El XXVI Congreso de la OICI: Ciudades y Municipios ante el siglo XXI

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El Mundo-Diario de Valladolid, 12 de Octubre de 2004

Pocos aspectos evidencian con tanta nitidez la complejidad y los contrastes del mundo contemporáneo como las diversas manifestaciones con que se expresa la realidad urbana. Si las ciudades aparecen, en efecto, identificadas como espacios de concentración demográfica y de actividades, también son ámbitos sujetos a procesos de transformación constantes, y en ocasiones muy acelerados, que comúnmente se asocian a las tensiones surgidas como resultado de las tendencias contradictorias y de los numerosos conflictos - sociales, económicos, culturales, urbanísticos - que se producen en su seno. “Las ciudades por todas partes y por todas partes en crisis”: así rezaba elocuentemente el título genérico con el que una prestigiosa revista de pensamiento ha tratado de significar lo que realmente subyace tras un fenómeno que no es tan familiar como a menudo desconocido en sus detalles, en sus tendencias y en sus múltiples implicaciones. Cuestión de primordial importancia a lo largo de la historia, las lógicas urbanas cobran en nuestro tiempo una dimensión que hace de la ciudad y de sus problemas un tema de atención permanente y obligada.

Pues no cabe duda que aspectos tan esenciales para el ciudadano como son cuantos se relacionan con el desarrollo económico, la calidad de vida y de su entorno de relaciones y, en definitiva, los avances en la consecución de su propio bienestar, dependen directamente de las decisiones que se adoptan desde los órganos de poder directamente responsables de las medidas que procuran avanzar en esa dirección. Tarea, desde luego, nada fácil, ya que la ciudad se encuentra enfrentada a una situación de riesgo y desestabilización permanentes. Riesgos en la calidad y eficiencia de los servicios básicos, riesgos medioambientales, riesgos de exclusión social, de confrontación, de inseguridad, de deterioro de su imagen y de su proyección... riesgos, en fin, que hacen de las políticas públicas acometidas en las ciudades verdaderos y acuciantes retos, impostergables en el tiempo y, lo que es más importante, la demostración fidedigna del bueno o mal gobierno urbano, hasta el punto de convertirse en un factor clave de la legitimidad y el reconocimiento de quienes ostentan en los municipios la responsabilidad máxima de las decisiones.

Todas estas consideraciones vienen a cuento a propósito de la relevancia que sin duda tienen las iniciativas que, sensibles a la envergadura de los problemas y desafíos que afectan a la gestión municipal, buscan la forma de abordarlos a través de la utilidad de la experiencia comparada y compartida, sobre la base del conocimiento mutuo. Tal ha sido desde hace muchos años la preocupación permanentemente defendida por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI), que a mediados de este mes ha convocado en Valladolid la celebración de su XXVI Congreso Iberoamericano de Municipios. Y lo hace ya por segunda vez, doce años después de que la ciudad acogiera, siendo alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, a los congresistas que en las instalaciones de la Universidad se dieron cita en Julio de 1992 para abordar un tema – “Cooperación Intermunicipal para el fortalecimiento de la democracia local” – que motivó debates de gran interés y reflexiones muy valiosas, algunas bastante innovadoras y todas materializadas en una obra de casi el millar de páginas.

En realidad, la reunión de Valladolid no fue sino un hito más en una trayectoria fecunda y muy activa, aunque no exenta lógicamente de inflexiones y altibajos, iniciada en La Habana a mediados de noviembre de 1938, cuando se creó la OICI – entonces denominada Interamericana - coincidiendo con el I Congreso Panamericano de Municipios. El protagonismo que en ello tuvo el Historiador de la Ciudad, Emilio Roy Leousate, como uno de los impulsores del proyecto de cooperación basado en las posibilidades de la intermunicipalidad, debe ser destacado en la medida en que ratifica la perspectiva cultural con que fue concebida esta idea, específicamente americana en sus orígenes, para casi de inmediato plasmarse en un órgano de confluencia política, en el que estuvieran representados los municipios de la América de habla hispana, incluyendo también a las ciudades meridionales de Estados Unidos, partícipes, con aquéllas, de una misma vertiente cultural. El fuerte despegue experimentado en los años cincuenta y sesenta, con momentos tan significativos como los marcados por los Congresos de Panamá, San Diego, Mar del Plata, Caracas y Nueva Orléans, revela la capacidad de convocatoria de la organización y el progresivo enriquecimiento de sus temas de atención, coherentes con las necesidades de la época y siempre conscientes de la necesidad de mantener viva la defensa del Municipio como elemento fundamental de la realidad social y económica de los respectivos países.

A partir de los años setenta, el distanciamiento de Estados Unidos, la fuerte crisis política y social provocada por las dictaduras latinoamericanas y la progresiva aproximación de España a la organización, introducen un nuevo rumbo, que se concreta en el XIV Congreso, celebrado en Málaga en 1972, y en el traslado de la Secretaría General a Madrid, que sería definitivo en 1985 y hoy desempeñada por el historiador del municipalismo Enrique Orduña. Es la etapa en que su horizonte espacial se amplía de manera sensible, al contemplar la presencia de municipios españoles, brasileños - de ahí la importancia que tuvo el Congreso de Aracajú (Sergipe) en 1984 – y portugueses, lo que llevaría en el de Montevideo (1976) a identificar estos Congresos como Iberoamericanos. La Organización ratificará así su condición de foro auténticamente iberoamericano, esto es, el de un espacio de encuentro formado por los países que a uno y otro lado del Atlántico son tributarios de la cultura y de la lengua ibéricas, fundamento, en suma, de una concepción integradora que hace hoy de la OICI una de las experiencias de cooperación internacional más extensas y relevantes del mundo contemporáneo, entre cuyas grandes aportaciones destaca la promulgación de la Carta de la Autonomía Local Iberoamericana (Caracas, 1990).

Pues bien, con una historia repleta de vicisitudes, logros y proyectos, satisfechos en unos casos y frustrados en otros, la OICI suscribe en Valladolid, doce años después y gobernada la ciudad por Javier León de la Riva, su compromiso con los fines que han inspirado la trayectoria de esta veterana organización municipalista. De un lado, el de contribuir al desarrollo, fortalecimiento y autonomía de los municipios; de otro, el de defender la democracia en la escala local; y, por si esto fuera poco, el de promover la incorporación efectiva de las administraciones locales en el proceso de desarrollo de sus respectivos países. Con el epígrafe “Democracia y Desarrollo Local”, el XXVI Congreso de la OICI trata de dejar bien claro que, pese a las tensiones y conflictos de nuestro tiempo, hay conceptos y principios que se mantienen irrenunciables y tan vigentes como cuando fueron formulados.

