Cataluña, imprescindible

Este artículo fue publicado en la edición de El Norte de Castilla del 28 de octubre de 2017, un día después de que el Parlament de Catalunya aprobase por 70 votos de sus 135 miembros una resolución (ilegal) por la que se insta al Govern a la aplicación de los mecanismos encaminados a la puesta en marcha de la independencia de la Comunidad Autónoma como república independiente de acuerdo con una llamada Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional de España. No fue, por tanto, una declaración de independencia legal ni ha obtenido reconocimiento internacional alguno, pero sí representa una fecha clave en la Historia de España, que atañe decisivamente al futuro del Estado español y a la convivencia entre los españoles. De ahí la necesidad de reflexionar sobre ello:

Las sensibilidades personales se nutren y construyen a partir de las experiencias que la vida depara a lo largo del tiempo en función de las relaciones mantenidas con los otros.  Forman parte de un proceso de enriquecimiento gradual de la personalidad, lentamente construido e indisociable de las referencias acumuladas a través del encuentro y de la confluencia de sensibilidades, al principio descubiertas y posteriormente compartidas en un juego de reciprocidad creativa que trata de sobrevivir a las circunstancias y a los factores de alteración o distorsión que eventualmente pudieran surgir sin estar previstos de antemano.

            Vienen a cuento estas consideraciones al constatar la importancia que seguramente para muchos españoles han tenido, de una u otra manera, los vínculos mantenidos con Cataluña y quienes residen en ella. La tierra que vio nacer, entre otros, a Salvador Espriu, a Jaume Vicens Vives, a Pau Vila o Isabel Coixet ha ejercido ese papel que el geógrafo Roger Brunet ha calificado, desde su atalaya mediterránea de Montpellier, como “espacio de polarización permanente de flujos multidimensionales”, o, más simplemente, como ámbito al que acudir para satisfacer las apetencias que, en general, se identifican con aquellas opciones de relación susceptibles de proporcionar resultados beneficiosos e interesantes. La verdad es que pocas comunidades como la catalana han desempeñado de forma tan reiterada como masiva esta función en la España integrada que entre todos hemos configurado y sostenido.

            Y no ha sido este atractivo un baluarte apoyado en los distintivos que el nacionalismo ha tratado, selectivamente, de impulsar como fundamento de una carrera conducente a la secesión, sino, por el contrario, lo han sido aquellos valores que resaltan la dimensión universalista y cosmopolita de cuanto se hace, escribe y produce la sociedad catalana. En ellos reside su principal virtualidad, el engarce de elementos y valores que conducen la mirada hacia las tierras nordestinas de la Península ibérica en mayor medida que las orientadas en otras direcciones. Y en este sentido, no es sorprendente recordar cómo, a medida que se tramaba en España el modelo autonómico, las querencias principales repudiaban cuanto sucedía en Madrid, ciudad estigmatizada durante décadas por el centralismo,  para canalizarse prioritariamente hacia los territorios cuyas identidades eran valoradas como signos de progreso, de admiración y de libertad, y en los que muchos de fuera queríamos vernos reflejados. Las calles del país se llenaron durante bastante tiempo con los clamores que reivindicaban Estatutos de Autonomía, particularmente ejemplificados en el de Cataluña, de donde provenían al tiempo, y mientras se celebraba la recuperación de la Generalitat y el regreso de Josep Tarradellas,  las canciones – ay, l' estaca, hoy degradada e inservible,  de un irrelevante Lluis Llach – que, convertidas en símbolos casi mitificados, ejemplificaban en la región articulada en torno a Barcelona  la quintaesencia de la conquista de las libertades en los años inciertos de la Transición.

            Ahora bien, más allá de las actitudes  políticas como expresión de una proximidad y de una solidaridad hacia lo catalán en tiempos convulsos para todos, conviene insistir en aquellos argumentos, sustentados en vivencias, que abundan a favor de lo que significa Cataluña como una realidad de la que resulta muy difícil o, mejor aún, imposible, desprenderse. Y es que, como bien señala Fradera, "la historia del catalanismo es la historia de esta compleja síntesis entre construir el país y definir sus aspiraciones, mientras se participa en el mercado político, administrativo y económico español".  Es obvio que cada cual dispone de una perspectiva propia a partir de la cual extrae los elementos de juicio que le permiten valorar el alcance y el significado de lo que particularmente ha supuesto el contacto con el territorio y la sociedad catalanes. Mas, en cualquier caso, tres aspectos esenciales cobran relevancia en este proceso de valoración. Lo son, en efecto, los que se relacionan con la capacidad empresarial, con la vitalidad cultural y con las posibilidades que derivan de las satisfacciones deparadas por los espacios de acogida, ya ocasionales o permanentes.  

          Sin embargo,  todo ese cúmulo de satisfactorias percepciones, emanadas de un ensamblaje que normalmente ha funcionado bien se ha visto lesionado hasta desembocar  en desavenencias que parecían impensables hace apenas una década. Surge entonces el deseo de encontrar una explicación convincente a la desestructuración de una de las sociedades más dinámicas e innovadoras de España, como ha sido la catalana, sumida hoy en la confrontación, en el insulto, en el rechazo inmisericorde hacia el discrepante. Una sociedad patológicamente fracturada, que se encamina hacia la ruina económica y hacia la marginalidad en el espacio común europeo. El reverso de lo que fue.  proceso que se fragüe en un día, como tampoco lo fue en Euskadi. Se construye a lo largo del tiempo, implacable y destructivo como la gota malaya. El recurso a la tergiversación obsesiva de la historia, al tópico descalificador, al desprecio hacia la diferencia, al rechazo sin precauciones ni restricciones, van creando poco a poco, y sin reversión posible, ese caldo de cultivo que, al fin, cristaliza en el odio sin paliativos hacia "lo español". Es la inoculación gradual del fascismo. Todo, hasta lo nimio y coyuntural, forma parte de un pretexto, todo es aprovechable, para agravar la fisura que no cesa. La identidad como paradigma divisor, la "patria" como refugio exclusivo. Comportamientos reaccionarios, antitéticos del progreso y la solidaridad. Qué hacen los que se dicen de izquierda secundando tanto disparate?

Y, aunque bien es verdad que, por fortuna y a diferencia de Euskadi, la violencia criminal no ha dominado en el espacio catalán, no es menos cierto que las rupturas de la amistad, las disensiones familiares, la pérdida de las confianzas antes construidas, las conversaciones evitadas para no molestar, la prevalencia de la sospecha hacia el que no piensa en clave identitaria como actitud permanente y dogmáticamente asumida, la incapacidad para reconocer que las fronteras lesionan la convivencia, se muestran como legados funestos transmitidos con la velocidad de la pólvora por los aberrantes caminos de irracionalidad hacia los que ha conducido en España, uno de los países más descentralizados del mundo, el nacionalismo de boina y barretina.

