Ciudades medias: ¿crisis u oportunidad?

 

Burgos

El Norte de Castilla, 24 septiembre 2021

En el contexto de los interesantes debates planteados en torno a las dinámicas demográficas contemporáneas, afloran de nuevo en los países europeos y, entre ellos, en España, las reflexiones que centran la atención en los cambios que pudieran tener lugar en la reestructuración de los sistemas urbanos a partir de las implicaciones derivadas de la distribución selectiva de la población en el territorio a favor de los grandes complejos metropolitanos. Asumido hasta ahora dicho proceso como algo inexorable, su constatación no impide plantear hasta qué punto ese sesgo a favor de la polarización va a traer consigo un debilitamiento irreversible de las ciudades de pequeño y mediano tamaño o, por el contrario, puede cobrar sentido la hipótesis de una recuperación de sus posibilidades como espacios atractivos, susceptibles de experimentar una dinamización de las actividades económicas, con la consiguiente generación de riqueza y empleo que les permita contribuir a un cierto reequilibrio del territorio.

            Abierta la reflexión a las comprobaciones empíricas que ratifiquen con rigor el sentido de una u otra tendencia a corto y medio plazo, el tema adquiere una notable relevancia en un momento especialmente decisivo, en el que el concepto de ciudad media cobra la dimensión que lo identifica con una reordenación del territorio. No en vano es el momento que revela el desencadenamiento de transformaciones económicas, espaciales y socio-laborales de gran envergadura en coherencia con las reflexiones, actitudes y exigencias provocadas por la era postcovid, por las lecciones y advertencias de ella extraídas, y por las pautas de actuación asociadas la transición ecológica, que se muestra inexorable, con los efectos socio-económicos y espaciales derivados que ha de traer consigo.

            Es evidente que ese proceso de transformación encuentra en las ciudades su campo de experimentación más significativo, y en el que el análisis comparado permite conclusiones valiosas desde el punto de vista estratégico. Es bien sabido que las grandes aglomeraciones conllevan, proporcionalmente en relación con su tamaño, un elevado consumo de suelo y de energía a la par que aumentan su capacidad de impacto ecológico en función de la magnitud de los vertidos y las agresiones producidas a gran escala sobre el medio ambiente. Son aspectos críticos a los que hay que sumar los impactos negativos provocados sobre la calidad de vida de la población debido a problemas inherentes a las escalas urbanas de gran dimensión como son los que tienen que ver con la intensidad y congestión de los desplazamientos, con la conciliación de actividades, con el encarecimiento de la vivienda o con la acentuación de las desigualdades, entre otros muchos. Aparecen, en cualquier caso, sumidos en la contradicción que resulta de contraponer sus posibilidades como espacios de crecimiento económico ya consolidado y como lugares de asentamiento de servicios y centros de dirección de primer nivel, con los condicionamientos y servidumbres que acompañan a los procesos de aglomeración (de ahí el concepto de "deseconomías de aglomeración" que se aplica a las macroestructuras urbanas), limitativos cuando se trata de acometer actuaciones correctoras de los problemas existentes y de acomodar sus estrategias a los requisitos que imponen los objetivos propios de la sostenibilidad. Tanto es así que no deja de llamar la atención la idea formulada por el geógrafo Guillaume Faburel cuando plantea la posibilidad de que las ciudades medias puedan convertirse en el "estrato urbano prioritario"

            No sorprende, pues, que ante este escenario parezca convincente y oportuna la necesidad de llamar la atención acerca el margen de posibilidades que, como opciones alternativas tanto desde el punto de vista del trabajo como residencial, presentan las ciudades en las que los problemas señalados – en virtud de la escala dimensional más racional en la que se plantean y pudieran resolverse - revisten menor gravedad. Quizá pueda parecer excesivo presentarlas de manera genérica como escenarios alternativos en un horizonte cercano, en virtud de las inercias que inducen al mantenimiento del modelo dominante y de las insuficiencias que la mayor parte de ellas presentan desde el punto de vista estratégico para acreditar, con perspectivas de ser tenidas en cuenta, sus potenciales ventajas comparativas (tranquilidad, espacio, dotaciones educativas, coste de la vida proximidad...), con frecuencia tan ignoradas como infrautilizadas.

           Nos encontramos ante un gran desafío reestructurador del territorio, que conviene valorar en toda su dimensión para ser asumido por parte de los órganos responsables de la gestión de la ciudad y de la definición de sus principales orientaciones estratégicas. En este sentido no son desestimables los debates que están teniendo lugar en algunos países de la Unión Europea, en los que no son aisladas las voces que, de manera documentada y con cifras en la mano, dan a conocer las expectativas potencialmente ofrecidas por las ciudades situadas en un umbral de población entre los 10.000 y los 150.000 habitantes, aunque estos límites varían en función de los respectivos contextos territoriales. 