La Unión Europea ampliada

El Mundo-Diario de Valladolid, 5 de Mayo de 2004

Se ha dicho que la construcción del proyecto comunitario europeo representa la iniciativa económica, territorial, cultural y política más ambiciosa de cuantas se han llevado a cabo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Quizá pueda parecer exagerada tal afirmación en un panorama de dinamismos y cambios tan trascendentales como los que han jalonado la evolución del planeta en los últimos cincuenta años. Pero no de lo que no cabe duda es de que, aun no exenta de críticas y de reservas más que justificadas sobre los puntos débiles de los que aún adolece, la construcción de la Unión Europea arroja un balance en el que los aspectos positivos prevalecen ostensiblemente sobre sus carencias, los logros sobre los fracasos, los avances sobre los retrocesos, las innovaciones sobre las rémoras.

Prueba de ello es que, más allá de algún referendum puntual con resultado negativo, ningún país que haya accedido al grupo a lo largo de su ya dilatado proceso de ampliación ha optado por el abandono ni se lo ha planteado siquiera. Y aunque en algunos, como ocurre con el Reino Unido, las cautelas siguen siendo notorias, lo cierto es que en el fondo de la actitud británica subyace más el atávico recelo hacia el continente – compatible con un deseo de ser tenido en cuenta, como en 1962 señaló el expremier Mac Millan al iniciar las negociaciones para la incorporación de Gran Bretaña - que una postura decidida a poner seriamente en entredicho lo que se muestra sin paliativos como un logro compartido y que, como las investigaciones han subrayado con reiteración, es, de una u otra manera, beneficioso para todos.

La misma lógica que a lo largo de todo este tiempo ha presidido la voluntad integradora, por encima de la heterogeneidad estructural característica del espacio europeo, lleva a acometer a partir del 1 de Mayo de 2004 una iniciativa cuya envergadura no puede ser pasada por alto. Es un paso más, gigantesco sin duda, en la ratificación de la singularidad que en el mundo supone, sin parangón posible, la experiencia de la Europa unida. Cuando, situados frente al mapa y con los indicadores respectivos sobre la mesa, observamos el complejísimo mosaico de los diez Estados que en este momento se incorporan a la Unión, en la sensación experimentada se entreveran el asombro, la admiración y la incertidumbre. ¿Cómo es posible que un conjunto tan heteróclito pueda ser asumido por una realidad económico-territorial ya consolidada, trabada por la disciplina que impone la unidad monetaria y a punto de dotarse de un texto constitucional, que, en su Art.1, “crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros confieren competencias para alcanzar sus objetivos comunes”?. La cuestión no admite matices: las Unión Europea aparece ya dotada de reglas de juego bien precisadas, implica la adscripción de sus miembros a principios de actuación inequívocos y afronta su futuro sobre la base de un sistema regulador tan potente en sus mecanismos como irreversible en los aspectos sustanciales que articulan su voluntad integradora. Son las mismas premisas que, en una muestra de sensibilidad continental, otorgan su pleno sentido al Art. 2 del proyecto de Constitución cuando claramente señala que “la Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se compometan a promoverlos en común”.

La prueba de toque de lo que todo esto va a significar a partir de ahora vendrá dada, casi de inmediato, por las experiencias, interesantísimas y de gran valor referencial, asociadas a la nueva ampliación, cuyas implicaciones, que trataré de exponer aquí sintéticamente, van a incidir sobre dos aspectos que, en mi opinión, revisten una gran trascendencia.

En primer lugar, no cabe duda de que tanto por el incremento del número de miembros como por la personalidad espacial que los distingue tenderá a producirse un cambio muy sensible en la percepción y en la dimensión política y económica del propio espacio comunitario. Al tiempo que aumenta la superficie de la Unión en un 20% y su cifra de habitantes lo hace en un porcentaje algo superior (25%), la proyección hacia el Este del proyecto europeo contrapesa el sesgo eminentemente atlántico que desde sus orígenes había tenido y, lo que no es menos importante, fortalece la importancia numérica de los pequeños Estados – 19 de los 25 pertenecen a esta categoría - con todo lo que ello representa desde el punto de vista de los complicados equilibrios y de las alianzas a que puede abrirse la toma de decisiones.

De modo que, sin cuestionar la fortaleza del “núcleo duro” de la Unión, cimentado con firmeza variable en la relación franco-alemana (de “alianza incierta” la ha calificado Georges Soutou), su impacto no será irrelevante en la configuración de las nuevas tramas del poder comunitario como corresponde a un panorama extraordinariamente versátil que las negociaciones previas al proceso de adhesión han dejado entrever con cierta preocupación para determinado tipo de situaciones, tal y como se preveía en el primer informe provisional de la Comisión sobre los efectos de la ampliación presentado en el Consejo Europeo de Madrid en Diciembre de 1995.

. Se ha creado así un contexto inédito en el que ha de desenvolverse el funcionamiento de las estructuras intergubernamentales de gobierno, cuya responsabilidad básica no ha de ser otra que la de evitar situaciones de bloqueo procurando la satisfacción de intereses nacionales tan dispares. Es lo que Valéry Giscard d’Estaing, presidente de la Convención que ha elaborado el proyecto de tratado constitucional, denominó “el encaje fecundo, pese a sus dificultades, de la pluralidad”, consciente de que el paso dado a partir del 1 de Mayo entraña tantas potencialidades como desafíos.

Y junto a este aspecto no menor importancia ofrecen las readaptaciones que seguramente van a tener lugar a la hora de acometer, con la responsabilidad plenamente asumida desde el Tratado de Maastricht, los objetivos de la “cohesión económica y social”. Principio vertebrador de la política comunitaria a favor de la solidaridad interterritorial y de su propósito de favorecer la convergencia de las regiones en los indicadores más representativos del desarrollo, su aplicación en el nuevo escenario va a mostrarse decididamente proclive al respaldo de unos espacios que, globalmente, apenas alcanzan el 40% del promedio de renta de la Unión.

Y, a la par que muchas de las regiones hasta ahora “asistidas” – entre ellas, Castilla y León – abandonan esta condición bien por efecto estadístico o porque han logrado rebasar de manera efectiva el listón del 75% de dicha variable, los flujos de ayuda financiera al desarrollo tenderán a bascular hacia el Este por propia coherencia con lo que ha sido una línea de actuación que hasta el momento no ha tenido réplica. Bien es cierto que aún queda un margen disponible hasta que concluya el actual periodo de programación (2000-2006), durante el cual los nuevos miembros dispondrán de 213 millardos de euros, pero también es verdad que a corto plazo, y desde la perspectiva que más nos concierne, será preciso dar respuesta a dos incógnitas inevitablemente planteadas: de qué manera la competitividad por bajos costos laborales alcanzado en los nuevos países, y que los empresarios contemplan como potenciales espacios de oportunidad, puede ser contrapesada por factores y estrategias que al tiempo sean capaces de garantizarla en regiones hasta ahora beneficiarias de los Fondos Estructurales; y, lo que no es menos importante, hacia qué horizontes han de dirigirse nuestros esfuerzos de cooperación interregional para que la posición de Castilla y León se afiance con solidez en Europa más allá de buenos propósitos o de actitudes de confianza no siempre bien justificadas.

