DIEZ AÑOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA: UN PANORAMA DEE INCERTIDUMBRES Y DESAFIOS

El Mundo- Diario de Valladolid, 25 de Febrero de 2009

Conmemorar el décimo aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León represen­ta, desde luego, mucho más que la mera evocación de una efeméride relevante. Es, ante todo, una ocasión particularmente propicia para efectuar con rigor el balance de lo logrado duran­te un periodo de tiempo que, si breve en su dimensión cro­nológica, ha coincidido sin duda con una de las etapas más importantes y decisivas en la evolución histórica de la España contemporánea. De ahí que cualquier inten­to de valoración de lo que en realidad ha supuesto para nuestra región el desenvolvi­miento de la experiencia autonómica no pueda hacer­se sin tener en cuenta al mis­mo tiempo la doble perspec­tiva en que, a mi juicio, con­viene enmarcar necesaria­mente la trayectoria del proceso.

Dicho de otro modo, si, por un lado, se trata de compro­bar hasta qué punto las ilu­siones abrigadas a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía se han visto satisfechas o decepcionadas, no resulta menos interesante, por otro, hacer una ponde­ración rigurosa sobre el papel que realmente ha desempe­ñado Castilla y León en el contexto de los cambios que de manera tan rotunda como generalizada han afectado a la sociedad y a la economía españolas a lo largo del dece­nio trascurrido.

Parto de la idea de que, en general, no han sido escasos ni baladíes muchos de los esfuerzos que los dife­rentes gobiernos autonómi­cos han realizado desde 1983 para alumbrar horizontes de cambio e impulsar nuevos dinamismos en la Comunidad cuya gestación resultó la más laboriosa y conflictiva de cuantas vieron la luz al socai­re del Art. 143 de la Cons­titución. En buena medida la tarea realizada sobre una base ini­cia] tan frágil puede ser cali­ficada de honrosa, por más que la crítica deba prevalecer tanto a la hora de enjuiciar determinadas carencias o errores estratégicos como de evaluar las repercusiones derivadas de líneas de actua­ción no siempre acordes con las necesidades reales de un territorio necesitado ante todo de estabilidad y de una gran dosis de autoconfianza, que sólo podían estar garan­tizadas, dejando de lado cual­quier tipo de sobresalto ino­portuno o de pragmatismo político, por la coherencia, sensibilidad y dedicación desinteresada de sus dirigen­tes. Bien sentadas estas premi­sas, considero oportuno hacer una sucinta reflexión sobre las dos perspectivas antes mencionadas.

Respecto a la primera de ellas, es bien cierto que los avances logrados a través del autogobierno no se corres­ponden con las entusiásticas expectativas abiertas a comienzos de los ochenta. . Aunque atribuibles a la ende­blez de los cimientos previa­mente construidos, han sido demasiado patentes las vaci­laciones y titubeos que han entorpecido el afianzamiento de la conciencia autonómica, entendida en su dimensión más operativa, eficiente y solidaria. Y precisamente porque la base de partida era tan pre­caria es por lo que merece especial hincapié la crítica que hoy debe hacerse sobre la tibieza de muchas de las actuaciones encaminadas en esa dirección. Salvo en cuestiones muy concretas, y por lo común cir­cunscritas en su proyección a un sector minoritario de la sociedad, se ha adolecido sis­temáticamente de indecisión o falta de iniciativas conce­bidas para profundizar en el conocimiento de las posibili­dades que entraña el desarro­llo de una voluntad de cohe­sión regional, de valor ines­timable cuando se trata de potenciar al máximo los pro­pios recursos y de competir al tiempo en un contexto dominado a gran escala por la acreditación permanente de las ventajas comparativas.

En consecuencia, podemos afirmar que aún no se ha producido ese salto cualitativo que, en mi opinión, resulta a todas luces indispensable para que el ciudadano castella­no-leonés asuma, al fin, com­promisos de solidaridad con los problemas que afectan al conjunto de su propio ámbito autonómico, para, de esta for­ma, superar definitivamente la tradicional disociación que la mayor parte de ellos sigue estableciendo todavía entre los intereses que estrictamente afectan a su provincia y los del resto.

