LA RECUPERACION UNIVERSITARIA

El Norte de Castilla, 27 de Septiembre de 1996

No como algo convencional, sino porque la importancia y el interés del momento invitan a ello, parece aconsejable aprovechar el inicio del nuevo curso académico para alentar la reflexión en torno a algunos de los grandes temas que en la actualidad marcan el rumbo del panor­ama universitario, y a los que la sociedad no debe permanecer indiferente, por más que con frecuencia cuanto concierne a la Universidad resulte confuso o difícil de entender para quien no se encuentra en continuo contacto con tan complicada realidad. Y, sin embargo, nadie podría dejar de reconocer hasta qué punto las cuestiones universitarias siguen incidiendo de lleno en aspectos esenciales de la vida de una comunidad, algunos de tanta trascendencia como los que se relacionan con la formación integral del ciudadano, con el avance de la investigación científica o, en fin, con la formulación racional de ideas, propuestas y aportaciones que, surgidas de un debate crítico, permanente y en equipo, tratan de crear el marco idóneo que haga posible la mejora de las condiciones de vida y el logro de mayores cotas de bienestar y desarrollo, sólo alcanzables a partir de la evolución libre del pensamiento en todas las ramas del saber y en la doble vertiente - teórica y aplicada- que lo identifica.

Si, en general, estos objetivos definen a lo largo del tiempo el horizonte hacia el que intencionalmente se ha proyectado la misión de la Universidad, urge enfatizarlos de nuevo en unos momentos en los que no son pocas las opiniones que cuestionan la misión que ha de desempeñar, al haber quedado desvaída en un ambiente repleto de deficiencias y contradiccio­nes, causantes del deterioro de su funcionalidad y, lo que es peor, de su pérdida de crédito para afrontar con eficacia los problemas en que se halla sumida la sociedad a la que ha de servir.

En realidad, esta corriente de opinión, suscitada dentro y fuera de la Institución, va cobrando en los últimos años una sensible resonancia a medida que la rotundidad de sus planteamientos, propensos a la imputación indiscriminada, hace mella en un segmento importante del conjunto social, muy sensible, por lo demás, a la crítica generalizada y a los reproches que tan menudo se hacen en relación con su aparente inadecuación a los cambios del entorno, a la lentitud de su capacidad de respuesta, a los inconvenientes de la masificación o la existenca de pautas de funcionamiento poco permeables a los fecundos estímulos de la competen­cia. A partir de este diagnóstico, trata de justificar las posturas a favor de la decadencia y empobrecimiento inexorables de la Universidad pública, entendida como un ejemplo elocuente de obsolescencia e inepta, por tanto, de cumplir a plenitud con esa misión que le ha sido consustancial desde su mismo nacimiento.

En su defecto, parece llegado al momento propicio para la búsqueda de estilos universitarios alternativos, que contrarresten el modelo declinante y permitan satisfacer las necesidades planteadas bajo las premisas acuciantes de la competitividad en un espacio óptimo de relaciones, intereses e influencias, libre ya, por tanto, de los condicionamientos y servidumbres observados en el complejo académico tradicional. Así se justifica, pues, esa presunta renovación que está teniendo lugar en la nueva oferta de estudios de alto nivel, donde, bajo un panorama publicitariamente regido por el signo homogeneizador de la calidad y la innovación, se perciben, empero, indicadores que no invitan a una valoración uniforme­mente positiva.

No en vano, junto a realizaciones ya consolidadas y con un prestigio que nadie discute, en el elenco de las nuevas "Academias" afloran iniciativas que dejan bastante que desear, bien porque resultan inspiradas en fundamentos poco congruentes con lo que siempre se ha entendido por el espíritu y el talante universitarios o, lo que es peor, porque arteramente se amparan en el crédito que las aportan ampulosas denominaciones como único soporte de su pretendida consistencia. Entiéndase bien: de ninguna manera mi posición se decanta en contra de los Centros universitarios privados cuando éstos están bien concebidos y son respetuosos de los valores que simbolizan los requisitos básicos, irrenunciables, de la enseñanza superior. En el contexto actual, y con la Ley en la mano, es lógico que también el binomio público-privado pueda servir para dar entidad al sistema universitario español, cada cual con sus especificidades pero ambos sujetos al cumplimiento de análogos objetivos y parejas responsabilidades.

