En las cumbres y al pie de la Peña Amaya

El Norte de Castilla, 11 de agosto de 2017

Siempre nos asombró aquel espacio natural por su belleza, por su espectacularidad y por su incuestionable interés científico. Perspicaz y tesonero como era, Jesús García Fernández, Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid, y al que considero mi maestro, tuvo muy claro desde los años sesenta que había que descubrir, conocer e interpretar a fondo ese impresionante muestrario de relieves complejos, labrados por el plegamiento, la fractura y la  erosión en las calizas de la Era Secundaria que configuran el sector meridional de la Montaña Cantábrica en las comarcas septentrionales de Burgos y Palencia. A partir de 1966 puso en marcha un innovador programa de cursos de trabajos de campo encaminados a ese fin. Lo hizo sin otra  ayuda que la proporcionada por su esfuerzo, y contando con su capacidad de iniciativa y con la cooperación del equipo que le acompañó en las laboriosas tareas preparatorias y en la realización del curso celebrado siempre durante la primera decena de julio. La organización de estos cursos, con agotadores recorridos desde diferentes lugares de partida - Villarcayo, Aguilar de Campoo, Villadiego, que posteriormente, y hasta su final en 1998, se ampliaron a la villa soriana de San Leonardo para el estudio de formas similares en el tramo burgalés de la Cordillera Ibérica– supuso un notable avance, admitido y destacado científicamente a gran escala, en las investigaciones aplicadas al estudio de la geomorfología estructural en la Península Ibérica. Varias generaciones de geógrafos, procedentes de todo el país, se dieron  cita en unas convocatorias consideradas esenciales para la formación en el conocimiento del paisaje. De aquella experiencia se obtuvieron valiosas aportaciones, plasmadas en las Memorias que anualmente se realizaban, enriquecidas por la gran profusión de gráficos, croquis y textos con que eran presentadas. Merced a ese trabajo fue posible descubrir, analizar y dar a conocer, con el fundamento necesario,  dos espacios naturales de notable relevancia ecológica: las Montañas de Burgos y Las Loras. Numerosos testimonios, bien publicados o inéditos, así lo corroboran.

            Sin embargo, durante mucho tiempo aquellos resultados no obtuvieron el eco y la atención que merecían. A modo de ejemplo, bastaría recordar la anécdota ocurrida en octubre de 2000, cuando García Fernández y yo asistimos en Burgos a una conferencia impartida por el prestigioso economista palentino Enrique  Fuentes Quintana. Al terminar la intervención Fuentes presentó a García Fernández al entonces presidente del gobierno regional, Juan José Lucas Jiménez, que asistió al acto. Puesto que no le conocía, éste le pregunto a qué se dedicaba. Le faltó tiempo al estudioso del territorio para explayarse con cierto detenimiento sobre  el significado de sus trabajos en las montañas que suscitaban su interés. Sin mediar deseo de aclaración alguna por parte de Lucas, sólo planteó una cuestión tan lacónica como sorprendente: “¿y todo eso para qué sirve?” La respuesta de García fue inmediata: “pues para conocer mejor nuestra región; para interpretar y destacar la importancia de sus valores naturales”. No hubo reacción por parte del político regional. Como en el soneto de Cervantes, “miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.

            El tiempo transcurrido desde entonces no ha hecho sino ratificar el significado de un espacio singular en el conjunto de los paisajes españoles. Numerosos y convincentes han sido los argumentos utilizados para justificar el marchamo de calidad finalmente concedido en mayo de 2017, cuando la UNESCO otorga al espacio configurado por los relieves que responden a la tipología de  las “loras” (grandes sinclinales colgados, que quedan en realce por desmantelamiento de los anticlinales como consecuencia de la erosión) la condición de Geoparque Mundial, una categoría específica y de excelencia, que se apoya en el reconocimiento de la singularidad paisajística como algo excepcional y digno de ser preservado. Es el primer Geoparque asignado a Castilla y León y el undécimo de los que integran este rango en España. García Fernández no ha llegado a conocerlo (falleció en 2006), pero sí los discípulos que le acompañamos en aquellas aventuras, tan lejanas en el tiempo como presentes en la memoria.

            Por lo que he podido observar, la ilusión y las esperanzas suscitadas por el Geoparque están a la altura de la sociedad encargada de preservarlo y de aprovechar al tiempo sus posibilidades. Se trata de un ámbito conocido, bien estudiado, rigurosamente interpretado en sus componentes esenciales, procesos y transformaciones. Un ámbito geográficamente adscrito a las tendencias características de los espacios de montaña media en un entorno territorial afectado por la despoblación y en el contexto de una economía eminentemente agraria. No se puede calificar de rural profundo, aunque sí presenta los rasgos propios de la ruralidad necesitada de estrategias que faciliten la correcta, efectiva y sostenible utilización de sus recursos. Al amparo de las posibilidades permitidas por una sociedad activa, generadora de ideas y capaz de prefigurar los ejes que han de orientar las decisiones hacia el futuro, no puede pasarse por alto la encomiable iniciativa impulsada por Alberto Saiz Arnaiz, cuando el 15 de julio de 2017 actuó de anfitrión de un encuentro multidisciplinar al que tuve el placer de asistir. Científicos y técnicos de diferentes especialidades, empresarios, responsables públicos con experiencia dilatada, agricultores, estudiosos del patrimonio local y regional se dieron cita para debatir durante una jornada muy intensa sobre la realidad del contexto espacial en el que se inserta el complejo del Geoparque. La reunión tuvo lugar en Villadiego. Previamente al debate, que ocupó la mayor parte de la jornada, se efectuó una visita a la Peña Amaya, lugar emblemático y representativo del espacio natural que motivó el encuentro. Desde la cumbre se divisa un panorama espectacular, una síntesis espléndida del paisaje de las “loras”. Hacía más de treinta años que no lo había visitado. Sentí cercana la presencia del maestro, a sabiendas de lo satisfecho que se hubiera sentido en aquella compañía y entusiasmado ante los desafíos a que se enfrenta ese espacio al fin reconocido como se merece.

