Universidad pública y competitividad

El Norte de Castilla, 8 de Octubre de 2007

En uno los sondeos de opinión efectuados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a mediados de este año destacaba la observación de que la Universidad era, en ese momento, la institución más valorada por la sociedad española. Aunque la referencia apenas suscitó comentarios en la prensa o en los foros académicos, no faltaron quienes en el mundo universitario mostraron ante la noticia una actitud de cierta perplejidad: ¿cómo es posible – se preguntaban – que con todos los problemas que la aquejan, sus carencias, sus contradicciones y defectos, con todas esas imputaciones que a menudo se la hacen, unas injustas y otras más fundamentadas, sea la institución universitaria merecedora de tan alto reconocimiento, por encima de la administración de justicia, del empresariado o, a distancia notable, de quienes se dedican al ejercicio de la política?.

Sin otra pretensión que la de apuntar ideas en torno a una cuestión necesitada de un debate más a fondo, me permito señalar que la valoración de la Universidad, recogida en la encuesta del CIS, puede deberse al hecho de que la sociedad hace caso omiso de aquellos aspectos de funcionamiento críticos que, por complicados o ajenos a la preocupación ciudadana, pueden pasar desapercibidos o minimizados. En su lugar, reconoce, en cambio, y con toda la carga meritoria que posee, lo que verdadera revalida el alcance social de las actividades universitarias en aquello que realmente la distingue, esto es, la labor realizada en el desarrollo del conocimiento y en la transmisión de los saberes y destrezas que cualifican para el ejercicio profesional o, en todo caso, contribuyen al enriquecimiento intelectual de quienes de una u otra manera acceden a sus enseñanzas y aportaciones científicas.

Ahora bien, aunque estos atributos sean consustanciales a la Universidad, y, por lo que se ve, sigan influyendo positivamente en su imagen, nadie puede ignorar que el prestigio socialmente adquirido no constituye un valor en sí mismo más que en la medida en que logre estar preservado de las disfunciones que pueden llegar a cuestionarlo en unos momentos en los que las perspectivas universitarias se hallan expuestas a transformaciones decisivas, capaces de poner a prueba la solidez de sus aparentes o reales fortalezas. Se avecinan, en efecto, tiempos de cambio trascendental, cuya incidencia se ha de mostrar inevitable tanto en el diseño de las titulaciones o en la configuración de las plantillas como en los mecanismos de gestión responsables de sus estrategias básicas de funcionamiento. A la vista de cómo se están planteando los hechos no es aventurado afirmar que en estos momentos la Universidad es, en el sistema institucional europeo, la organización abocada a mayores transformaciones, que en esencia se apoyan en una premisa que conviene asumir: la necesidad de hacer compatible su condición de servicio público con la inevitable asimilación de las lógicas inherentes a la eficacia y la competitividad del sistema. Lejos de suponer una contradicción, este planteamiento permite entender hasta qué punto del modo en que cada Universidad, al amparo de la autonomía reconocida, ejerza sus funciones va a depender algo tan fundamental como la consolidación de su prestigio y la posición que puedan alcanzar las respectivas capacidades de cara a un sistema de relaciones cada vez más abierto y exigente.

La eficacia ha de ir indefectiblemente asociada a la calidad de los servicios prestados. Una exigencia tan ineludible como necesaria, pues ya no basta con que las Universidades ejerzan de manera convencional las actividades que les son propias sino que es indispensable dar a conocer cómo lo hacen, para qué lo hacen y con qué resultados, entre otras razones porque la sociedad, los organismos responsables de su financiación, los procesos de competencia, la dinámica de la diferenciación y las metas de calidad y excelencia incorporan una perspectiva evaluadora y de verificación de resultados que en modo alguno es posible cuestionar.

El compromiso a favor de la calidad integral de las responsabilidades universitarias, garantizado por las medidas e instrumentos – de ahí la importancia de la evaluación y sus efectos incentivadores – que permitan lograr avances irreversibles en esa dirección representa el más sólido soporte para el robustecimiento de su competitividad. A quienes cuestionan este concepto aplicado al complejo y diverso ámbito que nos ocupa, convendría advertirles de que una Universidad pública competitiva ni es en principio excluyente ni ha de primar unas vertientes de su actividad científico-docente frente a otras ni representa tampoco una amenaza para el aprovechamiento de todos los recursos, opciones y enfoques que en ella se cultivan y confluyen. Se trata, por el contrario, de entenderla, y de acuerdo con Vicente Guallart, como la capacidad que han de tener las organizaciones “para crear estructuras que respondan a las oportunidades y los retos del entorno en el que operan y a la velocidad adecuada”.

Es, en suma, sobre la base de esta simbiosis que en el nuevo horizonte se impone entre eficacia cualitativa y competitividad como la Universidad debe asegurar y fortalecer a la vez su condición de servicio público y de espacio crítico y libre, sin descuidar las ventajas que derivan de poner el mercado al servicio del bien público. De ese modo, no sólo se evitaría que la reputación aún mantenida pueda verse deteriorada, sino que al tiempo se podría aprovechar el amplio margen de posibilidades que, en un mundo globalizado, existe cuando son bien gestionadas sobre la base un modelo de Universidad en el que el saber y la innovación aparezcan debidamente imbricados y al tiempo acreditados por el paradigma de la calidad integral del sistema.