        Ahora bien, más allá de estos umbrales se trata de identificar la importancia económico-espacial de este nivel urbano intermedio, que opera como eslabón de transición entre las grandes áreas metropolitanas y los espacios adscritos a los parámetros propios del mundo rural. Se trata de una categoría que emerge con fuerza en el panorama de las políticas públicas urbanas que preconizan la necesidad de fortalecer el conjunto de ciudades susceptibles de fortalecer las interacciones sociales, afianzar los vínculos de convivencia y asegurar una mayor calidad de vida sobre la base de su capacidad para configurar espacios urbanos inclusivos, seguros, innovadores, cualitativos, resilientes y sostenibles, lo que obliga a una adaptación de las políticas públicas para asumir con garantías los compromisos que esos objetivos implican a la par que incrementan su capacidad de acción con vistas a lograr avances significativos a favor de un mayor equilibrio y mejor aprovechamiento integral del territorio. Suponen, en fin, una forma mucho más creativa de establecer las relaciones con el espacio. Ante este escenario no es ocioso aludir al margen de posibilidades que tal vez pudieran abrirse para las ciudades de Castilla y León, donde este rango urbano presenta potencialidades aún no debidamente aprovechadas.

Aprender a mirar la ciudad

El Norte de Castilla, 3 de junio de 2018

Tomo este título de la idea lanzada por Miguel Ángel Fonseca en una conferencia impartida no hace mucho, junto a Luis Mingo, sobre la Plaza Mayor de Valladolid. De buenos arquitectos como éstos siempre se obtienen aprovechables lecciones y oportunas sugerencias. Entre otras, me ratifican en la que desde hace mucho tiempo practico habitualmente como una costumbre heredada de mi maestro y gracias a la cual he conseguido acumular tantas experiencias como sorpresas en numerosas ciudades. Consiste en hacerse con ellas mediante la andada vigilante para apropiarse intelectualmente de su imagen y de la variedad de los elementos que las componen; o, lo que es lo mismo, de adentrarse en los múltiples recovecos, detalles e insinuaciones callejeras que la ciudad ofrece a la mirada curiosa del observador. El ejercicio de esta tarea, que tiene a su favor el aprovechamiento de las posibilidades que brinda la libertad para orientarla en la dirección apetecida, precisa de un esfuerzo previo de aproximación a  lo que se va a ver, a fin de comprenderlo y asimilarlo adecuadamente. Es ncesario partir de una idea previa de lo que se quiere descubrir, pues todos los espacios presentan singularidades que solo la mirada directa y detallada puede comprender en toda su pluralidad de matices.

            Y es que acercarse al conocimiento de una ciudad precisa de algo más que el mero voluntarismo de lograrlo. El requisito, sin embargo, no es complicado. Basta simplemente con percibir de antemano sus rasgos esenciales, a saber, la localización, los fundamentos históricos que la identifican y su dimensión demográfica. Sobre la base de estos tres aspectos, la indagación voluntaria y discrecional permite encauzar la sensibilidad y hacer mucho más ilustrativa la experiencia hasta enraizarla en la memoria. Representa descubrir realidades nuevas, muchas veces ignoradas, y experimentar la grata sensación que tiene el escrutador cuando se halla ante lo que no espera, para integrarlo en la propia vivencia y, si llegase el caso, poderlo transmitir como desee. Son muchas las referencias y las señales que los itinerarios urbanos procuran, ya que en ellos, como señala Muñoz Molina, las preocupaciones y las obsesiones se disuelven en la observación incesante. De ahí que, cuando uno siente el deseo de asumir  la realidad que potencialmente se abre a la curiosidad de su mirada, dos son las principales sensaciones que experimenta.

            Por un lado, el recorrido trae consigo la ampliación de los “mapas mentales” que cada cual posee de antemano. El mapa mental está construido en este caso a partir de la idea que se tiene de la ciudad en función de los escenarios más acostumbrados en los que se desenvuelve la vida cotidiana. Por lo general, son espacios limitados y con frecuencia simplificados por la costumbre, pues en principio su configuración está delimitada por los hábitos de relación más rutinarios. De ahí que, cuando la vista se abre a otros escenarios, el observador se da cuenta de que existen marcos de convivencia que ha de enjuiciar como complementarios al suyo. Merced a ello la cartografía personal se embarnece y, lo que es más importante, incorpora elementos sin los cuales el propio campo de consideración vital del ciudadano no podría ser entendido. 

            Y, por otro, cuando el caminante deambula por la ciudad cobra conciencia de otro de los aspectos más estimulantes que nutren su percepción crítica del espacio: la apreciación del significado de los contrastes, la estimación de lo mucho que la diferencia significa en la estructura de los elementos – espaciales, económicos y sociales - que la integran. La idea de uniformidad carece de sentido cuando la mirada se detiene en sus recorridos para percatarse de hasta qué punto la variedad prevalece como rasgo dominante. Diferencias drásticas en la arquitectura, en el tratamiento y situación de los edificios de valor histórico, en la tipología de las calles, en la ordenación de las perspectivas, en la simbología de los reclamos publicitarios, en la densidad de los desplazamientos humanos que en ellas se producen, en la relevancia, calidad y uso de los espacios públicos, en los sonidos envolventes. En esta aproximación a la interpretación de la diversidad urbana reviste gran importancia también la tipología ofrecida por los establecimientos comerciales, habida cuenta de que el comercio constituye una de las principales señas de identidad de las ciudades. Detenerse en este aspecto permite valorar la envergadura de las transformaciones experimentadas y las causas que las provocan ya que se trata de la actividad que mayor metamorfosis experimenta en periodos de tiempo muy breves, en los que la sustitución morfológica y estética ha coincidido con la reconversión o el cierre de numerosos locales, que hoy acusan los efectos demoledores a los que se ha visto sometido el llamado comercio de proximidad.

