Los impactos de la Alta Velocidad Ferroviaria

El Norte de Castilla, 19 de Diciembre de 2007

La experiencia comparada revela que los procesos de transformación económica y territorial no experimentan en nuestra época cambios tan drásticos y acelerados como los que han tenido lugar en etapas anteriores, cuando causas similares han desencadenado dinamismos y reestructuraciones de notable intensidad, hasta el punto de marcar nítidas rupturas con las tendencias precedentes. Algunos comentaristas han anticipado que la llegada a Valladolid del Tren de Alta Velocidad (TAV) a finales de 2007 puede tener la misma trascendencia que la del ferrocarril en 1859. Partiendo de la idea, en principio acertada, de que el Valladolid moderno se identifica con los grandes hitos que han marcado su condición de enclave ferroviario de primer orden, exageran al extrapolar a nuestros días fenómenos que, si tuvieron lugar en el contexto característico de la industrialización española en la segunda mitad del siglo XIX, difícilmente pueden reproducir los efectos acumulativos de entonces en un momento como el actual en el que las premisas sobre las que se fundamenta el desarrollo son mucho más complejas y diversificadas. Y sobre todo no tan dependientes de las infraestructuras, cuyo papel se ha modificado de modo sustancial.

Si históricamente el tren introdujo un decisivo factor de diferenciación en la dinámica de los territorios al amparo de las posibilidades abiertas por la nueva función otorgada a los núcleos favorecidos por su trazado - y de ello Valladolid siempre será un ejemplo emblemático -, la realidad contemporánea relativiza el alcance de estos impactos, en la medida en que la mejora de la movilidad ya no constituye en sí mismo una garantía de desarrollo o de generación de actividad a los niveles estimados por las previsiones más optimistas. Se trata más bien de un soporte técnico al servicio de las economías de escala preexistentes o de los potenciales de demanda que han sido utilizados como criterio para la implantación del nuevo eje circulatorio, que inevitablemente ha de acomodarse a los principios de eficiencia y rentabilidad con que se concibe y diseña este tipo de línea férrea.

Desde que en 1981 entró en funcionamiento el primer TAV europeo entre París y Lyon, los análisis realizados son más que elocuentes a la hora de valorar el alcance de los impactos provocados, su incidencia en el desarrollo y la repercusión en el sistema territorial en el que se inserta. En síntesis se puede decir que la mejora de la conectividad y la accesibilidad que una operación de estas características trae consigo reviste una doble dimensión. La más relevante, inmediata y de gran resonancia, es sin duda la urbanística y la territorial. Ya sea mediante la creación de un área específica, ya mediante la ordenación con este fin del espacio tradicionalmente ocupado por las instalaciones ferroviarias en todos los casos tiene lugar un fortísimo proceso de revalorización del suelo, que repercute sobre el conjunto del área afectada, con las consiguientes derivaciones especulativas, claramente estimuladas por las ventajas a que induce la nueva centralidad construida.

En este sentido, Valladolid va a ser posiblemente la ciudad europea con mayor superficie a reordenar, heredada del aprovechamiento del espacio ocupado por los antiguos talleres del ferrocarril, a la que se suma la resultante de la operación de soterramiento cuando se lleve a cabo. La disponibilidad de más de 90 Has. en un espacio urbano consolidado constituye una singularidad que explica el alcance de la impresionante metamorfosis funcional y estética prevista, al tiempo que va a representar, para bien o para mal, un ejemplo de referencia sobre el modo de intervenir en los antiguos espacios de uso ferroviario. Y, por otro lado, es evidente también que, merced a la intermodalidad propiciada por la conexión física de la nueva infraestructura con los enlaces viarios y aéreos, a los que ha de impulsar notablemente, la posición estratégica de Valladolid se ha de fortalecer sobremanera como nodo logístico crucial tanto en la Península Ibérica como en el conjunto del llamado Arco Atlántico.

En cambio, conviene entender la dimensión económica y social de manera más cautelosa. En ninguna de las experiencias europeas o españolas el salto cuantitativo ha sido tan intenso como se esperaba. En el ejemplo al que se suele recurrir en España para demostrar que los impactos pueden ser de envergadura – Ciudad Real – los datos no revelan magnitudes tan elevadas por lo que respecta al desarrollo económico e inmobiliario, por más que sea cierta una acentuación de la movilidad al amparo de los desplazamientos pendulares que tienen lugar entre Madrid y las ciudades sujetas a su área de influencia. Tal parecer ser la repercusión más manifiesta: una intensificación de la movilidad, asociada bien la sustitución del modo de transporte utilizado (el vehículo particular e incluso el avión, como ha sucedido en Sevilla y se prevé ocurra también en el caso de Barcelona) o bien a un aumento de la frecuencia de los usuarios habituales, lo que de hecho no implica un incremento sensible del número de viajeros ni, por ende, de las expectativas de demanda de vivienda, máxime cuando se aprecia una saturación del mercado por sobreoferta, con la consiguiente modificación a la baja de los precios.

Y lo mismo cabría decir de sus efectos en la implantación de empresas o en la captación de inversiones, destinadas a vigorizar el tejido productivo, avanzar en la innovación y animar la creación de empleo. No hay ningún automatismo comprobado en este sentido, ya que, cuando la distancia deja de ser un factor condicionante de la localización de las empresas, emergen otros factores (potencial humano, suelo industrial, redes tecnológicas, calidad de los servicios….) que elevan la magnitud del capital territorial y que hay que saber valorizar, lo que explicaría las tendencias selectivas que al respecto se perciben en Europa. El caso de Lille, esa espléndida ciudad del Norte de Francia hermanada con Valladolid desde 1987 y con una posición estratégica privilegiada entre Paris y Bruselas al amparo del TAV puesto en funcionamiento en 1993 y después ampliado hasta Londres a través del Canal de la Mancha, es una prueba fidedigna de que si la alta velocidad ferroviaria afianza la centralidad no asegura por sí sola la dinamización de las potencialidades latentes ni resuelve a su favor las ventajas que derivarían de que la ciudad acabe prevaleciendo más como destino final que como mero lugar de tránsito.