          No es un proceso que se fragüe en un día. Se construye desde el poder a lo largo del tiempo, implacable y destructivo como una gota incesante. El recurso a la tergiversación y manipulación obsesivas de la historia, al tópico descalificador, al desprecio hacia la diferencia, al rechazo sin precauciones ni restricciones, van creando poco a poco, y sin reversión posible, ese caldo de cultivo que, al fin, cristaliza en el odio sin paliativos hacia "lo español". Es la inoculación gradual del nacionalismo excluyente. Todo, hasta lo nimio y coyuntural, forma parte de un pretexto, todo es aprovechable, para agravar la fisura creciente. La identidad como paradigma divisor, la "patria" como refugio exclusivo y discriminante. Comportamientos reaccionarios, antitéticos del progreso y la solidaridad. De ahí las rupturas de la amistad, las disensiones familiares, la pérdida de las confianzas antes construidas, las conversaciones evitadas para no molestar, la prevalencia de la sospecha hacia el que no piensa en clave identitaria como actitud permanente y dogmáticamente asumida, la incapacidad para reconocer que las fronteras lesionan la convivencia. Son todos ellos comportamientos que se muestran como legados funestos transmitidos con la velocidad de la pólvora por los aberrantes caminos de irracionalidad hacia los que ha conducido en España, uno de los países más descentralizados del mundo, el nacionalismo que en el caso que nos ocupa ha hecho trizas ese espíritu de apertura, que urge recuperar y restablecer con tacto y firmeza sin más dilación y  que tanto prestigio ha dado a Cataluña en el mundo y que tanto seguimos y seguiremos necesitando.

La España despoblada. Entre los deseos y la realidad

Castrillo Mota de Judíos (Burgos)

El Norte de Castilla, 31 de mayo de 2017

El interés por el debilitamiento demográfico de los espacios rurales está de moda. En los últimos años el panorama literario se ha enriquecido con obras – algunas de gran éxito editorial - que encuentran en este argumento una motivación para dar a conocer, desde la visión que entrevera el ensayo con  la ficción, las características y las tendencias de una realidad que no pasa desapercibida. Las referencias alusivas al fenómeno de la despoblación son numerosas, las percepciones resultan contundentes cuando el viaje hace suyos esos ámbitos donde el silencio se respira y los comentarios en torno a la soledad en que están sumidos los paisajes emanan del recuerdo y de las vivencias que de ellos se extraen. Lo que sorprende es que esta actitud de sensibilización cobre fuerza y aliente ahora la reflexión cuando del fenómeno hay constancia sobrada desde hace muchísimo tiempo. Numerosos testimonios literarios y científicos así lo atestiguan. Ni es un hecho reciente ni sus manifestaciones deben inducir a la sorpresa. Los análisis sobre la crisis poblacional del campo llenan los anaqueles de las bibliotecas, en las que reposan estudios, informes, pronósticos, debates, opiniones de toda índole. Es una realidad archiconocida, a cuya interpretación la Geografía ha dedicado algunos de sus más destacados afanes, plasmados en  la atención prestada a la investigación de la regresión demográfica en los espacios no urbanos, nutrida de valiosas reflexiones teóricas y metodológicas que mantienen aún su plena vigencia.

            Si el problema es conocido y con creces investigado mucho antes de que suscitara el interés que hoy reviste ¿por qué en la actualidad adquiere tanta resonancia? Me permito acudir a tres razones para explicarlo. La primera tiene que ver con el reconocimiento del territorio, por parte de muchos, como un factor clave en el desarrollo de la cultura social; es decir, se percibe y valora como una realidad cercana, repleta de elementos y referencias que motivan la atención e inducen al descubrimiento de los numerosos e interesantes matices que encierra.  Por otro lado, no es indiferente a esta sensibilidad la constatación de los riesgos y las amenazas a los que se enfrenta,  en el contexto de la despoblación, el patrimonio cultural  localizado en los espacios rurales. Y, finalmente,  influye también la sorprendente proyección mediática alcanzada por el tema, amparada en la atención concedida por los diferentes soportes de comunicación, y que se ha visto reforzada por  los testimonios que desde la literatura han dado prueba fehaciente de una realidad que ofrece tintes dramáticos, provocadores de una atención inexcusable.

            Al amparo de esta toma de conciencia crítica parece razonable  profundizar en las causas a las que obedece la pérdida incesante de población y, sobre todo, valorar la efectividad de las estrategias adoptadas para su corrección ante el escenario de incertidumbre que las condiciona.  Es evidente que la desvitalización demográfica no es sino el resultado de los efectos selectivamente provocados en el espacio por los cambios drásticos del modelo productivo tradicional, responsables directos de los desequilibrios fraguados entre el campo y la ciudad. En esencia, las transformaciones socio-económicas derivadas de la industrialización, de la mecanización de las labores agrícolas y de la diversificación de los servicios han actuado de manera concatenada para explicar  el sesgo demográfico a favor de las ciudades, alimentado por las migraciones procedentes del mundo rural en un proceso de atracción creciente, imposible de neutralizar, acompañado de la racionalización de las tareas de las que anteriormente dependía el mantenimiento de la actividad agraria. A la postre, dicha tendencia, que se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo, para hacer mella en los servicios y en la manufactura, ha acabado demostrando su irreversibilidad. El afianzamiento de la ciudad como ámbito primordial de residencia ha calado también en la mentalidad de la población campesina, sin que ello haya supuesto el abandono de las labores agrícolas, merced a la mejora de la movilidad y de las posibilidades de estabilidad económica permitidas por las ayudas a las rentas agrarias procedentes de la Política Agraria de la Unión Europea, con frecuencia utilizadas en fracción nada desdeñable para la realización de inversiones alejadas del entorno rural.

            Contemplado de esta manera, y a tenor de la experiencia contrastada, puede decirse que el fenómeno de la despoblación, definido por el envejecimiento y las “privaciones sensoriales” de que habla Sergio del Molino, admite difícil réplica. Es justo y pertinente preocuparse por ello, respaldar las movilizaciones, los foros  y las actuaciones encaminados a mantener viva la llama a favor de un universo que declina y  no cejar en el empeño en pos de una recuperación cuyos adalides merecen una admiración y un respaldo sin fisuras. Sin embargo, hay que reconocer que no es una tarea sencilla ni permite, valorando las iniciativas puntuales que aportan quienes tratan de contrarrestarlo, perspectivas alentadoras, por más que la lucha a su favor esté plenamente justificada. Entre otras razones, porque no estamos ante una España vacía – pese a todo, la vida se mantiene - sino ante una España reconfigurada definitivamente por la despoblación, que ha dado origen a otras formas de organización del espacio y de la actividad. Y es que contemplarlo en función de los tibios dinamismos observados (utilización por diversas formas de ocio ocasional, reconstrucción de viviendas, producciones artesanales, recuperación de tradiciones, recurso a la historia recreada y al patrimonio como señuelos, etc.) nos lleva a la conclusión de que se trata de un escenario simbólico y representativo de la metamorfosis funcional que ha tenido lugar en el modo de concebir y organizar las relaciones de las sociedades con los espacios, rurales y urbanos, en los que se desenvuelven. Desde esta perspectiva la ruralidad se presenta ya con rasgos muy distintos a los que tradicionalmente – al menos hasta los años sesenta – la habían caracterizado. Es una ruralidad que, envejecida y vulnerable en estos tiempos de distopías, trata de sobrevivir modelada por las pulsiones, las apetencias y los comportamientos urbanos.