           

 

Después del incendio

--> -->

El Norte de Castilla, 15 de Agosto de 2009

Pocas imágenes resultan tan dramáticas como las que ofrece un paisaje lacerado por el incendio. Desolación, ruina, fealdad, impotencia, rabia incontenible. Son las sensaciones que se acumulan al comprobar los rastros de la destrucción provocada por el fuego, los efectos catastróficos de su huella tan atroz como inconfundible, tan nefasta como persistente. En estos casos la llama nada purifica, todo queda sumido en la negrura indiferenciada de la naturaleza desprovista de vida y de los matices y contrastes a que esta da lugar.

La tragedia del fuego se ha cebado con España con harta reiteración. Desde que tenemos memoria, el estigma de las llamas devorando el bosque sin control es algo percibido como una realidad insistente en el tiempo, que año tras año se repite como una especie de maleficio, hasta convertirse en una de las manifestaciones más dramáticas de la catástrofe ambiental en España, el país que ostenta la primacía de un hecho tan grave dentro del mundo mediterráneo. Y es que sobrecoge pensar lo que supone la ruina de un escenario natural construido laboriosa y lentamente a lo largo de ese tiempo prolongado que los elementos naturales, vivos y dinámicos, necesitan para configurar la trabazón en la que se asienta su personalidad ecológica, a sabiendas de que las interacciones que tienen lugar en él se encuentran permanentemente amenazadas por la intervención desestabilizadora ejercida por la acción humana o el accidente natural.

La magnitud del problema asociada al fuego, que en este año ha elevado la dimensión de la superficie afectada por encima de las 70.000 Has., hasta duplicar con creces la del año anterior, nos vuelve a situar una vez más ante una tragedia ambiental a la que nunca se podrá responder con la resignación o la indiferencia. No valen estas actitudes cuando la cifra se mantiene en niveles altísimos de incidencia (3.857 incendios a finales de julio 2009), tiende a incrementarse la superficie arrasada, al superar las 500 Has. de promedio, y su impacto desencadena efectos devastadores en áreas de especial calidad paisajística y medioambiental. Todos los incendios son lamentables, pero el hecho de que este año hayan sido pasto de las llamas comarcas tan emblemáticas como la turolense de Aliaga, el sector central de Las Hurdes extremeñas o la isla de La Palma eleva la gravedad del problema a la dimensión más preocupante y crítica, en la medida en que se trata de espacios naturales cuyo acreditado valor ambiental les proporciona ese atractivo en el que se amparan y en torno al cual gravita esa oferta de ocio tan costosamente fabricada como la opción capaz de superar las limitaciones históricas de su nivel de desarrollo.

Definen, desde luego, la misma realidad que al tiempo encontramos en el Valle del Tiétar abulense, víctima también de una catástrofe que se ha saldado con vidas humanas y con la devastación de uno de los ámbitos más singulares y representativos de la riqueza natural de las montañas españolas y de Castilla y León. Basta imaginar la nueva perspectiva que se divisa desde el Puerto de El Pico para sentir una verdadera conmoción. Quien se haya asomado alguna vez a ese balcón que invita a mirar en todas las direcciones, ampliando sobremanera los horizontes hacia los que se abre un riquísimo muestrario de estructuras y formas de vida en uno de los tramos más bellos y espectaculares de la Cordillera Central, no podrá por menos de tener ahora la terrible sensación de que una parte sustancial de sus experiencias viajeras más apetecidas se ha ido para siempre. Cuesta mucho hacerse a la idea de que las encinas, los castaños y los robledales, los alisos, abedules, álamos y fresnos, las pinedas y los piornales, y la interesante masa arbustiva y zoológica que los acompaña, han desaparecido o han sufrido la mella del impacto que dificulta o irreversiblemente paraliza sus procesos vegetativos.

Bien sabemos que el incendio es una ruptura brutal en la historia del paisaje. “Cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor conde”: así decía hace años una afamada viñeta humorística de El Perich, añadiendo esa alusión al aristócrata propietario en un anuncio oficial. No es verdad. Cuando eso ocurre, valores esenciales de nuestra cultura, cimentada en la percepción de una realidad física avalorada, se altera y se destruye. Y, aunque es cierto que la naturaleza es indómita y tiende a regenerarse, lo hace lentamente, los elementos que configuran su personalidad tienden a quedar distorsionados durante mucho tiempo por las consecuencias de una catástrofe que siempre se acompaña de resultados lesivos para el restablecimiento de los equilibrios perdidos y que tanto ha costado mantener.