La importancia del conocimiento del tiempo y del espacio en la formación de la juventud

Este texto corresponde a la intervención realizada, por encargo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León,  con motivo de la presentación del "curriculum" de Ciencias Sociales correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Universitaria.  Fue pronunciada en el Palacio de los Serrano de la ciudad de Ávila y distribuida posteriormente a los asistentes 

El motivo que nos convoca en este acto posee una indudable trascendencia. No significa sólo la culminación de un proceso técnico, construido sobre unos cimientos predeterminados y encaminado formalmente a la configuración del curriculum que ha de orientar la enseñanza secundaria en Castilla y León y llevado a cabo en un ambiente proclive a la coordinación de esfuerzos, enfoques y perspectivas, sino que, ante todo,  representa el comienzo de una nueva etapa, repleta de desafíos y de compromisos, y también entendida como aquélla en la que es necesario sentar las bases de un sólido proyecto de futuro al servicio de los intereses, del prestigio y de la formación integral de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma en los niveles educativos de referencia. 

Bastaría para percatarse de ello traer a colación la  idea de Bertrand Russell cuando señala “todos los pasos que se acometan, y con conciencia de lo que representan para el futuro, en el campo de la educación, siempre serán pasos en la dirección adecuada, en la dirección que lleva a una sociedad a labrar su futuro con la fortaleza que proporcionan las ideas cuando éstas se muestran sensibles con la realidad a la que han de servir”. Estas palabras, escritas a mediados del  siglo pasado, siguen manteniendo su plena vigencia, entre otras razones porque, más allá de las modas y de las innovaciones que progresivamente han ido perfeccionando los métodos aplicados a la enseñanza, la educación entendida como la transmisión de los saberes a través de la relación profesor-alumno sigue fiel a los mismos principios y a idénticas fundamentaciones.

Sin embargo, es evidente que el ejercicio de la función docente no puede permanecer ajeno a los numerosos desafíos que implican los cambios en el panorama en el que ha de ser llevada a cabo. Vivimos una época realmente crucial en este sentido, época de transformaciones aceleradas en todos los sentidos y desde todas las perspectivas. Particularmente tres son, en mi opinión, los aspectos que están influyendo más directamente en la reorientación de la labor educacional: de un lado, la acumulación de conocimientos, que derivan de los avances en el desarrollo del saber hasta el punto de que su actualización y asimilación se convierten en un compromiso permanente para quienes por exigencias profesionales deben proyectarlos en el proceso formativo; de otro, la irrupción de las nuevas tecnologías, que han modificado sustancialmente los procedimientos y los modos de trabajo, facilitando su nivel de eficiencia y su capacidad de sistematización, al tiempo que ha favorecido una concepción del mundo mucho más próxima y solidaria; y, por último, no cabe duda que la globalización, con todas las connotaciones y posibilidades que ello representa, ha provocado asimismo la aparición  de ideas y de planteamientos, hasta hace poco desconocidos, que ponen al descubierto las fuertes interdependencias entre las sociedades y la dimensión planetaria de los fenómenos. Insistir en el significado de estas circunstancias y de lo que representan en la orientación de las actividades educativas se convierte en una necesidad incluso cuando se trata de abordar las directrices que deben tener los principios inspiradores de la educación en ámbitos como el que ahora nos ocupa.

Tal es el motivo por el que no ha podido ser entendido de otro modo el compromiso de llevar a cabo un nuevo diseño y configuración del curriculo de la ESO y del Bachillerato para los alumnos y alumnas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y aunque es cierto que su  aplicación no está exenta de dificultades  y que el logro de los resultados satisfactorios que se pretenden está  inevitablemente ligado a la motivación del profesorado y a la disponibilidad de los recursos que lo hagan factible, no hay que ignorar tampoco que los pilares para que estos fines se conviertan en realidad operativa y fecunda están plenamente garantizados por los objetivos que lo inspiran y por los contenidos que específicamente los desarrollan.

En esta reflexión parece justificado resaltar el papel desempeñado por el conjunto de materias que conforman el campo de las Humanidades. A nadie se le oculta la importancia que sin duda poseen estos saberes en la formación integral del alumnado. No en vano el equilibrio entre la enseñanza científico-técnica y la de carácter humanístico constituye una de las premisas esenciales cuando se trata de alcanzar, con criterios rigurosos y efectivos, el desarrollo de la personalidad del alumno, evitando posturas reduccionistas o simplificadoras que deriven en una visión carente de esa visión integradora de la realidad  que se pretende con la Educación Secundaria, concebida como una sólida plataforma sobre la que asentar la trayectoria educativa posterior.

Reconocido, por tanto, el alcance de la vertiente humanística que impregna el diseño curricular, se trata de poner en evidencia, y abiertos al espíritu crítico y a la independencia de criterio que ha de inspirar su aplicación, cuáles han sido fundamentalmente los principios que han sustentado su formalización o concreción en la estructura de contenidos finalmente planteada. Y es que, más allá de las particularidades que cada Area encierra y que explícitamente se subrayan de manera respectiva, la metodología utilizada nos permite llamar la atención sobre aquellos puntos o principios rectores que, a modo de hilo conductor y con una finalidad decididamente articuladora del conjunto, aparecen presentes en los distintos campos en que se desglosa el complejo y al propio tiempo coherente campo de las Humanidades. Admitiendo la imposibilidad de efectuar aquí una enumeración exhaustiva de los planteamientos que sustentan el diseño curricular desde el punto de vista humanístico, me limitaré a dejar constancia, a modo de muestra y de forma sucinta, de aquéllos que ejemplifican el sentido de la iniciativa llevada a cabo: 

-          Se ha tratado de lograr una visión actualizada y coherente de los aspectos que caracterizan y definen la complejidad del mundo contemporáneo desde las diversas perspectivas del conocimiento, entendiéndolo como el resultado de las interacciones que se dan entre la sociedad y el entorno, y al propio tiempo como el reflejo de los contrastes que derivan de la evolución histórica, de las desigualdades en los niveles de desarrollo y de los comportamientos culturales.

