Los acontecimientos que tan decisivamente están convulsionando al mundo contemporáneo revisten, en virtud de sus múltiples manifestaciones y consecuencias, una importancia primordial para explicar la intensa remodelación a que se ve sometida la imagen que del planeta ha tenido hasta hace bien poco el ciudadano, hoy asombrado y expectante frente a una realidad mutable y en permanente e imprevisible metamorfosis.
Con especial celeridad, las modificaciones experimentadas en el trazado de fronteras, convencionalmente consideradas como algo inamovible, la aparición de nuevos Estados o los intentos por afianzar, en otros casos, la edificación de proyectos integradores de carácter supranacional constituyen una de las tendencias más significativas de este periodo de fin de siglo, cimentando las bases de un nuevo esquema interpretativo de las estrategias geopolíticas, cuya valoración va mucho más allá de la descripción superficial de los hechos en su mera secuencia diacrónica.
Pero si es cierto que cuanto sucede recientemente va a obligar de inmediato a recomponer la cartografía y a replantear muchas de las reflexiones concernientes a amplias áreas de la Tierra, no es difícil al propio tiempo comprobar hasta qué punto en los momentos actuales cobran también especial trascendencia, hasta imbricarse de lleno en las preocupaciones de la sociedad, fenómenos de tanta relevancia como la degradación medioambiental, la dicotomía campo-ciudad, la crisis de las áreas metropolitanas, la internacionalización de las actividades económicas, sin olvidar, obviamente, el alcance y dimensión de los antagonismos y desigualdades que, a todas las escalas, fragmentan la configuración de la sociedad y del espacio contemporáneos
Noción de espacio
Nos encontramos, en fin, ante un panorama complejo, henchido de problemas y comportamientos múltiples, cuya consideración, intelectualmente sugestiva, no hace sino revalorizar el significado teórico del concepto sobre el que reposan y en función del cual es necesario concebir los dinamismos que los caracterizan. Tras ellos subyace, en efecto, la noción de espacio, como fundamento real y tangible de las diferentes formas en que se materializan los diversos modelos- de organización resultantes de las interacciones planteadas entre la sociedad y su entorno.
Son modelos que resultan de la materialización de un proceso dialéctico, en continua mutación, y en el que intervienen un sinfín de variables explicativas de la heterogeneidad espacial, que sólo es posible entender a partir de los condicionantes históricos, de las estructuras socio-demográficas, de las posibilidades ofrecidas por el potencial ecológico, de los niveles de desarrollo económico-tecnológico alcanzados y de la posición correspondiente en el sistema de relaciones construidas a escala mundial.
De ahí que, por encima de la visión unidimensional que cada una de ellas pueda suministrar, el conocimiento del espacio, de sus caracteres y problemas, aparezca siempre ligado a la formulación de una perspectiva integradora que, partiendo de la multiplicidad de factores y elementos que lo conforman e identifican, propicie su intelección con criterios de globalidad e interdependencia.
A tales objetivos y propuestas metodológicas, de inestimable valor formativo y siempre acordes con la pretensión de desentrañar los mecanismos que intervienen en la configuración de la realidad espacial, responde la razón de ser de esa ciencia que, con el nombre de geografía, se debate en nuestros días entre la renovación de sus planteamientos científicos-didácticos y la infraestimación de que adolece en el panorama de los saberes con proyección formativa básica.
Y en este sentido no deja de ser tan sorprendente como inadecuada desde todos los puntos de vista la contradicción en que, a la postre, va a quedar sumida su posición en la estructura del sistema educativo español, donde, frente al reconocimiento que se le otorga en el rango universitario como titulación con personalidad y entidad específicas, se detecta una voluntad decidida por relegarla al contexto de las disciplinas marginales, en el que ni siquiera ha de cumplir la finalidad de saber complementario teóricamente otorgado a las asignaturas englobadas bajo el epígrafe genérico de la optatividad.
Pues, ¿cómo, si no, habría que interpretar la irrelevancia que en el nuevo bachillerato va a tener una ciencia que únicamente figura como campo de saber opcional en el segmento de humanidades y ciencias sociales, sin que sus contenidos y finalidades aparezcan recogidos de forma explícita en ninguno de los otros bloques que conforman el organigrama proyectado? Más aún, la sensación de marginalidad se reafirma al constatar que, dentro de las grandes áreas de conocimiento contempladas en el diseño global, es precisamente la geografía la que se sitúa en el nivel de representación más ínfimo, ya que la polivalencia que se admite para las demás, susceptibles de figurar en varias opciones o en los dos cursos, no es reconocida para una materia, que, aislada y desconectada del resto, puede convertirse en un referente académico no exento de excepcionalidad y de cierta connotación de atipismo.
Marginalidad
Tan exigua representación, no parangonable con la que al tiempo se la concede en los programas vigentes en los países de nuestro ámbito cultural más próximo, mediatiza sobremanera el desarrollo de los contenidos, limitándolos a epígrafes muy concretos del amplio abanico temático hacia el que, teóricamente, debe proyectarse una adecuada formación geográfica.
Circunscrita a la "lectura y comprensión de lo que significa España y su marco geográfico", los objetivos pretendidos persiguen algo tan encomiable como el conocimiento de la realidad territorial española, en su doble perspectiva ecológica y humana, cuyo análisis se complementa con un apartado referido a la Comunidad Económica Europea, que se muestra más como un apéndice del programa general que como un núcleo temático con entidad propia. Poco habría que decir, sin embargo, de la función asignada a esta disciplina, si no fuera porque el aprendizaje de los contenidos que encierra van destinados a una fracción minoritaria • —tal vez residual— de los alumnos que cursan el bachillerato, al permanecer al margen de los mismos todos aquellos que no canalizan sus preferencias hacia la opción de humanidades y ciencias sociales. Y, desde luego, no deja de ser preocupante asimismo él propósito de que la educación obtenida en este nivel haga caso omiso por completo de aspectos de gran significado formativo actualmente, como son todos los relacionados con la estructuración regional del país (¿cómo justificar la ausencia de un tratamiento más desarrollado de la complejidad territorial de España, soporte ineludible para captar el sentido de la construcción autonómica del Estado?) o con la propia regionalización del mundo en grandes espacios homogéneos.