Ante un escenario de alto riesgo como el que afecta a la España Mediterránea todas las cautelas son pocas cuando se trata de afrontar un riesgo que, aunque en su desencadenamiento se identifica con una determinada época del año, debe formar parte de las estrategias de conservación de la naturaleza de manera permanente, sin solución de continuidad. Conscientes de que el modelo de preservación de los ecosistemas naturales no puede ya responder a las pautas de gestión propias de una sociedad ruralizada, que tampoco, como nos recordaba el conocido poema de Antonio Machado -“el hombre de estos campos que incendia los pinares/ y su despojo aguarda como botín de guerra/ antaño hubo raído los negros encinares/ talado los robustos robledos de la sierra”-, era demasiado respetuosa con el bosque, se impone la búsqueda de la máxima eficacia y operatividad en la aplicación de los instrumentos de lucha contra el riesgo derivado del fuego en función, más allá de las inevitables medidas sancionadoras, de la relación de estrecha complementariedad que quepa establecer entre la investigación científica y la intervención pública, sin olvidar la relevancia que en este compromiso ha de asignarse también a la iniciativa privada.

Pues si hoy sabemos que las técnicas de teledetección permiten advertencias de plena fiabilidad en tiempo real, no es menos cierto que el esfuerzo que en este sentido compete a los programas preventivos, a medio y largo plazo, organizados y financiados sin tibieza por las Comunidades Autónomas resulta de primordial importancia. En suma, serían los que, en buena lógica, debieran sustentar los planes de innovación aplicados a la gestión integral del bosque, la cooperación entre las administraciones públicas implicadas y la sensibilidad ciudadana mediante señales de alerta más efectivas y contundentes que las hasta ahora llevadas a cabo.

EL TERRITORIO NO SE MERECE ESTO

El Norte de Castilla, 15 de Mayo de 2009

"E l territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras».

Con esta reflexión comienza el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio que un grupo de profesionales relacionados con el tema (geógrafos, arquitectos, ingenieros y sociólogos fundamentalmente) suscribimos en Mayo del 2006 con el fin de llamar la atención sobre la gravedad de los impactos que estaban teniendo lugar en España como consecuencia de actuaciones que lesionaban la calidad del territorio, daban origen a procesos de transformación contradictorios con las características del entorno y alteraban de manera irreversible la personalidad distintiva de los paisajes.

Se trataba, en cualquier caso, de poner en evidencia un hecho que por desgracia ha llegado a identificar a nuestro país sobremanera. Me refiero a esa pobreza preocupante que tiene la cultura territorial existente en España, plagada de tópicos, incorrecciones e insensibilidades, sin duda como consecuencia de errores u omisiones inconcebibles en el proceso de formación o posiblemente también como resultado de esa propensión a ver el impacto de los procesos de transformación a corto plazo sin plantearnos, con la seriedad necesaria, sus implicaciones hacia el futuro. Ambas posturas han ido, en mi opinión, entrelazadas; de ahí que, en buena medida, la intensidad de la crisis a que nos enfrentamos tiene mucho que ver con esa actitud renuente a mirar más allá de lo inmediato cuando sus oropeles ocultan lo que puede suceder en el caso de que las coyunturas favorables dejen de serlo.

A esa visión respetuosa con los rasgos que definen a un espacio y clarificadora de hasta dónde y cómo se puede actuar para que los objetivos de desarrollo, calidad y bienestar se cumplan, y con la mirada puesta en la mejor relación posible entre la sociedad, la economía y el entorno, se denomina Ordenación del Territorio. Concepto fraguado en la Europa occidental, más riguroso y pertinente que el de simple 'gestión' con que a veces se plantea, el hecho de ordenar el territorio, como expresión de una voluntad política de regulación de los procesos con incidencia territorial, implica un doble e inexcusable requisito. De un lado, reconocimiento de la trascendencia que acompaña a las intervenciones previstas, a sabiendas de que cualquier actuación indebida puede ocasionar, en virtud de su irreversibilidad, deterioros muy difíciles o imposibles de corregir; y, de otro, sólido rigor en los análisis que sustentan el conocimiento de la realidad, entendiéndola como algo específico, singular, cuyo estudio debe ser abordado con criterios tan claros como bien fundamentados.

La Ordenación del Territorio es siempre un desafío permanente para las administraciones públicas, en los distintos eslabones de la trama decisional. Por tanto, todas las preocupaciones son pocas cuando de planificar las iniciativas de transformación se trata. El crédito de la autoridad institucional se refuerza cuando establece mecanismos de asesoramiento refractarios a la frivolidad y, menos aún, a la estafa de quienes tratan de ofrecer ganga por mena. Y es que la toma de decisiones en este delicado terreno exige información elaborada con plena garantía y fiabilidad, lo que lleva a la consideración de que cuando eso no sucede quienes orientan sobre lo que ha de hacerse sin los requisitos exigibles a un estudio serio pueden partir de la sensación previa de que las cautelas y las exigencias son demasiado laxas o no tan rigurosas como se debiera.