JUVENTUD QUE EMIGRA

El Norte de Castilla, 6 de Diciembre de 2007

Pocos temas han suscitado tanta atención en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos años los problemas que aquejan a su realidad demográfica. Salvo excepciones, la mayor parte de los análisis posee ese nivel de madurez y concreción que permite hacer diagnósticos rigurosos y llegar a conclusiones fiables para comprender sus tendencias esenciales e interpretar correctamente tanto los problemas que afectan a la sociedad castellana y leonesa como sus perspectivas de futuro. Y es que la dinámica de la población no es sino el fiel reflejo de la economía de un territorio. Todos los procesos que desde esta perspectiva tienen lugar en él responden a los efectos derivados de las actividades económicas y, por tanto, de las estrategias que las orientan. Profundizar en esta relación de interdependencia se convierte en un ejercicio obligado cuando se detectan síntomas de alarma que exigen la toma en consideración de factores que, yendo más allá de lo estrictamente demográfico, posibilitan su mejor comprensión y tratamiento.

No es una apreciación sin fundamento la que destaca la importancia que tiene la pérdida de población juvenil en el censo de Castilla y León. Además de las numerosas referencias por parte de los más relevantes estudiosos de nuestra realidad demográfica, del problema se han hecho eco también un sólido informe auspiciado por el Consejo Económico y Social en el año 2002 y, más recientemente, el estudio de la Fundación BBVA – “Actividad y territorio: un siglo de cambios” - , uno de los análisis más completos sobre los impactos provocados por la movilidad de la población en España.

Como aproximación a la magnitud del fenómeno, bastaría señalar que, según datos contrastados, en lo que va de siglo XXI cerca de 110.000 personas entre los 16 y los 30 años han salido de la región, en su mayoría para encontrar empleo en otros ámbitos. Mas, con ser una cifra elevada, no se trata sólo de un hecho cuantitativo. Su alcance, cualitativamente hablando, es aún mayor si cabe, teniendo en cuenta lo que realmente significa la pérdida de población joven en una estructura demográficamente problemática. Representa sin duda la circunstancia que más debe alertar en la medida en que a ella aparecen asociadas las tres tendencias que determinan un proceso de alarma en la dinámica de una sociedad, a saber, el aumento progresivo del envejecimiento, el debilitamiento del capital humano y la desvitalización natural, en función de la mella provocada en los índices de natalidad y la fecundidad. La concatenación que tiene lugar entre estos aspectos debe situar, por tanto, al descenso de los niveles de población joven en el centro mismo de la preocupación socio-política sobre la cuestión y de las medidas encaminadas a afrontarla.

Precisar las causas que lo explican no es tarea fácil, a falta de una investigación a fondo sobre el tema, aún sin realizar. Con todo, no está de más, como contribución al debate necesario, apuntar algunas de las razones que pudieran estar en la base de esta preocupante tendencia. A mi juicio, resulta muy cuestionable el argumento que la atribuye a la falta de adaptación del sistema formativo a las necesidades de la oferta de empleo. Aunque siempre se puede avanzar en este sentido, es evidente que el nivel de preparación proporcionado por la dotación académica con que cuenta la Comunidad permite disponer suficientemente de la plataforma adecuada para lograr una buena inserción de la juventud en el potencial mercado de trabajo. Hay que recurrir, por tanto, a otras motivaciones que, por lo que puede percibirse, tienen más que ver con los dos aspectos que en mayor esgrimen quienes optan por orientar su vida fuera de la región en la que se han formado y a la que, en no pocos casos, desearían volver.

De un lado, existe para muchos jóvenes la percepción de que las oportunidades de empleo en Castilla y León son limitadas, de que las exigencias de experiencia previa acaban creando un círculo vicioso del que a veces es muy difícil salir, de que la precariedad de la contratación es excesiva o de que las expectativas de promoción y mejora, una vez logrado el empleo, no son precisamente alentadoras. Y, de otro, no es menor la comprobación objetiva de que la capacidad de iniciativa empresarial se encuentra muy por debajo de las posibilidades que en principio cabría esperar de una sociedad dinámica, comprometida con su territorio y dispuesta a asumir los riesgos necesarios a la hora de optimizar los recursos disponibles. Cierto es que la trayectoria económica de Castilla y León ofrece experiencias muy encomiables en la creación y gestión de proyectos empresariales innovadores, con un balance positivo en la generación de riqueza y empleo, al tiempo que han servido como plataforma de proyección comercial y tecnológica hacia el exterior. Pero también hay que reconocer que los valores inherentes a la cultura empresarial no presentan la dimensión generalizada ni la continuidad en el tiempo ni la escala que haga posible la consolidación de un tejido productivo con posibilidades a largo plazo y con capacidad de resistencia frente a los reveses de la coyuntura.

Afrontar la pérdida de efectivos juveniles con éxito no es tarea fácil, ya que las inercias en demografía suelen ser muy fuertes, por más que existan instrumentos reguladores que tiendan al fomento del empleo o traten de estimular políticas de rejuvenecimiento. Bastaría, sin embargo, conocer a fondo las causas que desde el punto de vista económico y social justifican este problema para intervenir decididamente sobre ellas con la firmeza y contundencia que la situación requiere. De ahí el interés que el recientemente llamamiento del Presidente de la Junta a fortalecer “el músculo financiero” de la región tiene como parte de una estrategia que, más allá de las declaraciones bienintencionadas, reafirme la convicción de que la competitividad y el prestigio de una región son indisociables del buen aprovechamiento de su capital humano.

Guatemala: entre la esperanza y la incertidumbre

El Norte de Castilla, 3 de Diciembre de 2007

Aunque las experiencias vividas en el conjunto de la región hayan sido en ocasiones terribles, no hay en todo el continente que se identifica con el Nuevo Mundo un espacio tan castigado y convulso como el istmo centroamericano. Si exceptuamos la singularidad política de Costa Rica, no cabe duda de que el tortuoso brazo de tierra que enlaza México con el ámbito andino ha acusado de manera crónica las huellas de la violencia y la desestabilización, casi tan patentes como las que revela una naturaleza que de cuando en cuando transmuta su espectacular magnificencia por las manifestaciones de la catástrofe más demoledora.