Los riesgos que se derivan de este empobrecimiento de los saberes geográficos en el Bachillerato no tardarán en aflorar en nuestro panorama educativo. Menoscabando la importancia de-un campo de conocimiento de valor esencial en la tradición cultural europea, se perfila ante nosotros una situación tan lamentable como la que se manifiesta en el hecho de que, si en lo sucesivo la mayoría de los estudiantes españoles de bachillerato —y por tanto, de quienes acceden a la Universidad— va a desconocer la realidad geográfica de su propio país, la ignorancia será además generalizada y abrumadora cuando se trate de interpretar los procesos y los fenómenos que se plantean en el resto del mundo, privándoles así de los elementos de juicio capaces de estimular su sensibilidad por cuanto acontece más allá de sus fronteras.
Cultura aespacial
En otras palabras, asistiremos al progresivo y lamentable fomento de una cultura aespacial, en gran parte enajenada de la realidad e indiferente a la problemática que la caracteriza. Con ello no se hará sino agravar una carencia de formación, que hoy ya muestra indicios francamente críticos.
Si hace unos días este mismo diario se hacía eco de un sondeo efectuado entre universitarios madrileños, donde se señalaba, entre otras conclusiones bien expresivas, que un porcentaje muy elevado desconocía la localización de las repúblicas yugoslavas o del Estado de Israel, el transcurso del tiempo nos mostrará sin paliativos hasta qué punto esta inopia de conocimientos, alentada por un exceso de banalidad en el tratamiento de los fenómenos espaciales, será moneda corriente incluso a la hora de situar en un mapa los territorios con los que teóricamente se encuentren más familiarizados.
Carencia a la que, por otro lado, habrá que unir la que, en la mayor parte de los casos y más grave aún, venga inducida por una ostensible incapacidad intelectual para interpretar correctamente las grandes tendencias rectoras de las dinámicas espaciales del mundo contemporáneo, que, baladíes por desconocidas, tenderán a convertirse en realidades sistemáticamente ignoradas en detrimento de un proceso de formación integral, en el que debiera quedar garantizada, como premisa irrenunciable, la necesaria compatibilidad entre el desarrollo de las habilidades científico-técnicas y la rigurosa aprehensión de los conocimientos que sustentan la sensibilidad por la memoria histórica y por los factores que, debidamente concatenados, modelan a las sociedades y a los espacios de nuestro tiempo.
Muchas de las tensiones que aquejan a la sociedad contemporánea tienen su raíz en los problemas planteados en torno al hecho urbano, verdadero catalizador de las preocupaciones esenciales de nuestro tiempo y fenómeno desencadenante de conflictos múltiples, asociados a la complejidad de sus dinamismos intrínsecos y a las disparidades de toda índole que, como consecuencia de ello, tienen lugar en la ciudad moderna. Mas también es cierto que a medida que ésta se afianza como el escenario preferente de residencia y el ámbito primordial de relación social y económica de nuestro tiempo, todo lo concerniente al desarrollo y organización de las formas de vida urbanas se inscribe por fuerza en un panorama de afanes compartidos, convergentes unas veces y enfrentados otras, que a nadie puede dejar indiferente, so pena de incurrir en posturas aislacionistas, que siempre van en detrimento de la defensa de los propios intereses, tanto en su vertiente particular como colectiva. Bajo estas premisas, la sensación de pertenencia a un espacio de uso común, vertebrado a partir de una realidad heterogénea, cobra una importancia indiscutible, que se transmite desde el ciudadano individual hasta los órganos de decisión política, en un proceso constante de interacción y enriquecimiento mutuos, sólo realmente fecundo cuando estas aportaciones, emanadas de uno y otro lado, se organizan en un contexto democrático, abierto y plenamente participativo.
En esencia, la necesidad de alentar al máximo este intercambio fluido de posiciones diversas viene exigida por la progresiva reafirmación de un modelo interpretativo de la ciudad, que obligadamente ha de poner fin a la visión restrictiva y en cierto modo unidimensional que tradicionalmente ha caracterizado el entendimiento de las relaciones entre la sociedad y el entorno urbano en que ésta se desenvuelve. Es decir, asistimos al tránsito desde una concepción unilateralmente dirigista, basada en las pautas impuestas por unos pocos a otra en la que primen los principios de participación, emanados de la propia sociedad y de sus órganos más directamente representativos. Sólo así es posible conceder toda su validez a las reflexiones que abogan por la superación de un planteamiento eminentemente centrado en la mera expansión cuantitativa de las magnitudes demográficas y económicas, al margen de las implicaciones sociales y ambientales que a menudo ello traía consigo", para, en su lugar, insistir en la defensa de una actitud más crítica y vigilante frente a las posturas defensoras de la lógica estricta del crecimiento a toda costa. De hecho esta idea no hace sino responder a la comprobación de que más allá de los optimismos que deparan las situaciones expansivas a corto plazo, los comportamientos simplemente acumulativos propenden, cuando se contemplan con un horizonte más amplio, a la génesis de fuertes contradicciones y deseconomías internas, que amenazan incluso con poner en entredicho la propia capacidad del entorno urbano para cumplir satisfactoriamente las necesidades que le impone el mismo cuerpo social.
Si estas reflexiones se han incorporado desde hace tiempo a la esfera de actuaciones asumidas por los elementos responsables de la gestión en las ciudades europeas, tardíamente observamos, en cambio, su asimilación decidida al ámbito concreto de la realidad urbana española. Y aunque no cabe duda que el espíritu que anima a la concepción de numerosos planes urbanísticos traduce en teoría una creciente sensibilidad por este tipo de cuestiones, no son infrecuentes, cuando se desciende al análisis de casos concretos, los reiterados incumplimientos de los objetivos previstos, con frecuencia sacrificados al logro de realizaciones espectaculares inmediatas, cuya falta de cohesión y exceso de voluntarismo modifican con brusquedad la ya ampliamente deteriorada armonía urbana, al tiempo que evidencian el mantenimiento de una estrategia todavía en exceso supeditada a la satisfacción de los intereses especulativamente defendidos por un sector minoritario de la sociedad.