Sentado este principio de mutuo reconocimiento, la cuestión estriba en estar alerta a fin de evitar la aparición de desequilibrios que amenacen con poner en tela de juicio el significado de la Universidad contemplada como servicio público y abierta a toda la sociedad, sin más limitaciones que la falta de idoneidad intelectual para acceder a ella y la ausencia de esfuerzo para beneficiarse de sus contribuciones. Pues lo cierto es que, pese a todas las críticas que pudiera hacerse y admitiendo que en buena parte su dinámica interna adolece de problemas preocupantes, no es fácil encontrar modelos subsidiarios con capacidad y garantía para ejercer a largo plazo una labor tan compleja y arriesgada, en la que la docencia y la investigación pluridisciplinar se entreveran en el seno de estructuras organizativas que, cuando se desarrollan bien y aprovechan con eficiencia los importantes instrumentos puestos a su disposición, arrojan un balance satisfactorio que dificilmente podría alcanzarse de otra manera. Admitiendo que las situaciones óptimas jamás existen, parto de la convicción de que la Universidad, entendida de este modo, debe seguir siendo considerada como el pilar esencial en el que se asienta la fecundidad intelectual y científica de un país, sin que existan sucedáneos que puedan neutralizar o eclipsar sus intrínsecas potencialidades.

Ahora bien, no parece fácil el cumplimiento pleno de este compromiso, con todo lo que ello representa con vistas a la etapa de recuperación deseable, si no se adoptan con energía las medidas encaminados a facilitarlo en un período de tiempo que en modo alguno puede ser prolongado. Son medidas que nacen no sólo del conocimiento críitico de la realidad sino del más elemental sentido común, apoyadas en el margen de maniobra de que disponen las propias Universidades, que se erigen así en las artífices del proceso de cambio, una vez comprobado el desinterés que los responsables políticos a escala nacional manifiestan por el tema universitario, ausente por completo de los debates y mero convidado de piedra en los principales campos de preocupación que galvanizan desde hace tiempo la atención del país.

De este modo, paralizada la necesaria readaptación de la Ley de Reforma Universita­ria, el terreno de las decisiones se corresponde con la voluntad de que puedan hacer gala quienes, conscientes, por la responsabilidad que ostentan, de los problemas planteados en su esfera de actuación y merced a la autonomía que se les reconoce, posean la autoridad y la firmeza para llevarlas a cabo en el sentido más conveniente, siempre en el sentido del robustecimiento de un prestigio aquejado de síntomas patentes de debilidad. Nadie ignora que el enfoque en esta dirección forma parte ya del planteamiento estratégico de algunas Universidades españolas, incursas en una carrera a favor de la renovación de la que depende su futuro y su posición en un concierto fuertemente concurrencial. Con todo, la sistematización de las pautas a seguir se impone por encima de cualquier visión apresurada o fragmentaria, que palíe parcialmente un problema para dejar otros muchos irresueltos.

De ahí que, en aras de la coherencia pretendida, todo propósito de recuperación de la Universidad pública sea indisociable del logro de resultados sólidos en dos esferas capitales de la vida universitaria: de un lado, la de la calidad y la búsqueda de altos niveles de excelencia, mediante la aplicación de sistemas rigurosos de evaluación, referidos tanto a la calidad de la enseñanza como a la selección efectiva del alumnado, sin olvidar la asunción de los desafíos planteados en el campo científico por el celebrado Manifiesto de El Escorial; y, de otro, qué duda cabe que la introducción de mecanismos de racionalidad en la configuración de la oferta docente, en la concreción del "mapa de titulaciones" en el ámbito de la región o en los criterios objetivos de financiación acabará imponiendo a la postre una nueva lógica en el comportamiento de la vida universitaria, a sabiendas de que de ella siempre dependerá una parte sustancial del peso específico de una comunidad en el entorno de relaciones en el que inexcusable­mente se inserta.