Pese a sus fuertes vínculos históricos y culturales con España, poca atención mediática suele prestarse, sin embargo, a este espacio, al que sólo se alude cuando algún hecho dramático lo afecta o su consideración parece episódicamente justificada en función de los intereses que desde fuera se concitan sobre la zona. Y pese a que las diferentes formas de cooperación al desarrollo dejan notar en nuestros días un legado nada desdeñable, lo cierto es que ante los grandes problemas que le aquejan prima el silencio cuando no la indiferencia, frecuentemente entendida por sus sociedades como la expresión de un inmerecido desamparo.

Reflexionar en estos momentos sobre lo que sucede en Centroamérica no carece de interés por dos motivos que conviene resaltar. De un lado, porque por primera vez en mucho tiempo todos los países de la zona gozan de una situación de estabilidad política, consecuente con el cumplimiento de los acuerdos de paz allí donde se ha logrado poner fin a larguísimas guerras civiles o, en cualquier caso, con la normalización del proceso democrático, finalmente resuelto en un ambiente político donde las alternancias no posibilitan sorpresas significativas, ya que las fuerzas en liza se autolimitan a márgenes de maniobra plenamente asumidos por los distintos contendientes. Y, de otro, porque lo que antaño era un rasgo distintivo, asociado a los enfrentamientos armados o a la feroz represión, hoy ha cedido paso al agravamiento de los problemas internos, reflejados en un panorama donde son patentes las tensiones motivadas por la pobreza, la extrema desigualdad, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, síntomas de un profundo deterioro en el que todos estos aspectos guardan entre sí íntimas correlaciones, en cuya génesis no son irrelevantes la crisis del Estado y la debilidad de los instrumentos institucionales.

Es en este contexto donde cobra importancia y suscita curiosidad el horizonte abierto con la reciente elección presidencial en Guatemala. Las particulares características del país (su magnitud física, su contigüidad con México, su fuerte componente indígena y una trayectoria histórica demasiado marcada por la violencia: (“uno de los países más desgraciados de América Central, de toda América Latina”, diría Ryszard Kapucinski) justifican la atención que merece la preferencia mostrada a favor de un candidato, Álvaro Colom, ingeniero industrial decantado hacia objetivos que tienen más que ver con la voluntad de justicia e integración social que con la defensa de la seguridad a ultranza que preconizaba su adversario, Otto Pérez, militar retirado y artífice de una campaña repleta de descalificaciones que con frecuencia alcanzaban niveles inaceptables en una sociedad democrática.

Es cierto que la figura de Colom no responde a priori a los perfiles que en Europa o en Sudamérica se adscriben al modelo de político socialdemócrata con el que él mismo se ha tratado de revestir durante la contienda electoral. No es un reproche que deba hacérsele, pues quien conozca la historia guatemalteca convendrá en que difícilmente es posible construir trayectorias políticas coherentes en un entorno tan inestable e inseguro. Colom ejemplifica la capacidad de resistencia del político que en la esfera civil ha tratado de mantenerse fiel a sus principios y objetivos incurriendo en contradicciones y altibajos que, más que por su personalidad, han venido impuestos por una realidad que en ese país ha ido modelando las trayectorias de sus mejores cuadros al compás de las exigencias a que ha obligado el elemental deseo de supervivencia.

Lograda la victoria con un margen muy ajustado, habría que remontarse a lo que fue la figura de Jacobo Arbenz a mediados del siglo pasado para encontrar un precedente asimilable, aunque las circunstancias históricas condicionantes de las perspectivas de ambos no tengan ya nada que ver. En este escenario la sociedad guatemalteca más sensible a los problemas de su sociedad y de su tiempo, la que abomina de una etapa política que se encuentra entre las más funestas de Latinoamérica (no es fácil olvidar una guerra civil de 36 años), la que busca con esfuerzo su lugar en el mundo y pugna por una mayor transparencia y sentido de la justicia en la acción de gobierno, mira con cierta esperanza la nueva etapa que se ha abierto tras las elecciones. No hay que esperar a la toma de posesión del nuevo Presidente para adquirir conciencia de la gran expectación suscitada a través del particular debate que está teniendo lugar como expresión de una inquietud centrada en la composición del nuevo gobierno, en la relación que ha de mantener con los municipios (una realidad muy activa y de gran resonancia ciudadana), en la orientación de la política social y en las que hayan de ser las primeras medidas en sintonía con el programa defendido, ante el convencimiento de los grandes obstáculos que sin duda van a entorpecer su labor.

Demasiadas incógnitas a la vez para incurrir en el optimismo, de momento reemplazado por una actitud repleta de incertidumbres sobre lo que habrá de ser el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza - tal es el nombre del partido ganador - para el futuro del tan atormentado como hermoso país de los mil colores.

¿Quo vadis, Argentina?

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El Norte de Castilla, 14 de Noviembre de 2007

En una de las paredes exteriores del edificio central de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, hay una inscripción que dice: “Cuidado: por aquí se entra al laberinto de la realidad”. Aunque sin duda alude al juicio que merece la siempre crítica situación universitaria argentina, no es desacertado aplicarla a lo que sucede en el país que acaba de salir de una contienda electoral agotadora con resultados que hacía tiempo eran previsibles. Y es que adentrarse en la evolución política de Argentina nos lleva a un escenario que no admite parangón con ningún otro país del Cono Sur latinoamericano. Las fronteras entre opciones electorales que en Chile, Brasil o Uruguay aparecen coherentes con lo que ocurre en Europa, aquí están difuminadas en un heteróclito abanico de candidaturas que se modelan de manera oportunista durante la campaña, se modifican al albur de los sondeos, se contradicen en sus mensajes y, sobre todo, se supeditan en exceso a la imagen personalista de quien las encabeza, adobadas a menudo de una dosis de populismo expuesto sin ningún rubor.