No es ocioso, en estas circunstancias, plantearse hasta qué punto resulta preciso modificar con urgencia tales parámetros de conducta y, en consonancia con el sentido de las apremiantes exigencias sociales, subrayar la necesidad de promover estrategias de actuación nuevas capaces de insertar la dinámica de nuestras ciudades en un marco de referencia teórico apoyado en la idea de solidaridad y en la defensa primordial de los intereses colectivos. No es ésta, en verdad, una pretensión utópica, sino una postura firmemente sustentada en la congruencia establecida entre los dos principios que, en mi opinión, mejor identifican en nuestros días la formulación explícita de una política urbana progresista, indispensable si realmente se desea alcanzar el desarrollo condiciones de calidad de vida con una proyección socialmente mayoritaria.
Se trata, por un lado, de revitalizar y otorgar su pleno contenido operativo al concepto de «Medio Ambiente Urbano», entendido en su acepción más global e integradora. Frente al cúmulo de situaciones de deterioro ambiental en que se hayan incursas prácticamente todas las ciudades, abogar por el despliegue de medidas preventivas y correctoras de las alteraciones más lesivas para el buen funcionamiento del entorno constituye no sólo un objetivo irrenunciabie sino a la par el soporte básico en el que se han de apoyar las políticas de intervención programadas. A este respecto, no ha lugar a la improvisación ni a un derroche de originalidad en la formulación de las propuestas: bastaría simplemente con hacer efectiva y técnicamente aplicable la metodología propugnada por el Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano que el pasado año elaboró la Comisión de las Comunidades Europeas en un decidido afán por potenciar el nacimiento de una reflexión fecunda sobre el alcance de las dinámicas observadas y de construir, en función de ella, un modelo susceptible de fundamentar las líneas maestras de reorganización del espacio urbano, obviamente acomodadas a las particularidades de cada escenario concreto y a sus problemáticas específicas.
¿Cómo cuestionar, entonces, la validez de ese desglose, claramente efectivo, entre medidas orientadas a la reorganización de la estructura física de la ciudad y las que tienen como finalidad directa el control de las incidencias provocadas por las actividades urbanas sobre el medio ambiente? Bajo ambos epígrafes aparecen contemplados e integrados los grandes temas que hoy preocupan al ciudadano y frente a los cuales ninguna Administración puede honestamente permanecer impasible. Si en el primer caso, las ventajas de una visión globalizadora consigue unificar las indudables conexiones existentes entre la planificación del crecimiento, la corrección de los problemas de vivienda, la ordenación del transporte, la protección del patrimonio y la revalorización de los espacios de interés ecológico, no es menor la validez que se otorga, en el segundo, a todo lo relacionado con la adecuada articulación del espacio de uso industrial, con el abastecimiento y calidad del agua y con el tratamiento de los residuos. Ciertamente tras cada uno de estos epígrafes subyace una casuística compleja y una tipología de problemas planteados a diversas escalas, cuya resolución precisa de análisis rigurosos, sensibles a la realidad territorial y, por supuesto, de la adopción de iniciativas abordadas con auténtica voluntad resolutoria, ya que sólo mediante la firmeza de las decisiones será posible acometer con éxito programas de actuación ambiental verdaderamente efectivos.
Hasta tal punto es importante, en coherencia con lo subrayado en el artículo anterior, el logro de avances significativos desde la perspectiva ambiental que de ello depende en gran medida la posibilidad de efectuar el salto cualitativo hacia el otro de los grandes principios sobre los que se asienta la construcción de una realidad urbana solidaria. Me refiero, lógicamente, al proyecto de hacer de la ciudad del espacio organizativo de una vida comunitaria socialmente integrada. Este deseo trasciende a la mera consideración de una forma de convivencia forzosamente constituida a partir de una multiplicidad de elementos disociados, que especialmente coexisten en situaciones de armonía aparente y más o menos estable, relativizadas por la función que cada uno de ellos desempeña en el organigrama socio-productivo. Sin ignorar el valor de los conflictos que difícilmente podrán ser evitados en un contexto regido por la pluralidad de intereses y por la propensión a la defensa de las posiciones individualistas, entiendo que jamás una política urbana deberá renunciar a la puesta en práctica de los mecanismos que permitan superar esa tendencia a la «sociedad desintegrada en soledades individuales», a la que tan críticamente se ha referido Carlos Gurméndez.
Frente a estas actitudes .sólo cabe reivindicar el valor de contrapeso que sin duda pueden ejercer, no a demasiado largo plazo, los intentos por crear ese ámbito de convivencia favorecedor de una identificación del ciudadano con el espacio en el que vive, compartiendo afanes comunes, interviniendo activamente en cuantas iniciativas sean capaces de enriquecer un panorama cultural cada vez más abierto a sus preocupaciones y sensibilidades, estableciendo, en fin, fórmulas de cohesión en sus diferentes esferas de comportamiento. Lo cual ha de estar firmemente cimentado en el amplio margen de posibilidades que sin duda derivan de la conciencia de pertenecer a un espacio urbano no repulsivo sino integrador de voluntades heterogéneas y a la vez estimulante para la materialización de proyectos compartidos.
Se trata, dicho de otro modo, de abundar en la idea de «ciudad recuperada», durante mucho tiempo maltrecha o desvaída en nuestro país,, y que sólo desde la democratización de los ayuntamientos está siendo posible rescatar gradualmente del olvido, no sin esfuerzos y vacilaciones. Y es que la «recuperación» de la ciudad por el ciudadano facilita, al sentirse éste partícipe y protagonista de cuanto acontece en un contexto espacial concebido como propio, la aparición de potencialidades inéditas, que estimulan la formulación de propuestas encaminadas tanto a la mejora de la calidad de vida como a la creación de un escenario adecuado para la materialización de alternativas de desarrollo económico. Alternativas especialmente necesarias en una etapa de fuerte competencia interurbana como la que actualmente preside la situación de las ciudades españolas, y sobre todo de aquellas empeñadas en potenciar su atractivo mediante la puesta en práctica de nuevas expectativas de futuro.