Sin que esta voluntad de pertenencia a un proyecto común, firmemente apoyado en el convencimiento del mar­gen de maniobra permitido por la consolidación del hecho autonómico, se halle bien cimentada, no parece factible alcanzar el nivel de robuste­cimiento deseable de la per­sonalidad castellano-leonesa en las esferas nacional v comunitaria.

Es esta también otra de las carencias parciales que se ins­criben en el envés de lo rea­lizado en la década que ahora conmemoramos. Pues, en efecto, cuando se analiza la evolución seguida por la Comunidad en el concierto de las magnitudes socio-económi­cas generales, no percibimos durante este tiempo un avance significativo de su posición en el ranking formado por las regiones españolas, toda vez que la persistencia reiterada de Castilla y León en la mitad inferior de la serie testifica las escasas variaciones observadas en su dinámica de desarrollo, lo que viene agravado a su vez por el incremento gradual de la tasa de desempleo y la ligera pérdida de peso comparativo en las tres variables (PIB/hab., Tasa de ocupación y Renta Familiar Disponible/hab.), que pueden ser utilizadas para identificar la entidad económi­ca de un espacio determinado.

Situación que, por cierto, no deja de ser paradó­jica con el descenso registrado en cifra de habitantes a lo lar­go del último periodo inter­censal, cuando precisamente Castilla y León ofrece un saldo negativo, compartiendo en solitario esta misma tendencia con las regiones atlánticas más intensamente lesionadas por el ajuste industrial. Estos indicadores son, entre otros, una muestra elocuente de las insuficiencias mostradas para captar o beneficiarse con cierta entidad en los influjos positivos resultantes de la eta­pa expansiva vivida por la eco­nomía española en la segunda mitad de los ochenta, que, des­de la iniciativa central, apenas se ha materializado en algunas realizaciones puntuales, más en consonancia con proyectos infraestructurales de dimen­sión suprarregional que con voluntad de contribuir en nues­tro caso al relanzamiento de medias efectivas y consistentes de desarrollo.

Por el contrario, han sido éstos también los años en que las implicaciones de la integra­ción comunitaria han comen­zado a ofrecer su faz más prag­mática y selectiva. Asistiendo, inermes, a la profundización sin paliativos de la crisis del mundo rural, posible­mente la más traumática entre las regiones españolas, no menor ha sido la sensación de impotencia a que nos ha lle­vado la desestabilización o derrumbe de elementos emble­máticos de nuestro sistema productivo minero-industrial, que no ha hecho sino repro­ducir a escala regional los graves perjuicios ocasionados por una estrategia de crecimiento descontrolada y a corto plazo. No invita, pues, al simple optimismo Ja celebración del décimo aniversario del Estatu­to de Autonomía.

Pero tampoco el diagnóstico de la realidad debe inducir a desestimar el significado del hecho ni, muchos menos, al abatimiento o a la desesperan­za. Después del tiempo trans­currido, y ante las nuevas reglas de juego que imponen de consumo el reconocimiento creciente del hecho regional en el ámbito comunitario, la necesaria y prevista revisión de las funciones a desempeñar por la Administración Central y las llamadas comunidades de «vía lenta», y la tendencia al' incremento de la autonomía para la utilización de los recur­sos que sin duda ha de arti­cularse a partir de un sistema de financiación congruente con las necesidades reales, todo parece abogar a favor de una racionalización del proce­so autonómico en España, todavía inconcluso.

En estas cir­cunstancias, cabe plantear si diez años después de la pro­mulgación del Estatuto de Castilla y León se ha cumplido satisfactoriamente «el periodo de rodaje y ahondamiento de la conciencia de autogobier­no», utilizando a propósito una expresión elocuente del Dr. García de Enterría. Si la respuesta es negativa, me temo que habremos des­perdiciado una etapa decisiva de nuestra historia, con la con­siguiente dificultad para recu­perar el tiempo perdido. El que, en cambio, no sea así depende de que los gran­des e ineludibles retos que hoy se presentan ante nuestra Comunidad Autónoma sean afrontados con la energía, imaginación y voluntad de decisión política construidas sobre la base de un territorio y de una sociedad bien cohe­sionados, conscientes de sus posibilidades y capaces de superar, al fin, la visión frag­mentaria y cicatera de sus pro­blemas.