            Y, del mismo modo, es evidente que las ciudades no pueden concebirse sin sus periferias, sin esos ámbitos en los que se plasma el crecimiento difuso, abierto a numerosas modalidades y estrategias de expansión. Francisco Candel escribió  en los años sesenta una obra que marcó una época y una forma de interpretar los márgenes urbanos. Habló de allí “donde la ciudad cambia su nombre”. Aunque las tendencias actuales ofrecen hoy matices respecto a aquella apreciación, no cabe duda de que captar lo que sucede en ese mundo que habitualmente no se ve, tan repleto de contradicciones y a veces de sobresaltos, supone una incitación a las averiguaciones patentes que no debiera eludirse si se pretende ser fiel al objetivo global perseguido.  

            Por todo ello, observar la ciudad es una lección de primer orden, que nadie debe subestimar. Una poderosa lección de ciudadanía activa. Ayuda a valorar fenómenos esenciales de nuestro tiempo y aporta visiones que reavivan permanentemente la curiosidad de quien se empeña en tenerlas. Las ciudades son libros abiertos, que hay que leer poco a poco, y que releer también, pues el paso del tiempo introduce correcciones y somete a revisión lo ya aprendido. Son laboratorios de experimentación de políticas públicas que someten a valoración la calidad de las decisiones de quienes las gobiernan al tiempo que enriquecen la visión comparativa de la realidad. De ahí su enorme valor formativo, cultural y político. En definitiva, aprender a mirar las ciudades nos hace ser conscientemente críticos del mundo y de la sociedad en los que nos ha tocado vivir.  

                      

Los nuevos horizontes del poder local

El Norte de Castilla, 6 julio 2015

La  Historia revela la enorme importancia que han tenido en la política española las elecciones locales. Numerosas son las experiencias, en efecto, que han puesto de manifiesto hasta qué punto los comportamientos electorales reflejados a esta escala son el preludio de transformaciones importantes en niveles superiores del entramado político. Constituyen, en cierto modo, una especie de ensayo, capaz de transmitir al panorama general las inquietudes y tendencias labradas en el nivel básico de la administración, aquella en la que se  vertebran los conflictos y necesidades de la vida ciudadana a partir de estructuras social, económica y espacialmente complejas.

            De ahí la trascendencia que cabe reconocer a esos procesos de cambio experimentados por la sociedad española y que han cobrado plasmación evidente en las elecciones locales y regionales del 24 de mayo, sin precedentes en la historia democrática de España. Si se observa que en las ciudades de mediano y gran tamaño – salvo en casos muy excepcionales -  han desaparecido las mayorías absolutas y que los pactos que han fraguado las alcaldías se apoyan en compromisos fuertemente supervisados por quienes en la mayoría de los casos no ostentan responsabilidades de gobierno, el ciudadano de a pie asiste expectante a un proceso tan apasionante como repleto de incógnitas o, en todo caso, de preguntas, cuyas respuestas serán cruciales para el futuro del país. No en vano, los Ayuntamientos representan ámbitos primordiales de experimentación de políticas públicas. Cuanto se decida en ellos posee una enorme resonancia social, trasciende el estricto escenario de aplicación, crea referencias representativas del modo de gobernar y fortalece en consecuencia el valor de la experiencia comparada, con efectos aleccionadores decisivos.

            Teniendo en cuenta los factores que determinan los  principales desafíos planteados en el marco municipal,  el observador contempla un escenario condicionado, en principio, por tres horizontes fundamentales, que a la vez se corresponden con sendas pautas desde el punto de vista de la decisión. Aparecen aquí planteadas como líneas de reflexión y trabajo, que invitan al análisis empírico y a la constatación objetiva de los hechos. A saber:

1.         Destaca, en primer lugar, la repercusión que la nueva etapa municipal pueda tener en un campo de tanta trascendencia como es el urbanismo y, por extensión, lo que comúnmente se entiende como la ordenación del territorio a nivel local. Sin duda es en este aspecto donde va a verificarse el nivel de distanciamiento o ruptura respecto a los comportamientos que en la etapa anterior han dado origen a numerosos y generalizados episodios de corrupción y de vulneración de la ley en el ejercicio de la práctica urbanística. Frente a los enfoques cortoplacistas, a la prevalencia de la visión especulativa en el uso del suelo, a la consideración privilegiada de determinados intereses en el diseño del planeamiento o al incumplimiento de las advertencias sobre los impactos ambientales, la autocrítica se impone como mecanismo necesario y a la par como soporte de una actuación más respetuosa con la legalidad y con los necesarios equilibrios a los que ha conducir una gestión integradora y sensible con las distintas realidades sociales y económicas  que conforman la urdimbre urbana.

2.         No es menor, por otro lado, el interés que suscita el proceso de racionalización, ajuste o redistribución aplicado a la gestión presupuestaria, ante la necesidad de adecuar la estructura del gasto a las posibilidades de los ingresos en un contexto supeditado a  los mecanismos de vigilancia del déficit y la deuda contemplados por la Ley. Disciplina coincidente en el tiempo con la reducción de las aportaciones proporcionadas por la actividad inmobiliaria y con la aplicación de las políticas encaminadas a mitigar la gravedad de las carencias sociales y de acentuación de la desigualdad exacerbadas por la crisis, Se impone un reequilibro entre inversión, solidaridad y transparencia que seguramente dará constancia de la destreza de los gobiernos municipales para conseguirlo, lo que tal vez redunde también en la reclamación, hasta ahora desatendida, de una reforma para la adecuada financiación de los Ayuntamientos que garantice la suficiencia financiera en los términos planteados por el frustrado Pacto Local en los años noventa.