Aplicar los planteamientos señalados al caso vallisoletano es una tarea tan ambiciosa como apasionante. Y perentoria también. El diagnóstico que hoy podemos hacer sobre Valladolid,- ya consolidada su personalidad y definidas las grandes directrices que en el tiempo han inspirado su específica ordenación espacial, no arroja un balance optimista, como consecuencia de los graves condicionamientos de todo orden heredados de una etapa en la que la respuesta inmediata al crecimiento económico provocó la génesis de una ciudad caótica, repleta de contradicciones y disparates urbanísticos y ambientales. Muchos de ellos son fenómenos irreversibles, que marcarán para siempre el deterioro de su fisonomía interna como uno de de sus rasgos más distintivos. Pero también es cierto que desde 1979, por más que la crítica -ese «arma irrenunciable», como diría Malraux- siga estando plenamente justificada, Valladolid ha cobrado una nueva dimensión, en un intento consciente por paliar en lo posible las enormes servidumbres heredadas e insertar a la ciudad en un panorama encaminado a la revitalización de su prestigio y a la creación de un entorno más favorable para la convivencia y la reflexión.
Digamos, en todo caso, que paulatinamente se han ido fraguando los cimientos sobre los que edificar un sentimiento de identificación, del que hasta hace bien poco se carecía. Pues no en vano había sido entorpecido como consecuencia de la actitud de rechazo provocada no tanto por el carácter foráneo de la mayor parte de sus residentes, reproduciendo así los hábitos tan usuales en enclaves masivamente nutridos por la emigración, como, sobre todo, por el escaso poder integrador que era capaz de ejercer un tipo de evolución urbanística favorable a las segregaciones sociales y a la acentuación de los antagonismos, hasta cristalizar en un modelo de ciudad constituido por elementos espaciales múltiples con muy deficiente o nula vertebración entre sí. Si, por tanto, la consideración de Valladolid como espacio urbano progresivamente asumido por el conjunto de la población está ligada al proceso lógico de asimilación que depara la existencia de una realidad fuertemente consolidada y a las ventajas de una forma de actuación que ha manifestado en numerosas ocasiones una predisposición clara al reconocimiento de las demandas planteadas por la base social, el reto que se inicia a partir de ahora resulta crucialmente decisivo. Culminar la tarea iniciada en el sentido señalado, sin rupturas ni involuciones, tal vez sea uno de los objetivos primordiales, como requisito previo para abordar con resultados satisfactorios los tres grandes epígrafes que, a mi juicio, simbolizan las líneas básicas en que ha de encuadrarse el tratamiento de la actual problemática vallisoletana.
De un lado, se ha de abordar con decisión y sensibilidad política las situaciones críticas aún existentes en esa constelación de barrios periféricos, que, componentes fundamentales de la trama urbana y generadores con frecuencia de sólidas cohesiones internas que no se pueden eludir en la toma de decisiones, son al tiempo la expresión fidedigna y permanente de las múltiples malformaciones legadas por la etapa desarrollista y más desaforadamente especulativa, y cuyas carencias ostensibles deben inscribirse sin demora entre las preocupaciones prioritarias de la ciudad, entre otras razones porque albergan el conjunto demográfica y sociológicamente más representativo.
De otro, es obvio que las fórmulas orientadas a facilitar la integración de la sociedad tienen en la dimensión cultural de las actuaciones una clave de referencia obligada, apoyada en la necesaria concertación de propuestas e iniciativas, que la conviertan en algo plenamente participativo y ajeno a cualquier elitismo excluyente, y a la vez proyectada con una visión respetuosay defensora a ultranza del patrimonio histórico, que haga posible la preservación de los testimonios residuales de la riqueza arquitectónica que, hasta hace bien poco gravemente lesionada en una parte muy significativa por la remodelación o el abandono, sigue representando el soporte más emblemático de la propia personalidad urbana.
Y, por último, sería un grave error hacer caso omiso de la hipótesis de que el futuro de Valladolid pudiera quedar seriamente mediatizado si no se procede a la corrección drástica de las deficiencias ambientales que tanto alteran y distorsionan sus potenciales capacidades para proporcionar una adecuada calidad de vida. Ruido, tráfico y agua definen la trilogía de las medidas de intervención deseables a corto plazo en una ciudad que acusa con especial gravedad los efectos de la difícil armonización planteada entre las características del entorno y los impactos provocados sobre él. Y con un horizonte temporal que tampoco puede ser demasiado dilatado, es obvio que la calidad preconizada se identifica plenamente con la resolución de los déficits de que adolece el nivel de equipamientos en las áreas más necesitadas y con la búsqueda de soluciones efectivas al crónico problema de la vivienda, al que se ven con impotencia enfrentados amplios sectores de la sociedad, convirtiéndolo en uno de los aspectos primordiales de cualquier estrategia de gestión merecedora del apoyo popular.
No son pocas, en suma, las dificultades que en los momentos actuales condicionan la reorganización solidaria de los espacios urbanos contemporáneos. Su creciente complejidad y la confrontación de intereses en juego crean un marco de actuación difícilmente abordable mediante el diseño de fórmulas simplificadoras de la realidad. Se requieren, en cambio, soluciones imaginativas, un conocimiento y evaluación rigurosos de los problemas existentes, la elaboración de programas bien vertebrados y, ante todo, la voluntad firme de llevarlos a cabo. Definitivamente cuestionada la etapa de las decisiones unilaterales, casi siempre sostenidas por los grupos de presión más fuertes y exclusivistas, parece llegado el momento de la concertación, como requisito ineludible si se desea hacer de la ciudad un ámbito capaz de favorecer la permanente y fecunda convergencia de los afanes colectivos.
Consciente de ello, el ciudadano dispone ya de suficientes elementos de juicio para ponderar el margen de sinceridad de las propuestas que se le ofrecen y el grado de sintonía y sensibilidad que quienes las brindan manifiestan con la problemática suscitada. Para decantar en nuestro caso la opinión al respecto, bastaría tan sólo con analizar la historia reciente de Valladolid, desde los años sesenta hasta nuestros días, para ver hasta qué punto los dos modelos de ciudad que se han configurado en el tiempo, ambos separados por el hiato que inicia el proceso de democratización de la gestión municipal, responden a filosofías antagónicas, cuyas posibles líneas de comportamiento y de concepción de la ciudad ha de ser enjuiciadas como criterios estimativos de las directrices que una y otra habrán de ser capaces de imprimir hacia un futuro inmediato. Un futuro que, de ningún modo, puede quedar a merced de posiciones demagógicas o de mero arbitrismo político.