¿CÓMO REFORZAR EL PESO DE LA REGIÓN?

El Norte de Castilla, 2 de Junio de 2006

Con frecuencia las declaraciones de quienes ostentan responsabilida­des de poder suelen mostrarse propensas a la formulación de solemnes principios de intencio­nes, que por lo común coinciden con la celebración de efeméride en un afán por ratificarla no como un simple evocación del pasado sino como el momento más oportuno para el lanzamiento de una proclama henchida de ambiciones de futuro. Es la actitud lógica, y hasta cierto punto inevita­ble, en que necesa­riamente se inscribe el propósi­to de dar continuidad y consistencia temporal a la tarea realizada con la mirada puesta en los objetivos aún pendientes y sólo alcanzables desde la plata­forma previamente construida, algo así como una especie de prolongación, sin solución de continuidad, de lo ya realizado.

Por eso, cuando, al conmemorar sus cinco años al frente del ejecuti­vo, el presidente del Gobierno autónomo ha aludido, entre otras considera­ciones del mismo tenor, a su voluntad de "tener en la España autonómica un peso mucho mayor del que hemos tenido hasta ahora", el dirigente regional trataba de ser congruente con la predisposición señalada y con las exigen­cias propias de un contexto en el que esta suerte de afirmaciones vienen obligadas por las condiciones y el entorno particulares en que se plan­tean. Si, por princi­pio, siempre es justo reclamar y defender nuevos avances en el proyecto del que uno es responsable, a la hora de la verdad nada tiene de extraño que la preten­sión sin más de reforzar el peso de Castilla y León en el panorama nacional y europeo corra el riesgo de convertirse en una preten­sión permanente y nunca satisfecha, en la medida en que, difícil de establecer el umbral en el que habría de situarse la fuerza deseada, los compromisos para su consecución aparezcan a la postre limitados al simple juego de intenciones cuando no circunscritas en abstracto a la mera reivindicación de lo banal o de lo inconcreto.

Sin embargo, para que la banalidad y el lugar común desaparezcan y la pretensión apuntada cobre visos de auténtica sinceridad, es preciso dejar bien claras y explícitas una serie de ideas básicas. A mi juicio, tres fundamental­mente: hacia qué aspectos o valores se orienta la voluntad de reforzamiento de la región en un entorno cada vez más competi­tivo y más propenso a la desigualdad, sobre qué principios de actuación se sustenta a corto y medio plazo, cuáles, en fin, las priori­dades estableci­das para su puesta en práctica. En otras palabras, y para resumir­las en una sola, bastaría definir sin ambigüedades ni demagogias sobre qué pilares es posible construir la estrategia que, tanto sectorial como global­mente, permita alcanzar al fin esa dinámica efectiva de recupe­ración que, junto al presti­gio y al respeto que siempre merece a propios y extraños la solidez de un concepto de región bien diseñado, consiga poner término a la estéril sensación de permanente agravio comparativo que, mezcla de frustración, de­sencanto e impotencia, todavía late en la forma de concebir la actuación política en no pocas regiones españolas de las llamadas "de vía lenta".

De bien poco vale una actitud de estas características cuando lo que parece primar es la voluntad concurrencial y la reafirmación de la diferen­cia como baluarte para la justificación de la desigualdad o, por lo menos, de la existencia de márgenes de maniobra distintos para la búsqueda de posiciones ventajosas en un clima de movilidad y flexibilidad creciente del capital y del trabajo. Reconocido este marco como algo dificilmente reversible, es evidente que cualquier política comprometida en el robuste­cimiento de la posición ostentada por el territorio bajo su responsabilidad pasa necesariamente por la adopción y puesta en práctica de una notable capacidad de iniciativa que, de lo general a lo concreto, de lo inmediato a lo lejano, cimente las bases de un proyecto consistente, presidido desde el primer momento por el afán de valorización de las ventajas comparativas que a piori toda región posee, por más que muchas veces aparezcan desleídas ante la falta de decisión para potenciarlas adecuada­mente.

