia y en la mejora perceptiva de los fenómenos en los que, de cara a la acción, se apoya el respeto y la defensa del territorio en el que se inscriben dichas sensibilidades.  Al amparo de esta serie de consideraciones se justifica plenamente el tratamiento sistematizado con el que, desde el punto de vista estratégico y decisional, han de ser abordadas las medidas de intervención sobre el territorio.

 

Un hito esencial: el llamamiento a favor de una Nueva Cultura del Territorio

La elaboración del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio (2006) por parte de la Asociación Española de Geografía  marcó en su día un hito indudable en la historia del pensamiento sensible en España relacionado con la magnitud e importancia de los problemas territoriales. Fue una importante llamada de atención sobre los aspectos que conviene recordar.

            Se parte de la idea que el territorio debe convertirse en un tema político de primer orden, entendiendo por político no únicamente la práctica institucional o partidaria, sino también el compromiso del conjunto de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene derecho a vivir en un ámbito digno, sano y bello, pero también tiene el deber de cuidarlo y de exigir que velen por él quienes tienen la representación de la sociedad. Urge pues poner las bases de una nueva cultura territorial que impregne la legislación estatal y autonómica, que oriente la práctica de todas los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado, que corrija en beneficio de la colectividad los excesos privados y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad social.

 

Esta Nueva Cultura del Tterritorio debe estar sustentada en los siguientes principios, criterios y prioridades:

 

1. El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras.

 

2. El territorio es una realidad compleja y frágil. Toda realidad territorial, todo lugar, está compuesto de múltiples elementos naturales y culturales y de sus interrelaciones, que deben ser adecuadamente considerados. Las actuaciones con gran incidencia territorial (urbanización, obras públicas, extracción de minerales, roturaciones, forestaciones, etc.) tienen habitualmente consecuencias irreversibles. Por ello, deben realizarse con conciencia de dicha complejidad y evaluando previamente las múltiples repercusiones posibles. El principio de precaución es de imprescindible aplicación a todas estas transformaciones.

 

3.  El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Estos valores sociales difíciles de medir en términos monetarios convencionales deben ser tomados sistemáticamente en consideración por las administraciones responsables de velar por sus cualidades y potencialidades. La apropiación privada de cualquier parte del territorio debe ser compatible con dichos valores; por ello, la propiedad del suelo y la vivienda debe ser ejercida con respeto de su función social, y con la asunción plena de la responsabilidad de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su potencial paisajístico.

 

4. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. En efecto, la correcta gestión del proceso de urbanización permite reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas, contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.

 

5.  El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. Así, frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la importancia de la legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen gobierno del territorio. Ahora bien, la práctica urbanística debe dotarse de nuevos horizontes y de nuevas herramientas disciplinares y administrativas. Sólo de esta forma dará respuesta a las necesidades sociales, propiciará la coordinación política horizontal entre distintos departamentos y fomentará la concertación vertical entre administraciones y con los agentes sociales. El conjunto de administraciones competentes debe propiciar pues una revalorización del planeamiento territorial y general, suprimiendo la utilización espuria de otros instrumentos de menor alcance espacial, pero con alta incidencia real, cuya aplicación abusiva ha tenido como consecuencia la urbanización masiva, desordenada e inadecuada de suelo rústico.

 

6. El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de ordenación están sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana. Ante esta deriva, hay que defender planes municipales de ordenación que atribuyan valores positivos a todas y cada una de las partes del término municipal, basando el crecimiento urbano en criterios ecológicos y sociales, más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos. En particular, debe abandonarse la concepción del suelo rústico como un espacio residual, perennemente pendiente de urbanización futura y comprender que la permanencia de suelos rústicos destinados a las prácticas agrarias se hace imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en los contextos espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas. La defensa del espacio abierto, como matriz territorial básica es hoy una prioridad que debe ser perseguida adecuadamente, incluso mediante procedimientos de adquisición de tierras y/o expropiación por interés social.

 

7. El planeamiento territorial debe proveer de acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos. En un territorio crecientemente integrado el planeamiento municipal no puede hacer frente por si solo a las dinámicas de transformación del espacio. Por ello hoy es más necesario que nunca disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento municipal, en pos de un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social. El planeamiento territorial debe ser un compromiso a la vez general y suficientemente concreto, por cuyo cumplimiento y desarrollo será evaluada la actividad política de los partidos y responsables públicos que lo formulan y aprueban. Sobre las Comunidades Autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una mayor voluntad política de ordenar su territorio superando la situación creada casi exclusiva del planeamiento urbanístico. Deben aumentar su capacidad administrativa y técnica para realizar planes de ordenación y de hacer real el orden territorial que se propongan tener. Es imprescindible la formulación de modelos de ordenación territorial para ámbitos metropolitanos, litorales y de espacios rurales, con ciudades medias y/o espacios naturales protegidos.