-          Este conocimiento se apoya a su vez en el fomento de actitudes centradas en los valores de tolerancia, solidaridad y respeto a la diferencia, necesarios para comprender la integración que se produce entre perspectivas complementarias,  que se enriquecen mutuamente y que van desde la escala local, más inmediata, hasta los escenarios que revelan la dimensión y el impacto de los procesos globalizadores. En este mismo sentido, cobra fuerza el empeño en afianzar el reconocimiento de los valores inherentes al sistema democrático y al Estado social de Derecho, como expresión de una perspectiva ética de los comportamientos que centra su atención en el significado de los derechos y libertades individuales y en las exigencias del deber moral.

-          Especial interés se asigna también a la voluntad de estimular el desarrollo de la competencia y capacidad comunicativa a través del aprovechamiento de  las ventajas de formación que, apoyadas en las inmensas posibilidades del lenguaje, permitidas por la lengua castellana, las lenguas clásicas y las lenguas extranjeras, se vinculan  con la realización de tareas de comunicación, indispensables cuando se trata de lograr una adecuada inserción en un contexto caracterizado por la lógica de la comunicación abierta y permanente, así como por los retos de la multiculturalidad, como uno de los grandes desafíos de nuestra época.

-          La formación humanística en las diferentes áreas que la configuran no se entiende de manera estática sino enriquecida formalmente mediante el empleo de estrategias de aprendizaje y de recursos didácticos capaces de facilitar el uso de la información disponible, de elaborarla y entenderla, con el fin de resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma y al propio tiempo en equipo.

-          Obviamente, una de las finalidades primordiales del proyecto curricular ha consistido precisamente en ampliar el margen de posibilidades que permitan un mejor y más completo conocimiento de la realidad de Castilla y León y de los aspectos que conforman  y dan coherencia a  su identidad espacial, socio-económica y cultural. A ello se llega a través de un planteamiento integrador  que los concibe, explica e interpreta dentro del contexto español y de la compleja estructura europea, de modo que las singularidades que caracterizan a la Comunidad Autónoma no sean entendidas como algo excluyente sino como parte de un acervo compartido con los espacios en los que se integra e indisociable de sus problemas, posibilidades y tendencias.  Creemos que de este modo,  con toda la modestia necesaria pero también con la debida contundencia, ha quedado puesta en entredicho la polémica suscitada en torno a la función de las Humanidades – identificada de hecho con el papel susceptible de ser desempeñado por la Historia- en la estructura del sistema formativo español.  Pues, lejos de plantearse esta cuestión en un clima de conflicto o de confrontación, se ratifica con fuerza el argumento de que el conocimiento de las realidades históricas y espaciales se comprenden y valoran mucho mejor cuando se abordan al margen de prevalencias, de mixtificaciones o de omisiones injustificadas. 

-          Como no podía ser de otro modo, se hace especial hincapié en el reconocimiento de la importancia del patrimonio, en sus múltiples dimensiones – natural, histórico-artística y literaria – como reflejo de un legado de valor inestimable y merecedor a la vez de un tratamiento que permita su preservación bajo las premisas de la sostenibilidad y que sólo puede venir garantizada por la fortaleza que proporcione a estos fines el conocimiento y la sensibilidad que de él se deriva. No es el patrimonio el resultado de una memoria inerte, que sobrevive al paso del tiempo y evoluciona subordinado a la lógica de actuaciones que minimizan su valor en función de las coyunturas o de apetencias determinadas por la inmediatez, sino ante todo el baluarte de una personalidad distintiva que identifica al territorio y le pone en valor con la continuidad que sólo su debida asimilación por la sociedad puede proporcionar.

Todos estos principios, explícitamente recogidos, definen, por tanto, las líneas maestras en función de las cuales se ha planteado y concebido  el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de Castilla y León en ese nivel  de tanta trascendencia formativa  como es sin duda la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Y es que, como señalaba al principio no se trata de una meta, de un punto de llegada,  sino de un escenario de partida que a todos compromete y que hay que valorar en su justa dimensión  en la medida en que la actividad docente ejercida en estos niveles ostenta la responsabilidad de contribuir a la maduración intelectual y cívica en la que sin duda representa la etapa más decisiva, por razones que nadie ignora, del proceso formativo de un persona en un panorama de complejidades y de cambios permanentes como el que nos ha tocado vivir. De ahí que no sea aventurado afirmar que, en la escala en que nos desenvolvemos, las expectativas de la educación dependen en buena medida del grado de eficacia y de proyección que las opciones y objetivos aquí previstos puedan tener. Unos fines que se apoyan en una estructura curricular que, siendo lógicamente perfectible, ha de estar necesariamente abierta a la reflexión y al valor añadido que sólo la experiencia puede aportarle. Por eso, aunque habrá de ser la aplicación de estos contenidos por parte de los docentes la que permita a la postre evaluar el alcance de sus intenciones y el grado de incidencia sobre la sociedad, no cabe duda que a priori ofrece un marco de posibilidades que, críticamente asumidas y debidamente valorizadas, reúnen  los requisitos indispensables para contribuir a la mejora  de la educación y lo mucho que ella representa para el porvenir de nuestra Comunidad Autónoma y al afianzamiento de su prestigio en los espacios en que se integra. 

LA UNIVERSIDAD QUE VIENE

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El Mundo-Diario de Valladolid, 16 de Noviembre de 2002

Nadie que haya seguido de cerca la evolución de la vida univer­sitaria española a lo largo del pasado curso ignora hasta qué punto el que ahora se inicia presenta un notable interés. Ha de suponer el periodo de aplicación efectiva de las princi­pales disposiciones previstas en la Ley Orgá­nica de Universidades, mediante la puesta en práctica de un proceso de adaptación funcio­nal que, fuertemente cuestionado en algunos de sus contenidos básicos y por su escandalo­so proceso de tramitación, se ha acabado im­poniendo por la fuerza de la ley hasta relegar al olvido las tensiones provocadas desde su entrada en vigor a comienzos de este año. Aparte de la reestructuración en los instru­mentos de gobierno y de ordenación de las fi­guras de profesorado contratado, en él se va a llevar a cabo la elaboración de los nuevos Estatutos, algo que, por lo que concierne a la Universidad de Valladolid, posee también una dimensión simbólica, en la medida en que permite superar la situación de bloqueo en que se ha visto sumida la actualización del sistema estatutario, que ningún Rectora­do ni Claustro han conseguido resolver hasta que, por imperativo legal, la situación se ha visto, al fin, desatascada.