Y aunque, en efecto, esta noción aparezca todavía difuminada en España, en virtud de la simplificación que las identifica en determinadas comunidades con argumen­tos favorecedores de la exclusividad, lo cierto es que, entre los diversos méritos atribuibles al modelo autonómico, descuella precisamente éste, es decir, el de profundizar en el conocimiento de las propias cualidades entendidas a un tiempo como recursos y como mecanismos de afianzamiento de la personalidad, puestos, en cualquier caso, al servicio de esa voluntad de integración entre lo específico y lo unitario de lo que tanto se habla en España y que, sin embargo, tan precario se manifiesta en el terreno de las realizaciones concretas.

De ahí que si partimos del posible doble campo de acción (política y económico-cultural) en que, a mi modo de ver, se desglosan los dos grandes ejes en torno a los cuales cabría articular ese aumento de "peso" preconi­zado, tal vez el énfasis inicial - y dejo para otra ocasión la segunda perspectiva - habría de correspon­der al plano sustan­cialmente político, en el que Castilla y León debiera desempeñar un papel de primer orden en sintonía con la defensa de un enfoque de la realidad que se muestra a todas luces tan necesa­rio como ineludible en medio de la porfía en que amenaza quedar sumida la previsible evolución del Estado autonó­mico. Y es que en el contexto de los nuevos reequilibrios surgidos en el panorama políti­co-territorial español se echan de menos las voces que, con más contunden­cia que efectismo, se decanten a favor de una política activa, firme y sistemá­tica en defensa del principio de solidaridad interregional, aportan­do ideas y movilizando voluntades a todas las escalas, con el fin de procurar verosimilitud y confianza a un princi­pio que hasta la fecha ha sido formulado de forma en exceso vaga y con no pocas incógnitas en su modo de aplicación efectiva.

Y, desde luego, la responsabili­dad que en este empeño concierne a Castilla y León no es en modo alguno desechable. Por su magnitud territorial, por sus críticos perfiles demográ­ficos, por las particula­ridades de su estructura socio-productiva, por la atomización de su poblamiento, por su participación en la distribución de la riqueza, por sus dificultades de cohesión interna, por su singularidad dentro de las Comunidades Autónomas del Art. 143... es quizá hoy por hoy la región europea a que mayores riesgos se enfrenta en un ambiente en el que las posiciones proclives al privile­gio acaben prevaleciendo sobre las más sensibles a la corrección o mitiga­ción de las desigualda­des. Mas no se entienda con esto una defensa de la justicia distribu­tiva sin más ni tampoco el presunto enmascara­miento de una pasividad que jamás ha existido. En el fondo, la llamada de atención sobre un tema de tanta trascen­dencia, en el que la región debiera asumir una función de liderazgo dentro de un conjunto territorial muy significativo en España y en Europa, no está en modo alguno desconectada con la pretensión de apoyar simultaneamente esta idea de reforza­miento comparati­vo, y con idéntica firmeza, en la valoriza­ción de la segunda perspec­tiva mencio­nada (la económi­co-cultural), en la que tampoco caben plantear actitudes que vayan a la zaga de los aconteci­mientos sino en sintonía con los patrones de renovación, calidad y antici­pación imperan­tes en los escenarios más dinámicos del espacio europeo.

Convengamos, en cualquier caso, que fortalecer el peso de la región va más allá de una reflexión bienintencionada para convertirse en un compromiso ineludible. Un compromiso cuya magnitud y perentoriedad ponen de relieve hasta qué punto ejercer el gobierno de una Comunidad Autónoma no va a ser ya tarea fácil ni cómoda en unos momentos en que las reglas del juego se readaptan con extraordinaria rapidez al compás de una tarea marcada por los retos de la competi­tividad y por las antinomias que entraña una gestión en la que cada vez va a resultar más difícil internalizar los logros y derivar hacia fuera los costos y sinsabores de las decisiones acometidas.