No es posible entender el momento actual de Argentina y sus horizontes de futuro sin analizar de qué manera ha logrado superar la profunda convulsión vivida en 2001: “un embudo siniestro y colosal que nos arrastró a las cavidades del infierno”, como lo define Marcos Aguinis. Como un estallido brutal, afloraron los problemas larvados durante la etapa de Menem y que De la Rua fue incapaz de afrontar. La crisis económica, asociada a una paridad ficticia del peso con el dólar, al deterioro galopante de la competitividad y de la producción, al engrosamiento desbocado de la deuda externa y a la evasión masiva de capitales, derivó de inmediato en una catástrofe política de enorme envergadura, que llevó a la ciudadanía a proferir aquella terrible frase, nunca oída en otro país, de “¡Que se vayan todos!”, reflejo de hasta qué punto la imagen de los políticos se hundía sin remisión. Visitar Argentina en aquellos años era desolador: sentimiento de frustración histórica, deseo de abandonar el país, falta de proyecto personal y profesional, sensación de que no había nada que hacer, vivir al día…

La presidencia de Néstor Kirchner introdujo un cambio de rumbo que llamó la atención por sus aspectos de forma y también de fondo. Proveniente de la provincia patagónica de Santa Cruz, donde había sido gobernador, las directrices de su acción de gobierno estuvieron marcadas desde el primer momento por la voluntad de establecer claras distancias con sus predecesores para así de demostrar que no era uno más. Los análisis que se han hecho sobre su labor son redundantes cuando describen un modo de actuación en el que se mezcla la contundencia (supeditación de las Fuerzas Armadas, derogación de las leyes de punto final, postura de firmeza frente las empresas extranjeras, voluntad de demostrar independencia de las siglas convencionales, estilo iracundo…) con la toma de decisiones que, en el ámbito económico, no han hecho si no poner en práctica lo que parecía inevitable: devaluación del peso, fomento del comercio exterior en un clima coyuntural favorable y renegociación de la deuda con el FMI. La responsabilidad que en ello concierne a Roberto Lavagna, candidato en estas últimas elecciones, es clave. Si durante los últimos cuatro años, Kirchner ha gozado de niveles de aprobación insólitos en la historia argentina, este reconocimiento no es indiferente al hecho de haber logrado, gracias a Lavagna, fortalecer su posición competitiva en el comercio internacional, mientras afianza su proyección comercial en relación con Europa y se consolida como un país fuerte dentro de MERCOSUR, ampliando al tiempo sus conexiones con el mundo andino.

Mas cuando se examina de cerca este proceso de recuperación las cautelas no son pocas. Desde la perspectiva económica Argentina no ha modificado de momento un ápice sus pautas de crecimiento clásicas. Dos pilares lo sustentan: la exportación masiva de productos agrarios, en la que a los tradicionales rubros de cereal y ganado se ha unido el espectacular impulso de la soja (expandida a costa de las superficies de uso pecuario) y el turismo, que acude a Argentina al socaire de sus buenos precios y de sus espectaculares bellezas naturales. Sin embargo, y pese a disponer de excelentes profesionales, no hay innovación, la industrialización está casi paralizada, los salarios son muy bajos, la inflación supera los dos dígitos y la modernización de los servicios a las empresas ni se plantea. Entre tanto, el modelo político kirchnerista retoma en esencia los cánones sustentadores del peronismo de siempre, de esa mezcla de populismo y voluntarismo posibilista, que anega otras formas de hacer política e impide que otras opciones alternativas puedan competir en igualdad de condiciones. Cristina Fernández, respaldada por un aparato mediático y gubernamental impresionante, ha sido elegida sin efectuar ningún debate ni someter a la controversia con los demás candidatos un programa vacuo e intrascendente.

Con todo, los reclamos para que las cosas sean de otro modo no cesan de plantearse. Baste mencionar la reflexión publicada por Enrique Kleppe en “La Nación” tres días antes de las elecciones: “Necesitamos un partido que con entidad suficiente, conducta y buen proyecto, logre galvanizar el hartazgo social, diferenciarse, ser creíble y desatar la movilización que inaugure una nueva y fundacional manera de hacer política, en la que pueda florecer la Argentina que merecemos”. “La Argentina que merecemos”: ese era precisamente el lema de campaña de Roberto Lavagna, el gran ministro que sacó a Argentina del infierno económico de 2001, que ahora presentaba un verdadero plan de recuperación y que ha visto frustradas sus aspiraciones. Una oportunidad perdida.

Universidad pública y competitividad

El Norte de Castilla, 8 de Octubre de 2007

En uno los sondeos de opinión efectuados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a mediados de este año destacaba la observación de que la Universidad era, en ese momento, la institución más valorada por la sociedad española. Aunque la referencia apenas suscitó comentarios en la prensa o en los foros académicos, no faltaron quienes en el mundo universitario mostraron ante la noticia una actitud de cierta perplejidad: ¿cómo es posible – se preguntaban – que con todos los problemas que la aquejan, sus carencias, sus contradicciones y defectos, con todas esas imputaciones que a menudo se la hacen, unas injustas y otras más fundamentadas, sea la institución universitaria merecedora de tan alto reconocimiento, por encima de la administración de justicia, del empresariado o, a distancia notable, de quienes se dedican al ejercicio de la política?.

Sin otra pretensión que la de apuntar ideas en torno a una cuestión necesitada de un debate más a fondo, me permito señalar que la valoración de la Universidad, recogida en la encuesta del CIS, puede deberse al hecho de que la sociedad hace caso omiso de aquellos aspectos de funcionamiento críticos que, por complicados o ajenos a la preocupación ciudadana, pueden pasar desapercibidos o minimizados. En su lugar, reconoce, en cambio, y con toda la carga meritoria que posee, lo que verdadera revalida el alcance social de las actividades universitarias en aquello que realmente la distingue, esto es, la labor realizada en el desarrollo del conocimiento y en la transmisión de los saberes y destrezas que cualifican para el ejercicio profesional o, en todo caso, contribuyen al enriquecimiento intelectual de quienes de una u otra manera acceden a sus enseñanzas y aportaciones científicas.