3.         Y, finalmente, el observador contempla con atención de qué manera va a influir en la toma de decisiones el reconocimiento explícitamente otorgado a la participación de la ciudadanía, a la que, a tenor de las declaraciones y de los programas propugnados, se trata de conceder un mayor protagonismo y un papel de referencia obligada en el planteamiento de las políticas públicas concebidas como una función social y espacialmente equitativa en las que la persona ha de ser tratada como “ciudadano” y no como “cliente”. Es evidente que en este sentido, la posibilidad de fraguar nuevas pautas de comportamiento en la gestión de los municipios tampoco sea ajena a la necesidad de introducir un proceso de selección, mejora o corrección de los responsables públicos, superando las inercias en los comportamientos así como las mediocridades constatadas y poniendo a prueba su nivel de competencia, honestidad y preparación.

                   No hace mucho he publicado un trabajo alusivo a las estrategias de salida a la crisis. Sin entrar en detalles, las he identificado en torno a dos premisas claves: la cultura del territorio y la calidad institucional. Si por la primera se entiende el buen ejercicio de la acción pública apoyada en una adecuada utilización de los recursos y las potencialidades de un espacio desde el punto de vista sostenible, cuando se habla del papel a desempeñar por los responsables institucionales la autocrítica remite necesariamente a la importancia de sus comportamientos éticos y del nivel de sensibilidad hacia los problemas de las sociedades a cuyo servicio se encuentran. 

Unas Jornadas a favor de la Solidaridad

 

El Grupo de Investigación CITERIOR (Ciudad y Territorio) ha organizado durante los días 28 y 29 de abril unas Jornadas de Geografía Humana dedicadas en esta ocasión al tema “Marginalidad Social y Espacio Urbano”.  Ha sido la primera vez en que se ha abordado una cuestión de esta naturaleza en la Universidad de Valladolid, motivada por el propósito de profundizar en el conocimiento del problema  y en los métodos aplicados al estudio de una realidad difícil de analizar, pero necesitada de un esclarecimiento científico que haga posible la valoración de su magnitud y el alcance de las medidas orientadas a la corrección de las graves implicaciones sociales, económicas y territoriales que presenta. 

Organizadas por Fernando Manero, Catedrático del Área de Geografía Humana, e Igor Robaina, de la Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil) y Becario Erasmus Mundus Nobel, en ellas se han planteado y debatido aspectos de gran trascendencia relacionados con la dimensión de los derechos humanos en la ciudad, la labor asistencial llevada a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid, el significado de los procesos de exclusión y vulnerabilidad social en Castilla y León, las situaciones de marginalidad y nueva pobreza en los espacios urbanos, la realidad de las personas sin hogar en Rio de Janeiro, la percepción de las Homeless Cities en Rio de Janeiro y Hamburgo, y el impacto espacial de las desigualdades (vecinos sin barrio, personas sin hogar) en la ciudad de Sevilla.  

La Universidad, el Ayuntamiento, las Organizaciones solidarias (Cáritas, European Anti Poverty) han sumado esfuerzos para aproximarse a una realidad que existe, que tenemos delante, que nos afecta de lleno, aunque creamos invisible o irrelevante. La Geografía ha actuado como gozne de ese caudal de ideas que confluyen y se entreveran, a través del debate y de la reflexión comprometida, para avanzar en el conocimiento y demostrar, con la rotundidad que aporta la información y su tratamiento socio-territorializado, que nos encontramos ante un desafío ineludible que a todos concierne: a los responsables públicos, a los científicos, a los ciudadanos. Avanzar en las técnicas de análisis y profundizar en la valoración de la experiencia comparada se convierte en una necesidad, que cobra entidad a medida que se valora en su dimensión objetiva y se proyecta como un aspecto esencial de las medidas abocadas a la defensa de la solidaridad y a la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión. "De una ciudad que segrega a una ciudad que integra": esa es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado y cuyo solo enunciado constituye, de cara a la toma de decisiones. 

No en vano, entendemos que la Geografía será comprendida y valorada mientras sea capaz de mostrar sensibilidad, atención y compromiso con los problemas de nuestro tiempo, cuando ante situaciones críticas alce la voz para advertir que existen, para analizar los factores que las provocan y para aportar soluciones que hagan posible mitigar su gravedad o superarlas con las garantías necesarias. El espacio es una realidad compleja, en permanente transformación y sujeta a impactos que tienden a provocar tensión e inestabilidad. Del grado de inteligencia con el que la Geografía sea capaz de abordar esta tendencia y de saberla acreditar al tiempo ante la sociedad va a depender el nivel de reconocimiento y credibilidad que sin duda posee. 