El Mundo-Diario de Valladolid, 24 de Junio de 1991
Si no fuera porque sus gestos, actitudes y decisiones repercuten en el funcionamiento de la vida institucional y en la gestión de lo público, ninguna atención habría que prestar a esos funestos personajes que, al socaire del contexto democrático en que viven y del que se aprovechan, proliferan con insólita profusión en nuestra escena política para comportarse en ella a sus anchas, indiferentes y chulescos a los clamores de denuncia o repulsa que surgen a su alrededor. Son como sarpullidos incómodos, molestos y desagradables, que no tienen otra dignidad que la que les confiere un tan inexplicable como atípico apoyo popular, conseguido en buena lid pero a menudo con artes impropias de la mínima corrección democrática. Maestros del populismo barriobajero, profesionales avezados de la demagogia vulgar, aficionados a la difamación gratuita y amigos del chalaneo, son, al tiempo, ejemplares inverecundos de la mediocridad más absoluta, de la que, incluso, presumen como reflejo de una incultura conscientemente asumida y procazmente divulgada para ofensa y desazón de quienes abogan, en cambio, por la dignificación de la vida ciudadana.
Y hasta qué punto la crítica les hace mella es algo que no siempre resulta fácil dilucidar, ya que, en apariencia inmunes a ella, tienden a arremeter con violencia verbal ante cualquier ataque o puesta en entredicho de su particular forma de llevar a cabo la gestión de la cosa pública. Mas no se crean que el debate se resuelve en el terreno de la dialéctica respetuosa y civilizada. No, cuando se discute con ellos no ha lugar a la normalidad ni al atisbo de posibles intentos de concordia. De inmediato, como resortes impulsados por un automatismo calculado, casi instintivo, afloran los síntomas de la más completa incomunicación, de un abismo insondable que convierte la pretensión de diálogo en un vano afán o, peor aún, en una predisposición totalmente estéril, que relega a quien la defiende al terreno del más completo ridículo e incomodidad.
Y es que en torno a tan lamentables: Figuras de nuestra realidad cotidiana: se teje un entramado de intereses, una i malla de relaciones tan tupida y críptica, que cualquier intento de homologación con los parámetros inherentes a la convivencia normal ha de ser inmediatamentedescartado.La incompatibilidad en este sentido es y serásiempreabsoluta,entreotras razones porque la supervivencia del modelo que representan, así como el clientelismo a que da lugar, no pueden estructuralmente coexistir con el funcionamiento normal de las reglas propias del juego democrático, abierto, crítico, transparente y flexible.
Frente a ellas, la rigidez y la opacidad constituyen la garantía indispensable en la que se han de amparar estos personajes protervos de la política para mantener intacto ese poder de persuasión banal que tantos beneficios les reporta, por más que tras él, a poco que el observador profundice en ello, se esconda el recurso sistemático a una jerigonza repleta de lugares comunes, de frases hechas, de ideas primarias y de expresiones hueras.
Porque, a decir, verdad, ¿qué otra cosa, si no, se esconde bajo el insulto como procedimiento habitual de descalificación del adversario, de lo que tampoco se halla exento incluso el aliado, cuando éste comienza a cuestionar los comportamientos de aquél?, ¿a santo de qué esa defensa enfermiza de las esencias locales como reacción afanosamente buscada frente al «enemigo» exterior, dando prueba en todo momento de una actitud obsesivamente misoneísta, en lucha incesante con la marcha de los tiempos?, ¿cabría de otra forma interpretar, en fin, ese patológico victimismo vindicativo, al que se recurre por sistema cuando la confrontación opositora trata de descender al terreno operativo en el que se evidencian las muestras palmarias de la incompetencia y la marrullería en el ejercicio de la gestión?
Pero lo más grave es que, mediante el engaño y la manipulación de los hechos, sesgados siempre al servicio de sus ambiciones soterradas, lo único que consiguen es el medro personal a costa del prestigio buen nombre de los escenarios donde se desenvuelven. Y así, mediante maniobras distorsionantes de la realidad, tienden a identificar sus ámbitos de actuación con los comportamientos consecuentes al espúreo liderazgo que tratan de detentar. Para ello recurren a toda suerte de artimañas, comunmente materializadas en la creación de sus propias opciones políticas, que, sumidas en la banalidad programática y en los slogans de mero artificio, no son más que el reflejo mezquino de un personalismo vacuo en trono al cual se aglutinan los intereses particulares del «líder» y de quienes, arropados a su sombra a modo de sumisos y silentes turiferarios, unen su suerte y la de sus intereses particulares a las pingües expectativas que les depara el desenvolvimiento a sus anchas en un auténtico patio de monipodio.
A pesar de todo, no resulta fácil erradicar tales especímenes de nuestro panorama político, sorprendentemente protegidos a veces por opciones de solvencia reconocida en el juego democrático, que, de forma tan inexplicable como peligrosa, se pliegan a sus pretensiones, estableciendo con ellos discutibles fórmulas de colaboración, sin que el ciudadano pueda captar la efectividad real de tales operaciones y las entretelas en que se elaboran. De ahí que la puesta en entredicho de tales prácticas parezca plenamente justificada, máxime cuando de su generalización pudieran derivarse serios peligros para la imagen del sistema democrático, de cuyo descrédito sólo cabe esperar consecuencias lamentables para el correcto funcionamiento de las relaciones entre la sociedad y quienes la representan.
Se impone la urgencia de persuadir al ciudadano de que, apoyando a ese tipo de pseudodirigentes, poco puede hacer para la resolución de sus problemas y para la recuperación efectiva del protagonismo que merece. Se trata, en otras palabras, de invadir cualquier tipo de tejemaneje político y de arbitrar, en su lugar, mecanismos en dirección contraria, de suerte que, sólo a través de la denuncia, del desarrollo de la conciencia crítica y de la formulación de alternativas fiables y sinceras, será posible poner fin a esta pesadilla y alumbrar perspectivas políticas consistentes, que, rescatando la buena imagen que ha de tener el ejercicio serio de la política, hagan innecesaria de una vez por todas en España y Castilla y León la sórdida presencia de estos perjudiciales diviesos de la democracia.
