Después del incendio

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El Norte de Castilla, 15 de Agosto de 2009

Pocas imágenes resultan tan dramáticas como las que ofrece un paisaje lacerado por el incendio. Desolación, ruina, fealdad, impotencia, rabia incontenible. Son las sensaciones que se acumulan al comprobar los rastros de la destrucción provocada por el fuego, los efectos catastróficos de su huella tan atroz como inconfundible, tan nefasta como persistente. En estos casos la llama nada purifica, todo queda sumido en la negrura indiferenciada de la naturaleza desprovista de vida y de los matices y contrastes a que esta da lugar.

La tragedia del fuego se ha cebado con España con harta reiteración. Desde que tenemos memoria, el estigma de las llamas devorando el bosque sin control es algo percibido como una realidad insistente en el tiempo, que año tras año se repite como una especie de maleficio, hasta convertirse en una de las manifestaciones más dramáticas de la catástrofe ambiental en España, el país que ostenta la primacía de un hecho tan grave dentro del mundo mediterráneo. Y es que sobrecoge pensar lo que supone la ruina de un escenario natural construido laboriosa y lentamente a lo largo de ese tiempo prolongado que los elementos naturales, vivos y dinámicos, necesitan para configurar la trabazón en la que se asienta su personalidad ecológica, a sabiendas de que las interacciones que tienen lugar en él se encuentran permanentemente amenazadas por la intervención desestabilizadora ejercida por la acción humana o el accidente natural.

La magnitud del problema asociada al fuego, que en este año ha elevado la dimensión de la superficie afectada por encima de las 70.000 Has., hasta duplicar con creces la del año anterior, nos vuelve a situar una vez más ante una tragedia ambiental a la que nunca se podrá responder con la resignación o la indiferencia. No valen estas actitudes cuando la cifra se mantiene en niveles altísimos de incidencia (3.857 incendios a finales de julio 2009), tiende a incrementarse la superficie arrasada, al superar las 500 Has. de promedio, y su impacto desencadena efectos devastadores en áreas de especial calidad paisajística y medioambiental. Todos los incendios son lamentables, pero el hecho de que este año hayan sido pasto de las llamas comarcas tan emblemáticas como la turolense de Aliaga, el sector central de Las Hurdes extremeñas o la isla de La Palma eleva la gravedad del problema a la dimensión más preocupante y crítica, en la medida en que se trata de espacios naturales cuyo acreditado valor ambiental les proporciona ese atractivo en el que se amparan y en torno al cual gravita esa oferta de ocio tan costosamente fabricada como la opción capaz de superar las limitaciones históricas de su nivel de desarrollo.

Definen, desde luego, la misma realidad que al tiempo encontramos en el Valle del Tiétar abulense, víctima también de una catástrofe que se ha saldado con vidas humanas y con la devastación de uno de los ámbitos más singulares y representativos de la riqueza natural de las montañas españolas y de Castilla y León. Basta imaginar la nueva perspectiva que se divisa desde el Puerto de El Pico para sentir una verdadera conmoción. Quien se haya asomado alguna vez a ese balcón que invita a mirar en todas las direcciones, ampliando sobremanera los horizontes hacia los que se abre un riquísimo muestrario de estructuras y formas de vida en uno de los tramos más bellos y espectaculares de la Cordillera Central, no podrá por menos de tener ahora la terrible sensación de que una parte sustancial de sus experiencias viajeras más apetecidas se ha ido para siempre. Cuesta mucho hacerse a la idea de que las encinas, los castaños y los robledales, los alisos, abedules, álamos y fresnos, las pinedas y los piornales, y la interesante masa arbustiva y zoológica que los acompaña, han desaparecido o han sufrido la mella del impacto que dificulta o irreversiblemente paraliza sus procesos vegetativos.

Bien sabemos que el incendio es una ruptura brutal en la historia del paisaje. “Cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor conde”: así decía hace años una afamada viñeta humorística de El Perich, añadiendo esa alusión al aristócrata propietario en un anuncio oficial. No es verdad. Cuando eso ocurre, valores esenciales de nuestra cultura, cimentada en la percepción de una realidad física avalorada, se altera y se destruye. Y, aunque es cierto que la naturaleza es indómita y tiende a regenerarse, lo hace lentamente, los elementos que configuran su personalidad tienden a quedar distorsionados durante mucho tiempo por las consecuencias de una catástrofe que siempre se acompaña de resultados lesivos para el restablecimiento de los equilibrios perdidos y que tanto ha costado mantener.

Ante un escenario de alto riesgo como el que afecta a la España Mediterránea todas las cautelas son pocas cuando se trata de afrontar un riesgo que, aunque en su desencadenamiento se identifica con una determinada época del año, debe formar parte de las estrategias de conservación de la naturaleza de manera permanente, sin solución de continuidad. Conscientes de que el modelo de preservación de los ecosistemas naturales no puede ya responder a las pautas de gestión propias de una sociedad ruralizada, que tampoco, como nos recordaba el conocido poema de Antonio Machado -“el hombre de estos campos que incendia los pinares/ y su despojo aguarda como botín de guerra/ antaño hubo raído los negros encinares/ talado los robustos robledos de la sierra”-, era demasiado respetuosa con el bosque, se impone la búsqueda de la máxima eficacia y operatividad en la aplicación de los instrumentos de lucha contra el riesgo derivado del fuego en función, más allá de las inevitables medidas sancionadoras, de la relación de estrecha complementariedad que quepa establecer entre la investigación científica y la intervención pública, sin olvidar la relevancia que en este compromiso ha de asignarse también a la iniciativa privada.

Pues si hoy sabemos que las técnicas de teledetección permiten advertencias de plena fiabilidad en tiempo real, no es menos cierto que el esfuerzo que en este sentido compete a los programas preventivos, a medio y largo plazo, organizados y financiados sin tibieza por las Comunidades Autónomas resulta de primordial importancia. En suma, serían los que, en buena lógica, debieran sustentar los planes de innovación aplicados a la gestión integral del bosque, la cooperación entre las administraciones públicas implicadas y la sensibilidad ciudadana mediante señales de alerta más efectivas y contundentes que las hasta ahora llevadas a cabo.