Y es que, como señalé en la presentación de las Jornadas, vivimos en una época en la que quizá se está acentuando con perfiles dramáticos y preocupantes la crisis que ha afectado al conjunto de  las Ciencias Sociales desde la última década del siglo XX.  La globalización ha supuesto un cambio de enfoque en el análisis y la interpretación de los fenómenos  Se ha hablado del fin de la Historia, del fin de los territorios, de la necesidad de asumir un modelo de gestión d elos recursos, de organización del trabajo y de utilización del espacio sujeto a reglas que inexorablemente preconizan la eficiencia a costa de la equidad, la explotación intensa frente a la preservación, la rentabilidad a corto plazo frente a la perspectiva de futuro, la aceptación resignada frente a la actitud de denuncia. Los discursos orientados en esta dirección han sido abrumadores hasta el punto de que han eclipsado o difuminado los enfoques alternativos o pretendidamente alternativos.  Prevalece, en cambio, una tendencia a la banalización del pensamiento, sumido en esa especie de actitud evasiva y descriptiva que emana de la aceptación acrítica de los hechos más problemáticos o se decanta hacia la indiferencia, pensado que quizá lo que no se ve no existe o carece de relevancia. Pero tampoco hay que minimizar el peso de las aportaciones que autorizadamente han dado buena cuenta de los efectos provocados por la crisis. Particular atención ha merecido el análisis de los factores generadores de desigualdades y sus manifestaciones. El año pasado adquirió gran resonancia la obra de Joseph Stiglitz – El precio de la desigualdad – y recientemente los medios de comunicación se han hecho eco del rigor utilizado por Thomas Pikketty con su excelente obra El capital en el siglo XXI, que ha suscitado un gran  debate a ambos lados del Atlántico. En ambos casos las investigaciones en la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza.

Sin embargo, es evidente que la desigualdad y todas las manifestaciones asociadas a ella, como son la pobreza, la miseria, la marginalidad, la exclusión, son fenómenos espaciales que conciernen de lleno al campo de reflexión y de preocupación intelectual de los geógrafos. No son temas antitéticos con los que ocupan nuestra atención cuando estudiamos las dinámicas territoriales, los procesos innovadores o la configuración de los paisajes. Integrar la variedad de perspectivas temáticas que confluyen en la Geografía como ciencia del conocimiento e interpretación del territorio no sólo se justifica por la interdependencia que se producen en el comportamiento de la realidad espacial sino que al tiempo constituye una necesidad en la medida en que la sociedad así lo exige y plantea. El compromiso social es inherente al quehacer del geógrafo si éste desea estar a la altura del momento histórico que le ha tocado vivir. Desde esta perspectiva conceptos como el de justicia espacial, equidad, solidaridad, cooperación, participación cobran fuerza también como desafíos metodológicos, a sabiendas de que las herramientas técnicas – cuantitativas y cualitativas – que manejan los geógrafos le permiten abordar la dimensión aplicada de estos conceptos y categorías con la solvencia necesaria. 

La Geografía será comprendida y valorada mientras sea capaz de mostrar sensibilidad, atención y compromiso con los problemas de nuestro tiempo, cuando ante situaciones críticas alce la voz para advertir que existen, para analizar los factores que las provocan y para aportar soluciones que hagan posible mitigar su gravedad o superarlas con las garantías necesarias. El espacio es una realidad compleja, en permanente transformación y sujeta a impactos que tienden a provocar tensión e inestabilidad. Del grado de inteligencia con el que la Geografía sea capaz de abordar esta tendencia y de saberla acreditar al tiempo ante la sociedad va a depender su propia supervivencia. Más aún el prestigio social de la geografía en muchos países tal vez sería otro si los geógrafos de mayor resonancia, o sea, los que controlan y tienen influencia sobre sus colegas y discípulos y en las altas esferas políticas, hubieran optado por el fomento de una ciencia progresista, comprometida con los más necesitados de la sociedad y desveladora de los procesos, generalmente ocultos,  que transforman el espacio y se interrelacionan y evolucionan en él.

Una reflexión sobre la realidad urbana contemporánea

El Norte de Castilla, 19-21 de Mayo de 1991

Muchas de las tensiones que aque­jan a la sociedad contemporánea tie­nen su raíz en los problemas plantea­dos en torno al hecho urbano, verda­dero catalizador de las preocupacio­nes esenciales de nuestro tiempo y fenómeno desencadenante de conflic­tos múltiples, asociados a la compleji­dad de sus dinamismos intrínsecos y a las disparidades de toda índole que, como consecuencia de ello, tienen lu­gar en la ciudad moderna. Mas tam­bién es cierto que a medida que ésta se afianza como el escenario preferente de residencia y el ámbito primordial de relación social y económica de nuestro tiempo, todo lo concerniente al desarrollo y organización de las formas de vida urbanas se inscribe por fuerza en un panorama de afanes com­partidos, convergentes unas veces y enfrentados otras, que a nadie puede dejar indiferente, so pena de incurrir en posturas aislacionistas, que siem­pre van en detrimento de la defensa de los propios intereses, tanto en su ver­tiente particular como colectiva. Bajo estas premisas, la sensación de perte­nencia a un espacio de uso común, vertebrado a partir de una realidad heterogénea, cobra una importancia indiscutible, que se transmite desde el ciudadano individual hasta los órga­nos de decisión política, en un proceso constante de interacción y enriqueci­miento mutuos, sólo realmente fecun­do cuando estas aportaciones, emana­das de uno y otro lado, se organizan en un contexto democrático, abierto y plenamente participativo.