Cuando, a finales de junio, escribí en estas mismas páginas que el futuro industrial de Valladolid podría verse seriamente cuestionado por los proyectos reestructuradores que se ciernen en nuestros días sobre la industria automovilística, no era consciente de que, apenas cuatro meses más tarde, dicha hipótesis vendría avalada por los indicios que inexorablemente parecen apuntar en esa dirección. Desde entonces han ocurrido acontecimientos que, en efecto, presagian la ruptura y a la vez el presumible inicio de una nueva etapa en la evolución de la economía y de la sociedad vallisoletanas, que distaría de corresponderse en sentido estricto con las líneas maestras que hasta ahora han cimentado los pilares básicos de su modelo de crecimiento. A través de un proceso que todavía no ha culminado, la sensación de crisis comienza a imponerse con fuerza al verificar los síntomas que denotan el debilitamiento paulatino de una actividad hasta hace poco considerada de forma inequívoca, como el fundamento explicativo de la intensa metamorfosis vivida por Valladolid desde los años sesenta.
A la amenaza de cierre de la antigua Motransa, supeditada a la revisión de las estrategias empresariales acometida por Fiat, se una la drástica política de reajuste que, tras la recientemente formalizada operación de compra, la misma compañía italiana aplicará sin duda a Enasa o, más expresivo aún, la puesta en práctica de los programas previstos con propósitos similares por la sede central de Régie Renault, cuyo impacto sobre la factoría más relevante de la Comunidad Autónoma ha de materializarse fuera de toda duda a un plazo no excesivamente largo. Todo ello sin olvidar la frustración en que finalmente han cristalizado algunos de los proyectos de fabricación más ambiciosos y que tanta ilusión suscitaron en su momento.
Más allá de los argumentos coyunturales sería, desde luego, largo y prolijo aludir aquí a los factores de estructura que justifican estás tendencias, pero lo cierto es que, conectados directamente con el actual comportamiento estratégico y con la necesidad de hacer frente a sus problemáticas específicas, revelan la existencia de cambios previsibles, sobre todo sí se tienen en cuenta los indicadores a la baja que desde hace algún tiempo rigen la dinámica de sus principales variables en los países donde se localizan los grandes centros de decisión. El hecho de que, una vez planteadas en sus respectivos núcleos decisionales, las premisas de reajuste comiencen a proyectarse de forma encadenada en nuestro país, donde el funcionamiento de la industria del automóvil se subordina plenamente a las directrices exógenas, pone al descubierto la vulnerabilidad teórica del sector y las incertidumbres que pudieran aquejar a aquellos enclaves que, como expresivamente sucede en Valladolid, sustentan primordialmente su dinamismo sobre la vitalidad y las vicisitudes de una actividad no exenta, ni liberada, de situaciones críticas.
En estas circunstancias resulta lógico e inevitable reflexionar acerca de los posibles mecanismos que permitan hacer frente a los eventuales efectos traumáticos ocasionados por el agotamiento de un modelo sometido a revisión e incapaz, por ello mismo, de seguir garantizando los umbrales de crecimiento hasta ahora conocidos. Se trata de una reflexión tan necesaria como perentoria, obligada al mismo tiempo por el hecho de que ha de ser abordada en un contexto singular, netamente distinto del que, en cambio, ha determinado las estrategias compensatorias de la crisis en los espacio sujetos a los programas públicos de reconversión y reindustrialización. Es decir, frente a las políticas de protección que, como es sabido, han auspiciado la superación de los problemas estructurales en las llamadas «regiones industriales en declive», no se contempla esta clase de instrumentos para las áreas que, al margen de las condiciones privativas de aquéllas, se hallan, no obstante, expuestas a la aparición de tensiones y dificultades análogas.
Surgen así las que, a mi juicio, pudieran ser interpretadas como situaciones de «reconversión latente», cuya manifestación más clara la ofrece un sector, como el del automóvil, que si no participa propiamente de la gravedad específica de las actividades con mayores lastres de competitividad, se ve obligado a resolver, sin embargo, los inconvenientes derivados de la sobrecapacidad de la oferta, de la fortísima competencia internacional y de las limitaciones tecnológicas de que aún se resienten algunos de sus estadios de fabricación. De ahí que, en virtud de este cúmulo de servidumbres y ajenos a los grandes programas que auspician las políticas oficiales de saneamiento de los tejidos fabriles más vulnerables, asistamos a la configuración de una nueva categoría de espacios industriales críticos, de los que el tipo que nos ocupa constituye el ejemplo más representativo y a la vez el de perspectivas más inciertas, a menos que se formulen cuanto antes modelos alternativos, apoyados en el esfuerzo de imaginación y de decisión de que han de hacer gala las instancias directamente implicadas tanto en el diagnóstico de la situación como en la promoción de iniciativas destinadas a neutralizar los efectos más contraproducentes del problema planteado.
Así las cosas, parece llegado el momento de abrir un amplio debate, en el que, desde los diversos sectores afectados y sin eludir el margen de responsabilidad que a cada uno compete, se aborde con rigor el análisis de los grandes ejes sobre los que se han de reposar las bases de la personalidad vallisoletana hacia el futuro. En tal sentido, y con el simple propósito de alentar esta reflexión colectiva, me permito apuntar tres líneas de actuación que considero, al menos como una aproximación inicial al tema, dignas de tener en cuenta.
En primer lugar, es evidente que la capacidad de resistencia ante los impactos recesivos se halla estrechamente ligada a la superación del monolitismo fabril, que normalmente entraña un alto grado de indefensión frente a las coyunturas, por más que las características estructurales conseguidas ofrezcan en apariencia una notable solidez. Si, como sucede en nuestro caso, esa fortaleza aparece supeditada a comportamientos estratégicos que escapan casi por completo al control de sus beneficiarios autóctonos, lógico es pensar que únicamente a través de la diversificación del aparato productivo, en buena parte asentado sobre la iniciativa endógena como complemento necesario de la promoción externa, será posible alcanzar el indispensable equilibrio que garantice simultáneamente el funcionamiento coherente del sistema industrial y su correcta articulación interna.
De esta forma, se encontrarían debidamente conciliadas, por vez primera en su historia, las dos potencialidades que, merced a su interesante trayectoria industrial y a su excelente renta de situación, convergen plenamente en Valladolid: de un lado, la que le proporciona una rica tradición manufacturera local que en buena parte ha quedado eclipsada o preterida hasta ahora, y, de otro, los efectos de inducción que, decididamente abiertos a otros segmentos de la transformación, se derivan de su innegable predicamento como escenario privilegiado para la inversión foránea.