Universidad y Cooperación al Desarrollo

El Norte de Castilla, 20 de Septiembre de 2007

No es posible dejar de considerar a la pobreza como uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. El “germen de todos los males”, en atinada expresión de Jeffrey Sachs. La desigualdad entre regiones y países del mundo nos alerta cada día con manifestaciones lacerantes sobre los fuertes contrastes que desde la perspectiva del desarrollo separan a las sociedades hasta alcanzar niveles de disparidad nunca conocidos en la historia de la Humanidad. Es cierto que la propia noción de subdesarrollo, a la par que su dimensión espacial, ha ido evolucionando merced a los cambios que, con incidencia variable, han tenido lugar en ese amplísimo escenario – el antaño llamado Tercer Mundo - que en los años setenta y ochenta experimentó fuertes transformaciones, que diversificaron la relativa homogeneidad de sus indicadores y tendencias para dar origen a un proceso gradual de diferenciación, en el que si unos han logrado conectar con la lógica del mundo desarrollado, otros se ven sumidos en la crisis, en la marginalidad o en el acusado debilitamiento de sus instituciones de gobierno y gestión como actualmente sucede en no pocos países de África, Asia o Latinoamérica.

No descubrimos nada nuevo al afirmar que la desigualdad, con sus estigmas de exclusión y de miseria, define de forma dramática el mundo actual, ofreciendo en ocasiones tintes de desolación, bien manifiestos en la tragedia de los flujos inmigratorios descontrolados que hoy adquieren en Europa Occidental, y particularmente en España, su grado más alto de tensión y de mayor dificultad de tratamiento. Ante problemas de tal envergadura no cabe adoptar actitudes de indiferencia, pues se trata de situaciones que ni nos son lejanas en el espacio ni pueden resolverse con posturas demagógicas o de rechazo visceral. Son realidades cercanas, acuciantes e imposibles de eliminar de la percepción del mundo en que vivimos.

Si, desde luego, nunca será la panacea que permita poner fin a una situación asociada a la persistencia de graves factores estructurales, tampoco cabe duda de la importancia que en este sentido ha de concederse a los mecanismos de solidaridad apoyados en la cooperación al desarrollo, entendida en su vertiente más rigurosa y profesionalizada. Numerosos son los testimonios que avalan los resultados conseguidos a través de programas y proyectos de cooperación gestionados por las instituciones o por las organizaciones no gubernamentales. Su esfuerzo no debe quedar empañado por la improvisación de que a veces adolecen algunas intervenciones aisladas o por los escándalos que puntualmente denuncian el riesgo de que, bajo los objetivos de la cooperación al desarrollo, puedan aflorar hechos que traicionen la confianza otorgada. La necesidad de cautelas frente al despilfarro o la corrupción, así como la evaluación rigurosa de resultados, se imponen en nuestros días como principios básicos de actuación, sólidamente respaldados por la garantía que aporta una actividad de cooperación cuando ésta se apoya en la formación y en la debida solvencia y honestidad de quienes la ejecutan o la dirigen.

A este respecto no es baladí el papel que compete a la Universidad. Necesariamente sensibles a cuanto sucede en la realidad que las rodea y conscientes de los problemas de su tiempo, las Universidades tienden a asumir las responsabilidades que ineludiblemente las corresponden como espacios de reflexión y formación en un tema de tanta trascendencia. Las experiencias en este sentido son abundantes y en algunas de ellas han conseguido ya una prestigiosa acreditación, que respalda la conveniencia de abordar este compromiso con las herramientas de que se disponen, es decir, la capacidad científica, el conocimiento empírico, la valoración crítica a partir de la experiencia comparada y la proyección internacional.

Son instrumentos a disposición del amplio abanico de potenciales expertos relacionados con la gestión de los proyectos capaces de incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida y de actividad de las sociedades hacia las que se dirigen. Teniendo en cuenta que es un campo de acción en el que se observa una creciente participación de las administraciones públicas, bien a escala autonómica o local, justo es señalar que su presencia se verá sensiblemente reforzada a medida que los proyectos impulsados sean acometidos dentro de las coordenadas que, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico, aseguren el mejor cumplimiento posible de los objetivos pretendidos. Eficacia y solidaridad son términos complementarios en la ejecución de ese amplio abanico de opciones hacia el que se proyecta la conocida como cooperación descentralizada al desarrollo.