En esencia, la necesidad de alentar al máximo este intercambio fluido de posiciones diversas viene exigida por la progresiva reafirmación de un mo­delo interpretativo de la ciudad, que obligadamente ha de poner fin a la visión restrictiva y en cierto modo unidimensional que tradicionalmente ha caracterizado el entendimiento de las relaciones entre la sociedad y el entorno urbano en que ésta se desen­vuelve. Es decir, asistimos al tránsito desde una concepción unilateralmente dirigista, basada en las pautas impuestas por unos pocos a otra en la que primen los principios de participa­ción, emanados de la propia sociedad y de sus órganos más directamente representativos. Sólo así es posible conceder toda su validez a las reflexio­nes que abogan por la superación de un planteamiento eminentemente centrado en la mera expansión cuanti­tativa de las magnitudes demográficas y económicas, al margen de las impli­caciones sociales y ambientales que a menudo ello traía consigo", para, en su lugar, insistir en la defensa de una actitud más crítica y vigilante frente a las posturas defensoras de la lógica estricta del crecimiento a toda costa. De hecho esta idea no hace sino res­ponder a la comprobación de que más allá de los optimismos que deparan las situaciones expansivas a corto plazo, los comportamientos simplemente acumulativos propenden, cuando se contemplan con un horizonte más amplio, a la génesis de fuertes contra­dicciones y deseconomías internas, que amenazan incluso con poner en entredicho la propia capacidad del entorno urbano para cumplir satisfac­toriamente las necesidades que le im­pone el mismo cuerpo social.

Si estas reflexiones se han incorpo­rado desde hace tiempo a la esfera de actuaciones asumidas por los elemen­tos responsables de la gestión en las ciudades europeas, tardíamente ob­servamos, en cambio, su asimilación decidida al ámbito concreto de la rea­lidad urbana española. Y aunque no cabe duda que el espíritu que anima a la concepción de numerosos planes urbanísticos traduce en teoría una cre­ciente sensibilidad por este tipo de cuestiones, no son infrecuentes, cuan­do se desciende al análisis de casos concretos, los reiterados incumpli­mientos de los objetivos previstos, con frecuencia sacrificados al logro de realizaciones espectaculares inmedia­tas, cuya falta de cohesión y exceso de voluntarismo modifican con brusque­dad la ya ampliamente deteriorada armonía urbana, al tiempo que evi­dencian el mantenimiento de una estrategia todavía en exceso supeditada a la satisfacción de los intereses espe­culativamente defendidos por un sec­tor minoritario de la sociedad.

No es ocioso, en estas circunstan­cias, plantearse hasta qué punto resul­ta preciso modificar con urgencia tales parámetros de conducta y, en conso­nancia con el sentido de las apremian­tes exigencias sociales, subrayar la ne­cesidad de promover estrategias de actuación nuevas capaces de insertar la dinámica de nuestras ciudades en un marco de referencia teórico apoya­do en la idea de solidaridad y en la defensa primordial de los intereses colectivos. No es ésta, en verdad, una pretensión utópica, sino una postura firmemente sustentada en la con­gruencia establecida entre los dos principios que, en mi opinión, mejor identifican en nuestros días la formu­lación explícita de una política urbana progresista, indispensable si realmen­te se desea alcanzar el desarrollo con­diciones de calidad de vida con una proyección socialmente mayoritaria.

Se trata, por un lado, de revitalizar y otorgar su pleno contenido operati­vo al concepto de «Medio Ambiente Urbano», entendido en su acepción más global e integradora. Frente al cúmulo de situaciones de deterioro ambiental en que se hayan incursas prácticamente todas las ciudades, abogar por el despliegue de medidas preventivas y correctoras de las altera­ciones más lesivas para el buen funcio­namiento del entorno constituye no sólo un objetivo irrenunciabie sino a la par el soporte básico en el que se han de apoyar las políticas de intervención programadas. A este respecto, no ha lugar a la improvisación ni a un derro­che de originalidad en la formulación de las propuestas: bastaría simple­mente con hacer efectiva y técnica­mente aplicable la metodología pro­pugnada por el Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano que el pasa­do año elaboró la Comisión de las Comunidades Europeas en un decidi­do afán por potenciar el nacimiento de una reflexión fecunda sobre el alcance de las dinámicas observadas y de cons­truir, en función de ella, un modelo susceptible de fundamentar las líneas maestras de reorganización del espa­cio urbano, obviamente acomodadas a las particularidades de cada escena­rio concreto y a sus problemáticas específicas.

¿Cómo cuestionar, entonces, la va­lidez de ese desglose, claramente efec­tivo, entre medidas orientadas a la reorganización de la estructura física de la ciudad y las que tienen como finalidad directa el control de las inci­dencias provocadas por las activida­des urbanas sobre el medio ambiente? Bajo ambos epígrafes aparecen con­templados e integrados los grandes temas que hoy preocupan al ciudada­no y frente a los cuales ninguna Admi­nistración puede honestamente per­manecer impasible. Si en el primer caso, las ventajas de una visión globalizadora consigue unificar las induda­bles conexiones existentes entre la pla­nificación del crecimiento, la correc­ción de los problemas de vivienda, la ordenación del transporte, la protección del patrimonio y la revalorización de los espacios de inte­rés ecológico, no es menor la validez que se otorga, en el segundo, a todo lo relacionado con la adecuada articula­ción del espacio de uso industrial, con el abastecimiento y calidad del agua y con el tratamiento de los residuos. Ciertamente tras cada uno de estos epígrafes subyace una casuística com­pleja y una tipología de problemas planteados a diversas escalas, cuya resolución precisa de análisis riguro­sos, sensibles a la realidad territorial y, por supuesto, de la adopción de inicia­tivas abordadas con auténtica volun­tad resolutoria, ya que sólo mediante la firmeza de las decisiones será posi­ble acometer con éxito programas de actuación ambiental verdaderamente efectivos.