Ahora bien, aunque estos atributos sean consustanciales a la Universidad, y, por lo que se ve, sigan influyendo positivamente en su imagen, nadie puede ignorar que el prestigio socialmente adquirido no constituye un valor en sí mismo más que en la medida en que logre estar preservado de las disfunciones que pueden llegar a cuestionarlo en unos momentos en los que las perspectivas universitarias se hallan expuestas a transformaciones decisivas, capaces de poner a prueba la solidez de sus aparentes o reales fortalezas. Se avecinan, en efecto, tiempos de cambio trascendental, cuya incidencia se ha de mostrar inevitable tanto en el diseño de las titulaciones o en la configuración de las plantillas como en los mecanismos de gestión responsables de sus estrategias básicas de funcionamiento. A la vista de cómo se están planteando los hechos no es aventurado afirmar que en estos momentos la Universidad es, en el sistema institucional europeo, la organización abocada a mayores transformaciones, que en esencia se apoyan en una premisa que conviene asumir: la necesidad de hacer compatible su condición de servicio público con la inevitable asimilación de las lógicas inherentes a la eficacia y la competitividad del sistema. Lejos de suponer una contradicción, este planteamiento permite entender hasta qué punto del modo en que cada Universidad, al amparo de la autonomía reconocida, ejerza sus funciones va a depender algo tan fundamental como la consolidación de su prestigio y la posición que puedan alcanzar las respectivas capacidades de cara a un sistema de relaciones cada vez más abierto y exigente.

La eficacia ha de ir indefectiblemente asociada a la calidad de los servicios prestados. Una exigencia tan ineludible como necesaria, pues ya no basta con que las Universidades ejerzan de manera convencional las actividades que les son propias sino que es indispensable dar a conocer cómo lo hacen, para qué lo hacen y con qué resultados, entre otras razones porque la sociedad, los organismos responsables de su financiación, los procesos de competencia, la dinámica de la diferenciación y las metas de calidad y excelencia incorporan una perspectiva evaluadora y de verificación de resultados que en modo alguno es posible cuestionar.

El compromiso a favor de la calidad integral de las responsabilidades universitarias, garantizado por las medidas e instrumentos – de ahí la importancia de la evaluación y sus efectos incentivadores – que permitan lograr avances irreversibles en esa dirección representa el más sólido soporte para el robustecimiento de su competitividad. A quienes cuestionan este concepto aplicado al complejo y diverso ámbito que nos ocupa, convendría advertirles de que una Universidad pública competitiva ni es en principio excluyente ni ha de primar unas vertientes de su actividad científico-docente frente a otras ni representa tampoco una amenaza para el aprovechamiento de todos los recursos, opciones y enfoques que en ella se cultivan y confluyen. Se trata, por el contrario, de entenderla, y de acuerdo con Vicente Guallart, como la capacidad que han de tener las organizaciones “para crear estructuras que respondan a las oportunidades y los retos del entorno en el que operan y a la velocidad adecuada”.

Es, en suma, sobre la base de esta simbiosis que en el nuevo horizonte se impone entre eficacia cualitativa y competitividad como la Universidad debe asegurar y fortalecer a la vez su condición de servicio público y de espacio crítico y libre, sin descuidar las ventajas que derivan de poner el mercado al servicio del bien público. De ese modo, no sólo se evitaría que la reputación aún mantenida pueda verse deteriorada, sino que al tiempo se podría aprovechar el amplio margen de posibilidades que, en un mundo globalizado, existe cuando son bien gestionadas sobre la base un modelo de Universidad en el que el saber y la innovación aparezcan debidamente imbricados y al tiempo acreditados por el paradigma de la calidad integral del sistema.

Universidad y Cooperación al Desarrollo

El Norte de Castilla, 20 de Septiembre de 2007

No es posible dejar de considerar a la pobreza como uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. El “germen de todos los males”, en atinada expresión de Jeffrey Sachs. La desigualdad entre regiones y países del mundo nos alerta cada día con manifestaciones lacerantes sobre los fuertes contrastes que desde la perspectiva del desarrollo separan a las sociedades hasta alcanzar niveles de disparidad nunca conocidos en la historia de la Humanidad. Es cierto que la propia noción de subdesarrollo, a la par que su dimensión espacial, ha ido evolucionando merced a los cambios que, con incidencia variable, han tenido lugar en ese amplísimo escenario – el antaño llamado Tercer Mundo - que en los años setenta y ochenta experimentó fuertes transformaciones, que diversificaron la relativa homogeneidad de sus indicadores y tendencias para dar origen a un proceso gradual de diferenciación, en el que si unos han logrado conectar con la lógica del mundo desarrollado, otros se ven sumidos en la crisis, en la marginalidad o en el acusado debilitamiento de sus instituciones de gobierno y gestión como actualmente sucede en no pocos países de África, Asia o Latinoamérica.

No descubrimos nada nuevo al afirmar que la desigualdad, con sus estigmas de exclusión y de miseria, define de forma dramática el mundo actual, ofreciendo en ocasiones tintes de desolación, bien manifiestos en la tragedia de los flujos inmigratorios descontrolados que hoy adquieren en Europa Occidental, y particularmente en España, su grado más alto de tensión y de mayor dificultad de tratamiento. Ante problemas de tal envergadura no cabe adoptar actitudes de indiferencia, pues se trata de situaciones que ni nos son lejanas en el espacio ni pueden resolverse con posturas demagógicas o de rechazo visceral. Son realidades cercanas, acuciantes e imposibles de eliminar de la percepción del mundo en que vivimos.

Si, desde luego, nunca será la panacea que permita poner fin a una situación asociada a la persistencia de graves factores estructurales, tampoco cabe duda de la importancia que en este sentido ha de concederse a los mecanismos de solidaridad apoyados en la cooperación al desarrollo, entendida en su vertiente más rigurosa y profesionalizada. Numerosos son los testimonios que avalan los resultados conseguidos a través de programas y proyectos de cooperación gestionados por las instituciones o por las organizaciones no gubernamentales. Su esfuerzo no debe quedar empañado por la improvisación de que a veces adolecen algunas intervenciones aisladas o por los escándalos que puntualmente denuncian el riesgo de que, bajo los objetivos de la cooperación al desarrollo, puedan aflorar hechos que traicionen la confianza otorgada. La necesidad de cautelas frente al despilfarro o la corrupción, así como la evaluación rigurosa de resultados, se imponen en nuestros días como principios básicos de actuación, sólidamente respaldados por la garantía que aporta una actividad de cooperación cuando ésta se apoya en la formación y en la debida solvencia y honestidad de quienes la ejecutan o la dirigen.