Los nuevos horizontes del poder local

El Norte de Castilla, 6 julio 2015

La  Historia revela la enorme importancia que han tenido en la política española las elecciones locales. Numerosas son las experiencias, en efecto, que han puesto de manifiesto hasta qué punto los comportamientos electorales reflejados a esta escala son el preludio de transformaciones importantes en niveles superiores del entramado político. Constituyen, en cierto modo, una especie de ensayo, capaz de transmitir al panorama general las inquietudes y tendencias labradas en el nivel básico de la administración, aquella en la que se  vertebran los conflictos y necesidades de la vida ciudadana a partir de estructuras social, económica y espacialmente complejas.

            De ahí la trascendencia que cabe reconocer a esos procesos de cambio experimentados por la sociedad española y que han cobrado plasmación evidente en las elecciones locales y regionales del 24 de mayo, sin precedentes en la historia democrática de España. Si se observa que en las ciudades de mediano y gran tamaño – salvo en casos muy excepcionales -  han desaparecido las mayorías absolutas y que los pactos que han fraguado las alcaldías se apoyan en compromisos fuertemente supervisados por quienes en la mayoría de los casos no ostentan responsabilidades de gobierno, el ciudadano de a pie asiste expectante a un proceso tan apasionante como repleto de incógnitas o, en todo caso, de preguntas, cuyas respuestas serán cruciales para el futuro del país. No en vano, los Ayuntamientos representan ámbitos primordiales de experimentación de políticas públicas. Cuanto se decida en ellos posee una enorme resonancia social, trasciende el estricto escenario de aplicación, crea referencias representativas del modo de gobernar y fortalece en consecuencia el valor de la experiencia comparada, con efectos aleccionadores decisivos.

            Teniendo en cuenta los factores que determinan los  principales desafíos planteados en el marco municipal,  el observador contempla un escenario condicionado, en principio, por tres horizontes fundamentales, que a la vez se corresponden con sendas pautas desde el punto de vista de la decisión. Aparecen aquí planteadas como líneas de reflexión y trabajo, que invitan al análisis empírico y a la constatación objetiva de los hechos. A saber:

1.         Destaca, en primer lugar, la repercusión que la nueva etapa municipal pueda tener en un campo de tanta trascendencia como es el urbanismo y, por extensión, lo que comúnmente se entiende como la ordenación del territorio a nivel local. Sin duda es en este aspecto donde va a verificarse el nivel de distanciamiento o ruptura respecto a los comportamientos que en la etapa anterior han dado origen a numerosos y generalizados episodios de corrupción y de vulneración de la ley en el ejercicio de la práctica urbanística. Frente a los enfoques cortoplacistas, a la prevalencia de la visión especulativa en el uso del suelo, a la consideración privilegiada de determinados intereses en el diseño del planeamiento o al incumplimiento de las advertencias sobre los impactos ambientales, la autocrítica se impone como mecanismo necesario y a la par como soporte de una actuación más respetuosa con la legalidad y con los necesarios equilibrios a los que ha conducir una gestión integradora y sensible con las distintas realidades sociales y económicas  que conforman la urdimbre urbana.

2.         No es menor, por otro lado, el interés que suscita el proceso de racionalización, ajuste o redistribución aplicado a la gestión presupuestaria, ante la necesidad de adecuar la estructura del gasto a las posibilidades de los ingresos en un contexto supeditado a  los mecanismos de vigilancia del déficit y la deuda contemplados por la Ley. Disciplina coincidente en el tiempo con la reducción de las aportaciones proporcionadas por la actividad inmobiliaria y con la aplicación de las políticas encaminadas a mitigar la gravedad de las carencias sociales y de acentuación de la desigualdad exacerbadas por la crisis, Se impone un reequilibro entre inversión, solidaridad y transparencia que seguramente dará constancia de la destreza de los gobiernos municipales para conseguirlo, lo que tal vez redunde también en la reclamación, hasta ahora desatendida, de una reforma para la adecuada financiación de los Ayuntamientos que garantice la suficiencia financiera en los términos planteados por el frustrado Pacto Local en los años noventa.

3.         Y, finalmente, el observador contempla con atención de qué manera va a influir en la toma de decisiones el reconocimiento explícitamente otorgado a la participación de la ciudadanía, a la que, a tenor de las declaraciones y de los programas propugnados, se trata de conceder un mayor protagonismo y un papel de referencia obligada en el planteamiento de las políticas públicas concebidas como una función social y espacialmente equitativa en las que la persona ha de ser tratada como “ciudadano” y no como “cliente”. Es evidente que en este sentido, la posibilidad de fraguar nuevas pautas de comportamiento en la gestión de los municipios tampoco sea ajena a la necesidad de introducir un proceso de selección, mejora o corrección de los responsables públicos, superando las inercias en los comportamientos así como las mediocridades constatadas y poniendo a prueba su nivel de competencia, honestidad y preparación.

                   No hace mucho he publicado un trabajo alusivo a las estrategias de salida a la crisis. Sin entrar en detalles, las he identificado en torno a dos premisas claves: la cultura del territorio y la calidad institucional. Si por la primera se entiende el buen ejercicio de la acción pública apoyada en una adecuada utilización de los recursos y las potencialidades de un espacio desde el punto de vista sostenible, cuando se habla del papel a desempeñar por los responsables institucionales la autocrítica remite necesariamente a la importancia de sus comportamientos éticos y del nivel de sensibilidad hacia los problemas de las sociedades a cuyo servicio se encuentran. 

José María Martín Patino o la cultura del diálogo

El Norte de Castilla, 8 de abril de 2015

 

El reciente fallecimiento de José María Martín Patino recupera para la memoria una época decisiva en la historia de España y de nuestra Comunidad Autónoma. Siempre supo conciliar de forma magistral las tres facetas que convergían en su personalidad: la de religioso jesuita, la de intelectual comprometido con su tiempo y la de estudioso de la realidad que le rodea. Las tres vertientes fueron desempeñadas con autoridad, con sentido de la responsabilidad, con espíritu de equipo y con admirable capacidad conciliadora de posiciones encontradas. Marcaron con coherencia la trayectoria de una vida finalizada la víspera de su noventa aniversario.