Sabemos que esto ha ocurrido en muchos lugares de España, donde los informes realizados para sustentar las políticas a seguir han carecido de los requisitos de calidad exigibles ya que el nivel de tolerancia que se presumía por parte del destinatario era grande. Quiero pensar, e incluso estoy seguro de ello, de que no es el caso ante la sorpresa provocada por las increíbles deficiencias técnicas que ofrecen las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central, que, al presentarse a información pública, tras ser aprobadas en primera instancia por la Junta de Castilla y León, han demostrado ser un verdadero despropósito. La responsabilidad de su elaboración ha correspondido a una consultora privada, de frecuente presencia en el panorama de los estudios territoriales en nuestra comunidad autónoma. Carezco de argumentos para saber si lo sucedido es moneda corriente o un caso aislado, pero de lo que no cabe duda es que lo detectado supone una advertencia muy seria que habrá que tener en cuenta.

No se puede tolerar la trivialización con un tema tan sensible y del que dependen la correcta decisión y el buen gobierno del territorio. Efectuar estudios encaminados a la mejor ordenación del espacio no debe ser nunca un ejercicio baladí. Requiere rigor científico, metodologías solventes, credibilidad técnica y seriedad en la presentación de resultados. Hacerlo de otro modo, como ahora ha sucedido en el caso que nos ocupa, supone precisamente todo lo contrario: falta de profesionalidad, ausencia de respeto hacia el cliente y menosprecio por el ámbito espacial que se trata de analizar y ordenar. El territorio no se merece este tipo de prácticas. Castilla y León tampoco.

URBANISMO ABUSIVO E INDIFERENCIA PÚBLICA

El Norte de Castilla, 30 de Abril de 2009

A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.

Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.

No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.

Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.

¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.

Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno.

Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.

Paisajes maltratados

El Mundo-Diario de Valladolid, 11 de Enero de 2006

De una u otra manera, con mayor o menor acierto, todos hemos sido educados en la percepción de los paisajes. Nuestras vivencias aparecen siempre asociadas a un modo de entender, interpretar y valorar la realidad espacial que nos rodea. No hay experiencia sin paisaje imbricado en ella, ni reflexión que no sea efectuada a partir de la referencia geográfica que la motiva. Tanto es así que parece imposible recordar los hechos que nos sucedieron en un determinado momento sin tener presentes al tiempo las características del ámbito en el que tuvieron lugar, y que en medida nada desdeñable ayudan a entenderlos y a conservarlos en la memoria. Somos, pues, tributarios directos de lo que sucede en nuestro entorno, de suerte que nuestra cultura territorial se enriquece a medida que sabemos entender las otras culturas, expresivas de realidades que nos alertan sobre el significado de la diferencia, la magnitud de los contrastes, la utilidad creativa de la experiencia comparada. Nos enseña a relativizar los conocimientos, que precisamente se fortalecen cuando los asumimos como partes integrantes de un todo complejo, bien estructurado e incluyente.

Esenciales, por tanto, en la maduración de la personalidad, la imagen que tengamos de cada uno de ellos constituye un elemento primordial de nuestra propia sensibilidad, que precisamente se fragua a medida que asimilamos los valores que los distinguen. De ahí la necesidad de subrayar hasta qué punto de la calidad de los paisajes depende también la de nuestra propia cultura, que no es sino la manifestación de los comportamientos que nos permiten enriquecernos con el entorno tanto individual como colectivamente.

Debemos advertir, sin embargo, que en el territorio español los valores que encierra la noción de paisaje, clave a la hora de definir la fortaleza de un proceso educativo que obliga a la beligerancia a favor de los aspectos que en mayor medida lo cualifican, no gozan en los momentos actuales de buena salud. No en vano al toparnos con la realidad circundante y analizar con espíritu crítico cuanto se hace a nuestro alrededor la imagen cualitativamente pretendida se desvanece para abrir paso a un panorama en el que las diferentes modalidades de agresión derivan en deterioros tan graves como generalizados. Asistimos al apogeo de acciones simplificadoras y banales, que, concibiendo el cambio de uso del espacio como algo ajeno a cualquier tipo de restricción, tienden ostensiblemente a prevalecer frente a las que, en cambio, preconizan la defensa y salvaguarda de los valores paisajísticos o a las que lo entienden como un conjunto integral, formado por componentes indisociables.

A poco que en nuestro país se profundice en el seguimiento de la cuestión, no es difícil asustarse ante la magnitud de las barbaridades que se están cometiendo en nombre de no sé sabe muy bien qué progreso o desarrollo. Por doquier, y con excepciones contadísimas, asistimos desde hace unos años a la proliferación errática de intervenciones sobre el territorio marcadas por un denominador común: la ocupación y consumo desenfrenados del espacio a través de promociones inmobiliarias ante las que no se establecen otros límites que los determinados por los mismos intereses y criterios sobre los que se sustentan. Si los datos numéricos registrados al respecto son más que elocuentes, pues sitúan a España, y con asombrosa diferencia, en la cabeza de los países europeos por el volumen de edificación llevada a cabo, el problema no estriba tanto en la dimensión cuantitativa del fenómeno como en las implicaciones que desde el punto de vista estratégico, cultural y medioambiental traducen una peculiar forma de entender las relaciones entre sociedad, desarrollo y territorio marcadas por tres tendencias francamente preocupantes y entre las que se impone una urdimbre lógica muy bien definida.