CASTILLA Y LEON ANTE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Suplemento ICAL, Febrero 1996

Para analizar correctamente lo que significa el agua en la economía y en la sociedad española es preciso abordar los aspectos que la caracterizan desde una perspectiva dual y a la vez comple­men­taria. Difícilmentee se pueden afrontar los problemas y suscitar las soluciones más idóneas para corregir­los si, en efecto, no se inscribe la valora­ción de los recursos hídricos dentro de su entorno ambiental específico (o, lo que es lo mismo, en las particularidades de su correspon­diente Cuenca Hidrográfi­ca) y al propio tiempo en el contexto de las estrechas interdepen­dencias que necesariamen­te existen entre aquéllos y los caudales del sistema hidrográ­fico global en el que se integran. De ahí que cual­quier visión fragmentaria o reduc­cionista de la política del agua resulta hoy no sólo anacrónica y disfuncional sino que entra en flagran­te contradic­ción con la función estratégica de un recurso que, como sucede en España, debe cumplir la doble función de satisfacer equitativa y racionalmente las demandas planteadas y de contrarrestar los inconvenientes derivados de la fuerte desigual­dad en su distri­bución geográfi­ca. A ello responde el propósito que en su momento inspiró la promulgación de la Ley de Aguas de 1985 y, sobre todo, la intención explícita de los importan­tes Reglamentos (del Dominio Público Hidráuli­co y de la Planifica­ción Hidroló­gica) que posterior­mente la desarrollaron.

Sin embargo, a pesar de los diez años transcurridos desde su entrada en vigor los interesantes objetivos que animaron la azarosa entrada en vigor de la Ley se han visto notoriamente decepcionados por la dificultad sistemática de llevar a cabo a lo largo de este período la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional. Es decir, de ese ambicio­so e indispensable proyecto que merecería ser resaltado sin paliativos como el gozne en torno al cual se habría de articular, al margen de fracturas y antagonismos absurdos, la ordena­ción de los recursos hídricos en España y, en consecuencia, como uno de los pilares esencia­les de toda política de desarrollo solidaria y con visión de futuro, en la que el agua ocupa una posición primordial.

Aunque, dados los precedentes y las actitudes mantenidas en torno a la cuestión, no resulta fácil ser optimista sobre las perspectivas de cumpli­miento de este compromiso a corto o medio plazo, debemos subrayar una idea de importancia capital: la disponibi­lidad de un Plan Hidrológico constituye en los momentos actuales una de las exigen­cias prioritarias del país, al tratarse del único instru­mento capaz de resolver, o al menos de mitigar con garantía, los graves inconvenientes que derivan tanto de los factores de índole natural como de las anomalías de gestión y tratamiento de un bien de singular importancia estraté­gica. Si en el primer caso, convendría evocar los riesgos inherentes a la fuerte irregularidad pluvio­métrica del país, en el segundo los problemas tienen que ver, en general, con el solapamiento de competencias en esta materia, lo que explica la descoor­dinación existente y esa dificul­tad estructural a que se enfrenta la aplicación de criterios de racionali­dad y visión prospectiva en la utilización de un recurso tan valioso como inestable.

Pues bien, a falta de acometer ese paso tan fundamental que no debiera demorarse más allá de otra legislatura, nos encontramos todavía ante una política del agua que, debido a estas servidumbres, sigue adolecien­do de no pocas limitaciones e insufi­cien­cias y que, como se ha visto con motivo del fuerte periodo de sequía sufrido por España en el pasado quinquenio, se traduce en una preocupante propen­sión a generar tensiones y conflictos marcada­mente contra­dicto­rios con la indispensable coordinación de iniciati­vas que convendría primar sobre el enfoque frag­men­tario con que a menudo suelen abordarse los problemas económicos y territo­riales en nuestro país con resultados harto insatisfactorios.

No es difícil entender, por esta razón, que la mayor parte de los esfuer­zos realizados en esta direc­ción aparezcan casi siempre restringidos a la adopción de soluciones parciales o, en todo caso, concebidos con una finalidad que sólo contempla, tal vez porque no pueda hacerlo de otra manera, una vertiente de las múltiples en que aparece estructurada la compleja gestión del agua en nuestros días. Así se explican las frecuentes paradojas observadas en la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos implicados, ya que si desde la Adminis­tración Central las actuacio­nes se centran ante todo en el campo de la inversión y en la adopción de medidas técnicas concretas, no cabe duda que, por más que las realizaciones en este sentido arrojen en general un balance muy digno de encomio, su efectividad a la larga puede verse entorpecida por las deficiencias observadas en el seguimiento del uso de la obra efectuada y, lo que es más importante, en la ordenación del régimen económico de explotación.