Ahora bien, si es cierto que el desarrollo del proceso regulador implica el comienzo de una nueva etapa al menos desde la pers­pectiva formal, cabe plantearse si en esas circunstancias el rumbo inducido por la LOU va a tener la trascendencia y el impac­to que tuvo hace ya casi veinte años la apli­cación de la Ley de Reforma Universitaria, la norma concebida para la modernización y democratización del sistema superior de enseñanza e investigación. Evidentemente no. Pues es obvio que la verdadera transfor­mación de la Universidad española ha teni­do lugar, sin precedentes, a lo largo del pe­riodo comprendido entre los años 1983 y 1998, es decir, desde la entrada en vigor de la LRU y las transferencias de la educación universitaria a las Comunidades Autóno­mas. Han sido tres lustros decisivos, carac­terizados no sólo por una tendencia al in­cremento en todas las variables (alumnos, plantillas, equipos de investigación, planes de estudio, internacionalización, dotacio­nes e infraestructuras de toda índole) que confluyen en él, sino también por la consolidación de sus estructuras básicas de fun­cionamiento, al amparo de las crecientes posibilidades permitidas, con sus luces y sus sombras, por la autonomía universitaria.

A la postre, el formidable crecimiento cuantitativo experimentado y las innova­ciones funcionales asociadas a él han per­mitido lograr un balance satisfactorio, que ha hecho posible la homologación plena con las Universidades europeas y el consecuente fortalecimiento de su prestigio, por más que tampoco haya que ignorar la apa­rición de disfunciones o la pervivencia de inercias residuales, difíciles de evitar en una realidad estructuralmente tan comple­ja y heterogénea como los comportamien­tos y las pautas de actuación que tienen lu­gar en su seno.

Sobre estos cimientos se ha de edificar, pues, el modelo universitario contemplado en la LOU y, lo que es más importante, el que tiende a configurarse en un contexto diferente, cuando las -circunstancias y los factores que sustentaron el fuerte despegue anterior se inscriben en coordenadas bien distintas. En líneas generales, puede decirse que el cambio sustancial al que nos en­frentarnos consiste en el tránsito de una etapa en la que la fortaleza de la Universidad aparecía sólidamente respaldada por su propia tendencia al crecimiento, en au­sencia de otras opciones canalizadoras de los objetivos de promoción social y del re­conocimiento que como tal se le hacía por parte de los poderes públicos, motivados además por la urgencia de resolver las os­tensibles carencias heredadas, a otra en la que, satisfechos buena parte de los objeti­vos pretendidos, la problemática de la Uni­versidad (trasciende a sí misma, para mostrarse como una estructura cada vez más sensible y condicionada por las transforma­ciones, drásticas e imperiosas a su vez, que en apenas unos años están modificando sustancialmente el entorno en que se de­senvuelve.

Defiendo la idea de que con frecuencia la Universidad no ha sido consciente del significado de este viraje y de la trascendencia que, más pronto que tarde, iba a tener co­no factor primordial de su concepción interna y de su propia reorientación estratégica. Por ello es una lástima que el Informe “Universidad 2000", promovido desde la Conferencia de Rectores precisamente en 1998, y brillantemente coordinado por el Doctor Josep María Bricall, no tuviera el eco merecido y, ante todo, necesario. Más bien fue objeto de una lamentable actitud de vituperio, que se quedó en la epidermis de las propuestas para mostrar una imagen desafortunada e incoherente de !a comunidad universitaria. En la mayor parte de las Universidades - entre ellas la de Valladolid - permaneció al margen de la reflexión y del debate rigurosamente planteados, no se entró en el fondo del modelo preconizado y todo quedó reducido a esquemáticas descalificaciones nunca cuestionadas.

Se desaprovechó. y en ello los rectores que promovieron el documento tuvieron responsabilidad inequívoca, una ocasión excelente y !excepcional para aclarar diagnósticos, dilucidar directrices y mostrar ante las ¡instituciones y la sociedad la envergadura de los desafíos planteados. Y se trataba además de una oportunidad muy valiosa, suscitada en un momento clave en el proceso de readaptación universitaria, que, de haberse di­lucidado en la línea innovadora pretendida, tal vez hubiera permitido mostrar una ima­gen cohesionada de la Universidad pública ante el futuro, susceptible de haber refor­zado argumentalmente las reclamaciones financieras necesarias y, lo que no es me­nos importante, de haber matizado de ante­mano muchas de las imperfecciones de que adolece la L.OU, en cuyas posibles implica­ciones tampoco se profundizó con el grado de atención deseable en nuestra Universi­dad.

Sin embargo, la situación del entorno ofrece ya un panorama que obliga a plantear las cosas de otra manera. De hecho, dos con las circunstancias que más claramente confluyen para explicarla. De un lado, las fuertes variaciones registradas en la demanda de estudios superiores, coincidente con un declive continuado en la cifra de alumnos convencionales, con la aparición de otras opciones alternativas a la for­mación con posibilidades más o menos comprobadas de acceso al mercado de trabajo y con una intensificación de la competencia, en la que intervienen la movilidad auspiciada por el distrito único, por la integración en la trama universitaria europea y por la presencia concurrente de las univer­sidades privadas. Y, de otro, no cabe duda que la necesidad de intensificar la acredita­ción de los conceptos de calidad y eficien­cia cobra fuerza creciente a la hora de en­tender el aprovechamiento de los ingentes, y a veces infrautilizados, bienes disponi­bles, hasta convertir a la cultura de la eva­luación en el criterio determinante para la correcta asignación de los recursos.

Asumir el alcance a corto plazo de estos condicionamientos, que se acabarán impo­niendo por la presión de los hechos, obliga a ir más allá de una estrategia de mero reto­que, formalmente amparada en la reforma estatutaria, cuya trascendencia actual no va a ser, desde luego, misma que la que hubiera tenido la modernización de los Estatutos durante la vigencia de la LRU, ni tampoco puede resolverse mediante actitudes triunfalistas o autocomplacientes. Requiere fundamentalmente, y como corresponde a la actitud autocrítica consustancial a la Universidad pública, someter a revisión lo que sé hace, cómo se hace y para quién se hace. Esto es, implica la toma de conciencia rigurosa de las propias fortalezas y debilidades para orientar el funcionamien­to del sistema en la dirección más adecuada de modo que se neutralice el riesgo, no hace mucho denunciado por el responsable de una de las universidades valencianas, de que la Universidad pudiera llegar a ser un simple aparcamiento de funcionarios". Y, aunque es cierto que en no pocos casos se han dado pasos firmes en el sentido que lo evite, la cuestión estriba en incorporarlos plenamente a la lógica de la Universidad, de quienes la gobiernan y de quienes la in­tegran, convirtiéndolos en elementos acti­vos de un complejo de actividades de servi­cio a la sociedad que tiene precisamente en la superación de las inercias una de sus principales justificaciones.