La primera tiene mucho que ver con la ausencia absoluta de cultura y de sensibilidad territorial con la que se acometen la mayor parte de las actuaciones. Aparecen como la manifestación fehaciente de una falta de respeto y de consideración por el entorno en el que se llevan a cabo. La ausencia de evaluaciones de impacto ambiental resulta con frecuencia tan grave como el incumplimiento de las que se realizan, que o bien son cuestionadas por restrictivas de la liberalidad edificatoria o se acomodan en sus indicaciones a los objetivos de quienes las demandan, evitando así cualquier obstáculo que entorpezca el objetivo deseado.

En segundo lugar, es evidente que en el modo de concebir la decisión prima casi siempre la perspectiva a corto plazo, la inmediatez de los resultados, con independencia de sus implicaciones hacia el futuro. Y no sorprende que esto ocurra por la sencilla razón de que esta visión cortoplacista que rige la ocupación desbordada y congestiva del espacio viene impuesta por la circunstancia, realmente grave, de que el poder de decisión, la capacidad de iniciativa real, ha cambiado de manos. Los promotores inmobiliarios se han adueñado del territorio y han ido cercenando, a la par que mediatizando en función de sus intereses, al poder municipal, que se pliega ante hechos de los que se sólo percibe su rentabilidad inmediata. La experiencia de nuestro pais sobreabunda en irregularidades de este tipo y de hecho son muy pocos los municipios, tanto urbanos como rurales, que resisten a la constatación de esta tendencia generalizada. Y, por lo que se ve, las diferencias políticas parecen diluirse en aras de una tendencia a la homogeneización de estrategias que, si en parte encuentra uno de sus fundamentos primordiales en los problemas de suficiencia financiera a que se enfrentan de las administraciones locales, no es menos cierto que a la par acaba siendo asumido como algo meritorio y digno de reconocimiento, asociándolo demagógicamente a un presunto “desarrollo” mediante campañas de manipulación informativa y de marketing grandilocuente, en las que la opacidad de las intenciones marcha en paralelo con la propia consolidación del entramado de intereses e influencias que a la postre acaban configurando el modelo de ciudad que se pretende por parte de unos pocos frente a los intereses y las preocupaciones de la mayoría.

Hay que recurrir a estos argumentos para comprender el tercero de los pilares en los que se apoya esta situación. Me refiero a la visión fragmentaria y reduccionista con que se abordan la gestión del patrimonio y de los recursos territoriales, y, por ende, las propias políticas urbanas. En pocas palabras, puede decirse que se ha procedido a la sustitución del paisaje, en su dimensión más noble e integradora, por la intervención puntual, comúnmente asociada a la monumentalidad de las iniciativas (esas arquitecturas de la retórica de las que habla Herzog) o a la preservación más o menos cuidada de las áreas emblemáticas, tal y como se expresa en las políticas de rehabilitación de los centros históricos, aunque aquí tampoco sea oro todo lo que reluce. Conservar y atender lo que atrae turisticamente o recurrir a la escenografía que depara la espectacularidad de un edificio determinado, más allá de su funcionalidad y coste, suponen tal vez un alivio frente a la mala conciencia que pudiera provocar el tratamiento especulativo sobre el suelo público o el hacinamiento y el deterioro estético a que se ven sometidas las periferias, donde el concepto de ordenación del territorio, tal y como está concebido en la Estrategia Territorial Europea, sufre hoy en España de las mayores aberraciones.

Ante una situación como la que nos ocupa, inequívocamente marcada por el encarecimiento brutal de la vivienda, por el desencadenamiento de escandalosos procesos especulativos, por la destrucción irreversible de espacios de gran valor ambiental o por la hipertrofia de un mercado hipotecario que en los últimos años ha crecido exponencialmente, cabe lamentar que los ciudadanos, inermes, masivamente endeudados, y por más que de manera individual manifiesten una actitud crítica, han acabado adoptando colectivamente un resignado silencio, convencidos de que frente a tales atropellos muy poco o casi nada se puede hacer.

Una reflexión sobre la realidad urbana contemporánea

El Norte de Castilla, 19-21 de Mayo de 1991

Muchas de las tensiones que aque­jan a la sociedad contemporánea tie­nen su raíz en los problemas plantea­dos en torno al hecho urbano, verda­dero catalizador de las preocupacio­nes esenciales de nuestro tiempo y fenómeno desencadenante de conflic­tos múltiples, asociados a la compleji­dad de sus dinamismos intrínsecos y a las disparidades de toda índole que, como consecuencia de ello, tienen lu­gar en la ciudad moderna. Mas tam­bién es cierto que a medida que ésta se afianza como el escenario preferente de residencia y el ámbito primordial de relación social y económica de nuestro tiempo, todo lo concerniente al desarrollo y organización de las formas de vida urbanas se inscribe por fuerza en un panorama de afanes com­partidos, convergentes unas veces y enfrentados otras, que a nadie puede dejar indiferente, so pena de incurrir en posturas aislacionistas, que siem­pre van en detrimento de la defensa de los propios intereses, tanto en su ver­tiente particular como colectiva. Bajo estas premisas, la sensación de perte­nencia a un espacio de uso común, vertebrado a partir de una realidad heterogénea, cobra una importancia indiscutible, que se transmite desde el ciudadano individual hasta los órga­nos de decisión política, en un proceso constante de interacción y enriqueci­miento mutuos, sólo realmente fecun­do cuando estas aportaciones, emana­das de uno y otro lado, se organizan en un contexto democrático, abierto y plenamente participativo.