Pues es evidente que si los mecanismos de gestión del agua se identifica­sen con criterios de globalidad, racionalidad, armonización y optimización de inicia­tivas y proyectos, en un marco de coordinación eficiente de las decisiones, y en un momento además en que las innovaciones técnicas permiten afrontar problemas de gran envergadura, no cabe duda que muchas de las inquietudes, enfrentamientos y discrepancias que hoy afectan al panorama hídrico español quedarían, si no totalmente superados, sí por lo menos sujetos a la tranquilidad que proporciona el control eficaz y coherente del recurso, más allá de los inevitables ciclos naturales a que se halla supeditado, y con los que necesariamente hay siempre que contar. Dicho de otro modo, se trata de dar un paso más, y a ser posible definitivo, en la supera­ción de las limitaciones impuestas por la Naturaleza en un país donde a los altísimos contrastes en la distribu­ción geográfica y estacional de las precipi­taciones se suman los inconvenientes propios de una situación geográfica favorable a la alternan­cia de largos períodos de aridez con fuertes episo­dios lluviosos que incluso pueden desembocar, como ha ocurrido este año, en la catástrofe más o menos generalizada.

En mi opinión, no carece de interés efectuar estas reflexiones desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre todo si se tiene en cuenta la personali­dad que la identifi­ca desde el punto de vista hídrico y, por ende, del significa­tivo margen de maniobra que ello le proporciona. Varios son los indicadores que podrían ser esgrimidos a la hora de ponderar sus posibilidades al respecto.

En principio, el rasgo más llamativo viene dado por la magnitud de la superficie drenada por el Duero, que configura - en sus 79.500 Km² - la más extensa entre las Cuencas Hidrográficas españolas, siendo a la vez la que presenta un grado de articulación fluvial más coherente tanto desde el punto de vista físico, merced a la perfecta ordenación jerárquica de la red, como funcional, por cuanto cerca del 98 % de su superficie se corresponde con el territorio autónomo.

Por otro lado, y ciñéndonos a la Cuenca del Duero y al escenario bien regulado por la Confederación, se trata de un espacio cuyos potenciales hídricos vienen avalados por una serie de factores naturales que en cierto modo la liberan de los déficits, comparativa­mente mucho más elevados, del resto de la España Mediterránea. Si la posición transicional entre las regiones atánticas, lluviosas, del país y las que se encuentran más intensamente afectadas por la aridez la proporciona una mayor disponibilidad de agua, incrementada a su vez por los aportes fluviales procedentes de los sistemas montañosos septentrional y oriental, también es conocido el valor cuantitativo de los recursos subterrá­neos, en virtud de las posibilidades de filtración permitidas por la estructura sedimentaria de la cuenca. Y así, mientras los cálculos elevan la cuantía de precipitaciones medias a los 50.900 Hm³/año, de los que 15.200 representan el volumen de aportación, los efectuados a partir de las Unidades Hidrogeológicas contabilizadas estiman en casi 1.900 los Hm³ existentes bajo superficie.

Y, por supuesto, en modo alguno habría que olvidar la entidad de la riqueza almacenada en la importante red de embalses con que cuenta este ámbito hidrográfico. Baste señalar que, pese a su excesiva atomización, la relevancia de la media docena de grandes presas construidas permite alcanzar una capacidad de almacena­miento de 7.400 Hm³, lo que sitúa a la del Duero en el tercer lugar en esta variable dentro de las C.C.HH. españolas, tras las espectaculares operaciones llevadas a cabo en el Tajo y el Guadiana. Es cierto que estas cifras, dignas de un análisis más detallado, no deben llevar a posiciones optimistas infundadas ni a incurrir en la despreocupa­ción ante los eventuales riesgos de escasez, pero tampoco son irrelevantes cuando se las sitúa en un panorama ineludiblemente abocado contra el derroche y proclive a la defensa de la racionalidad en el usufructo de tan inestimable riqueza. De ahí la importancia de la base territorial de que dispone Castilla y León - a través del excelente entorno de experimentación integral propiciado por la Cuenca del Duero - para defender, en el marco de un clima de sintonía, claridad y cooperación interinstitucional, los dos grandes principios que han de regir la política del agua: la optimización y racionalización de los mecanismos de gestión en todas las fases del ciclo, y la defensa de las actuaciones que, insertas al fin en un Plan Hidrológi­co Nacional debidamente consensuado, se hallen encaminadas al reforzamiento de la solidaridad en un país donde el agua ha de desempeñar un decisivo papel de cohesión interregional, sin agravios ni discrimina­ciones.