 En la etapa en que le conocí gozaba ya  del notable prestigio que le había proporcionado su papel en la transición a la democracia cuando, como hombre de confianza del cardenal Tarancón, ayudó a éste a afrontar momentos difíciles en ese empeño por ofrecer una imagen diferente de la Iglesia católica española, más comprometida con los objetivos que entrañaba el proceso constitucional emergente. Misión satisfactoriamente cumplida, podía haber considerado que dicha experiencia  bastaba para colmar un proyecto vital que le había proporcionado alto grado de reconocimiento por parte de un amplio sector de la sociedad española. Su nombre en los libros de Historia estaba asegurado y, como se ha visto, con dignidad y respeto.

Sin embargo, aquello no representó una meta satisfecha sino un fecundo punto de partida: el que le llevó a acometer uno de los proyectos intelectuales más relevantes en la España de las últimas décadas del siglo XX. Junto a otros lo he vivido de cerca durante años y puedo dejar constancia de él. He tenido la oportunidad de seguirlo desde el día, ya a finales de los ochenta, en que Justino Duque, Catedrático de Derecho Mercantil y ex Rector de la Universidad de Valladolid, nos convocó  a un grupo de colegas en su despacho para  mantener una reunión de trabajo con Martín Patino. Fue un encuentro memorable. Se trataba de realizar por vez primera un estudio interdisciplinar sobre las implicaciones que habría de tener para Castilla y León la incorporación de España en las Comunidades Europeas. La iniciativa cristalizó en una obra colectiva, integrada en la colección Construir Europa (1991) y prologada por José Jiménez Lozano.

Supuso la primera toma de contacto con la Fundación Encuentro, la gran iniciativa intelectual y organizativa de Martín Patino, que había sido creada en 1985 con la intención de hacer de ella, y con ayuda de un equipo muy solvente de colaboradores directos, un espacio de reflexión y debate sobre las cuestiones  que afectaban a la vida española contemplada como un objetivo abierto a la clarificación de ideas y de horizontes en  sus más diversas perspectivas. Espacio de confluencia de personas de diversa adscripción ideológica, el balance conseguido por la Fundación Encuentro a lo largo de sus treinta años de existencia ha sido impresionante, aunque quizá no sea lo suficientemente conocido y valorado por la sociedad española. A lo largo de sus sucesivas ediciones, el Informe España. Una interpretación de su realidad social ha constituido un documento esencial, sin parangón, para conocer y valorar los cambios ocurridos en la evolución  del país en el amplio abanico de temas y tendencias que los reflejan. No creo que podamos disponer hoy en España de un acervo de información y análisis de tanta calidad y riqueza de contenidos. Cualquier investigación que se realice sobre los aspectos esenciales que estructuran la  realidad española de las últimas décadas no puede hacer caso omiso de este legado.

Junto a esta serie de análisis, cuya presentación pública justificaba año tras año la celebración en Madrid de un acto de gran resonancia social y mediática, la aportación bibliográfica de la Fundación Encuentro se desglosa en un nutrido catálogo de monografías y estudios, que han visto la luz al compás del interés, importancia y actualidad de los temas seleccionados. El hecho de que tales objetivos quedasen plasmados en obras relevantes y sin discontinuidades en el tiempo no puede entenderse al margen del procedimiento utilizado para alcanzarlos. Todo se resume en una expresión tan lapidaria como elocuente: el debate abierto como criterio y principio de actuación primordial. Ninguna de las aportaciones de la Fundación Encuentro veía la luz sin estar previamente sustentada en una reflexión compartida mediante el diálogo, la confrontación de argumentos e informaciones y la clarificación de propuestas a partir de ideas concurrentes. Los trabajos resultantes eran, a la postre, la manifestación de una labor colectiva, de equipo, muy elaborada, en la que la autoría personal quedaba inmersa en una relación de responsabilidades explícitas, cada una de las cuales asumía con su firma el resultado final, dado a conocer públicamente. 

 La coherencia, vertebrada por la importancia reconocida al debate como método de trabajo, marcó también el enfoque aplicado a las contribuciones que la Fundación dirigida por Martin Patino realizó sobre Castilla  y León. La serie de obras referidas a aspectos cruciales de nuestra Comunidad Autónoma (el envejecimiento, la industria agroalimentaria, la formación profesional, el turismo…) revelaron hasta qué punto se sintonizaba con los desafíos planteados por aspectos de gran trascendencia. La misma que tendría, a modo de ejemplo representativo también, el Proyecto Raya Duero o los Foros Pedagógicos impulsados en las áreas más críticas del occidente regional.  Su reconocimiento como Premio Castilla y León a los Valores Humanos 2010, promovido por varios municipios de la provincia de Salamanca, de la que era natural, no hizo sino reconocer unos méritos que sobrevivirán al paso del tiempo.

Todos los años escribía a sus amigos, colaboradores y patronos unas felicitaciones navideñas, de puño y letra, que son memorables. La recibida el pasado diciembre concluía con una reflexión, que en buena medida puede entenderse como el resumen de su legado: “la crisis, especialmente en nuestro ámbito político, suscita en nuestros días una especie de renacimiento de la sociedad civil. Su expresión más frecuente son los foros de diálogo que están surgiendo. Demuestran la inquietud de una sociedad descontenta con sus gestores públicos. Mi experiencia personal me induce a insistir en la cultura del diálogo y del encuentro. En el consenso no renunciamos a nuestras ideas. Las enriquecemos generando un pensamiento más rico y más humano”. Un texto que refleja la quintaesencia de su interesante personalidad. 

Los fundamentos esenciales de la marca España

El Norte de Castilla, 25 junio 2013

Cuando un país, como ahora sucede en España, persigue fortalecer su imagen mediante una política de acreditación hacia el exterior, que ponga al descubierto la dimensión y la relevancia de sus valores distintivos como factor de atracción, es que quizá algo falla en los rasgos de la proyección que se pretende ofrecer en el momento en el que tal objetivo se plantea. ¿Será porque son numerosos los claroscuros que se ciernen sobre ella? ¿O tal vez porque existe en sus destinatarios una visión distorsionada que, a juicio de quien trata de contrarrestarla, es preciso corregir?

Sea lo que sea, lo cierto es que en estos tiempos en los que prima la mercadotecnia en aras de la elaboración de un producto, amparado en cualidades que favorezcan su consideración positiva, es obvio que las posibilidades del intento están condicionadas por la fortaleza de los mensajes transmitidos y, sobre todo, por la solidez y continuidad de los argumentos en los que se apoyan. No todos los productos son iguales ni revisten la misma complejidad, pues su naturaleza difiere en función de lo que significan y del tipo de demanda hacia la que van destinados. De ahí el riesgo de simplificación que puede suponer el hecho de limitar una imagen a la presentación formal de ideas atractivas, nombres rutilantes  o referencias de gran impacto mediático que, aun no siendo baladíes, tienden más a confundir, dada su diversidad, que a aclarar el valor objetivo de los hechos con los que se trata de identificar, sobre la base de criterios bien definidos, la naturaleza de la “marca“ en cuestión.