A este respecto no es baladí el papel que compete a la Universidad. Necesariamente sensibles a cuanto sucede en la realidad que las rodea y conscientes de los problemas de su tiempo, las Universidades tienden a asumir las responsabilidades que ineludiblemente las corresponden como espacios de reflexión y formación en un tema de tanta trascendencia. Las experiencias en este sentido son abundantes y en algunas de ellas han conseguido ya una prestigiosa acreditación, que respalda la conveniencia de abordar este compromiso con las herramientas de que se disponen, es decir, la capacidad científica, el conocimiento empírico, la valoración crítica a partir de la experiencia comparada y la proyección internacional.

Son instrumentos a disposición del amplio abanico de potenciales expertos relacionados con la gestión de los proyectos capaces de incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida y de actividad de las sociedades hacia las que se dirigen. Teniendo en cuenta que es un campo de acción en el que se observa una creciente participación de las administraciones públicas, bien a escala autonómica o local, justo es señalar que su presencia se verá sensiblemente reforzada a medida que los proyectos impulsados sean acometidos dentro de las coordenadas que, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico, aseguren el mejor cumplimiento posible de los objetivos pretendidos. Eficacia y solidaridad son términos complementarios en la ejecución de ese amplio abanico de opciones hacia el que se proyecta la conocida como cooperación descentralizada al desarrollo.

Por fortuna, la Universidad de Valladolid se incorpora a partir de este Curso al elenco de Universidades comprometidas con esta dignísima tarea. La realización de un celebrado Curso sobre esta temática por parte del Centro Buendía en Marzo de 2006 ha tenido, al fin, continuidad en un ambicioso proyecto formativo que aúna e integra las capacidades intelectuales que en las diversas áreas del saber comparten esta misma sensibilidad, enriqueciéndola con sus metodologías respectivas. El Curso de “Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo”, en el que al tiempo colaboran la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Coordinadora Castellano Leonesa de ONGs para el Desarrollo, pretende ser algo más que una mera relación de contenidos y de prácticas. Trata, ante todo, de satisfacer el objetivo que lo justifica, esto es, el de proporcionar una formación especializada que permita a quienes lo cursen ejercer de técnicos capacitados para trabajar en el ámbito de las instituciones y organizaciones sociales dedicadas a tan encomiable propósito.

Ciencia y politica frente al riesgo ecológico

El Norte de Castilla, 10 de Agosto de 2007

Cuando se violentan en exceso los procesos naturales, la naturaleza suele responder con furia acrecentada. Indómito y flexible a la vez, sujeto a las pautas de evolución y de equilibrio características del dominio ecológico al que pertenece, el medio físico se rebela si se le maltrata. La historia de la Humanidad es pródiga en ejemplos que evidencian hasta qué punto las intervenciones indebidas sobre el medio acaban siempre pasando factura, con serios perjuicios para sus responsables y, lo que es peor, para las generaciones que les suceden. Hace años, mucho antes de que la noción de desarrollo sostenible se impusiera como uno de los grandes paradigmas de nuestro tiempo, el geógrafo Jean Tricart ya advertía en su clásica “La epidermis de la Tierra”, con la credibilidad que aporta la experiencia acumulada, de los efectos negativos que inevitablemente resultan de la modificación de los equilibrios que articulan el funcionamiento de las estructuras ambientales, debido a su condición de sistema integrado, en el que sus componentes mantienen entre sí estrechas interdependencias, de modo que cualquier perturbación en ellas ocasiona inestabilidades, cuya gravedad varia en función de la irreversibilidad de los factores desencadenantes de los impactos.

Si las aportaciones científicas sobre el comportamiento de las dinámicas naturales son harto elocuentes, la metodología aplicada a la prevención de los riesgos goza también de una fecunda madurez. En la Unión Europea reviste además dimensión operativa a través de ese instrumento que comenzó a adquirir carta de naturaleza a mediados de los ochenta y que, conocido como “evaluación de impacto ambiental”, permite valorar el alcance de las implicaciones ambientales que una determinada intervención antrópica pueda traer consigo, orientándola así en la dirección menos lesiva para el entorno natural. Es un concepto arropado por protocolos técnicos rigurosos y por un amplio y valioso soporte empírico, aunque no siempre atendido con la diligencia que, desde la visión política, debiera merecer.

Sorprende que con el nivel de desarrollo alcanzado por los conocimientos científicos sobre el tema, suficientemente ilustrativos de la situación de riesgo latente en que nos encontramos ante las crisis medioambientales, sobrevengan episodios críticos generadores de fuertes tensiones y que obligan al pago de un alto precio por cuanto deteriora la imagen del territorio y afecta a sectores esenciales de su actividad productiva. La magnitud alcanzada por la plaga de roedores (de la especie “Microtus arvalis”) que en los últimos meses está afectando a la Comunidad de Castilla y León, y que en algunas de sus áreas alcanza ya niveles de catástrofe, es una prueba inequívoca de los efectos provocados por factores causantes de la ruptura de un equilibrio natural, que por las razones que sean no se ha sabido detectar ni controlar. Está comprobado que la plaga alcanza en la cuenca sedimentaria – y especialmente en su tramo centro-occidental – su máximo nivel de incidencia, con repercusiones no registradas en ninguna otra región española, lo que sitúa a la nuestra en una situación anómalamente excepcional. Ello induce a abordar la cuestión desde una perspectiva estratégica, a fin de evitar que un problema que se ha mostrado cíclico en el tiempo, y sobre el que ya se disponía de advertencias plausibles, pueda tener en el futuro, de actuar correctamente, una recurrencia controlada.