Por fortuna, la Universidad de Valladolid se incorpora a partir de este Curso al elenco de Universidades comprometidas con esta dignísima tarea. La realización de un celebrado Curso sobre esta temática por parte del Centro Buendía en Marzo de 2006 ha tenido, al fin, continuidad en un ambicioso proyecto formativo que aúna e integra las capacidades intelectuales que en las diversas áreas del saber comparten esta misma sensibilidad, enriqueciéndola con sus metodologías respectivas. El Curso de “Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo”, en el que al tiempo colaboran la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Coordinadora Castellano Leonesa de ONGs para el Desarrollo, pretende ser algo más que una mera relación de contenidos y de prácticas. Trata, ante todo, de satisfacer el objetivo que lo justifica, esto es, el de proporcionar una formación especializada que permita a quienes lo cursen ejercer de técnicos capacitados para trabajar en el ámbito de las instituciones y organizaciones sociales dedicadas a tan encomiable propósito.

Ciencia y politica frente al riesgo ecológico

El Norte de Castilla, 10 de Agosto de 2007

Cuando se violentan en exceso los procesos naturales, la naturaleza suele responder con furia acrecentada. Indómito y flexible a la vez, sujeto a las pautas de evolución y de equilibrio características del dominio ecológico al que pertenece, el medio físico se rebela si se le maltrata. La historia de la Humanidad es pródiga en ejemplos que evidencian hasta qué punto las intervenciones indebidas sobre el medio acaban siempre pasando factura, con serios perjuicios para sus responsables y, lo que es peor, para las generaciones que les suceden. Hace años, mucho antes de que la noción de desarrollo sostenible se impusiera como uno de los grandes paradigmas de nuestro tiempo, el geógrafo Jean Tricart ya advertía en su clásica “La epidermis de la Tierra”, con la credibilidad que aporta la experiencia acumulada, de los efectos negativos que inevitablemente resultan de la modificación de los equilibrios que articulan el funcionamiento de las estructuras ambientales, debido a su condición de sistema integrado, en el que sus componentes mantienen entre sí estrechas interdependencias, de modo que cualquier perturbación en ellas ocasiona inestabilidades, cuya gravedad varia en función de la irreversibilidad de los factores desencadenantes de los impactos.

Si las aportaciones científicas sobre el comportamiento de las dinámicas naturales son harto elocuentes, la metodología aplicada a la prevención de los riesgos goza también de una fecunda madurez. En la Unión Europea reviste además dimensión operativa a través de ese instrumento que comenzó a adquirir carta de naturaleza a mediados de los ochenta y que, conocido como “evaluación de impacto ambiental”, permite valorar el alcance de las implicaciones ambientales que una determinada intervención antrópica pueda traer consigo, orientándola así en la dirección menos lesiva para el entorno natural. Es un concepto arropado por protocolos técnicos rigurosos y por un amplio y valioso soporte empírico, aunque no siempre atendido con la diligencia que, desde la visión política, debiera merecer.

Sorprende que con el nivel de desarrollo alcanzado por los conocimientos científicos sobre el tema, suficientemente ilustrativos de la situación de riesgo latente en que nos encontramos ante las crisis medioambientales, sobrevengan episodios críticos generadores de fuertes tensiones y que obligan al pago de un alto precio por cuanto deteriora la imagen del territorio y afecta a sectores esenciales de su actividad productiva. La magnitud alcanzada por la plaga de roedores (de la especie “Microtus arvalis”) que en los últimos meses está afectando a la Comunidad de Castilla y León, y que en algunas de sus áreas alcanza ya niveles de catástrofe, es una prueba inequívoca de los efectos provocados por factores causantes de la ruptura de un equilibrio natural, que por las razones que sean no se ha sabido detectar ni controlar. Está comprobado que la plaga alcanza en la cuenca sedimentaria – y especialmente en su tramo centro-occidental – su máximo nivel de incidencia, con repercusiones no registradas en ninguna otra región española, lo que sitúa a la nuestra en una situación anómalamente excepcional. Ello induce a abordar la cuestión desde una perspectiva estratégica, a fin de evitar que un problema que se ha mostrado cíclico en el tiempo, y sobre el que ya se disponía de advertencias plausibles, pueda tener en el futuro, de actuar correctamente, una recurrencia controlada.

Ante una crisis que reviste niveles de emergencia, las soluciones no pueden ser nunca dilatorias, excluyentes ni fragmentarias. Reconociendo la correcta intencionalidad que anima al llamamiento de los grupos de investigación que en las Universidades de la región están en condiciones de aportar soluciones eficaces, no se entiende, en cambio, el aplazamiento de sus iniciativas cuando el problema está en toda su virulencia ni, ante una situación de esta índole, el que no se haya planteado, o al menos así no ha trascendido a la sociedad, la toma en consideración de asesoramientos a mayor escala, habida cuenta de que en el fondo el problema no puede ser indiferente a los expertos que en España y en Europa se ocupan de la lucha contra las plagas ni, por supuesto, a los órganos que desde la Administración central tengan algo que decir, pues de su alcance como tema de Estado no cabe duda alguna. La delimitación de competencias nunca debe prevalecer sobre la cooperación ante el riesgo.