Hasta tal punto es importante, en coherencia con lo subrayado en el artículo anterior, el logro de avances significativos desde la perspectiva am­biental que de ello depende en gran medida la posibilidad de efectuar el salto cualitativo hacia el otro de los grandes principios sobre los que se asienta la construcción de una reali­dad urbana solidaria. Me refiero, lógi­camente, al proyecto de hacer de la ciudad del espacio organizativo de una vida comunitaria socialmente integra­da. Este deseo trasciende a la mera consideración de una forma de convi­vencia forzosamente constituida a partir de una multiplicidad de elemen­tos disociados, que especialmente coe­xisten en situaciones de armonía aparente y más o menos estable, relativizadas por la función que cada uno de ellos desempeña en el organigrama socio-productivo. Sin ignorar el valor de los conflictos que difícilmente po­drán ser evitados en un contexto regi­do por la pluralidad de intereses y por la propensión a la defensa de las posi­ciones individualistas, entiendo que jamás una política urbana deberá re­nunciar a la puesta en práctica de los mecanismos que permitan superar esa tendencia a la «sociedad desintegrada en soledades individuales», a la que tan críticamente se ha referido Carlos Gurméndez.

Frente a estas actitudes .sólo cabe reivindicar el valor de contrapeso que sin duda pueden ejercer, no a demasia­do largo plazo, los intentos por crear ese ámbito de convivencia favorece­dor de una identificación del ciudada­no con el espacio en el que vive, compartiendo afanes comunes, inter­viniendo activamente en cuantas ini­ciativas sean capaces de enriquecer un panorama cultural cada vez más abierto a sus preocupaciones y sensibi­lidades, estableciendo, en fin, fórmu­las de cohesión en sus diferentes esfe­ras de comportamiento. Lo cual ha de estar firmemente cimentado en el am­plio margen de posibilidades que sin duda derivan de la conciencia de per­tenecer a un espacio urbano no repul­sivo sino integrador de voluntades heterogéneas y a la vez estimulante para la materialización de proyectos compartidos.

Se trata, dicho de otro modo, de abundar en la idea de «ciudad recupe­rada», durante mucho tiempo maltre­cha o desvaída en nuestro país,, y que sólo desde la democratización de los ayuntamientos está siendo posible rescatar gradualmente del olvido, no sin esfuerzos y vacilaciones. Y es que la «recuperación» de la ciudad por el ciudadano facilita, al sentirse éste par­tícipe y protagonista de cuanto aconte­ce en un contexto espacial concebido como propio, la aparición de potencia­lidades inéditas, que estimulan la for­mulación de propuestas encaminadas tanto a la mejora de la calidad de vida como a la creación de un escenario adecuado para la materialización de alternativas de desarrollo económico. Alternativas especialmente necesarias en una etapa de fuerte competencia interurbana como la que actualmente preside la situación de las ciudades españolas, y sobre todo de aquellas empeñadas en potenciar su atractivo mediante la puesta en práctica de nue­vas expectativas de futuro.

Aplicar los planteamientos señala­dos al caso vallisoletano es una tarea tan ambiciosa como apasionante. Y perentoria también. El diagnóstico que hoy po­demos hacer sobre Valladolid,- ya consolidada su personali­dad y defini­das las gran­des directri­ces que en el tiempo han inspirado su específica ordenación espacial, no arroja un ba­lance optimista, como consecuen­cia de los graves condicionamientos de todo orden hereda­dos de una etapa en la que la respuesta inmediata al crecimiento económico provocó la génesis de una ciudad caó­tica, repleta de contradicciones y dis­parates urbanísticos y ambientales. Muchos de ellos son fenómenos irre­versibles, que marcarán para siempre el deterioro de su fisonomía interna como uno de de sus rasgos más distin­tivos. Pero también es cierto que des­de 1979, por más que la crítica -ese «arma irrenunciable», como diría Malraux- siga estando plenamente justificada, Valladolid ha cobrado una nueva dimensión, en un intento cons­ciente por paliar en lo posible las enormes servidumbres heredadas e insertar a la ciudad en un panorama encaminado a la revitalización de su prestigio y a la creación de un entorno más favorable para la convivencia y la reflexión.