            Frente al riesgo de banalización, que resulta de entender el reconocimiento  como la mera comercialización de un producto prefabricado, se impone la necesidad  de ratificarlo más bien como la expresión de una serie de valores intrínsecos que, debidamente relacionados entre sí y fortalecidos a través del conocimiento a gran escala que de ellos se consiga,  permitan su identificación coherente por parte de los destinatarios del mensaje, de modo que se conviertan en referencias sólidas, consistentes y alejadas de la fugacidad  con que habitualmente se plantean las campañas publicitarias.

            La experiencia revalida hasta qué punto el atractivo de un Estado es indisociable de las cualidades que lo caracterizan por encima de las coyunturas, de las modas efímeras o de las circunstancias específicas de una situación determinada. Admitiendo que la historia desempeña a este respecto una importancia decisiva, no es menos patente que la capacidad para sintonizar con los valores que sobreviven a la erosión del tiempo constituye la mejor garantía para entender lo que representa la defensa de unos caracteres firmemente cimentados. Y es que, más que una marca, tan propensa al reduccionismo en función de los limitados perfiles a que conduce su transmisión puntual, la imagen y el prestigio se construyen sobre pilares dotados de la suficiente consistencia como para justificar el hecho de que lo importante no es conseguirlos sino asegurar su perduración.

De ahí la conveniencia de clarificar bien lo que haya de entenderse como la imagen de España, que, más allá de los símbolos o emblemas propalados con tal fin,  no debiera quedar desprovista de los cuatro pilares que han de sustentar una proyección digna a la par que convincente, visible y con seguras perspectivas de futuro. Aunque no es posible detenerse en cada uno dado el espacio disponible, su consideración destaca la utilidad del engarce que entre ellos debiera producirse como fundamento de una estrategia de promoción basada en la calidad y en las credenciales que aportan las cosas bien hechas en aspectos sustanciales de la vida del país y a la vez de gran valor comparativo.

Si es evidente que el desarrollo de la plataforma científica e investigadora ocupa una posición primordial, hasta el punto de que las restricciones efectuadas en este sentido presentan un efecto demoledor para el reconocimiento de la categoría que se pretende, no es menos relevante, por otro lado, el predicamento que a un país proporcionan las aportaciones realizadas en el ámbito de la cultura y de la buena administración de sus valores patrimoniales. En ellos se asientan las formas de expresión que en mayor medida demuestran la capacidad creativa, libre, crítica e innovadora de una sociedad, susceptible de configurar una oferta dotada de la dimensión cualitativa que haga posible su reconocimiento internacional y el apoyo merecido, por encima de las frustraciones que pudieran derivar de un tratamiento basado en medidas sesgadas o entorpecedoras del adecuado despliegue de las fortalezas existentes en este sentido.

Y en la misma línea cabría hacer hincapié en la resonancia que, a efectos de consolidar una imagen favorablemente reconocida, posee el empeño de las administraciones para asegurar el buen funcionamiento de los mecanismos que hagan posible la cohesión social y económica de sus ciudadanos, garantizando la equidad y la eficiencia que procura las buenas prácticas aplicadas a la gestión de los servicios públicos esenciales. Objetivo básico que, para completar el elenco de factores que nos ocupan, no puede ser entendido al margen de los directrices inherentes a la preservación de la calidad y de los comportamientos éticos de su sistema institucional, pues no en vano -  y precisamente cuando se hallan lesionados por los defensores del corto plazo, del sálvese quien pueda y de la visión especulativa aplicada a las actuaciones que afectan a su ámbito de responsabilidad -  de su cumplimiento dependen el margen de respeto, la  seguridad jurídica y la efectividad del marco regulador en los que se amparan tanto los derechos de los propios como la confianza asumible por parte de los ajenos.

En definitiva, ciencia, cultura, cohesión socio-económica y calidad institucional: las cuatro “c” de la marca España, los fundamentos que han de arropar la credibilidad y los méritos objetivos de nuestro país.

El sorprendente blindaje de la lengua catalana

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El Norte de Castilla, 15 de Julio de 2009

Frente a las ambigüedades de que, en opinión de numerosos especialistas, adolecen varios aspectos de la Constitución española hay uno que en su formulación no admite duda. Nada de confusión encierra, en efecto, el Art. 3º cuando, tras subrayar que “el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar”, ratifica la cooficialidad de las demás en sus respectivas Comunidades Autónomas, identificando a las distintas modalidades lingüísticas de España como un patrimonio cultural “que será objeto de especial respeto y protección”. Tratándose, pues, de una cuestión definida con claridad en la norma básica, lo lógico sería pensar que el paso del tiempo, la consolidación del modelo autonómico, el consenso alcanzado en sus directrices primordiales y la propia evolución de la sociedad, abierta a un panorama en el que las identidades coexisten con el desarrollo de vínculos proyectados a escalas más amplias, se han encargado de eliminar viejas reticencias y asumir las ventajas que derivan de las relaciones de complementariedad y enriquecimiento mutuo en un Estado complejo como el nuestro, donde la defensa de todas las sensibilidades culturales se halla suficientemente garantizada. Decir lo contrario es faltar, interesadamente, a la verdad.

De ahí que no dejen de sorprender las sensaciones contradictorias con las que a menudo uno se topa cuando entra en contacto con la realidad catalana. Al menos son las que yo he experimentado durante una reciente visita a Barcelona por motivos profesionales. De un lado, he tenido la oportunidad de conocer y valorar en directo los impresionantes cambios que están teniendo lugar en esa ciudad y su espacio metropolitano. Cambios expresivos de las nuevas perspectivas en que se inscribe el futuro – económico, social y urbanístico- de Barcelona y su área de influencia y que me han permitido ponerme al día, refrescar los análisis, someter a debate y valoración crítica lo que hay que de realidad y lo que, en cambio, permanece sumido en las buenas intenciones. Y es que Barcelona siempre aporta cosas nuevas, provoca curiosidad e induce a la reflexión. No en vano, sigue siendo esa “ciudad de los prodigios”, que con tanta expresividad describió hace tiempo Eduardo Mendoza en una novela que nadie interesado en la Cataluña y en la España moderna debiera dejar de leer.

Sin embargo, la casualidad ha hecho que también pudiera contemplar en su propio escenario las circunstancias que cuestionan el cumplimiento del compromiso a que, en materia lingüística, obliga la lealtad constitucional. La señal de alarma ha estado, en principio, provocada, por el tono virulento que a menudo aflora en el ambiente político, alentado por un discurso intelectual de marcado signo catastrofista. No de otro modo cabría calificar la intervención del último Premi d’Honor de las Lletres Catalanes, el lingüista Joan Solá, que en el Parlamento del Parc de la Ciutadella ha presentado el 1 de Julio un panorama dramático, instando a los legisladores a “actuar en defensa del catalán para que deje de ser una lengua degradada, subordinada políticamente, incansablemente y de mil maneras atacada por los poderes mediáticos, visceralmente rechazada por los otros pueblos de España”. Incluso llegó a decir que “al pactar la Constitución se aceptó que quedara en situación de inferioridad respecto al castellano” (sic), para finalizar con un diagnóstico desolador: “somos una comunidad lingüísticamente enferma desde hace muchos años”, lo que justifica que “debemos estar dispuestos a llegar hasta donde sea preciso para preservar nuestra personalidad”.