La toma de conciencia de lo sucedido ha de suponer una severa lección para actuar en el futuro con las herramientas que aporta la perspectiva integrada a la hora de acometer la gestión de algo tan delicado como es el medio ambiente y sus interacciones estructurales. Bastaría con tener clara, fuera de toda improvisación, la coherencia existente entre los tres estadios que la definen para mitigar los sobresaltos que eventualmente pudieran producirse. Y así, reafirmando, como punto de partida, el valor de la “prevención”, basada en el conocimiento científico de los procesos ecológicos dominantes en el territorio, de sus tendencias y de las amenazas previsibles, se antoja indispensable reconocer la importancia que tiene la “valoración” de la magnitud de los riesgos, cuando suceden, extremando el cuidado de su seguimiento y la evaluación de sus impactos directos e inducidos, pues sólo así será posible poner en práctica los mecanismos que hagan de la “intervención” el resultado efectivo de un conjunto de medidas ya previstas, de aplicación inmediata, sustentadas en el asesoramiento riguroso y en el valor de la experiencia comparada. En definitiva, un modo de actuar sobre el territorio en el que aparezcan firmemente imbricadas la calidad científica y la voluntad política.

DOS EMPRESARIOS DE REFERENCIA

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El Norte de Castilla, 2 de Agosto de 2007

La casualidad nos ha situado ante dos sucesos luctuosos ocurridos casi en la misma fecha. Las muertes de Santiago López y de Jesús de Polanco han permitido evocar la vida y a la obra de dos personajes representativos de lo mejor del empresariado español en la segunda mitad del siglo XX. Poco importa que no se conocieran o que sus posiciones ideológicas y políticas discrepasen. Las disensiones que han afectado a la historia reciente de España, y que uno y otro vivieron, cada cual desde su perspectiva, con la intensidad propia de quien siente implicado de lleno en la trayectoria de su país, no han impedido que, a la postre, prevalezca el denominador común que los distingue como referentes a los que remitirse para ejemplificar, sobre la base de sus respectivos legados, lo mucho que significa su aportación al desarrollo y a la transformación positiva de las sociedades y de los espacios en los que desplegaron sus respectivos proyectos e inquietudes.

Esta valoración se basa en su identificación con la figura del empresario entendido en el sentido más encomiable del término. Es una categoría que lograron dignificar en medio de un panorama de dificultades e incertidumbres, poniendo al descubierto lo que verdaderamente acredita el espíritu de empresa frente a los intentos de trivializar el concepto y de atribuirlo indebidamente a cuantos presumen de tenerlo sin los requisitos inherentes a esta cualidad, es decir, la capacidad de iniciativa para la puesta en marcha de proyectos innovadores, la audacia frente al riesgo, la tenacidad en la lucha por objetivos de amplio alcance y largo plazo, la autoridad moral, el rechazo a las prácticas especulativas, el liderazgo para crear equipos solventes y el sentido de la oportunidad histórica. Rasgos, en fin, capaces de marcar líneas de comportamiento y de gestión que acaban cristalizando en obras sólidas, resistentes al paso de tiempo y que a la par implican efectos positivos, de gran impacto en sus entornos.

Si con razón se ha señalado la responsabilidad de Santiago López en la transformación de la ciudad de Valladolid como uno de los artífices del despegue industrial que hizo aflorar una nueva sociedad y una dinámica urbana sin precedentes, aunque no exenta de fuertes contradicciones, considero que su huella rebasa con creces la dimensión vallisoletana. Debemos mencionar su papel como uno de los impulsores de la moderna industria del automóvil en España, en la medida en que la creación de FASA - en la que como artífice de la iniciativa desempeñó también un eminente protagonismo la labor de Manuel Jiménez Alfaro - supuso, en un campo dominado por la acción pública, la materialización del primer gran proyecto planteado desde la iniciativa privada con criterios de racionalización tecnológica, que actuaría a su vez como catalizador de la presencia extranjera – en este caso, de Renault -, lo que le convierte en uno de los soportes sobre el que se apoyaría el fuerte despegue en los sesenta de la automoción en España al amparo de su atractivo para la implantación de las grandes firmas multinacionales del sector.

Al propio tiempo no es baladí el mérito que le cupo como polemista cualificado sobre cuestiones de interés económico que desbordaban la escala local. En el Departamento de Geografía le conocíamos como “el termómetro”, pues atentamente seguíamos el pulso de los cambios económicos a través los comentarios que con frecuencia realizaba en El Norte de Castilla y en otros medios sobre la evolución de la economía, en los que hacia alarde de una visión crítica, amplia de miras, siempre coherente con la defensa de la industria como motor del crecimiento, y con un horizonte que apuntaba al conjunto de la región, cuando esta dimensión era ignorada o considerada irrelevante. Sus reflexiones sobre los Planes de Desarrollo, que seguí de cerca, merecen ser recordadas como unas de las más perspicaces que en su momento se hicieron.