 

8. El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio. Con pleno respeto a las competencias que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónomas y a los municipios en ordenación territorial y urbanismo, la administración general del Estado no puede dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural. Sobre el gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para los gobiernos locales que responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar.

 

9. En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global. El Estado español ha suscrito y/o ratificado diferentes acuerdos internacionales (Convención sobre conservación y protección de la vida silvestre y el medio natural, Berna, 1979; Carta Europea de Ordenación del Territorio, Torremolinos 1983; Convención para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa, Granada 1985; Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992; Estrategia territorial europea, Postdam, 1999; Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, 2000, Hanover; Convención europea del paisaje, Florencia, 2000). En estas circunstancias, las administraciones públicas españolas están obligadas a seguir las orientaciones que en ordenación del territorio desarrollan otros estados europeos de forma consecuente con dichos tratados y con repercusiones muy positivas para sus ciudadanos.

 

10.  El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio. Para promoverla es necesario un gran acuerdo que debe tener su reflejo tanto en la actuación administrativa como en las prácticas sociales. Así, las administraciones que actúan en cada nivel territorial (local, autonómico, estatal y europeo) deben revisar sus objetivos, sus normativas e instrumentos de gestión territorial para ponerlos de forma más efectiva al servicio de la colectividad. Y los ciudadanos, al mismo tiempo que reclaman el derecho de un trato equitativo en cualquier territorio, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones venideras.

 

            Trece años después de su promulgación el Manifiesto ha sido sometido a una revisión que, asumiendo la envergadura de los cambios ocurridos en la realidad española y en las escalas en las que se integra, ha cristalizado en la ADDENDA 2018, cuya consulta recomiendo al constituir un complemento necesario que avala la continuidad y la pertinencia de las ideas maestras plasmadas en el Manifiesto dado a conocer en 2006.  

Los principales desafíos del modelo energético europeo: la integración como necesidad estratégica

 

Si la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha dado lugar a importantes, y posiblemente en algunos casos irreversibles, impactos en la estructuración de los ya inestables equilibrios en que se apoya el mundo contemporáneo, las tensiones de toda índole desencadenadas en la Unión Europea, y dada la proximidad geográfica a los escenarios de conflicto, alcanzan una extraordinaria envergadura. No en vano, la situación crítica en que se ha visto envuelta ha traído consigo una gran variedad de impactos, ocasionados tanto en las lógicas específicas de funcionamiento interno como en las directrices que orientan la configuración de sus vínculos a escala internacional.

            Sin duda, una de las manifestaciones más patentes y problemáticas de los virajes impuestos por la situación creada la ofrecen los aspectos relacionados con la regulación de los mercados energéticos. Aunque no resulta fácil plantear la complejidad de la cuestión y sus expectativas en el reducido espacio disponible, trataré, a modo de aproximación, de apuntar algunas de las ideas claves que gravitan en torno a ella y a sus expectativas de futuro.

            Como punto de partida se deben reconocer las insuficiencias que, desde un punto de vista organizativo y logístico, ha presentado tradicionalmente el funcionamiento del mercado energético en un espacio concebido para la integración económica y la cohesión social. En esencia, y como es sabido, se ha carecido de una política energética europea propiamente dicha. Gravitando en función de las estrategias acometidas por los diferentes Estados, la crisis desencadenada por el conflicto bélico ha puesto al descubierto la ineficiencia de los instrumentos reguladores de los mercados del gas y la electricidad.

            Los diagnósticos realizados al respecto arrojan un balance muy crítico, que centra la atención en varias disfunciones concatenadas. La primera tiene que ver con el sistema de fijación de los precios, que deriva en costes excesivos con la consiguiente repercusión negativa sobre los consumidores al tiempo que favorece un enriquecimiento exagerado de los grandes grupos empresariales, lo que ha contribuido a reforzar sobremanera la estructura oligopolística del sector. Pese a que el método clásico de aplicación del precio de la electricidad había sido defendido por las autoridades comunitarias, dando lugar a una inercia que parecía asumida, la crisis ha revelado con claridad las distorsionesocasionadas por el sistema marginalista, basado en el recurso inicial a las energías más baratas (renovables, nuclear) para utilizar, si no fuesen suficientes, el gas natural que acaba determinando el precio del conjunto.  