Ante una crisis que reviste niveles de emergencia, las soluciones no pueden ser nunca dilatorias, excluyentes ni fragmentarias. Reconociendo la correcta intencionalidad que anima al llamamiento de los grupos de investigación que en las Universidades de la región están en condiciones de aportar soluciones eficaces, no se entiende, en cambio, el aplazamiento de sus iniciativas cuando el problema está en toda su virulencia ni, ante una situación de esta índole, el que no se haya planteado, o al menos así no ha trascendido a la sociedad, la toma en consideración de asesoramientos a mayor escala, habida cuenta de que en el fondo el problema no puede ser indiferente a los expertos que en España y en Europa se ocupan de la lucha contra las plagas ni, por supuesto, a los órganos que desde la Administración central tengan algo que decir, pues de su alcance como tema de Estado no cabe duda alguna. La delimitación de competencias nunca debe prevalecer sobre la cooperación ante el riesgo.

La toma de conciencia de lo sucedido ha de suponer una severa lección para actuar en el futuro con las herramientas que aporta la perspectiva integrada a la hora de acometer la gestión de algo tan delicado como es el medio ambiente y sus interacciones estructurales. Bastaría con tener clara, fuera de toda improvisación, la coherencia existente entre los tres estadios que la definen para mitigar los sobresaltos que eventualmente pudieran producirse. Y así, reafirmando, como punto de partida, el valor de la “prevención”, basada en el conocimiento científico de los procesos ecológicos dominantes en el territorio, de sus tendencias y de las amenazas previsibles, se antoja indispensable reconocer la importancia que tiene la “valoración” de la magnitud de los riesgos, cuando suceden, extremando el cuidado de su seguimiento y la evaluación de sus impactos directos e inducidos, pues sólo así será posible poner en práctica los mecanismos que hagan de la “intervención” el resultado efectivo de un conjunto de medidas ya previstas, de aplicación inmediata, sustentadas en el asesoramiento riguroso y en el valor de la experiencia comparada. En definitiva, un modo de actuar sobre el territorio en el que aparezcan firmemente imbricadas la calidad científica y la voluntad política.

DOS EMPRESARIOS DE REFERENCIA

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El Norte de Castilla, 2 de Agosto de 2007

La casualidad nos ha situado ante dos sucesos luctuosos ocurridos casi en la misma fecha. Las muertes de Santiago López y de Jesús de Polanco han permitido evocar la vida y a la obra de dos personajes representativos de lo mejor del empresariado español en la segunda mitad del siglo XX. Poco importa que no se conocieran o que sus posiciones ideológicas y políticas discrepasen. Las disensiones que han afectado a la historia reciente de España, y que uno y otro vivieron, cada cual desde su perspectiva, con la intensidad propia de quien siente implicado de lleno en la trayectoria de su país, no han impedido que, a la postre, prevalezca el denominador común que los distingue como referentes a los que remitirse para ejemplificar, sobre la base de sus respectivos legados, lo mucho que significa su aportación al desarrollo y a la transformación positiva de las sociedades y de los espacios en los que desplegaron sus respectivos proyectos e inquietudes.

Esta valoración se basa en su identificación con la figura del empresario entendido en el sentido más encomiable del término. Es una categoría que lograron dignificar en medio de un panorama de dificultades e incertidumbres, poniendo al descubierto lo que verdaderamente acredita el espíritu de empresa frente a los intentos de trivializar el concepto y de atribuirlo indebidamente a cuantos presumen de tenerlo sin los requisitos inherentes a esta cualidad, es decir, la capacidad de iniciativa para la puesta en marcha de proyectos innovadores, la audacia frente al riesgo, la tenacidad en la lucha por objetivos de amplio alcance y largo plazo, la autoridad moral, el rechazo a las prácticas especulativas, el liderazgo para crear equipos solventes y el sentido de la oportunidad histórica. Rasgos, en fin, capaces de marcar líneas de comportamiento y de gestión que acaban cristalizando en obras sólidas, resistentes al paso de tiempo y que a la par implican efectos positivos, de gran impacto en sus entornos.

Si con razón se ha señalado la responsabilidad de Santiago López en la transformación de la ciudad de Valladolid como uno de los artífices del despegue industrial que hizo aflorar una nueva sociedad y una dinámica urbana sin precedentes, aunque no exenta de fuertes contradicciones, considero que su huella rebasa con creces la dimensión vallisoletana. Debemos mencionar su papel como uno de los impulsores de la moderna industria del automóvil en España, en la medida en que la creación de FASA - en la que como artífice de la iniciativa desempeñó también un eminente protagonismo la labor de Manuel Jiménez Alfaro - supuso, en un campo dominado por la acción pública, la materialización del primer gran proyecto planteado desde la iniciativa privada con criterios de racionalización tecnológica, que actuaría a su vez como catalizador de la presencia extranjera – en este caso, de Renault -, lo que le convierte en uno de los soportes sobre el que se apoyaría el fuerte despegue en los sesenta de la automoción en España al amparo de su atractivo para la implantación de las grandes firmas multinacionales del sector.

Al propio tiempo no es baladí el mérito que le cupo como polemista cualificado sobre cuestiones de interés económico que desbordaban la escala local. En el Departamento de Geografía le conocíamos como “el termómetro”, pues atentamente seguíamos el pulso de los cambios económicos a través los comentarios que con frecuencia realizaba en El Norte de Castilla y en otros medios sobre la evolución de la economía, en los que hacia alarde de una visión crítica, amplia de miras, siempre coherente con la defensa de la industria como motor del crecimiento, y con un horizonte que apuntaba al conjunto de la región, cuando esta dimensión era ignorada o considerada irrelevante. Sus reflexiones sobre los Planes de Desarrollo, que seguí de cerca, merecen ser recordadas como unas de las más perspicaces que en su momento se hicieron.

Tampoco fue tarea fácil la acometida por Jesús de Polanco cuando a mediados de los setenta supo entender lo que podría representar el proyecto periodístico concebido por José Ortega Spottorno y al que se adhirió, asumiendo gran riesgo y coste personal, consciente del decisivo papel que iba a desempeñar la información libre y de calidad en un proceso tan azaroso y complicado como iba a ser la transición a la democracia en España. Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, y sin olvidar las polémicas suscitadas en torno a la obra del editor fallecido, su acritud pierde consistencia frente a los méritos de una labor que suscita tanta consideración como respeto por parte de quienes con sus productos editoriales competían con él en buena lid. Decía Servan-Schreiber que “la calidad del periodismo se mide por el rigor y la objetividad de la información suministrada, por el rechazo a cualquier forma de sectarismo y por la fidelidad a los principios que amparan la libertad de expresión”.

