Los principales desafíos del modelo energético europeo: la integración como necesidad estratégica

 

Si la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha dado lugar a importantes, y posiblemente en algunos casos irreversibles, impactos en la estructuración de los ya inestables equilibrios en que se apoya el mundo contemporáneo, las tensiones de toda índole desencadenadas en la Unión Europea, y dada la proximidad geográfica a los escenarios de conflicto, alcanzan una extraordinaria envergadura. No en vano, la situación crítica en que se ha visto envuelta ha traído consigo una gran variedad de impactos, ocasionados tanto en las lógicas específicas de funcionamiento interno como en las directrices que orientan la configuración de sus vínculos a escala internacional.

            Sin duda, una de las manifestaciones más patentes y problemáticas de los virajes impuestos por la situación creada la ofrecen los aspectos relacionados con la regulación de los mercados energéticos. Aunque no resulta fácil plantear la complejidad de la cuestión y sus expectativas en el reducido espacio disponible, trataré, a modo de aproximación, de apuntar algunas de las ideas claves que gravitan en torno a ella y a sus expectativas de futuro.

            Como punto de partida se deben reconocer las insuficiencias que, desde un punto de vista organizativo y logístico, ha presentado tradicionalmente el funcionamiento del mercado energético en un espacio concebido para la integración económica y la cohesión social. En esencia, y como es sabido, se ha carecido de una política energética europea propiamente dicha. Gravitando en función de las estrategias acometidas por los diferentes Estados, la crisis desencadenada por el conflicto bélico ha puesto al descubierto la ineficiencia de los instrumentos reguladores de los mercados del gas y la electricidad.

            Los diagnósticos realizados al respecto arrojan un balance muy crítico, que centra la atención en varias disfunciones concatenadas. La primera tiene que ver con el sistema de fijación de los precios, que deriva en costes excesivos con la consiguiente repercusión negativa sobre los consumidores al tiempo que favorece un enriquecimiento exagerado de los grandes grupos empresariales, lo que ha contribuido a reforzar sobremanera la estructura oligopolística del sector. Pese a que el método clásico de aplicación del precio de la electricidad había sido defendido por las autoridades comunitarias, dando lugar a una inercia que parecía asumida, la crisis ha revelado con claridad las distorsionesocasionadas por el sistema marginalista, basado en el recurso inicial a las energías más baratas (renovables, nuclear) para utilizar, si no fuesen suficientes, el gas natural que acaba determinando el precio del conjunto.  

La sustitución de las centrales térmicas de producción eléctrica por las de ciclo combinado como generadoras de energía de último recurso y como respaldo casi permanente de las renovables justifica que el ciclo combinado condicione sobremanera el precio de la electricidad con la consiguiente elevación de costes que conlleva. Este sistema ya demostró su carácter problemático cuando en 2021, cuando ya era perceptible la manipulación sobre el producto ejercida por Rusia y en virtud de los acusados comportamientos especulativos y de posible abuso de poder de mercado que lo caracterizan, el precio del gas experimentó un incremento del 707 % - de 13,8 a 111,7 euros el MWh - en el mercado TTF (Title Transfer Facility) holandés para superar ampliamente este umbral tras la invasión de Ucrania, hasta llegar a los 343 euros MWh en agosto de 2022.

            Como era previsible las tensiones desencadenadas por la guerra han trastocado el panorama energético que se ha convertido en el apartado más sensible y preocupante del escenario comunitario europeo al poner especialmente en evidencia los riesgos que derivan del escaso e insuficiente nivel de integración que caracteriza el funcionamiento de los mercados del gas y la electricidad en la Unión Europea. Solo así es posible interpretar las actuaciones emprendidas a partir del verano de 2022, cuando se observa, más allá de las iniciativas abordadas por los Gobiernos en sus respectivos países, un notable cambio de rumbo que sin duda ha de tener una importancia decisiva en la modificación de algunos de los postulados estratégicos hasta entonces aplicados.

            Especial interés reviste en este sentido la aprobación por parte dela Comisión Europea el 14 de junio del “mecanismo ibérico” que permite a España y Portugal la aplicación de topes al precio del gas a fin de abaratar el coste de la electricidad. Las declaraciones efectuadas por la presidenta Von der Leyen descalificando el modelo del mercado eléctrico vigente y preconizando “una reforma enorme y urgente” del sistema evidencian hasta qué punto la necesidad de una ruptura de los mecanismos vigentes es asumida sin equívocos ni ambigüedades. En coherencia con estos planteamientos, y con el fin de promover mecanismos de solidaridad, cobra fuerza la idea, formulada por la responsable de la Comisión en el mes de septiembre a instancia de quince Estados miembros, a favor de fijar un límite de precio al gas ruso, poniendo en entredicho el valor referencial otorgado al TTF mientras apuntaba a la necesidad de elaborar un criterio de referencia congruente con la experiencia vivida y los nuevos enfoques reorientativos del sector.

            En este contexto, y teniendo en cuenta además las incertidumbres que aquejan al territorio europeo, resulta lógico que haya hecho acto de presencia en el seno de la Unión un debate muy intenso, que persigue transmitir ante la opinión pública la idea de que existe una voluntad efectiva de cambio, apoyada en un argumento central: la necesidad de configurar y potenciar un “mercado único energético”, considerada como la estrategia capaz de paliar, e incluso de evitar, la situación creada por la crisis bélica. Se trata de abogar por una estrategia sustentada sobre dos pilares básicos: la revisión del mecanismo de formación de los precios, por un lado, y, por otro, la armonización del mercado energético, asegurando el mantenimiento de los flujos transfronterizos.

            Por lo que concierne al primer aspecto, y ante la situación de urgencia planteada, la opción a corto plazo no puede ser otra que la de adopción de medidas excepcionales de reducción de la demanda de electricidad – de ahí el objetivo general de minorar la demanda global de electricidad al menos del 10% hasta abril de 2023 -  que posibiliten, a la par que se insiste en la mejora de la eficiencia energética,  una disminución del coste para los consumidores y la redistribución de los excedentes a los clientes finales, planteadas como medidas asociadas en el tiempo a la fijación de impuestos a los beneficios extraordinarios de las compañías y el establecimiento de un precio límite al gas. Tal ha sido uno de los propósitos esenciales de la reunión informal celebrada por el Consejo Europeo en Praga (6 y 7 de octubre de 2022) cuando por vez primera se aborda esta limitación, que inicialmente se concibe con carácter temporal.

 Y, en relación con el segundo gran objetivo, cuya trascendencia económico-geográfica se muestra incuestionable, la crisis ha reactivado las razones que con anterioridad habían puesto especial énfasis en la importancia de las infraestructuras energéticas a escala de todo el espacio común, sobre la base de un argumento crucial: los beneficios que aportan al crecimiento económico al favorecer una reducción de los costos de la energía para los ciudadanos y las empresas. Los datos en este sentido son elocuentes ya que en 2016 se estimaba que los beneficios de la integración plena podrían alcanzar los treinta mil millones de euros anuales con el horizonte de 2030 – fecha fijada para la descarbonización – para el mercado del gas y de cuarenta mil millones para el de la electricidad. En esta línea han abundado sistemáticamente los planes contemplados por el Banco Europeo de Inversiones, aunque obviamente la Entidad insiste en la necesidad de armonizar las reglamentaciones y los instrumentos de apoyo por parte de los Estados, de modo que se alcance la unificación de los códigos aplicados a las redes europeas de gas y electricidad, en un proceso sintonizado con los objetivos de aplicación del Pacto Verde Europeo.