El Norte de Castilla, 3 de mayo de 2016
La relación entre globalización económica e intensificación de la movilidad espacial de las actividades industriales y de servicios es en nuestros días una tendencia fuera de toda duda. Las razones que explican la deslocalización productiva responden a los patrones imperantes en los movimientos de capitales y al flexible comportamiento espacial de las empresas en una economía en la que las estrategias ya no aparecen determinadas por la distancia sino por los equilibrios y la competencia interterritorial, responsables de las actuaciones geográficamente discriminatorias en función de las ventajas comparativas y competitivas de cada territorio. Puede decirse además que es en el marco del amplio margen de opciones permitidas por el capitalismo global, y acentuado además en el caso europeo por la ampliación del mercado integrado hacia los países del Este, como cabe interpretar el alto nivel de versatilidad de que disponen las empresas para modificar sus localizaciones, lo que introduce una perspectiva renovada cuando se trata de analizar en profundidad y con visión de futuro las capacidades productivas de cada espacio en sintonía con los nuevos paradigmas en los que se desenvuelve la actual empresa sin fronteras.
Ante los desafíos
de la globalización las empresas se ven inducidas a aplicar medidas de ajuste
integral, que van más allá del enfoque que convencionalmente entendía sus
objetivos de acuerdo con su capacidad
para fabricar bienes en mercados controlables, estables y regulados. Además este
creciente margen de maniobra espacial se acrecienta sobremanera merced a las
posibilidades tecnológicas permitidas por la fragmentación de los procesos de
producción, por la configuración de poderosas redes de información que racionalizan
la toma de decisiones y por la capacidad que tienen las empresas para optimizar
a su favor las actividades de I+D+i al utilizarlas de forma integral dadas las
complementariedades que se establecen entre los recursos cognitivos disponibles
en los diversos países de implantación.
Ahora bien, las
tensiones surgidas en el conjunto de los actores susceptibles de verse
afectados son considerables, siempre traumáticos, y provocan una sensación de
vulnerabilidad que hace tomar conciencia a las sociedades afectadas del nivel
de riesgo y de las amenazas a que se enfrentan y de las negativas implicaciones
que puede traer consigo este tipo de
iniciativas. La fragilidad frente a la deslocalización deja inermes a
los espacios dependientes poniendo en tela juicio los valores y capacidades de
que se creía disponer, al mostrarse insuficientes para neutralizar decisiones
externas, que privilegian otros ámbitos, situados en la categoría de
espacios-rivales con fortalezas difíciles de contrarrestar.
Entendida de
manera dual – bien como competencia desleal entre lugares o como algo inherente
al comportamiento espacialmente selectivo la inversión extranjera directa –, las perspectivas que
ofrece la deslocalización adquieren una dimensión que repercute de lleno, al
tiempo que las pone a dura prueba, sobre la
naturaleza y la solidez de las
directrices promovidas desde las políticas públicas, por cuanto ante ellas se
abre un escenario de posibilidades a recuperar y a la vez de incertidumbre
económica y de malestar social que obliga a la autocrítica y a la introducción de modificaciones en las
estructuras y modelos de gestión aplicados a los recursos disponibles, que
siempre existen. Entendida como reto, como riesgo o
como amenaza, la deslocalización de las empresas industriales y de los puestos
de trabajo asociados a ellas obliga necesariamente a introducir una nueva
perspectiva institucional en el modo de entender las relaciones entre la acción
pública, la sociedad y el territorio. Se justifica así un proceso de reorganización
interna de las estrategias de desarrollo, que al tiempo que somete a revisión
la propia estructura y articulación del capital territorial afectado y de los
elementos sobre los que se sustenta obliga a replantear muchas de las líneas de
actuación llevadas a cabo tradicionalmente en consonancia con las pautas convencionales y rutinarias de la política
industrial.
De ahí que el problema planteado por las deslocalizaciones – a las que no permanece ajena la capacidad industrial de Valladolid y de la región castellano-leonesa– esté en la base de un necesario e inaplazable debate que entraña un gran significado político y económico-espacial. No en vano la discusión emerge al discernir si las actuaciones deben centrarse meramente en la utilización de instrumentos de ayuda a las empresas o en el relanzamiento de pautas de intervención concebidas al servicio de los actores locales, de modo que los recursos disponibles estimulen la capacidad de iniciativa y contribuyan a crear las condiciones adecuadas para que ésta pueda materializarse en un clima de apoyo y de confianza en el futuro, amparado en las posibilidades de la proximidad, robustecidas además por la conciencia colectiva e integradora de voluntades más o menos dispersas o confrontadas. En este sentido, y a modo de ejemplo, expresamente concebido como un intento de frenar las deslocalizaciones, cabría hacer mención a la ilustrativa experiencia acometida en Francia desde 2004 con el fin de impulsar lo que se interpreta como “una nueva política industrial” – de la que España y la mayor parte de sus Comunidades Autónomas carecen – articulada sobre la base de los llamados “polos de competitividad”, que aplican, dinamizándolos operativamente, los objetivos y las premisas funcionales de los Centros asociados a la innovación, mediante el fortalecimiento de los vínculos nacidos del compromiso entre los agentes empresariales con fuerte compromiso con el territorio, los centros de investigación y los órganos de formación, implicados en programas de cooperación a medio y largo plazo susceptibles de cristalizar en proyectos industriales innovadores y alternativos. Vista así, la globalización representaría esa especie de revulsivo, de catalizador permanente, que obliga a las empresas, a los agentes públicos y a la sociedad en general a un proceso de recuperación y redefinición de capacidades subutilizadas o indebidamente aprovechadas.
De ahí que el problema planteado por las deslocalizaciones – a las que no permanece ajena la capacidad industrial de Valladolid y de la región castellano-leonesa– esté en la base de un necesario e inaplazable debate que entraña un gran significado político y económico-espacial. No en vano la discusión emerge al discernir si las actuaciones deben centrarse meramente en la utilización de instrumentos de ayuda a las empresas o en el relanzamiento de pautas de intervención concebidas al servicio de los actores locales, de modo que los recursos disponibles estimulen la capacidad de iniciativa y contribuyan a crear las condiciones adecuadas para que ésta pueda materializarse en un clima de apoyo y de confianza en el futuro, amparado en las posibilidades de la proximidad, robustecidas además por la conciencia colectiva e integradora de voluntades más o menos dispersas o confrontadas. En este sentido, y a modo de ejemplo, expresamente concebido como un intento de frenar las deslocalizaciones, cabría hacer mención a la ilustrativa experiencia acometida en Francia desde 2004 con el fin de impulsar lo que se interpreta como “una nueva política industrial” – de la que España y la mayor parte de sus Comunidades Autónomas carecen – articulada sobre la base de los llamados “polos de competitividad”, que aplican, dinamizándolos operativamente, los objetivos y las premisas funcionales de los Centros asociados a la innovación, mediante el fortalecimiento de los vínculos nacidos del compromiso entre los agentes empresariales con fuerte compromiso con el territorio, los centros de investigación y los órganos de formación, implicados en programas de cooperación a medio y largo plazo susceptibles de cristalizar en proyectos industriales innovadores y alternativos. Vista así, la globalización representaría esa especie de revulsivo, de catalizador permanente, que obliga a las empresas, a los agentes públicos y a la sociedad en general a un proceso de recuperación y redefinición de capacidades subutilizadas o indebidamente aprovechadas.