En esencia, la necesidad de alentar al máximo este intercambio fluido de posiciones diversas viene exigida por la progresiva reafirmación de un mo­delo interpretativo de la ciudad, que obligadamente ha de poner fin a la visión restrictiva y en cierto modo unidimensional que tradicionalmente ha caracterizado el entendimiento de las relaciones entre la sociedad y el entorno urbano en que ésta se desen­vuelve. Es decir, asistimos al tránsito desde una concepción unilateralmente dirigista, basada en las pautas impuestas por unos pocos a otra en la que primen los principios de participa­ción, emanados de la propia sociedad y de sus órganos más directamente representativos. Sólo así es posible conceder toda su validez a las reflexio­nes que abogan por la superación de un planteamiento eminentemente centrado en la mera expansión cuanti­tativa de las magnitudes demográficas y económicas, al margen de las impli­caciones sociales y ambientales que a menudo ello traía consigo", para, en su lugar, insistir en la defensa de una actitud más crítica y vigilante frente a las posturas defensoras de la lógica estricta del crecimiento a toda costa. De hecho esta idea no hace sino res­ponder a la comprobación de que más allá de los optimismos que deparan las situaciones expansivas a corto plazo, los comportamientos simplemente acumulativos propenden, cuando se contemplan con un horizonte más amplio, a la génesis de fuertes contra­dicciones y deseconomías internas, que amenazan incluso con poner en entredicho la propia capacidad del entorno urbano para cumplir satisfac­toriamente las necesidades que le im­pone el mismo cuerpo social.

Si estas reflexiones se han incorpo­rado desde hace tiempo a la esfera de actuaciones asumidas por los elemen­tos responsables de la gestión en las ciudades europeas, tardíamente ob­servamos, en cambio, su asimilación decidida al ámbito concreto de la rea­lidad urbana española. Y aunque no cabe duda que el espíritu que anima a la concepción de numerosos planes urbanísticos traduce en teoría una cre­ciente sensibilidad por este tipo de cuestiones, no son infrecuentes, cuan­do se desciende al análisis de casos concretos, los reiterados incumpli­mientos de los objetivos previstos, con frecuencia sacrificados al logro de realizaciones espectaculares inmedia­tas, cuya falta de cohesión y exceso de voluntarismo modifican con brusque­dad la ya ampliamente deteriorada armonía urbana, al tiempo que evi­dencian el mantenimiento de una estrategia todavía en exceso supeditada a la satisfacción de los intereses espe­culativamente defendidos por un sec­tor minoritario de la sociedad.

No es ocioso, en estas circunstan­cias, plantearse hasta qué punto resul­ta preciso modificar con urgencia tales parámetros de conducta y, en conso­nancia con el sentido de las apremian­tes exigencias sociales, subrayar la ne­cesidad de promover estrategias de actuación nuevas capaces de insertar la dinámica de nuestras ciudades en un marco de referencia teórico apoya­do en la idea de solidaridad y en la defensa primordial de los intereses colectivos. No es ésta, en verdad, una pretensión utópica, sino una postura firmemente sustentada en la con­gruencia establecida entre los dos principios que, en mi opinión, mejor identifican en nuestros días la formu­lación explícita de una política urbana progresista, indispensable si realmen­te se desea alcanzar el desarrollo con­diciones de calidad de vida con una proyección socialmente mayoritaria.

Se trata, por un lado, de revitalizar y otorgar su pleno contenido operati­vo al concepto de «Medio Ambiente Urbano», entendido en su acepción más global e integradora. Frente al cúmulo de situaciones de deterioro ambiental en que se hayan incursas prácticamente todas las ciudades, abogar por el despliegue de medidas preventivas y correctoras de las altera­ciones más lesivas para el buen funcio­namiento del entorno constituye no sólo un objetivo irrenunciabie sino a la par el soporte básico en el que se han de apoyar las políticas de intervención programadas. A este respecto, no ha lugar a la improvisación ni a un derro­che de originalidad en la formulación de las propuestas: bastaría simple­mente con hacer efectiva y técnica­mente aplicable la metodología pro­pugnada por el Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano que el pasa­do año elaboró la Comisión de las Comunidades Europeas en un decidi­do afán por potenciar el nacimiento de una reflexión fecunda sobre el alcance de las dinámicas observadas y de cons­truir, en función de ella, un modelo susceptible de fundamentar las líneas maestras de reorganización del espa­cio urbano, obviamente acomodadas a las particularidades de cada escena­rio concreto y a sus problemáticas específicas.

¿Cómo cuestionar, entonces, la va­lidez de ese desglose, claramente efec­tivo, entre medidas orientadas a la reorganización de la estructura física de la ciudad y las que tienen como finalidad directa el control de las inci­dencias provocadas por las activida­des urbanas sobre el medio ambiente? Bajo ambos epígrafes aparecen con­templados e integrados los grandes temas que hoy preocupan al ciudada­no y frente a los cuales ninguna Admi­nistración puede honestamente per­manecer impasible. Si en el primer caso, las ventajas de una visión globalizadora consigue unificar las induda­bles conexiones existentes entre la pla­nificación del crecimiento, la correc­ción de los problemas de vivienda, la ordenación del transporte, la protección del patrimonio y la revalorización de los espacios de inte­rés ecológico, no es menor la validez que se otorga, en el segundo, a todo lo relacionado con la adecuada articula­ción del espacio de uso industrial, con el abastecimiento y calidad del agua y con el tratamiento de los residuos. Ciertamente tras cada uno de estos epígrafes subyace una casuística com­pleja y una tipología de problemas planteados a diversas escalas, cuya resolución precisa de análisis riguro­sos, sensibles a la realidad territorial y, por supuesto, de la adopción de inicia­tivas abordadas con auténtica volun­tad resolutoria, ya que sólo mediante la firmeza de las decisiones será posi­ble acometer con éxito programas de actuación ambiental verdaderamente efectivos.