Digamos, en todo caso, que paulati­namente se han ido fraguando los cimientos sobre los que edificar un sentimiento de identificación, del que hasta hace bien poco se carecía. Pues no en vano había sido entorpecido como consecuencia de la actitud de rechazo provocada no tanto por el carácter foráneo de la mayor parte de sus residentes, reproduciendo así los hábitos tan usuales en enclaves masi­vamente nutridos por la emigración, como, sobre todo, por el escaso poder integrador que era capaz de ejercer un tipo de evolución urbanística favora­ble a las segregaciones sociales y a la acentuación de los antagonismos, has­ta cristalizar en un modelo de ciudad constituido por elementos espaciales múltiples con muy deficiente o nula vertebración entre sí. Si, por tanto, la consideración de Valladolid como espacio urbano pro­gresivamente asumido por el conjun­to de la población está ligada al proce­so lógico de asimilación que depara la existencia de una realidad fuertemen­te consolidada y a las ventajas de una forma de actuación que ha manifesta­do en numerosas ocasiones una predisposición clara al reconocimien­to de las demandas planteadas por la base social, el reto que se inicia a partir de ahora resulta crucialmente decisi­vo. Culminar la tarea iniciada en el sentido señalado, sin rupturas ni invo­luciones, tal vez sea uno de los objeti­vos primordiales, como requisito pre­vio para abordar con resultados satis­factorios los tres grandes epígrafes que, a mi juicio, simbolizan las líneas básicas en que ha de encuadrarse el tratamiento de la actual problemática vallisoletana.

De un lado, se ha de abordar con decisión y sensibilidad política las si­tuaciones críticas aún existentes en esa constelación de barrios periféricos, que, componentes fundamentales de la trama urbana y generadores con frecuencia de sólidas cohesiones inter­nas que no se pueden eludir en la toma de decisiones, son al tiempo la expre­sión fidedigna y permanente de las múltiples malformaciones legadas por la etapa desarrollista y más desafora­damente especulativa, y cuyas caren­cias ostensibles deben inscribirse sin demora entre las preocupaciones prio­ritarias de la ciudad, entre otras razo­nes porque albergan el conjunto de­mográfica y sociológicamente más re­presentativo.

De otro, es obvio que las fórmulas orientadas a facilitar la integración de la sociedad tienen en la dimensión cultural de las actuaciones una clave de referencia obligada, apo­yada en la necesaria concertación de propuestas e iniciativas, que la con­viertan en algo plenamente participativo y ajeno a cualquier elitismo excluyente, y a la vez proyec­tada con una visión respetuosa y defensora a ultranza del patri­monio históri­co, que haga po­sible la preser­vación de los testimonios re­siduales de la ri­queza arquitec­tónica que, has­ta hace bien po­co gravemente lesionada en una parte muy significativa por la remodelación o el abandono, sigue representando el so­porte más emblemático de la propia personalidad urbana.

Y, por último, sería un grave error hacer caso omiso de la hipótesis de que el futuro de Valladolid pudiera quedar seriamente mediatizado si no se procede a la corrección drástica de las deficiencias ambientales que tanto alteran y distorsionan sus potenciales capacidades para proporcionar una adecuada cali­dad de vida. Ruido, tráfico y agua definen la trilogía de las medidas de intervención deseables a corto plazo en una ciudad que acusa con especial gravedad los efectos de la difícil armo­nización planteada entre las caracte­rísticas del entorno y los impactos provocados sobre él. Y con un hori­zonte temporal que tampoco puede ser demasiado dilatado, es obvio que la calidad preconizada se identifica plenamente con la resolución de los déficits de que adolece el nivel de equipamientos en las áreas más nece­sitadas y con la búsqueda de solucio­nes efectivas al crónico problema de la vivienda, al que se ven con impoten­cia enfrentados amplios sectores de la sociedad, convirtiéndolo en uno de los aspectos primordiales de cualquier es­trategia de gestión merecedora del apoyo popular.

No son pocas, en suma, las dificul­tades que en los momentos actuales condicionan la reorganización solida­ria de los espacios urbanos contempo­ráneos. Su creciente complejidad y la confrontación de intereses en juego crean un marco de actuación difícil­mente abordable mediante el diseño de fórmulas simplificadoras de la rea­lidad. Se requieren, en cambio, solu­ciones imaginativas, un conocimiento y evaluación rigurosos de los proble­mas existentes, la elaboración de pro­gramas bien vertebrados y, ante todo, la voluntad firme de llevarlos a cabo. Definitivamente cuestionada la etapa de las decisiones unilaterales, casi siempre sostenidas por los grupos de presión más fuertes y exclusivistas, parece llegado el momento de la concertación, como requisito ineludible si se desea hacer de la ciudad un ámbito capaz de favorecer la permanente y fecunda convergencia de los afanes colectivos.

Consciente de ello, el ciu­dadano dispone ya de suficientes ele­mentos de juicio para ponderar el margen de sinceridad de las propues­tas que se le ofrecen y el grado de sintonía y sensibilidad que quienes las brindan manifiestan con la problemá­tica suscitada. Para decantar en nues­tro caso la opinión al respecto, basta­ría tan sólo con analizar la historia reciente de Valladolid, desde los años sesenta hasta nuestros días, para ver hasta qué punto los dos modelos de ciudad que se han configurado en el tiempo, ambos separados por el hiato que inicia el proceso de democratiza­ción de la gestión municipal, respon­den a filosofías antagónicas, cuyas po­sibles líneas de comportamiento y de concepción de la ciudad ha de ser enjuiciadas como criterios estimati­vos de las directrices que una y otra habrán de ser capaces de imprimir hacia un futuro inmediato. Un futuro que, de ningún modo, puede quedar a merced de posiciones demagógicas o de mero arbitrismo político.