Tampoco fue tarea fácil la acometida por Jesús de Polanco cuando a mediados de los setenta supo entender lo que podría representar el proyecto periodístico concebido por José Ortega Spottorno y al que se adhirió, asumiendo gran riesgo y coste personal, consciente del decisivo papel que iba a desempeñar la información libre y de calidad en un proceso tan azaroso y complicado como iba a ser la transición a la democracia en España. Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, y sin olvidar las polémicas suscitadas en torno a la obra del editor fallecido, su acritud pierde consistencia frente a los méritos de una labor que suscita tanta consideración como respeto por parte de quienes con sus productos editoriales competían con él en buena lid. Decía Servan-Schreiber que “la calidad del periodismo se mide por el rigor y la objetividad de la información suministrada, por el rechazo a cualquier forma de sectarismo y por la fidelidad a los principios que amparan la libertad de expresión”.

Pues bien, más allá de las controversias que pudiera suscitar la trayectoria de la cabecera – el diario “El Pais” - identificada con la aportación de Polanco al periodismo, no cabe duda de lo que supuso su salida a la calle cuando todavía el horizonte de la democracia se mostraba confuso y la demanda de libertad e información, aun insatisfecha, era un clamor creciente en la sociedad española. Mucho tiempo ha transcurrido desde que Santiago López y Jesús de Polanco pusieron en marcha las iniciativas que les han singularizado, mas su impronta pervive en el recuerdo y en la realidad. Una impronta asociada a aquellas ideas - desarrollo, innovación, voluntad de cambio, visión de futuro – que ambos protagonizaron y a las que tanto debe la modernización de la España contemporánea.

Una legislatura decisiva

El Norte de Castilla, 10 de Julio de 2007

Castilla y León y la ciudad de Valladolid se enfrentan en los próximos años a una etapa decisiva de su historia. Con el horizonte que imponen los ciclos de la acción política esta etapa se identifica con la legislatura que acaba de comenzar, y de sus resultados van a depender muy directamente las perspectivas de desarrollo de la región a medio plazo así como la superación de algunas de las incertidumbres que condicionan la consolidación de su capital como ciudad sólidamente acreditada en el sistema urbano regional, español y europeo.

Es una reflexión pertinente, alertados por las circunstancias que confluyen en el tiempo para definir con perfiles nítidos los nuevos factores de cambio surgidos en el panorama internacional y español, avanzada ya la primera década del siglo XXI. No hay que olvidar que esta toma de conciencia sobre lo que significan estos factores de impacto (globalización de la economía, fuerte competencia entre territorios, desarrollo selectivo de los procesos innovadores, etc.) es percibida de modo sensible en nuestro entorno más inmediato, donde son muy activos los debates suscitados en regiones y ciudades europeas (algunas de ellas hermanadas con Valladolid), que se esfuerzan en analizar con rigor las tendencias en las que encuadrar sus estrategias de futuro, estructuradas a partir de un amplio abanico de opciones, instrumentos y medidas en cuya formulación se acoplan bien los requerimientos surgidos de la propia sociedad y los objetivos impulsados desde los propios órganos de decisión pública, fieles a los compromisos contraídos con una ciudadanía consciente y con los agentes sociales que la dinamizan y representan.

Los retos planteados a Castilla y León como consecuencia del nuevo tratamiento que ha de recibir al perder su condición de “región asistida” dentro de la Unión Europea son cruciales hasta el punto de que, bajo las nuevas premisas que inspiran su nuevo rango (como región adscrita al objetivo de “competitividad regional y empleo”), y debido a sus particularidades y problemas estructurales, pueden llegar a convertirla en un buen ejemplo a la hora de verificar las capacidades de quienes la gobiernan para lograr ese avance cualitativo e integral que la región necesita para asegurar su vitalidad demográfica y fortalecer su atractivo como espacio de oportunidad y de dinamización económica en todos los sectores.

Lograrlo en sintonía con la defensa de sus valores ambientales y patrimoniales, garantizando a la par los avances en la articulación interna de la región y en la percepción, lo más generalizada posible, de que el marco autonómico favorece realmente la búsqueda de equilibrios internos, apoyados en la valorización eficiente de los recursos de todo el territorio, abre un campo de perspectivas mal avenido con la inercia, con la autocomplacencia o con la pretensión de que los problemas y las contradicciones se resuelven por sí solos. Entiendo que este objetivo ha de basarse ante todo en la aplicación decidida y sin ambigüedades de la Ley de Ordenación del Territorio a través de la puesta en marcha de las Directrices Esenciales que permitan definir el modelo territorial que la región necesita así como las actuaciones encaminadas a conseguirlo. Dicho de otro modo, ésta que empieza ha de ser la legislatura en la que se emprenda una política activa, motivadora, y sostenible de ordenación territorial, poniendo fin a las numerosas contradicciones que han jalonado este proceso.

En este mismo contexto el futuro de Valladolid, más allá de los efectos sobre su centralidad de las potentes infraestructuras de transporte previstas, no es ajeno al margen de expectativas creadas para una ciudad en la que la dimensión estratégica y cualitativa de sus grandes directrices debe primar como criterio de actuación esencial. No de otro modo hay que entender los problemas surgidos ante la necesidad de atajar los riesgos de la desindustrialización, de preservar sus valores urbanísticos, patrimoniales y ambientales amenazados, de asumir la función que la corresponde en la organización racional de su caótico espacio metropolitano o de afianzarse al tiempo como ese núcleo de referencia al servicio de la mejor integración posible del espacio regional, superando recelos y desconfianzas que pudieran llegar a poner en entredicho la entidad y cohesión de un territorio tan propenso a las posiciones centrífugas.