La sustitución de las centrales térmicas de producción eléctrica por las de ciclo combinado como generadoras de energía de último recurso y como respaldo casi permanente de las renovables justifica que el ciclo combinado condicione sobremanera el precio de la electricidad con la consiguiente elevación de costes que conlleva. Este sistema ya demostró su carácter problemático cuando en 2021, cuando ya era perceptible la manipulación sobre el producto ejercida por Rusia y en virtud de los acusados comportamientos especulativos y de posible abuso de poder de mercado que lo caracterizan, el precio del gas experimentó un incremento del 707 % - de 13,8 a 111,7 euros el MWh - en el mercado TTF (Title Transfer Facility) holandés para superar ampliamente este umbral tras la invasión de Ucrania, hasta llegar a los 343 euros MWh en agosto de 2022.

            Como era previsible las tensiones desencadenadas por la guerra han trastocado el panorama energético que se ha convertido en el apartado más sensible y preocupante del escenario comunitario europeo al poner especialmente en evidencia los riesgos que derivan del escaso e insuficiente nivel de integración que caracteriza el funcionamiento de los mercados del gas y la electricidad en la Unión Europea. Solo así es posible interpretar las actuaciones emprendidas a partir del verano de 2022, cuando se observa, más allá de las iniciativas abordadas por los Gobiernos en sus respectivos países, un notable cambio de rumbo que sin duda ha de tener una importancia decisiva en la modificación de algunos de los postulados estratégicos hasta entonces aplicados.

            Especial interés reviste en este sentido la aprobación por parte dela Comisión Europea el 14 de junio del “mecanismo ibérico” que permite a España y Portugal la aplicación de topes al precio del gas a fin de abaratar el coste de la electricidad. Las declaraciones efectuadas por la presidenta Von der Leyen descalificando el modelo del mercado eléctrico vigente y preconizando “una reforma enorme y urgente” del sistema evidencian hasta qué punto la necesidad de una ruptura de los mecanismos vigentes es asumida sin equívocos ni ambigüedades. En coherencia con estos planteamientos, y con el fin de promover mecanismos de solidaridad, cobra fuerza la idea, formulada por la responsable de la Comisión en el mes de septiembre a instancia de quince Estados miembros, a favor de fijar un límite de precio al gas ruso, poniendo en entredicho el valor referencial otorgado al TTF mientras apuntaba a la necesidad de elaborar un criterio de referencia congruente con la experiencia vivida y los nuevos enfoques reorientativos del sector.

            En este contexto, y teniendo en cuenta además las incertidumbres que aquejan al territorio europeo, resulta lógico que haya hecho acto de presencia en el seno de la Unión un debate muy intenso, que persigue transmitir ante la opinión pública la idea de que existe una voluntad efectiva de cambio, apoyada en un argumento central: la necesidad de configurar y potenciar un “mercado único energético”, considerada como la estrategia capaz de paliar, e incluso de evitar, la situación creada por la crisis bélica. Se trata de abogar por una estrategia sustentada sobre dos pilares básicos: la revisión del mecanismo de formación de los precios, por un lado, y, por otro, la armonización del mercado energético, asegurando el mantenimiento de los flujos transfronterizos.

            Por lo que concierne al primer aspecto, y ante la situación de urgencia planteada, la opción a corto plazo no puede ser otra que la de adopción de medidas excepcionales de reducción de la demanda de electricidad – de ahí el objetivo general de minorar la demanda global de electricidad al menos del 10% hasta abril de 2023 -  que posibiliten, a la par que se insiste en la mejora de la eficiencia energética,  una disminución del coste para los consumidores y la redistribución de los excedentes a los clientes finales, planteadas como medidas asociadas en el tiempo a la fijación de impuestos a los beneficios extraordinarios de las compañías y el establecimiento de un precio límite al gas. Tal ha sido uno de los propósitos esenciales de la reunión informal celebrada por el Consejo Europeo en Praga (6 y 7 de octubre de 2022) cuando por vez primera se aborda esta limitación, que inicialmente se concibe con carácter temporal.

 Y, en relación con el segundo gran objetivo, cuya trascendencia económico-geográfica se muestra incuestionable, la crisis ha reactivado las razones que con anterioridad habían puesto especial énfasis en la importancia de las infraestructuras energéticas a escala de todo el espacio común, sobre la base de un argumento crucial: los beneficios que aportan al crecimiento económico al favorecer una reducción de los costos de la energía para los ciudadanos y las empresas. Los datos en este sentido son elocuentes ya que en 2016 se estimaba que los beneficios de la integración plena podrían alcanzar los treinta mil millones de euros anuales con el horizonte de 2030 – fecha fijada para la descarbonización – para el mercado del gas y de cuarenta mil millones para el de la electricidad. En esta línea han abundado sistemáticamente los planes contemplados por el Banco Europeo de Inversiones, aunque obviamente la Entidad insiste en la necesidad de armonizar las reglamentaciones y los instrumentos de apoyo por parte de los Estados, de modo que se alcance la unificación de los códigos aplicados a las redes europeas de gas y electricidad, en un proceso sintonizado con los objetivos de aplicación del Pacto Verde Europeo.