De ahí la dimen­sión estratégica que revisten todas las ini­ciativas coherentemente encaminadas a sa­tisfacer cuatro objetivos fundamentales: la valorización de las propias ventajas especí­ficas, la mejora de la atención al alumno, la cohesión de una realidad estructuralmente heterogénea a través de los mecanismos que hagan posible el conocimiento mutuo y la coordinación de proyectos interdisciplinares en docencia e investigación y el afianzamiento de su proyección, sin rupturas ni contradicciones. Entre otros motivos porque la credibilidad y la competitividad de la Universidad pública, para algunos ahora en entredicho, sólo pueden venir da­das por la progresión de la calidad y la efi­cacia de sus aportaciones a la mejora de la situación en que se desenvuelve la sociedad y el espacio en el que, a todas las escalas, se inserta.

AGUILAR ES LA MARCA

El Mundo-Diario de Valladolid, 29 de Mayo de 2002

Experiencias y acontecimientos como los que han conmocionado en los últimos meses, .y lo siguen haciendo todavía, actividad y la vida en Aguilar de Campoo no son, por desgracia, in­frecuentes en el panorama industrial contemporáneo. Las reducciones drásti­cas de plantilla, la amenaza de expedien­tes de crisis o simplemente el cierre y desmantelamiento de las fábricas defi­nen con tintes dramáticos, por las graves repercusiones que tienen sobre el em­pleo y la economía, la situación a que se ven abocadas a menudo las empresas in­dustriales y de cuyos impactos no se en­cuentran, en principio, ajenos ningún sector y ningún espacio por más potentes y sólidos que pudieran parecer. Y es que la industria es una actividad inestable por excelencia, sometida a una dinámica de cambio permanente, en la que, bajo las premisas im­puestas por un contexto fuertemente concurrencial, confluyen las premisas im­puestas por la innovación tecnológica, la calidad del producto y la competitividad en su proyección al mercado.

Creadora de ri­queza, de valor añadido, de crecimiento y de trabajo, es también el soporte primor­dial del desarrollo económi­co y uno de los fundamen­tos claves sobre el que des­cansa el prestigio de un te­rritorio, que encuentra en la identificación de su perso­nalidad fabril uno de los factores esenciales de acre­ditación a todas las escalas. De ahí la atención y rele­vancia que se le ha de otor­gar, y que en modo alguno deben quedar relegadas ante otro tipo de priorida­des sectoriales, ya sea en el sector de la agricultura o de los servicios, con los que debiera mantener una rela­ción de compatibilidad siempre prove­chosa en beneficio del equilibrio intersectorial deseable.

En una Comunidad como Castilla y León, que industrial mente siempre ha ocupado una posición modesta en el conjunto de las regiones españolas, lo sucedido en Aguilar trasciende con mucho la consideración estricta que el problema presenta en su escenario concreto de impacto para convertirse en una cuestión que afecta muy direc­tamente a las perspectivas y posibilida­des de la industria instalada en una re­gión con contradicciones evidentes en su nivel de desarrollo. Valorarlas en su justa dimensión, entender hasta qué punto ofrecen un panorama alentador o marcado, en cambio, por la incertidumbre y el riesgo constituye un ejerci­cio necesario si realmente se desea consolidar las bases de un modelo de crecimiento que impida afrontar en las condiciones menos traumáticas posi­bles los costos que normalmente acom­pañan a la crisis de una empresa o a la reestructuración de sus activos en un ámbito determinada.

Dudo mucho que esto se haya hecho en Castilla y León con la suficiente diligencia y sobre todo con la continuidad y atención que re­quieren las circunstancias. Considero más bien que se han desaprovechado, pese a haber dispuesto de ellas, oportunidades que quizá hubieran permitido someter a una profunda revisión el análisis de los rasgos que definen el sistema productivo regional, poniendo en evidencia sus puntos críticos y tra­tando de resolverlos con una visión a largo plazo, liberada de los altibajos que imponen las coyunturas y de las in­cógnitas que implica la presencia del capital externo, cuando sus objetivos entran en contradicción o no se corres­ponden ya con el espacio en el que se ubican.

La verdad es que bien poco se ha sa­bido de lo que supuso para esta región el Plan Tecnológico Regional, cuya aplicación a partir de 1996 estaba lla­mada a desempeñar una importancia capital como instrumento de diagnósti­co, de movilización del entramado em­presarial y de búsqueda conjunta - por parte de la Administración regional y de la empresa privada - de opciones de desarrollo destinadas a fortalecer el te­jido productivo de la región, en sinto­nía con los postulados que en el con­texto europeo otorgan una atención es­pecial a las capacidades endógenas de desarrollo. De lo que entonces signifi­caba la puesta en marcha del Plan que­dó constancia en los fastuosos prime­ros encuentros realizados con tal fin, pero, transcurridos los años y ya culmi­nado con holgura su periodo de vigen­cia, carecemos de los datos y de los in­dicadores necesarios que nos permitan evaluar su incidencia efectiva, de qué modo los recursos disponibles sirvie­ron para abordar los fines previstos o, lo que es lo mismo, qué impacto tuvo todo aquello para cimentar las bases de una política industrial digna de tal nombre.

Tengo, sin embargo, la im­presión de que Castilla y León ha care­cido de ella o al menos creo que la que se haya podido llevar a cabo no ha ser­vido para articular en un sistema cohe­rente y con las interrelaciones necesa­rias los numerosos órganos que, con­cebidos como medidas de impulso a la industrialización o susceptibles de dinamizarla – como es el caso de la Agencia de Desarrollo, de la Red de Centros Tecnológicos, de las OTRIS, o de las Fundaciones de las Universidades, por citar algunos de los más representati­vos- han operado como elementos di­sociados, puntualmente activos pero todavía incapaces de fraguar con la de­bida consistencia un verdadero siste­ma regional de innovación, en los tér­minos de apertura, flexibilidad y efi­ciencia con que este concepto es inter­nacionalmente e concebido.

Todas estas consideraciones adquie­ren plena actualidad y, sobre todo, gran urgencia estratégica en el ambiente de tensión provocada por la crisis de la emblemática y centenaria firma galletera ubicada en Aguilar de Campoo desde finales del siglo XIX y representativa du­rante mucho tiempo de una de las principales se­ñas de identidad fabril de Castilla. Los factores de­sencadenantes del pro­blema son bien conoci­dos, han sido analizados con coherencia y exhaustividad y huelga de nuevo detenerse en ellos. Efec­tuado el diagnóstico, y pendiente de encontrar la opción que a corto plazo permita mitigar el grave impacto social y económi­co del cierre - y que, a mi juicio, pudiera decantarse quizá hacia la posibilidad de configurar, bajo la égida de “Siro” o “Gullón”, un vigoroso y competitivo grupo galletero palentino - de lo que se trata ahora es de entender sin ambi­güedades y dilaciones el significado de lo que este hecho representa es el de­tonante que revela una si­tuación de riesgo poten­cial en el que se halla sumida una parte importante del sistema productivo re­gional, sujeto a las premisas de la multinacionalización empresarial, que, si selectivamente crea posibilidades que no deben ser desestimadas, no es me­nos cierto que también se acompaña de incógnitas hacia el futuro, en virtud del proceso de deslocalización que posi­blemente tenderá a intensificarse en una Unión Europea ampliada.