Son en ambos casos tareas complicadas, pero necesarias en unos momentos en los que las expectativas de desarrollo de Castilla y León pueden verse lesionadas por los prejuicios intraterritoriales que todavía perviven. De ahí el valor de las múltiples posibilidades y ventajas que derivan de concebir la acción de gobierno como el ejercicio del poder apoyado en la cooperación fecunda entre los diferentes actores institucionales, lo que permitiría abrir nuevos espacios para el juego político, quizá entorpecido hasta ahora por visiones a corto plazo que han de ser sustituidas por perspectivas más coherentes con la magnitud de los cambios que, con visión de futuro, a todos han de afectar sin excepción y que sólo podrán abordarse si se tiene conciencia de que la fragmentación y la visión parcial de las soluciones conduce al declive de la competitividad territorial de Castilla y León, difícilmente recuperable si se debilitara en exceso o se minimizara el alcance de los riesgos que esas tendencias pueden llegar a suponer.

Nicolás Castellanos, Premio "Luis Pastor" a la Solidaridad

En 2007 se otorgó por primera vez el Premio Luis Pastor a la Solidaridad. Fue concedido por unanimidad del Patronato de la Fundación Andrés Coello a Dos Nicolás Castellanos, quien desde hace décadas lleva a cabo una impresionante labor educativa y de apoyo a los más desfavorecidos en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Me cupo el honor de justificar la concesión del Premio, lo que hice con estas palabras, pronunciadas en el acto celebrado en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. 

Hacer del principio de solidaridad una opción de vida ante las desigualdades flagrantes y crecientes que aquejan a nuestro mundo, entender que sólo desde la comprensión de los problemas de los otros, pero que nos son propios y cercanos a la vez,  es posible contribuir a su conocimiento y solución, sentir que, frente al individualismo, la indiferencia o la resignación, la calidad de la persona se valora en función de la sensibilidad que muestre hacia los demás......éstas son las cualidades que han de adornar a las personas merecedoras del Premio a la Solidaridad Luis Pastor, cuya primera edición concede este año la Fundación Andrés Coello.

Dos han sido los objetivos que el Patronato de la Fundación ha querido resaltar especialmente con esta iniciativa: de un lado, el de asociar su imagen a la de un proyecto creativo que entiende el arte y la cultura como la expresión de la sensibilidad hacia los problemas y las necesidades de nuestro tiempo, abriendo la imaginación del artista y sus empeños culturales al descubrimiento de una realidad que en modo alguno nos es ajena;  y, de otro, el de ejemplificar el significado del premio en la figura de Luis Jesús Pastor Antolín que, desde la Universidad y desde los múltiples foros en los que dejó presencia imperecedera de su pensamiento y de su buen hacer, no cesó nunca en su empeño a favor de la causa de los más desfavorecidos. 

Lejos de ser un anacronismo, todos estos valores cobran en nuestro tiempo una dimensión renovada en la medida en que suponen una puesta en entredicho de posturas excluyentes a las que tan proclives son las sociedades contemporáneas, tan frecuentemente motivadas por el egoísmo o el menosprecio hacia los  diferentes. La recuperación de la dignidad humana es indisociable del reconocimiento que debemos otorgar a todas aquellas actitudes que marcan, por su coherencia y honestidad, un estilo de vida y un comportamiento impregnados por los patrones éticos de la solidaridad en escenarios difíciles, lo que muchas veces lleva a la renuncia de privilegios en aras de una voluntad de servicio y entrega que lleva consigo un estilo de vida con numerosas privaciones e incomodidades.

No son hechos frecuentes  pero tampoco excepcionales. Hombres y mujeres en todo el mundo despliegan lo mejor de sus esfuerzos, y durante la mayor parte de su vida, empeñados en mejorar las condiciones de vida de la gente con carencia de recursos y aquejada de dificultades que incluso llegan a limitar cuando no a entorpecer el disfrute de lo que la comunidad internacional asume y entiende como derechos humanos. Una conquista de la humanidad irrenunciable, por más que nos parezca una utopía. Mas el mundo también se construye con utopías, que pierden su carácter ilusorio cuando de realizaciones posibles se trata, y por las que hay necesariamente que luchar. En su discurso de despedida como secretario general de la ONU, Koffi Annan señalaba que “mientras haya una sola persona en el mundo carente de los derechos humanos más elementales, debemos entender que todavía queda mucho camino que recorrer en la erradicación de la justicia”. Y es que este es el gran reto al que siempre ha de estar enfrentada nuestra sociedad del desarrollo, del bienestar y del confort: el de procurar que las injusticias se resuelvan en un marco de cooperación y de toma de conciencia en el que todos y todas debemos estar necesariamente implicados. De ello depende sin duda nuestra dignificación como sociedad desarrollada, el valor de nuestra identidad como personas residentes en Europa y a la par conscientes de que pertenecemos a un mundo interdependiente.