EL PLAN TECNOLOGICO REGIONAL: UN MARCO DE POSIBILIDADES AÚN POR DEFINIR

El Norte de Castilla, 11 de Febrero de 1996

Es sin duda una excelente noticia la que recientemente se ha dado a conocer con motivo de la elección de nuestra Comunidad Autónoma como territorio en el que llevar a cabo la elaboración y puesta en marcha de un Plan Tecnológico Regional, promovido y auspiciado por la Comisión Europea. Tratándose de una decisión a la que han contribuido los esfuerzos conjugados de las Administraciones Central y Autonómica, nos encontramos, finalmente, ante una iniciativa de capital importancia, pues, merced a ella y en virtud del compromiso que supone acometer un proyecto de tal envergadura, Castilla y León se individualiza en España como la única experiencia planteada hasta ahora en este sentido y, lo que no es menos importante, como un espacio a tener en cuenta entre ese reducido número de regiones europeas (seis en total) asimismo seleccionadas en función de una serie de criterios que, entre otros indicadores, ponderan positivamente la calidad de sus recursos y sus reconocidos potenciales de crecimiento, aún infrautilizados.

Al margen de cualquier optimismo carente de sentido, lo cierto es que este hecho permite avalar dos argumentos inequívocos: por un lado, ratifica claramente el alcance de los nuevos horizontes abiertos por la integración europea que, más allá de la vertiente simplista y demagógica desde la que a veces se la contempla, propicia la apertura hacia nuevas estrategias de crecimiento, dificilmente abordables ya en un contexto ajeno a los mecanismos de la integración en estructuras territoriales más amplias e interdependientes; y, por otro, pone igualmente en entredicho esa visión propensa al pesimismo, e incluso a la catátrofe, que con tanta frecuencia como vaguedad se esgrime todavía a la hora de identificar los perfiles distintivos de la realidad regional. Sin incurrir "a priori" en el planteamiento contrario, digamos que, si el conocimiento objetivo de los hechos acaba siempre proporcionando a los análisis su adecuada dimensión, la valoración de los aspectos citados induce a pensar que en el equilibrio actualmente planteado entre posibilidades y servidumbres o entre ventajas y limitaciones tienden a prevalecer las primeras, al menos como soportes globales que, evidentemente, deberán de ser estimulados y aprovechados como auténticos factores de dinamización a través del rigor y eficacia de las medidas adoptadas al efecto.

Entiendo que es precisamente en coherencia con estas ideas donde hay que situar la presumible trascendencia del Plan Tecnológico, de los instrumentos de gestión diseñados para llevarlo a cabo y, sobre todo, de sus estrategias de actuación operativa. En este sentido, y como punto de partida, resulta convincente el protagonismo otorgado a la casi recién creada Agencia de Desarrollo Económico, a la que, aparte de las funciones que le son específicas, se le asigna ahora una responsabilidad sólida, acorde con los objetivos que la inspiran y susceptible de convertirla, por tanto, en uno de los artífices clave de la política de desarrollo tanto sectorial como territorialmente.