De ahí que, so­bre la base de estos argumentos tendencias, cobre fuerza una vez más la idea que subraya la dimensión estratégica y primordial asociada a la movilización de la iniciativa endógena, que tan notables resultados ofrece ya en un amplio abanico de sectores, po­niendo en evidencia el papel que de­sempeña la plena identificación con el territorio, cuando éste dispone, como es el caso, de recursos evidentes para ello. Dicho de otro modo, y con la mira­da puesta en la resolución del grave problema planteado por la crisis en la comarca y en la villa palentina, se lle­ga a la conclusión de que posiblemente la marca sobre la que sustentar en ade­lante su personalidad fabril ya no sea "Fontaneda". La marca deberá ser Aguilar.

¿Portugal se desvanece?

El Norte de Castilla, 21 de Mayo de 2001

Al plantear esta pregunta nada más lejos de mi ánimo que poner en cuestión la fuerte personalidad portuguesa, hacer cábalas sobre una impensable crisis de identidad o suscitar duda alguna acerca de la creciente posición que el vecino país ibérico ha ido adquiriendo en Europa desde la caída de la dictadura salazarista y el inicio del rumbo que le proyectaría hacia el continente, hasta integrarlo de lleno, y a la par que España, en las estructuras comunitarias. Quien haya prestado un mínimo interés por lo ocurrido en Portugal durante la última década no ha podido permanecer indiferente a las decisivas transformaciones que han modelado su territorio al tiempo que dado origen a una sociedad y una economía que nada tienen que ver con el deprimente y sórdido panorama ofrecido en la etapa previa al estallido de la democracia hace ahora veintisiete años. Pero no es menos cierto que, pese a la proximidad física y al hecho de compartir la balsa de piedra, tan dura y desoladamente descrita por José Saramago, no les ha sido estimulante a los españoles entender y valorar lo que sucede al otro lado de la raya, identificada por Eduardo Barrenechea como una especie de telón de corcho, impermeable y opaco al conocimiento recíproco y a la búsqueda, siquiera sea como simple curiosidad, de los aspectos, caracteres y valores que engarzan los espacios más allá de las rupturas provocadas por la Historia.

Sensible a este tema, tengo lo impresión de que la atención que desde España se ha prestado a Portugal ha estado siempre muy por debajo de las posibilidades y alicientes que ofrecía la tierra de José Cardoso Pires, Alvaro Siza, Miguel Torga, Orlando Ribeiro o Dulce Pontes, por mencionar algunos de los nombres que mejor acreditan, a mi juicio y desde los diferentes campos de la cultura, las profundas sutilezas de la creatividad portuguesa. Sin duda nos atrajeron los acontecimientos que conmocionaron para bien la vida política del país a mediados de los setenta, sentimos como propias las experiencias que proyectaron al mundo la nueva sensibilidad alentada por el frescor de una ruptura democrática singular y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que, frente al tópico y a la banalidad motivados por la ignorancia voluntaria, emergía una realidad bien diferente que era merecedora de todos los respetos en los foros intelectuales, políticos y empresariales de la Europa unida.

Sin embargo, estas manifestaciones de interés por lo que sucede en Portugal no se mantienen en el tiempo con la fuerza que debieran. Y que con frecuencia adolecen de la falta de continuidad en el esfuerzo que comúnmente requiere el descubrimiento de lo ajeno, sobre todo cuando es complejo y las peculiaridades que lo definen sólo pueden ser desentrañadas mediante una actitud abierta y receptiva en la que se funden la sensibilidad por descubrir el valioso significado de la diferencia y la voluntad proclive a la puesta en evidencia de argumentos y líneas de encuentro, susceptibles de favorecer la búsqueda creativa de complementariedades, a menudo desconocidas o infravaloradas por los efectos e inercias derivados de un desconocimiento o distorsión seculares.

Mal que nos pese, tal es la tendencia que lamentablemente se percibe en Castilla y León de forma mucho más nítida que en las otras regiones que bordean el límite fronterizo. No son escasos, en efecto, los elementos de juicio que avalan la afirmación de que las ventajas y posibilidades permitidas por la libertad de movimientos a uno y otro lado de la muga no han sido aprovechadas de igual modo y con la misma riqueza de opciones que hoy vemos desplegarse con vigor desde A Guarda hasta Ayamonte, con un impacto que rebasa con amplitud la línea estricta de separación política para incidir notoriamente en los espacios y ciudades cada vez más alejados de ella. Por el contrario, donde la imagen de discontinuidad real mantiene toda su fuerza es precisamente en el espacio configurado por nuestra Comunidad y las Regiones del Norte y del Centro de Portugal, que sin apenas matices o excepciones siguen mostrándose como mundos separados, de espaldas uno al otro, reacios a conocerse y, lo que es más preocupante, marcados por prejuicios que se resisten a desaparecer.

Llama la atención, empero, que este panorama dominado por el distanciamiento y la lejanía en la percepción de los hechos y las circunstancias que les modelan sucede a una etapa en la que todo parecía indicar que, al fin y tras décadas de inactividad, se estaban fraguando con ilusión los cimientos de una relación basada en el deseo compartido de establecer pautas de actuación favorables al enlace y a la puesta en común de iniciativas de los que sólo cabría esperar resultados positivos para ambas partes, aunque con la conciencia de que sólo a medio plazo podrían ser factibles y consistentes. Con este espíritu vieron la luz proyectos sugerentes como la creación de la Fundación Rei Afonso Henriques, enriquecida con el Instituto Interuniversitario transnacional que lleva su nombre, el nacimiento del Polo Universitario Transfronterizo, la constitución del Grupo de Trabajo internacional resultante del acuerdo suscrito en Bragança en febrero del 99, las actividades asociadas al Programa Comunitario Terra, centrado en la valoración del Duero como eje potencial de vertebración ibérico, o el inicio del Programa Hinterland de Cooperación Interempresarial, concebido con el propósito de dar a conocer la realidad de los respectivos tejidos empresariales, con sus rasgos específicos y sus deseables expectativas de cooperación.

