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El Norte de Castilla, 15 de Julio de 2009
Frente a las ambigüedades de que, en opinión de numerosos especialistas, adolecen varios aspectos de la Constitución española hay uno que en su formulación no admite duda. Nada de confusión encierra, en efecto, el Art. 3º cuando, tras subrayar que “el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar”, ratifica la cooficialidad de las demás en sus respectivas Comunidades Autónomas, identificando a las distintas modalidades lingüísticas de España como un patrimonio cultural “que será objeto de especial respeto y protección”. Tratándose, pues, de una cuestión definida con claridad en la norma básica, lo lógico sería pensar que el paso del tiempo, la consolidación del modelo autonómico, el consenso alcanzado en sus directrices primordiales y la propia evolución de la sociedad, abierta a un panorama en el que las identidades coexisten con el desarrollo de vínculos proyectados a escalas más amplias, se han encargado de eliminar viejas reticencias y asumir las ventajas que derivan de las relaciones de complementariedad y enriquecimiento mutuo en un Estado complejo como el nuestro, donde la defensa de todas las sensibilidades culturales se halla suficientemente garantizada. Decir lo contrario es faltar, interesadamente, a la verdad.
De ahí que no dejen de sorprender las sensaciones contradictorias con las que a menudo uno se topa cuando entra en contacto con la realidad catalana. Al menos son las que yo he experimentado durante una reciente visita a Barcelona por motivos profesionales. De un lado, he tenido la oportunidad de conocer y valorar en directo los impresionantes cambios que están teniendo lugar en esa ciudad y su espacio metropolitano. Cambios expresivos de las nuevas perspectivas en que se inscribe el futuro – económico, social y urbanístico- de Barcelona y su área de influencia y que me han permitido ponerme al día, refrescar los análisis, someter a debate y valoración crítica lo que hay que de realidad y lo que, en cambio, permanece sumido en las buenas intenciones. Y es que Barcelona siempre aporta cosas nuevas, provoca curiosidad e induce a la reflexión. No en vano, sigue siendo esa “ciudad de los prodigios”, que con tanta expresividad describió hace tiempo Eduardo Mendoza en una novela que nadie interesado en la Cataluña y en la España moderna debiera dejar de leer.
Sin embargo, la casualidad ha hecho que también pudiera contemplar en su propio escenario las circunstancias que cuestionan el cumplimiento del compromiso a que, en materia lingüística, obliga la lealtad constitucional. La señal de alarma ha estado, en principio, provocada, por el tono virulento que a menudo aflora en el ambiente político, alentado por un discurso intelectual de marcado signo catastrofista. No de otro modo cabría calificar la intervención del último Premi d’Honor de las Lletres Catalanes, el lingüista Joan Solá, que en el Parlamento del Parc de la Ciutadella ha presentado el 1 de Julio un panorama dramático, instando a los legisladores a “actuar en defensa del catalán para que deje de ser una lengua degradada, subordinada políticamente, incansablemente y de mil maneras atacada por los poderes mediáticos, visceralmente rechazada por los otros pueblos de España”. Incluso llegó a decir que “al pactar la Constitución se aceptó que quedara en situación de inferioridad respecto al castellano” (sic), para finalizar con un diagnóstico desolador: “somos una comunidad lingüísticamente enferma desde hace muchos años”, lo que justifica que “debemos estar dispuestos a llegar hasta donde sea preciso para preservar nuestra personalidad”.
El aplauso mayoritario que recibieron estas palabras encontró eco inmediato en la aprobación el mismo día de la Ley de Educación de Catalunya, con los votos de CiU, ERC y el PSC. Cuán lejos ha estado en este momento el socialismo catalán de la actitud mostrada en 1932 por la Juventud Socialistala Universidad del Estado no debe usarse otro idioma que el español”. Pero ahora no ha ocurrido así. Con esta Ley, el catalán se convierte en la lengua vehicular dominante para la transmisión del conocimiento, eliminando la aplicación de la tercera hora de enseñanza del castellano, que establece la normativa estatal. Se trata, en pocas palabras, de “blindar el modelo de la escuela catalana: en lengua y contenidos”, en expresión rotunda de Irene Rigau, portavoz de Educación de Convergencia i Unió.
Acoso, blindaje, preservación a ultranza de la personalidad cuestionada. Palabras contundentes, con cuyo empleo da la impresión de que se trata de defender una fortaleza asediada. Mas, ¿qué hay de verdad en todo ello?, ¿tan grave es el problema que obliga a transgredir los principios constitucionales como si de una situación de emergencia se tratase?. Puesto que interpretarlo desde la perspectiva de Castilla y León pudiera parecer sesgado y en mi ánimo nunca he abrigado el mínimo atisbo de anticatalanismo, me limitaré a traer a colación las elocuentes palabras vertidas sobre el tema por Baltasar Porcel, fallecido el mismo día que los acontecimientos señalados. En su edición de 2 de Julio, la Vanguardia reproducía estas declaraciones del afamado escritor de Andratx: “el catalanismo ha fracasado políticamente. Se ha aferrado a la cultura, la ha instrumentalizado, pero en este país las empresas colectivas siempre fracasan (…). El problema no es la lengua catalana, el problema es Catalunya. Esta sociedad, incluso una parte que se proclama catalanista, no habla, no lee, no siente en catalán. Esta es una sociedad cargada de autoanálisis, autoodio y autoexcusas. El catalanismo es a veces una superestructura que queda despegada de la realidad, que va por otro lado”. Frente a esta reflexión de quien es considerado una de las figuras preeminentes de la cultura catalana ¿qué podría decir yo como simple observador de una política lingüística que respeto aun sin lograr comprenderla?.