Finalidad que, en concreto, puede encontrarse bien apoyada en los pilares que han de cimentar el funcionamiento del Plan, es decir, el Foro Tecnológico y el Comité Ejecutivo. Concebido el primero como el órgano donde se produce la confluencia de las perspectivas planteadas por parte de las empresas, los agentes institucionales y la Universidad, dando lugar así a un "sistema" de interrelaciones que en teoría se presenta tan fecundo como lo permitan los niveles de sintonía, complementariedad y corresponsabilidad que entre ellos pudiera establecerse, la estructura del Comité Ejecutivo reproduce, aunque lógicamente simplificado, el mismo esquema tridimensional, adecuándolo a los propósitos de un ente con poder decisorio.

Sobre esta base de partida, que, en principio, parece razonable y funcionalmente válida, se impone la consideración en torno a cuáles debieran ser las líneas maestras capaces de ir cubriendo gradualmente los objetivos pretendidos en un horizonte temporal no excesivamente dilatado. Y es que en ésta, como en otras cuestiones de similar relevancia, no es ocioso invocar la necesidad de una reflexión abierta y plural, entre otras razones porque bajo el epígrafe genérico de la innovación tecnológica se aglutina un gran número de elementos y factores, dotados de distintos grados de protagonismo pero, en cualquier caso, implicados todos ellos en una finalidad compartida: la de contribuir a la readaptación integral del aparato productivo como premisa necesaria para afrontar ventajosamente los retos de la competitividad y para generar efectos positivos en el empleo, en las cualificaciones, en la economía y, consecuentemente, en la dinámica global del territorio.

Pues bien, como contribución a esta voluntad de intercambio flexible de ideas, y a modo de simple apunte, tal vez fuera oportuno hacer una llamada de atención sobre algunos de los aspectos que no convendría olvidar en la ordenación de las decisiones o de las estrategias a llevar a cabo. Entre ellos, y pese a la necesaria brevedad con que han de ser expuestos, me permito apuntar los siguientes:

- en primer lugar, sólo con un conocimiento científico de las características, tendencias condicionamientos, imbricaciones y potencialidades del sistema productivo regional, y al margen de esquemas preestablecidos, es posible sentar las bases de un diagnóstico lo suficientemente riguroso y objetivo como para que la aplicación de los instrumentos programados no se vea invalidada por disfunciones imprevistas, con el consiguiente riesgo de frustración y despilfarro que ello implica.

- es indispensable, por otro lado, lograr la superación de los recelos, las desconfianzas e incomunicaciones que entorpezcan los esfuerzos encaminados a lograr una mayor cohesión del entramado empresarial, sin cuyo consenso y asimilación es muy dificil colmar las expectativas creadas en este sentido. De ahí que el tránsito de una actitud basada en el predominio de la fragmentación individualista a otra en la que, por el contrario, prime "la cultura de la cooperación" constituye uno de los requisitos primordiales para la consecución de un balance satisfactorio.

- en análogo sentido, la experiencia comparada - y bastaría remitirse a algunos de los Programas acometidos con particular éxito en determinadas regiones europeas - demuestra hasta qué punto la efectividad de un Plan Tecnológico pasa necesariamente por la configuración de "redes" de empresas focalizadas en torno a firmas innovadoras con auténtica capacidad de arrastre, e insertas a su vez en una vigorosa Red Territorial de Innovación, en la que resultase perfectamente compatible el desempeño de la función coordinadora con el estímulo de la capacidad de iniciativa ejercida, descentralizadamente, por las áreas o conjunto de enclaves con mayores posibilidades de dinamismo en función de la entidad y coherencia de sus potenciales productivos y empresariales.

- y, por último, no cabe duda el enorme desafío que todo ello ha de suponer en la remodelación a corto plazo del sistema universitario regional. Cada vez más afianzado el papel de la Universidad como un componente esencial de las estrategias de desarrollo contemporáneo, en virtud de un proceso de perfeccionamiento cualitativo que admite ya difícil réplica por otros ámbitos del saber y la investigación, no sería aventurado afirmar que del peso que se la conceda tanto en el terreno propositivo como en relación con el amplio abanico de cuestiones y perspectivas en que se desglosa actualmente el concepto y la práctica de la innovación tecnológica va a depender el buen funcionamiento de una iniciativa que, aun en sus albores, puede contribuir a clarificar las incertidumbres en que actualmente se encuentra sumido el futuro industrial y terciario de nuestra región.