Son experiencias numerosas, dignas de ser valoradas en origen como reflejo de una voluntad de descubrimiento mutuo, pero de balance precario cuando no aparecen sumidas casi todas ellas en la atonía y en el mero planteamiento testimonial. Si en su concepción han sabido responder a las motivaciones que las justifican, de su aplicación efectiva y resuelta depende no sólo el que Castilla y León logre acreditarse en su indispensable relación con Portugal sino el que también los espacios fronterizos consigan superar la profunda desvitalización que les afecta, sólo posible cuando las relaciones se planteen a gran escala y no queden circunscritas a los espacios divididos por la raya. De ahí el significado de la pregunta que encabeza este texto: como inquietud y, sobre todo, como llamada de atención.

EL ENORME DESAFIO DE ORDENAR EL TERRITORIO

El Norte de Castilla, 27 de Marzo de 2001

Cuando a comienzos de 1963 el gobierno de Francia decidió crear la Delégation pour l'Aménagement du Territoire et l'Action Régionale - la célebre DATAR, cuyas oficinas se abren, recoletas pero solemnes, a la sombra de la Torre Eiffel - , el Presidente de la República justificó la decisión porque entendía que con dicha iniciativa se trataba de cumplir "una ardiente obligación". Con tan enfática expresión, el gran hombre de Estado que fue Charles de Gaulle no hacía sino presentar ante la sociedad francesa el alcance de ese gran compromiso que siempre ha existido en el vecino país por la Ordenación del Territorio, como política de vertebración y confluencia de intereses al servicio de unos objetivos claramente definidos por el consenso entre las instituciones. De ahí que, con sus luces y sus sombras, esta forma de entender las relaciones del poder con la sociedad y el espacio haya sido sin lugar a dudas uno de los principales instrumentos de la imagen de calidad, prestigio e integración que el "hexágono" francés ha logrado ofrecer de sí mismo; una imagen que es al tiempo reflejo permanente del gran pacto de Estado sobre el territorio, que, desde la puesta en marcha de la DATAR hasta la Ley de 1995, se ha mantenido robusto frente a los cambios, a las alternancias y a las vicisitudes políticas de toda índole.

Hasta qué punto la ausencia en España de un mecanismo de estas características, aunque obviamente adaptado a las peculiaridades del modelo autonómico, ha supuesto un obstáculo para la superación de problemas territoriales y ambientales arraigados en el tiempo y todavía irresueltos, es algo sobre lo que tal vez conviniera reflexionar con la mirada puesta en la voluntad de alcanzar políticas de coordinación en estas materias entre las diferentes regiones españolas. Mientras esto no suceda, y al amparo del reconocimiento que en este sentido debiera otorgarse al Senado como escenario de encuentro y compromiso para una verdadera integración de las distintas perspectivas que convergen en el Estado, los problemas estarán a la orden del día, los agravios surgirán inevitablemente y persistirá, acentuándose incluso, la imagen de esa "España invertebrada" que tan bien definiera Ortega.

A falta de que este engarce interregional sea algún día realidad, las Comunidades Autónomas han logrado ejercer un protagonismo creciente en el campo de las decisiones con impacto territorial, haciendo suyo el importante margen de maniobra que les asigna el Art. 148 de la Constitución. Sería muy interesante, desde luego, valorar de qué manera se ha ido transformando España a medida que los gobiernos autónomos han hecho uso de estas prerrogativas y puesto en práctica un sinfín de actuaciones cuyo balance, sintéticamente expuesto, ofrece una mezcla heteróclita de logros incuestionables y dislates manifiestos. Es una forma tal vez demasiado simplista, pero el espacio disponible no da para más, de resumir el sentido contradictorio a que a menudo conduce la toma de decisiones cuando éstas aparecen simultáneamente guiadas, unas veces, por el afán de notoriedad y de capitalización política que aportan de inmediato las operaciones de mayor impacto, y otras, por el propósito de impulsar medidas diseñadas y aplicadas con el rigor y la coherencia necesarios para alcanzar la efectividad y equilibrio pretendidos.

A este crucial desafío se halla expuesta actualmente la Comunidad de Castilla y León, una vez que la responsabilidad contraída en la Ley 10/1998 ha tomado cuerpo en las Directrices de Ordenación del Territorio, dadas a conocer por la Consejería de Fomento y abiertas a debate público. No es una cuestión que deba pasar desapercibida ni mostrarse ajena a las inquietudes de la sociedad y de quienes la gobiernan, entre otras razones porque nuestra región y sus ciudadanos se juegan mucho en el empeño de cara a los horizontes que se perfilan apenas a cinco años vista. Aparte de por su dimensión natural y por la diversidad intrínseca que la distingue, Castilla y León se singulariza en estos momentos en España por una serie de tendencias y perfiles que definen un panorama dominado por la incertidumbre y por la endeblez de las estrategias capaces de integrar los problemas de la región en un plan ambicioso y coherente tanto por lo que respecta a la calidad de su diagnóstico como a la fortaleza de las medidas destinadas a ofrecer soluciones solventes, viables y debidamente asumidas por el entramado social.

Más allá del deslumbramiento que suelen ocasionar los grandes proyectos de infraestructura circulatoria, y que en realidad van eminentemente asociados a la condición de la Comunidad como obligado espacio de tránsito, es en los niveles de la reflexión cotidiana, en los ámbitos de la actividad profesional y laboral más sensibles y preocupados por las situaciones de atonía, donde se percibe, ya sea las ciudades o en el mundo rural, la auténtica envergadura de las insuficiencias existentes y, lo que es más grave, el peso de las inercias y pasividades que condicionan y ensombrecen las expectativas de futuro.

Si tal es el estado de ánimo que a menudo se detecta en el ambiente, hasta el punto de motivar una actitud de desaliento y abandono por parte de alguno de los sectores más activos y competentes de la sociedad, sorprende que esa sensación aflore con tanta fuerza cuando a la par se observan síntomas de dinamismo e iniciativas de crecimiento que inducen a pensar que no todo el panorama resulta tan sombrío como parece. Pero es ahí radica precisamente, a mi juicio, la principal contradicción en que se desenvuelve Castilla y León, la propia de una región donde coexisten desarrollos puntuales y situaciones de desolación demasiado generalizadas. Es la típica dualidad de un espacio en crisis y necesitado con urgencia de medidas que, superando la visión meramente sectorial de los problemas y no eludiendo la responsabilidad con todo el espacio, logren proyectarse en una vigorosa estrategia de Ordenación del Territorio cimentada en las tres premisas que la identifican, es decir, una decidida voluntad política para llevarla a cabo, una capacidad para movilizar en torno a ella al conjunto de la sociedad y la solvencia necesaria para elaborar un proyecto de desarrollo, prestigio y calidad de vida que sea al tiempo integrador, ilusionante y sin ningún tipo de exclusiones.