Hasta tal punto es importante, en coherencia con lo subrayado en el artículo anterior, el logro de avances significativos desde la perspectiva am­biental que de ello depende en gran medida la posibilidad de efectuar el salto cualitativo hacia el otro de los grandes principios sobre los que se asienta la construcción de una reali­dad urbana solidaria. Me refiero, lógi­camente, al proyecto de hacer de la ciudad del espacio organizativo de una vida comunitaria socialmente integra­da. Este deseo trasciende a la mera consideración de una forma de convi­vencia forzosamente constituida a partir de una multiplicidad de elemen­tos disociados, que especialmente coe­xisten en situaciones de armonía aparente y más o menos estable, relativizadas por la función que cada uno de ellos desempeña en el organigrama socio-productivo. Sin ignorar el valor de los conflictos que difícilmente po­drán ser evitados en un contexto regi­do por la pluralidad de intereses y por la propensión a la defensa de las posi­ciones individualistas, entiendo que jamás una política urbana deberá re­nunciar a la puesta en práctica de los mecanismos que permitan superar esa tendencia a la «sociedad desintegrada en soledades individuales», a la que tan críticamente se ha referido Carlos Gurméndez.

Frente a estas actitudes .sólo cabe reivindicar el valor de contrapeso que sin duda pueden ejercer, no a demasia­do largo plazo, los intentos por crear ese ámbito de convivencia favorece­dor de una identificación del ciudada­no con el espacio en el que vive, compartiendo afanes comunes, inter­viniendo activamente en cuantas ini­ciativas sean capaces de enriquecer un panorama cultural cada vez más abierto a sus preocupaciones y sensibi­lidades, estableciendo, en fin, fórmu­las de cohesión en sus diferentes esfe­ras de comportamiento. Lo cual ha de estar firmemente cimentado en el am­plio margen de posibilidades que sin duda derivan de la conciencia de per­tenecer a un espacio urbano no repul­sivo sino integrador de voluntades heterogéneas y a la vez estimulante para la materialización de proyectos compartidos.

Se trata, dicho de otro modo, de abundar en la idea de «ciudad recupe­rada», durante mucho tiempo maltre­cha o desvaída en nuestro país,, y que sólo desde la democratización de los ayuntamientos está siendo posible rescatar gradualmente del olvido, no sin esfuerzos y vacilaciones. Y es que la «recuperación» de la ciudad por el ciudadano facilita, al sentirse éste par­tícipe y protagonista de cuanto aconte­ce en un contexto espacial concebido como propio, la aparición de potencia­lidades inéditas, que estimulan la for­mulación de propuestas encaminadas tanto a la mejora de la calidad de vida como a la creación de un escenario adecuado para la materialización de alternativas de desarrollo económico. Alternativas especialmente necesarias en una etapa de fuerte competencia interurbana como la que actualmente preside la situación de las ciudades españolas, y sobre todo de aquellas empeñadas en potenciar su atractivo mediante la puesta en práctica de nue­vas expectativas de futuro.

Aplicar los planteamientos señala­dos al caso vallisoletano es una tarea tan ambiciosa como apasionante. Y perentoria también. El diagnóstico que hoy po­demos hacer sobre Valladolid,- ya consolidada su personali­dad y defini­das las gran­des directri­ces que en el tiempo han inspirado su específica ordenación espacial, no arroja un ba­lance optimista, como consecuen­cia de los graves condicionamientos de todo orden hereda­dos de una etapa en la que la respuesta inmediata al crecimiento económico provocó la génesis de una ciudad caó­tica, repleta de contradicciones y dis­parates urbanísticos y ambientales. Muchos de ellos son fenómenos irre­versibles, que marcarán para siempre el deterioro de su fisonomía interna como uno de de sus rasgos más distin­tivos. Pero también es cierto que des­de 1979, por más que la crítica -ese «arma irrenunciable», como diría Malraux- siga estando plenamente justificada, Valladolid ha cobrado una nueva dimensión, en un intento cons­ciente por paliar en lo posible las enormes servidumbres heredadas e insertar a la ciudad en un panorama encaminado a la revitalización de su prestigio y a la creación de un entorno más favorable para la convivencia y la reflexión.