Pues bien, más allá de las controversias que pudiera suscitar la trayectoria de la cabecera – el diario “El Pais” - identificada con la aportación de Polanco al periodismo, no cabe duda de lo que supuso su salida a la calle cuando todavía el horizonte de la democracia se mostraba confuso y la demanda de libertad e información, aun insatisfecha, era un clamor creciente en la sociedad española. Mucho tiempo ha transcurrido desde que Santiago López y Jesús de Polanco pusieron en marcha las iniciativas que les han singularizado, mas su impronta pervive en el recuerdo y en la realidad. Una impronta asociada a aquellas ideas - desarrollo, innovación, voluntad de cambio, visión de futuro – que ambos protagonizaron y a las que tanto debe la modernización de la España contemporánea.

Una legislatura decisiva

El Norte de Castilla, 10 de Julio de 2007

Castilla y León y la ciudad de Valladolid se enfrentan en los próximos años a una etapa decisiva de su historia. Con el horizonte que imponen los ciclos de la acción política esta etapa se identifica con la legislatura que acaba de comenzar, y de sus resultados van a depender muy directamente las perspectivas de desarrollo de la región a medio plazo así como la superación de algunas de las incertidumbres que condicionan la consolidación de su capital como ciudad sólidamente acreditada en el sistema urbano regional, español y europeo.

Es una reflexión pertinente, alertados por las circunstancias que confluyen en el tiempo para definir con perfiles nítidos los nuevos factores de cambio surgidos en el panorama internacional y español, avanzada ya la primera década del siglo XXI. No hay que olvidar que esta toma de conciencia sobre lo que significan estos factores de impacto (globalización de la economía, fuerte competencia entre territorios, desarrollo selectivo de los procesos innovadores, etc.) es percibida de modo sensible en nuestro entorno más inmediato, donde son muy activos los debates suscitados en regiones y ciudades europeas (algunas de ellas hermanadas con Valladolid), que se esfuerzan en analizar con rigor las tendencias en las que encuadrar sus estrategias de futuro, estructuradas a partir de un amplio abanico de opciones, instrumentos y medidas en cuya formulación se acoplan bien los requerimientos surgidos de la propia sociedad y los objetivos impulsados desde los propios órganos de decisión pública, fieles a los compromisos contraídos con una ciudadanía consciente y con los agentes sociales que la dinamizan y representan.

Los retos planteados a Castilla y León como consecuencia del nuevo tratamiento que ha de recibir al perder su condición de “región asistida” dentro de la Unión Europea son cruciales hasta el punto de que, bajo las nuevas premisas que inspiran su nuevo rango (como región adscrita al objetivo de “competitividad regional y empleo”), y debido a sus particularidades y problemas estructurales, pueden llegar a convertirla en un buen ejemplo a la hora de verificar las capacidades de quienes la gobiernan para lograr ese avance cualitativo e integral que la región necesita para asegurar su vitalidad demográfica y fortalecer su atractivo como espacio de oportunidad y de dinamización económica en todos los sectores.

Lograrlo en sintonía con la defensa de sus valores ambientales y patrimoniales, garantizando a la par los avances en la articulación interna de la región y en la percepción, lo más generalizada posible, de que el marco autonómico favorece realmente la búsqueda de equilibrios internos, apoyados en la valorización eficiente de los recursos de todo el territorio, abre un campo de perspectivas mal avenido con la inercia, con la autocomplacencia o con la pretensión de que los problemas y las contradicciones se resuelven por sí solos. Entiendo que este objetivo ha de basarse ante todo en la aplicación decidida y sin ambigüedades de la Ley de Ordenación del Territorio a través de la puesta en marcha de las Directrices Esenciales que permitan definir el modelo territorial que la región necesita así como las actuaciones encaminadas a conseguirlo. Dicho de otro modo, ésta que empieza ha de ser la legislatura en la que se emprenda una política activa, motivadora, y sostenible de ordenación territorial, poniendo fin a las numerosas contradicciones que han jalonado este proceso.

En este mismo contexto el futuro de Valladolid, más allá de los efectos sobre su centralidad de las potentes infraestructuras de transporte previstas, no es ajeno al margen de expectativas creadas para una ciudad en la que la dimensión estratégica y cualitativa de sus grandes directrices debe primar como criterio de actuación esencial. No de otro modo hay que entender los problemas surgidos ante la necesidad de atajar los riesgos de la desindustrialización, de preservar sus valores urbanísticos, patrimoniales y ambientales amenazados, de asumir la función que la corresponde en la organización racional de su caótico espacio metropolitano o de afianzarse al tiempo como ese núcleo de referencia al servicio de la mejor integración posible del espacio regional, superando recelos y desconfianzas que pudieran llegar a poner en entredicho la entidad y cohesión de un territorio tan propenso a las posiciones centrífugas.

Son en ambos casos tareas complicadas, pero necesarias en unos momentos en los que las expectativas de desarrollo de Castilla y León pueden verse lesionadas por los prejuicios intraterritoriales que todavía perviven. De ahí el valor de las múltiples posibilidades y ventajas que derivan de concebir la acción de gobierno como el ejercicio del poder apoyado en la cooperación fecunda entre los diferentes actores institucionales, lo que permitiría abrir nuevos espacios para el juego político, quizá entorpecido hasta ahora por visiones a corto plazo que han de ser sustituidas por perspectivas más coherentes con la magnitud de los cambios que, con visión de futuro, a todos han de afectar sin excepción y que sólo podrán abordarse si se tiene conciencia de que la fragmentación y la visión parcial de las soluciones conduce al declive de la competitividad territorial de Castilla y León, difícilmente recuperable si se debilitara en exceso o se minimizara el alcance de los riesgos que esas tendencias pueden llegar a suponer.