Mas tampoco conviene descuidar, en segundo lugar, que en los momentos actuales la consecución satisfactoria de estos objetivos industriales precisa de un salto cualitativo que aún está pendiente de realización. Pues, en efecto, no cabe duda de que la relevancia lograda en el terreno de la producción dilecta no se corresponde, como debiera ser, con el desarrollo paralelo de ese complejo de actividades que en la terminología al uso se conoce con el nombre genérico y globalizador de «terciario superior». Entendido en su acepción más global, cabría incluir dentro de él el amplio abanico de dotación funcional que abarca desde el desarrollo adecuado de las infraestructuras de transporte hasta el entramado constituido por la red de servicios de todo orden orientados a las empresas, con todo lo que ello implica para la mejora de la calidad, para la eficiencia en la gestión de los recursos, para el correcto cumplimiento de los requisitos medioambientales y para la idónea aplicación de las corrientes innovadoras. No creo que este paso sea imposible, utópico o falto de fundamento. Partiendo de la realidad presente y al amparo de una mayor sintonía entre los distintos agentes socioeconómicos y científicos, se trataría de asimilar los comportamientos vigentes en las áreas urbanas más desarrolladas, inevitablemente abocadas a propiciar los mecanismos que favorezcan el tránsito gradual hacia una terciarización dinámica y eficaz, susceptible de estimular el empleo y de contribuir a la mejora de la producción y de la calidad de vida.
Por último, de toda esta serie de manifestaciones, uniformemente encaminadas a la creación de lo que D. Maillat define como un «entorno progresivo», sin el cual todo proyecto de reactivación resultaría estéril, se derivan, a la postre, fuerzas difusoras del crecimiento que harían de Valladolid un núcleo capaz de ejercer un impacto positivo tanto sobre la provincia como sobre el conjunto del espacio regional en que se inserta. Dicho, de otro modo, si con el modelo anterior los procesos favorables a la "polarización marcaban la tónica dominante, en detrimento de los ámbitos lesionados por su capacidad succionadora, no parece descartada la hipótesis que, a tenor de otras experiencias conocidas y bajo las premisas indicadas, pone en evidencia un comportamiento distinto de los dinamismos que actúan sobre el territorio.
En este sentido, y sin olvidar que en esencia la operatividad de los fenómenos requiere al propio tiempo la adopción de políticas sensibles y solidarias con el conjunto del espacio hacia el que se proyectan, considero que la transformación de Valladolid en un enclave funcionalmente dinámico y con auténtica capacidad de articulación a gran escala no sólo resolvería las propias contradicciones en que actualmente se debate la ciudad, sino que a su vez sería capaz de desempeñar esa función de ensamblaje regional de que tanto adolece nuestra Comunidad Autónoma y que sólo la Villa del Pisuerga está en condiciones potenciales de llevar a cabo.
Con bastante asombro y no sin cierta ansiedad estamos asistiendo en esta época de fin de siglo a la formulación de posiciones nuevas que modifican sustancialmente muchos de los postulados que, asumidos con firmeza y seguridad, parecían hasta ahora poco menos que intangibles. Es evidente que la crisis económica y la serie de manifestaciones asociadas a ella ha contribuido de forma decisiva a replantear gran parte de los axiomas vigentes en las sociedades occidentales desarrolladas, a medida que se impone con fuerza la necesidad de reorientar las líneas maestras del crecimiento, cuestionado en sus implicaciones más contraproducentes y negativas. Surge así toda una corriente de pensamiento que, si emana de los sectores más sensibilizados de la sociedad, aparece también alentada por algunos de los protagonistas principales del sistema, afanados por asentar las bases teóricas sobre las que ha de reposar la construcción de un modelo articulado en torno a los principios de la llamada sociedad «postindustrial». Es, en suma, el tiempo de las revisiones a fondo, que, más allá del mero ejercicio autocrítico, siempre saludable y necesario, denotan por parte de éstos el verdadero alcance de una resuelta voluntad de cambio, concebida al propio tiempo como garantía para la supervivencia de la lógica, ésta sí invariable, sustentadora de su misma razón de ser.
Y es que, en efecto, los fundamentos que justifican tal viraje obedecen no sólo a la necesidad de formular propuestas alternativas al cúmulo de contradicciones desencadenadas por el voluntarismo y los inconvenientes de un pretendido crecimiento sin límites, generador de problemas múltiples, como al propósito de lograr un acomodo lo más rápido y eficaz posible a las nuevas reglas de juego impuestas por la transformación de los factores de producción y por los requerimientos de la demanda social, que presiona también decididamente en esta dirección. A la postre, la convergencia de ambas premisas, claramente interrelacionadas, está provocando, con una celeridad insólita, la adopción de nuevas pautas de conducta, preconizadas por quienes, ostentando un gran poder de decisión y con notoria resonancia en los círculos internacionales, se hallan en condiciones de contribuir en un plazo relativamente corto a la redefinición de los modelos de crecimiento imperantes en las sociedades industrializadas y, en virtud de ello, en la propia dinámica interna de los espacios afectados.
Aunque, por supuesto, el tema reviste numerosas dimensiones y variadas perspectivas de análisis, me parece oportuno llamar la atención, por las posibles implicaciones que pueda tener sobre nuestro marco de referencia más próximo, acerca de la envergadura que, en este contexto, comienza a cobrar una de las tendencias más llamativas y esclarecedoras de la etapa de revisión en que nos encontramos. Me refiero, en concreto, al creciente significado que progresivamente se concede a la variable medioambiental como componente básico de las directrices propugnadas por relevantes figuras del mundo empresarial, vinculado a la industria en su proyección transnacional más amplia, y, por ende, con un peso específico capaz de conferirles especial crédito como expresión de una actitud digna de proyección a gran escala. Supone, dicho de otro modo, el reconocimiento explícito de la responsabilidad ecológica como principio de actuación estratégica, planteado a su vez de acuerdo con la tendencia a la fijación de los definidos por Von Weizsácker como los «valores límite» en que ha desenvolverse el frágil equilibrio establecido entre la actividad económica y la sociedad, por encima de los cuales tienden a surgir situaciones de ruptura y confrontación, netamente perjudiciales tanto por el ecosistema como para el logro de una adecuada calidad de vida, entendida en su acepción más plena y globalizadora.