Estos son los fundamentos sobre los que se sustenta el Premio que hoy concede la Fundación Andrés Coello en un lugar emblemático de la Universidad de Valladolid, con cuya colaboración ha contado para que este acto y este encuentro sea posible. Y lo hace por vez primera en la persona de Don Nicolás Castellanos, en la que ha creído encontrar la personificación de los valores, de las actitudes y de la coherencia que más expresivamente se concilian en torno al concepto de solidaridad. De prestigio avalado por una trayectoria muy dilatada, sus contribuciones a esta idea son de sobra conocidas pero es muy probable que nunca lleguen a ser suficientemente valoradas. Quien brillantemente ejerció como obispo de Palencia, hoy desempeña un  magisterio de amplísimo alcance en el Concejo boliviano de Santa Cruz de la Sierra. La labor allí realizada testifica la envergadura de los esfuerzos realizados en materia de vivienda, de asistencia sanitaria y, ante todo, de educación. Impulsor del Movimiento “Ningún niño sin escuela en Santa Cruz y en Bolivia”, ha hecho de la educación la espina dorsal de su proyecto de vida y de trabajo en uno de los países que se identifican como lo más profundo y crítico de la América Latina. De ese continente tan allegado a nosotros, que Luis tanto admiró y al que dedicó algunos de sus mejores afanes intelectuales, y que hoy recuperamos, siquiera sea por unos momentos, en la persona de Nicolás Castellanos, Premio a la Solidaridad Luis Pastor 2006, como símbolo inequívoco de los vínculos que nos unen con el mundo del subdesarrollo y que nuestro homenajeado representa con una dignidad y unos merecimientos universalmente reconocidos. 

Jesús García Fernández: Un ejemplo permanente de coherencia e integridad

El Mundo- Diario de Valladolid, 5 de Septiembre de 2006

Imbatible ante el desánimo durante toda su fecunda trayectoria vital, luchador infatigable en momentos difíciles de su vida familiar y profesional, entusiasta emprendedor de iniciativas singulares, alejado siempre de cualquier actitud de oportunismo o de vanidad, hombre animoso frente a las adversidades y entrañable compañero para quienes siempre le sentimos de cerca, Jesús García Fernández no ha podido vencer al único contratiempo frente al que, finalmente, se ha rendido. La muerte le ha sobrevenido tras una larga y denodada lucha contra la enfermedad, que supo afrontar con su entereza de siempre, empeñado hasta el último momento en dar salida a las inquietudes intelectuales que marcaron una de las trayectorias más fecundas y meritorias de la Geografía española y europea.

Recordar su figura en estos momentos no representa sólo la voluntad de dar testimonio de la tristeza que personalmente su desaparición pudiera ocasionar a cuantos, como en mi caso, tuvimos una estrecha relación con su persona y con su magisterio. Supone ante todo el deseo de evocar la personalidad y la obra de quien, como Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid desde el año 1959, marcó con su esfuerzo y dedicación ininterrumpidos una etapa encomiable en el desarrollo del conocimiento sobre los cambios que han ido modelando la realidad espacial en todos aquellos ámbitos hacia los que se decantaba una curiosidad insaciable, y donde todos los temas de interés geográfico tenían cabida cuando de analizar sus aspectos principales se trataba.

Heredero del pensamiento liberal aplicado a la Geografía por su maestro Manuel de Terán, sus trabajos sobre la España Atlántica permitieron una interpretación global de lo que hasta entonces había sido entendido de manera fragmentaria. Logró también descubrir la importancia de la emigración española al extranjero, al tiempo que supo captar el sentido de las transformaciones ocurridas en los espacios rurales españoles y transmitir con lucidez el alcance de los dinamismos urbanos, logrando en ambos casos conclusiones anticipatorias de las tendencias que posteriormente la propia comprobación de los hechos se ha encargado de ratificar. En muchos aspectos del análisis territorial moderno fue sin duda un reconocido precursor, respaldado por las dos herramientas intelectuales que siempre le acompañaron: una sólida reflexión empírica apoyada en la información e interpretada a partir de una visión crítica frente a las simplificaciones y prejuicios habituales, y el recurso sistemático al trabajo de campo, convencido de que la toma de contacto con la realidad era la mejor garantía de solvencia científica. “¿Cómo entender lo que sucede si no lo examinamos en directo?”, solía decir a menudo.

Si todo ello le llevó a hacer de la Geografía un saber operativo, sensible y decidido a dar respuesta a los numerosos interrogantes que se planteaban en un mundo de intensas transformaciones, hay dos hechos que considero importante subrayar. De un lado, su servicio al reconocimiento de esta disciplina con la fortaleza que merece en la sociedad española e internacional. Impulsor de memorables encuentros de Geografía en la Fundación Juan March, fue el fundador y primer presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, experiencia que tuve el honor de compartir con él en su primera Junta Directiva a finales de los ya lejanos años setenta. Su nombre quedará indisolublemente asociado a una Institución que ha cobrado gran prestigio internacional y que opera como órgano vertebrador de los intereses y estrategias de los geógrafos en el complejo mundo de la actividad científica y profesional.