Digamos, en todo caso, que paulati­namente se han ido fraguando los cimientos sobre los que edificar un sentimiento de identificación, del que hasta hace bien poco se carecía. Pues no en vano había sido entorpecido como consecuencia de la actitud de rechazo provocada no tanto por el carácter foráneo de la mayor parte de sus residentes, reproduciendo así los hábitos tan usuales en enclaves masi­vamente nutridos por la emigración, como, sobre todo, por el escaso poder integrador que era capaz de ejercer un tipo de evolución urbanística favora­ble a las segregaciones sociales y a la acentuación de los antagonismos, has­ta cristalizar en un modelo de ciudad constituido por elementos espaciales múltiples con muy deficiente o nula vertebración entre sí. Si, por tanto, la consideración de Valladolid como espacio urbano pro­gresivamente asumido por el conjun­to de la población está ligada al proce­so lógico de asimilación que depara la existencia de una realidad fuertemen­te consolidada y a las ventajas de una forma de actuación que ha manifesta­do en numerosas ocasiones una predisposición clara al reconocimien­to de las demandas planteadas por la base social, el reto que se inicia a partir de ahora resulta crucialmente decisi­vo. Culminar la tarea iniciada en el sentido señalado, sin rupturas ni invo­luciones, tal vez sea uno de los objeti­vos primordiales, como requisito pre­vio para abordar con resultados satis­factorios los tres grandes epígrafes que, a mi juicio, simbolizan las líneas básicas en que ha de encuadrarse el tratamiento de la actual problemática vallisoletana.

De un lado, se ha de abordar con decisión y sensibilidad política las si­tuaciones críticas aún existentes en esa constelación de barrios periféricos, que, componentes fundamentales de la trama urbana y generadores con frecuencia de sólidas cohesiones inter­nas que no se pueden eludir en la toma de decisiones, son al tiempo la expre­sión fidedigna y permanente de las múltiples malformaciones legadas por la etapa desarrollista y más desafora­damente especulativa, y cuyas caren­cias ostensibles deben inscribirse sin demora entre las preocupaciones prio­ritarias de la ciudad, entre otras razo­nes porque albergan el conjunto de­mográfica y sociológicamente más re­presentativo.

De otro, es obvio que las fórmulas orientadas a facilitar la integración de la sociedad tienen en la dimensión cultural de las actuaciones una clave de referencia obligada, apo­yada en la necesaria concertación de propuestas e iniciativas, que la con­viertan en algo plenamente participativo y ajeno a cualquier elitismo excluyente, y a la vez proyec­tada con una visión respetuosa y defensora a ultranza del patri­monio históri­co, que haga po­sible la preser­vación de los testimonios re­siduales de la ri­queza arquitec­tónica que, has­ta hace bien po­co gravemente lesionada en una parte muy significativa por la remodelación o el abandono, sigue representando el so­porte más emblemático de la propia personalidad urbana.

Y, por último, sería un grave error hacer caso omiso de la hipótesis de que el futuro de Valladolid pudiera quedar seriamente mediatizado si no se procede a la corrección drástica de las deficiencias ambientales que tanto alteran y distorsionan sus potenciales capacidades para proporcionar una adecuada cali­dad de vida. Ruido, tráfico y agua definen la trilogía de las medidas de intervención deseables a corto plazo en una ciudad que acusa con especial gravedad los efectos de la difícil armo­nización planteada entre las caracte­rísticas del entorno y los impactos provocados sobre él. Y con un hori­zonte temporal que tampoco puede ser demasiado dilatado, es obvio que la calidad preconizada se identifica plenamente con la resolución de los déficits de que adolece el nivel de equipamientos en las áreas más nece­sitadas y con la búsqueda de solucio­nes efectivas al crónico problema de la vivienda, al que se ven con impoten­cia enfrentados amplios sectores de la sociedad, convirtiéndolo en uno de los aspectos primordiales de cualquier es­trategia de gestión merecedora del apoyo popular.

No son pocas, en suma, las dificul­tades que en los momentos actuales condicionan la reorganización solida­ria de los espacios urbanos contempo­ráneos. Su creciente complejidad y la confrontación de intereses en juego crean un marco de actuación difícil­mente abordable mediante el diseño de fórmulas simplificadoras de la rea­lidad. Se requieren, en cambio, solu­ciones imaginativas, un conocimiento y evaluación rigurosos de los proble­mas existentes, la elaboración de pro­gramas bien vertebrados y, ante todo, la voluntad firme de llevarlos a cabo. Definitivamente cuestionada la etapa de las decisiones unilaterales, casi siempre sostenidas por los grupos de presión más fuertes y exclusivistas, parece llegado el momento de la concertación, como requisito ineludible si se desea hacer de la ciudad un ámbito capaz de favorecer la permanente y fecunda convergencia de los afanes colectivos.

Consciente de ello, el ciu­dadano dispone ya de suficientes ele­mentos de juicio para ponderar el margen de sinceridad de las propues­tas que se le ofrecen y el grado de sintonía y sensibilidad que quienes las brindan manifiestan con la problemá­tica suscitada. Para decantar en nues­tro caso la opinión al respecto, basta­ría tan sólo con analizar la historia reciente de Valladolid, desde los años sesenta hasta nuestros días, para ver hasta qué punto los dos modelos de ciudad que se han configurado en el tiempo, ambos separados por el hiato que inicia el proceso de democratiza­ción de la gestión municipal, respon­den a filosofías antagónicas, cuyas po­sibles líneas de comportamiento y de concepción de la ciudad ha de ser enjuiciadas como criterios estimati­vos de las directrices que una y otra habrán de ser capaces de imprimir hacia un futuro inmediato. Un futuro que, de ningún modo, puede quedar a merced de posiciones demagógicas o de mero arbitrismo político.