A modo de muestra, nada tan elocuente en este sentido como las reveladoras afirmaciones hace unos días por personalidades señeras de la industria automovilística mundial en el expresivo marco del barrio parisino de La Défense, escenario emblemático del capitalismo moderno y punto de encuentro de un Simposio sueco-francés sobre el Medio Ambiente, al que tuve la oportunidad de asistir con-ocasión de un reciente viaje de estudios a la siempre espléndida capital francesa. Y ha sido precisamente en este foro donde los dirigentes del grupo Volvo y de la Régie-Renault han coincidido en una reflexión, que testifica el auténtico valor de una postura públicamente defendida y, ya de forma más específica, el posible inicio de una nueva etapa en la trayectoria de uno de los sectores claves en la organización del espacio y de la sociedad contemporáneos, y cuya incidencia ecológica parece a todas luces incuestionable.
Partiendo de un análisis crítico sobre la gravedad alcanzada por los impactos más negativos derivados de la utilización masiva del vehículo individual, no carece de interés el hecho de que sean los portavoces de dos de las principales firmas mundiales del sector quienes aboguen no sólo por la corrección tecnológica de los efectos contaminantes, sino, y esto es lo verdaderamente revelador, por la racionalización del uso del automóvil, abundando incluso en la necesidad de restringir su acceso a las ciudades, con el fin de liberar a éstas del que sin duda se ha convertido en uno de los factores primordiales de la problemática urbana, con indudables repercusiones lesivas para la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Al señalar R. Levy, presidente de Renault, «qu'il faudra bien un jour que la ville se débarrase del'automobile» no daba la impresión de estar inducido por una postura demagógica sino por el deseo de sintonizar con la evidencia de una realidad palmaria, cada vez más ostensible como factor de distorsión de la vida cotidiana y de degradación medioambiental. Incidencias, en cualquier caso, de imposible solución si se mantienen invariables las premisas que han hecho de este elemento de transporte el soporte básico de la circulación y uno de los principales símbolos de los comportamientos y actitudes, no menos cuestionables a su vez, imperantes en las sociedades occidentales.
Entiendo por ello que la reflexión planteada reviste una especial trascendencia, ya que no se limita únicamente a denunciar la gravedad de un fenómeno tan conocido como preocupante. A mi juicio, son varias las consideraciones deducibles de esta declaración de principios que, en virtud de su procedencia, no merece ser soslayada, pues responde a algo más que al simple propósito de ofrecer una imagen sensible y solidaria con el medio ambiente, como testimonio al propio tiempo de un fenómeno al que no ha de permanecer ajena la dinámica general del sistema productivo, supeditado a condicionamientos más o menos similares. Revela, en consonancia con los parámetros industriales emergentes tras la crisis, el significado de las tendencias en que se halla sumido un epígrafe clave de la producción, en cierto modo paradigmático dentro de este proceso.
Pues, en efecto, se trata de una actividad forzada a conciliar en su seno la aplicación de altos niveles de racionalización tecnológica con la resolución de los problemas que se derivan de sus destacadas implicaciones medioambientales a todos los niveles. De ahí que si a corto plazo sus directrices básicas se materializan en la formalización de acuerdos interempresariales y en una inexorable y febril carrera a favor de la productividad máxima, es obvio que a la larga se verá obligada a asumir la evidencia de que sus comportamientos clásicos han entrado ya en contradicción con el margen de tolerancia que le permite la propia realidad espacial, incapaz de aceptar los niveles de progresión alcanzados hasta ahora. Y es también en este sentido como habría que entender el reconocimiento explícito de que la configuración racional de los espacios urbanos exige necesariamente la función reguladora -entendida en términos de restricción y control- del que sin duda se ha convertido en el principal problema para la satisfacción de los objetivos que identifican la ciudad como un ámbito de uso colectivo y de relación óptima, difícilmente compatible con el crecimiento exponencial del parque automovilístico y la serie de efectos recurrentes que tal progresión implica. Es, por tanto, a partir de este conflicto dialéctico surgido entre trans porte individual y calidad de vida urbana como hay que interpretar la redefinición de las estrategias formuladas, en las que la reivindicación medioambiental se convierte en criterio básico de actuación, perfectamente asumible en virtud de las condiciones de versatilidad que caracterizan el funcionamiento de la gran empresa moderna y de su capacidad para abrirse a nuevos campos de la producción, sin poner en entredicho, como ya sucede con el grupo Volvo, los pilares de su liderazgo industrial y financiero.
De acuerdo con ello, no resulta ocioso, finalmente, plantearse en qué medida tales comportamientos pueden repercutir sobre el modelo de crecimiento industrial que ha sustentado el afianzamiento de la personalidad fabril vallisoletana. Tal vez sea prematuro hacer aún estimaciones prospectivas sobre el impacto que las nuevas corrientes suscitadas vayan a provocar en enclaves que, como ocurre en nuestra ciudad, han cimentado las líneas maestras de su crecimiento en un sector sometido hoy a controversia o, en todo caso, a la reformulación más o menos intensa de sus esquemas de actuación tradicionales. Pero lo cierto es que el mantenimiento de sus umbrales de vitalidad económico-industrial requiere necesariamente la superación de las condiciones de dependencia excesiva a la dinámica y a las vicisitudes de una actividad dominante, cuyos riesgos se vislumbran en el horizonte, para, en su lugar y como alternativa necesaria, garantizar la apertura a nuevas líneas de actividad, que al tiempo que mitiguen los niveles de incertidumbre propicien la aparición de mecanismos compensadores antes de que los efectos de la crisis desencadenen los costos sociales que con tanta virulencia han lesionado a las áreas excesivamente vinculadas a los segmentos más vulnerables del aparato productivo.
Es obvio que ante esta nueva etapa se imponen al tiempo nuevos desafíos, entre los cuales ha de ocupar una posición relevante el lugar que se conceda a la salvaguarda y defensa del medio ambiente como garantía de un funcionamiento satisfactorio de ese difícil binomio planteado en las sociedades industrializadas, y en cuya compatibilidad, ya no tan utópica en el momento actual, descansa la armonización pretendida entre crecimiento económico y el logro de una auténtica calidad de vida.