El Norte de Castilla, 6 julio 2015
La Historia revela la enorme importancia que han
tenido en la política española las elecciones locales. Numerosas son las
experiencias, en efecto, que han puesto de manifiesto hasta qué punto los comportamientos
electorales reflejados a esta escala son el preludio de transformaciones
importantes en niveles superiores del entramado político. Constituyen, en
cierto modo, una especie de ensayo, capaz de transmitir al panorama general las
inquietudes y tendencias labradas en el nivel básico de la administración,
aquella en la que se vertebran los
conflictos y necesidades de la vida ciudadana a partir de estructuras social,
económica y espacialmente complejas.
De
ahí la trascendencia que cabe reconocer a esos procesos de cambio
experimentados por la sociedad española y que han cobrado plasmación evidente
en las elecciones locales y regionales del 24 de mayo, sin precedentes en la
historia democrática de España. Si se observa que en las ciudades de mediano y
gran tamaño – salvo en casos muy excepcionales - han desaparecido las mayorías absolutas y que
los pactos que han fraguado las alcaldías se apoyan
en compromisos fuertemente supervisados por quienes en la mayoría de los casos
no ostentan responsabilidades de gobierno, el ciudadano de a pie asiste
expectante a un proceso tan apasionante como repleto de incógnitas o, en todo
caso, de preguntas, cuyas respuestas serán cruciales para el futuro del país.
No en vano, los Ayuntamientos representan ámbitos primordiales de
experimentación de políticas públicas. Cuanto se decida en ellos posee una
enorme resonancia social, trasciende el estricto escenario de aplicación, crea
referencias representativas del modo de gobernar y fortalece en consecuencia el
valor de la experiencia comparada, con efectos aleccionadores decisivos.
Teniendo
en cuenta los factores que determinan los
principales desafíos planteados en el marco municipal, el observador contempla un escenario
condicionado, en principio, por tres horizontes fundamentales, que a la vez se
corresponden con sendas pautas desde el punto de vista de la decisión. Aparecen
aquí planteadas como líneas de reflexión y trabajo, que invitan al análisis
empírico y a la constatación objetiva de los hechos. A saber:
1.
Destaca, en primer
lugar, la repercusión que la nueva etapa municipal pueda tener en un campo de
tanta trascendencia como es el urbanismo y, por extensión, lo que comúnmente se
entiende como la ordenación del territorio a nivel local. Sin duda es en este
aspecto donde va a verificarse el nivel de distanciamiento o ruptura respecto a
los comportamientos que en la etapa anterior han dado origen a numerosos y
generalizados episodios de corrupción y de vulneración de la ley en el
ejercicio de la práctica urbanística. Frente a los enfoques cortoplacistas, a
la prevalencia de la visión especulativa en el uso del suelo, a la
consideración privilegiada de determinados intereses en el diseño del
planeamiento o al incumplimiento de las advertencias sobre los impactos
ambientales, la autocrítica se impone como mecanismo necesario y a la par como
soporte de una actuación más respetuosa con la legalidad y con los necesarios
equilibrios a los que ha conducir una gestión integradora y sensible con las
distintas realidades sociales y económicas
que conforman la urdimbre urbana.
2.
No es menor, por
otro lado, el interés que suscita el proceso de racionalización, ajuste o
redistribución aplicado a la gestión presupuestaria, ante la necesidad de adecuar
la estructura del gasto a las posibilidades de los ingresos en un contexto supeditado
a los mecanismos de vigilancia del
déficit y la deuda contemplados por la Ley. Disciplina coincidente en el tiempo
con la reducción de las aportaciones proporcionadas por la actividad
inmobiliaria y con la aplicación de las políticas encaminadas a mitigar la
gravedad de las carencias sociales y de acentuación de la desigualdad exacerbadas
por la crisis, Se impone un reequilibro entre inversión, solidaridad y
transparencia que seguramente dará constancia de la destreza de los gobiernos
municipales para conseguirlo, lo que tal vez redunde también en la reclamación,
hasta ahora desatendida, de una reforma para la adecuada financiación de los
Ayuntamientos que garantice la suficiencia financiera en los términos
planteados por el frustrado Pacto Local en los años noventa.
3.
Y, finalmente, el
observador contempla con atención de qué manera va a influir en la toma de
decisiones el reconocimiento explícitamente otorgado a la participación de la
ciudadanía, a la que, a tenor de las declaraciones y de los programas propugnados, se trata de conceder un mayor protagonismo y un papel de referencia
obligada en el planteamiento de las políticas públicas concebidas como una
función social y espacialmente equitativa en las que la persona ha de ser
tratada como “ciudadano” y no como “cliente”. Es evidente que en este sentido,
la posibilidad de fraguar nuevas pautas de comportamiento en la gestión de los
municipios tampoco sea ajena a la necesidad de introducir un proceso de selección,
mejora o corrección de los responsables públicos, superando las inercias en los
comportamientos así como las mediocridades constatadas y poniendo a prueba su nivel de competencia, honestidad y
preparación.
No hace mucho he publicado
un trabajo alusivo a las estrategias de salida a la crisis. Sin
entrar en detalles, las he identificado en torno a dos premisas claves: la
cultura del territorio y la calidad institucional. Si por la primera se
entiende el buen ejercicio de la acción pública apoyada en una adecuada
utilización de los recursos y las potencialidades de un espacio desde el punto
de vista sostenible, cuando se habla del papel a desempeñar por los
responsables institucionales la autocrítica remite necesariamente a la
importancia de sus comportamientos éticos y del nivel de sensibilidad hacia los
problemas de las sociedades a cuyo servicio se encuentran.