El aplauso mayoritario que recibieron estas palabras encontró eco inmediato en la aprobación el mismo día de la Ley de Educación de Catalunya, con los votos de CiU, ERC y el PSC. Cuán lejos ha estado en este momento el socialismo catalán de la actitud mostrada en 1932 por la Juventud Socialista de Barcelona, dispuesta a defender, como requisito para dar su apoyo al Estatuto de Nùria, que “en las escuelas, en los Institutos, en las Normales y en la Universidad del Estado no debe usarse otro idioma que el español”. Pero ahora no ha ocurrido así. Con esta Ley, el catalán se convierte en la lengua vehicular dominante para la transmisión del conocimiento, eliminando la aplicación de la tercera hora de enseñanza del castellano, que establece la normativa estatal. Se trata, en pocas palabras, de “blindar el modelo de la escuela catalana: en lengua y contenidos”, en expresión rotunda de Irene Rigau, portavoz de Educación de Convergencia i Unió.

Acoso, blindaje, preservación a ultranza de la personalidad cuestionada. Palabras contundentes, con cuyo empleo da la impresión de que se trata de defender una fortaleza asediada. Mas, ¿qué hay de verdad en todo ello?, ¿tan grave es el problema que obliga a transgredir los principios constitucionales como si de una situación de emergencia se tratase?. Puesto que interpretarlo desde la perspectiva de Castilla y León pudiera parecer sesgado y en mi ánimo nunca he abrigado el mínimo atisbo de anticatalanismo, me limitaré a traer a colación las elocuentes palabras vertidas sobre el tema por Baltasar Porcel, fallecido el mismo día que los acontecimientos señalados. En su edición de 2 de Julio, la Vanguardia reproducía estas declaraciones del afamado escritor de Andratx: “el catalanismo ha fracasado políticamente. Se ha aferrado a la cultura, la ha instrumentalizado, pero en este país las empresas colectivas siempre fracasan (…). El problema no es la lengua catalana, el problema es Catalunya. Esta sociedad, incluso una parte que se proclama catalanista, no habla, no lee, no siente en catalán. Esta es una sociedad cargada de autoanálisis, autoodio y autoexcusas. El catalanismo es a veces una superestructura que queda despegada de la realidad, que va por otro lado”. Frente a esta reflexión de quien es considerado una de las figuras preeminentes de la cultura catalana ¿qué podría decir yo como simple observador de una política lingüística que respeto aun sin lograr comprenderla?.

URBANISMO ABUSIVO E INDIFERENCIA PÚBLICA

El Norte de Castilla, 30 de Abril de 2009

A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.

Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.

No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.

Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.

¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.

Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno.

Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.

EVIDENCIAS Y RECTIFICACIONES

El Norte de Castilla, 3 de Abril de 2009

Es probable que la profunda crisis en la que está sumida la economía contemporánea obligue a revisar muchos de los argumentos que en los años de expansión y bonanza eran casi axiomáticos. Durante mucho tiempo ha dado la impresión de que el modelo estaba consolidado, merced a unas tasas de crecimiento más que satisfactorias, una tendencia del empleo al alza, una capacidad adquisitiva que, contemplada como estable y duradera, permitía acometer consumos de gran envergadura, soportados por endeudamientos atendibles sin riesgos aparentes. El mismo concepto de globalización fue entendido más como garantía que como cautela, convencidos de que la movilidad a gran escala del capital siempre sería beneficiosa para el funcionamiento de un sistema, que encontraba precisamente en la ausencia de fronteras la razón en la que se amparaban las previsiones hacia una distribución generalizada de la riqueza. Ante un escenario tan confortable, todo abundaba a favor de la puesta en entredicho de cualquier mecanismo operativo de control y vigilancia.

De esa misma postura participó España a lo largo de la última década. No hay que hacer excesivo esfuerzo de memoria para darse cuenta de que apenas se habló de economía en aquella larga etapa. La inercia del crecimiento enmascaró la debilidad de los cimientos sobre los que se sustentaba, sin importar mucho los efectos producidos, los enormes costos ambientales e incluso las corrupciones y denuncias que eran archiconocidas antes de que la justicia comenzase a intervenir. El debate político fue muy pobre, crispado en exceso y centrado a menudo en cuestiones que antepusieron la confrontación al acuerdo, creando fracturas que aún no se han superado. De pronto, y aunque ya existían señales de alarma que apuntaban a la finalización de la etapa expansiva, sobrevino la crisis con manifestaciones que tardaron mucho tiempo en ser reconocidas en toda su gravedad.

La magnitud del problema, y las derivaciones que está presentando, evidencian muchas insuficiencias, que conviene destacar. Revela falta de visión anticipatoria y prospectiva, capaz de detectar las limitaciones de un modelo de crecimiento insostenible. Acusa, por otro lado, la ausencia de mecanismos para acometer soluciones con visos de efectividad a medio y largo plazo. Pone al descubierto carencias muy serias desde el punto de vista estratégico, por lo que respecta a la solidez de la política industrial y el fortalecimiento de una vigorosa cultura empresarial. Y es contundente, en fin, a la hora de destacar las dificultades a que el país se enfrenta cuando se trata de abordar los problemas de esta dimensión sobre la base de compromisos asumidos por las organizaciones, a la par que se detecta una posición débil o, en todo caso, menos fuerte de lo que se creía en ese escenario internacional en el que sólo priman quienes poseen peso específico en la toma de decisiones de gran alcance.

Cada una de estas evidencias requeriría un tratamiento pormenorizado, que aquí resulta imposible. Pero sí destacaré, de entre ellas, dos ideas que considero pertinentes. La primera tiene que ver con la necesidad de redefinir el modelo estratégico que España necesita para lograr salir de la crisis. No es, desde luego, tarea fácil ni seguramente cómoda, pero algo, y muy importante, hay que hacer si se desea pasar de las terapias puntuales y de corto horizonte a iniciativas con visos de perdurabilidad. Por más que las medidas adoptadas a escala mundial deban ser tenidas en cuenta, es obvio que las de carácter nacional resultan trascendentales.

En realidad, bastaría centrar este modelo en una visión primordial, esto es, la que prima la incentivación de una cultura empresarial, tan alejada de la consideración laudatoria que han merecido carreras meteóricas basadas en la especulación y el enriquecimiento fácil como proclive a la defensa de las que, en cambio, se decantan a favor del sentido del riesgo, de la innovación, de la mejora de la productividad y de la capacidad competitiva del país. en la línea que abunda a favor de un "capitalismo de los empresarios" frente a un "capitalismo de los especuladores." Una cultura empresarial que evite disfunciones como la de ser una gran potencia en la fabricación de automóviles cuya capacidad estratégica de futuro se encuentra condicionada al no disponer de patentes de vehículos propios o la de ver cómo se pierde poder de decisión ante la deriva en que se han visto inmersos importantes proyectos empresariales tras su privatización, de lo que es ejemplo la lamentable trayectoria seguida por ENDESA, por no hablar de las ventajas que hubiera supuesto en circunstancias críticas la disponibilidad de una sólida banca pública, que ahora tanto se echa de menos.

Y, por otro lado, no es escasa la relevancia que se ha de otorgar al restablecimiento de la confianza institucional. En una estructura de poder fuertemente descentralizada la toma de decisiones anticrisis obliga necesariamente al fortalecimiento de directrices apoyadas en el acuerdo y en la negociación. Si importante es el diálogo social, la cuestión clave remite al engarce que en situación cercana a la emergencia pudiera fraguarse entre el Gobierno central y los de las Comunidades Autónomas. No sorprende, por tanto, que muchos ciudadanos se pregunten, asombrados, cómo es posible que a estas alturas no haya tenido lugar, al máximo nivel, ningún encuentro o debate planteado en este sentido entre ambos niveles de la administración pública, implicando al tiempo a los Ayuntamientos, con el fin de interpretar la gravedad de los problemas, efectuar un diagnóstico riguroso al respecto y asumir responsabilidades compartidas frente a riesgos y desafíos que a todos conciernen sin excepción, dada su relevancia como problema de Estado y habida cuenta de que es precisamente a esta escala como se están abordando los problemas en los principales países de nuestro entorno.

LA PARADOJA POLITICA DE ADOLFO SUÁREZ

El Norte de Castilla, 15 de Agosto de 2008

Posiblemente ningún otro político español del siglo XX haya alcanzado el nivel de respeto, reconocimiento y admiración de que actualmente goza Don Adolfo Suárez González, y que por desgracia ya no puede percibir. Olvidados en el tiempo quedan los comentarios que, a raíz de su sorprendente designación por el Rey, trataban de descalificar una decisión que consideraban equivocada, bien porque no respondía a las esperanzas de promoción de quienes los formulaban bien porque la filiación franquista del elegido hacia prever que lo del “atado y bien atado” iba para largo. Pocas voces autorizadas se alzaron entonces en apoyo de un nombramiento que, como después se ha visto, no sólo estaba bien calculado sino que respondía a un conocimiento previo de las enormes dotes de adaptación a las circunstancias por parte de un personaje, cuyas cualidades permanecían para el común de los españoles en el mayor de los arcanos.

Su mandato (1976-1981) fue breve, aunque decisivo en todos los órdenes de la vida política española. Se tomaron decisiones de enorme trascendencia, se sentaron los cimientos de una etapa identificada con los principios que regían las democracias más avanzadas del mundo, se arrumbaron con habilidad pasmosa, no exenta de riesgos impensables, las estructuras formales de un régimen de casi cuarenta años, haciendo uso de tácticas que nadie era capaz de presagiar tras la muerte del dictador. Fue una complicada y azarosa peripecia que Adolfo Suárez afrontó casi en solitario, a falta de un partido político que, con la consistencia necesaria, respaldara sin fisuras una acción de gobierno dirigida hacia un objetivo claro a partir de un complejo de decisiones en las que se mezclaban, en dosis más bien aleatorias, la improvisación, la genialidad y la audacia.

Tuvo suerte en disponer a su lado de un grupo de dirigentes leales, que en cada momento supieron apuntar en la dirección correcta, aportando los conocimientos y el prestigio necesarios que permitieran al Presidente del Gobierno, menos preparado que ellos, diseñar y llevar a término, con el coraje que le caracterizaba, sus iniciativas más relevantes. Formaron el núcleo rector de los momentos más difíciles de la transición y sin dudarlo a ellos debe mucho el balance de la experiencia suarista, pues sirvieron para afrontar con fortaleza y viabilidad los tres grandes desafíos en los que vertebró su etapa de gobierno como una solución de continuidad, pues no otra cosa fue, entre la dictadura y la democracia. Me refiero, en concreto, a los logros alcanzados en la normalización constitucional del país (Fernando Abril Martorell), en la voluntad de corrección de las deficiencias funcionales de la Economía (Enrique Fuentes Quintana) y en la supeditación del Ejército a los principios del poder civil democrático, tarea ímproba a la que tanto contribuyeron Manuel Gutiérrez Mellado y Alberto Oliart Saussols.

Surgen estas reflexiones al hilo de la noticia de que el Ayuntamiento de Cebreros pretende construir un Museo a la persona y a la obra de Adolfo Suárez en su pueblo natal. Dejando al margen la polémica partidista que ha aflorado cuando se ha dado a conocer públicamente el proyecto, y sin valorar la fiebre museística omnipresente en todo municipio que se precie, no me parece correcto cuestionar una idea que, en principio, no está mal pues todo lo que sea enaltecer el recuerdo del personaje debe considerarse bienvenido. Sin embargo, tampoco la aplaudo, temeroso de que, lejos de contribuir al objetivo deseado, establezca con el tiempo un contrapunto al reconocimiento de una imagen que debe estar libre de las desatenciones e indiferencias a que a menudo se expone este tipo de muestras, como la experiencia se encarga a menudo de revelar frente a resultados pretendidamente optimistas.

Y es que la figura de Adolfo Suárez forma parte indisociable de la Historia de España y a la par ocupa lugar destacado en las referencias internacionales alusivas al esfuerzo de los pueblos por salir de situaciones de dictadura. Opino que, más que un Museo, la dimensión simbólica que el hijo de Cebreros tuvo en la trayectoria histórica reciente de nuestro país merece una Fundación, que sirviera de aglutinante ideológico de los empeños intelectuales centrados en el significado histórico de la transición y en la defensa de los valores que identifican la calidad democrática, tan necesarios en momentos en que dichos valores se ven con frecuencia preteridos o amenazados.

Mas me temo que eso no es ni será nunca posible. Y no sólo porque las fronteras políticas son hoy tan rígidas que impiden confluencias interpartidarias en esta dirección, sino también porque Adolfo Suárez no ha tenido albaceas ni herederos, que preservaran su legado tal y como él, y quienes le acompañaron, lo concibieron. Tuvo el mérito de desempeñar con éxito su papel en un momento excepcional, único, e improrrogable, de la vida política española, pero ese momento hace tiempo que pasó y los procesos que de él derivaron se corresponden con otros patrones y estilos, que son simplemente distintos. Quizá no lo supo entender, lo que explicaría su desconcierto y decepción ante el hecho de que, sintiéndose admirado y reconocido, sus intentos de regresar a la política, bajo la marca del Centro Democrático y Social, culminasen en el fracaso. Varias veces lo señaló con más amargura que consolación, víctima, al fin, de su propia paradoja: la que le llevó a la contradicción de comprobar de que la estima de que era objeto no se correspondía con el débil respaldo merecido en un contexto político encauzado por derroteros que ya no eran los suyos.

¿ES POSIBLE UN ESTADO INTEGRADOR?

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El Mundo-Diario de Valladolid, 19 de Febrero de 2005

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En el momento político que en la Unión Europea se perfila cuando su proyecto de Tratado Constitucional está a punto de ser sometido a consulta de los ciudadanos, la situación española sigue dando muestras de una patente singularidad, que no deja de sorprender dentro y fuera de nuestras fronteras. Es la excepcionalidad española, tantas veces recogida y valorada en el pensamiento de José Ortega y Manuel Azaña, y que más de un cuarto de siglo después de aprobada la Carta Magna que establece y organiza el sistema democrático vigente, se revela tan inequívoca como las propias evidencias reveladoras de un modelo de organización territorial del Estado que no tiene parangón con ningún otro país del mundo.

Sólo en medio de este panorama pudiera tener su explicación el esfuerzo permanente por encontrar, a través del lenguaje, nada trivial por cierto, las expresiones – “nación de naciones”, “federalismo asimétrico”, “comunidad nacional”, por mencionar las más reiteradas - que mejor cuadren con las características y, sobre todo, con las tendencias de un modelo que, si constitucionalmente está bien definido en sus líneas maestras, presenta, empero, matizaciones que sistemáticamente tratan de adecuarse a las perspectivas interesadas de quienes las plantean como algo permanentemente sujeto a reconsideración. No hay en todo el espacio comunitario europeo una realidad institucional tan profundamente condicionada por un debate fatigosamente centrado en cuestiones y conceptos que la propia evolución histórica ha dejado obsoletos y caducos hace ya mucho tiempo. Y es que además se trata de consideraciones cuya importancia no parece muy congruente con los problemas y los afanes que hoy priman en las preocupaciones de la ciudadanía, mucho más atenta a las perspectivas que permite un mundo abierto que a la esterilidad de disquisiciones que sólo encubren muchas veces intereses enmascarados.

Pues, francamente, ¿tiene sentido seguir hablando de “nacionalidad histórica” o de “pueblo”, cuando la propia dinámica de las sociedades contemporáneas ha convertido a ambas nociones en antiguallas, difícilmente conciliables con una visión objetiva, funcional e innovadora de la realidad?. No son los “pueblos” – entendidos como expresión de esa acepción identitaria que tantos quebrantos ha ocasionado a la historia europea –los que sustentan las formas de convivencia construidas en nuestros días, sino las sociedades, que resultan de estructuras complejas, basadas en el contraste, la multiculturalidad y la integración a partir de procedencias diversas; sociedades en función de las cuales se vertebra un modelo de relaciones en permanente cambio, proclive a la articulación de iniciativas y cohesionada por la voluntad de contribuir, en un espacio de encuentro y cimentado en sus valores distintivos, al desarrollo, lo más fecundo posible, de un proyecto compartido y, por ende, integrador.

Aceptar esta perspectiva equivale a entender que el engarce de la pluralidad estructural española sólo puede llevarse a cabo si se cumple la única premisa que permite asegurar un funcionamiento estable del modelo de convivencia establecido a partir de 1978. Y ésta no es otra que la que imprime al principio de lealtad constitucional un valor y una importancia prevalente respecto a la intencionalidad de cualquier planteamiento que cuestione los fundamentos básicos del sistema en el que ha descansado la etapa de libertad y prosperidad más dilatada de la historia contemporánea de España. Ahora bien, garantizar la pervivencia de este modelo, y la superación de las amenazas que lo cuestionan, implica simultáneamente la adopción de altas dosis de inteligencia y flexibilidad, capaces de garantizar, al amparo de las indudables posibilidades permitidas por la Constitución, el necesario equilibrio que impone la defensa del sistema constitucional con el inevitable buen entendimiento que debe perseguir las relaciones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco.

¿Cómo lograr, por tanto, que este objetivo deje de ser una quimera o aparezca mediatizado por un clima de tensión insoportable para la mayor parte de la ciudadanía española y seguramente también para una fracción significativa de quienes viven en esas Comunidades?. La evolución de la política española nos revela que, en ausencia de mayorías absolutas, la cultura de la negociación se acaba imponiendo por la propia exigencia de los hechos o, mejor aún, por la lógica de la deseable estabilidad. Gobernar en España se ha convertido así para las opciones políticas mayoritarias en una labor complicada, permanentemente abierta a las modificaciones de escenario y a la búsqueda de fórmulas de compromiso que, bajo la presión permanente, se avienen mal con un horizonte a largo plazo, pues ni siquiera cubren el marcado por la legislatura.

El pacto inmediato, puntual, revisable cada poco, tiende a establecer la trayectoria de las reglas de juego, creando un ambiente proclive al desencadenamiento de tensiones que sólo pueden ser conjuradas mediante el acuerdo reactivado y permeable a las nuevas exigencias requeridas por las causas que motivaron su puesta en entredicho. Visto desde fuera puede parecer un mecanismo agotador, pero quizá en la mente de quienes lo protagonizan constituya un hábito asumido, por más que el ejercicio del acuerdo no deba entrar en contradicción con los principios generales en los que ha de basarse su desarrollo, precisamente por el riesgo de desestabilización del sistema que ello pudiera suponer.

En cualquier caso, la experiencia adquirida hasta ahora es muy aleccionadora y ha proporcionado los suficientes elementos de juicio para reflexionar acerca de qué manera es posible abordar la etapa actualmente abierta en la que el proyecto de reforma constitucional va asociado a la modificación prevista de los Estatutos de Autonomía a la par que coincide con el envite de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, que con tanta vehemencia sectaria y ad nauseam personifica el actual lehendakari. Nadie cuestiona que, en efecto, nos encontramos en un momento histórico, crucial y de cuya salida va a depender la solidez del Estado para muchos años. Una salida que no puede ser otra que la decidida voluntad de llevar a cabo una política que, apoyándose en la necesidad de dar coherencia a las decisiones adoptadas en el marco de la pluralidad reconocida – y tan necesaria de consideración como la que distingue a las propias sociedades que habitan las Comunidades Autónomas gobernadas por los partidos nacionalistas - sea al propio tiempo capaz de transmitir la imagen de España como un Estado integrador, eficiente, moderno, solidario y tolerante, en el que todos los ciudadanos tengan cabida, al margen de clientelismos espureos o de presiones reivindicativas, que pueden poner en entredicho a salvaguarda de sus propios intereses.

Es un desafío que concierne ineludiblemente al Gobierno actual del Partido Socialista y que compromete también al resto de las fuerzas políticas. De ahí que, a la vista de lo que nos espera, sea en ese sentido, ahora quizá más que en ningún otro, como habría que plantear en el momento presente por parte de toda la sociedad española aquel “no nos falles” con el que fue recibido José Luis Rodriguez Zapatero en la noche electoral del 14 de Marzo de 2004.