Y, de otro, especial relevancia merecen sus aportaciones sobre Castilla y León, posiblemente la principal preocupación intelectual a lo largo de su vida. Cuando nuestra Comunidad apenas insinuaba lo que habría de ser en el futuro y casi nadie la entendía como tal, García Fernández emprendió la tarea de dar a conocer las características y los problemas de un territorio del que muy pocos tenían la visión integrada que el proceso autonómico finalmente le ha concedido. Desde el año 1968 puso en práctica una de las iniciativas con mayor resonancia en la formación de los geógrafos y en el conocimiento de la realidad regional. Fueron los famosos Trabajos de Campo que anualmente, y sin ninguna ayuda institucional, se llevaban a cabo (sucesivamente en Villarcayo, en Aguilar de Campoo, en Villadiego, en Salas de los Infantes y en San Leonardo) con la finalidad de estudiar la morfología estructural de las montañas que rodean la región, y que habrían de ser el soporte de una sensibilización hacia los paisajes naturales de la Montaña Cantábrica y de la Cordillera Ibérica, en la que se formaron varias generaciones de geógrafos españoles y de otras áreas del saber.

De esta riquísima experiencia, que se prolongaría durante treinta y dos años, derivó la creación de una prestigiosa escuela de Geomorfología Estructural, con resonancias marcadas en varias Universidades del país, y que con el tiempo se tradujo en el reconocimiento que la de Alicante le hizo como Doctor “honoris causa”, donde su huella se hace hoy patente con especial notoriedad. Asimismo, y con carácter pionero, a él se debe el Congreso de Geografía, celebrado en Burgos en 1982, y considerado como el primer encuentro científico celebrado sobre la región antes de su reconocimiento como Comunidad Autónoma. Y qué decir, evocando su dilatada trayectoria intelectual, el valor de sus análisis sobre la crisis demográfica de Castilla y León, sobre la percepción que del hecho regional se ha tenido a través del tiempo, sobre la calidad de sus espacios naturales y de los riesgos que la amenazaban, o sobre la configuración urbana de Valladolid, que también se afanó por analizar e Interpretar antes que nadie; y, cuando nos remitimos, a su labor académica no es posible omitir su condición de artífice del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, cuyo prestigio a gran escala tanto le debe, y a su responsabilidad como Director del Colegio Mayor Santa Cruz, ejercida durante diecisiete años.

Cuidadoso defensor de su independencia y de un espíritu crítico a toda prueba, Don Jesús, como le hemos llamado siempre sus discípulos y alumnos, llevó a cabo su excelente tarea en solitario, a lo sumo aliviada por el esfuerzo de los equipos que le acompañaron en todas sus experiencias. Fue hombre de Universidad y perspicaz vigilante de su tiempo, tenaz en sus empeños y firme en los objetivos que ocupaban sus largas horas en el despacho universitario. Pero mucho me temo que no ha recibido de nuestra sociedad y de quienes la gobiernan el reconocimiento de que hubiera debido ser objeto. Alejado de los ditirambos del y hacia el poder, refractario a cualquier tipo de elación, no se ha cernido sobre él el relumbrón de la notoriedad y la vanagloria, quizá porque tampoco lo buscó. O porque no le interesara, ya que, en esencia, una de las principales razones de su vida no fue otra que la de luchar con coherencia e integridad por lo que creía sin esperar más recompensa que la que procura la satisfacción por la calidad del resultado conseguido.

Valladolid y la industria del automóvil

El Mundo-Diario de Valladolid, 10 de Febrero de 2006

Tres han sido, a mi juicio, los principales pilares que, engarzando el pasado con el presente, han logrado cimentar la personalidad y la proyección a gran escala de la ciudad de Valladolid. Sin menoscabar otros valores igualmente distintivos de su prestigio, es evidente que la Universidad, el ferrocarril y la industria del automóvil constituyen los emblemas más consistentes y vigorosos de la fortaleza y de la imagen vallisoletanas, sus símbolos más conspicuos. No hay que buscar entre ellos prelación alguna, pues cada cual, producto de su época y de las circunstancias que los impulsaron, obedece a momentos históricos diferentes, con lógicas específicas que han justificado su respectiva razón de ser y las particularidades de su trayectoria y de sus impactos tanto en el tiempo como en el espacio. Mas en los tres casos no es difícil percibir un rasgo que expresivamente los unifica y que permite entender la dimensión global de su propio significado, explicativo de la dependencia que se tiene de ellos. Es el que subraya su profunda imbricación en la dinámica integral de la ciudad, con la que han llegado a trabar una verdadera relación simbiótica hasta el punto de que resulta imposible concebir lo que habrá de ser Valladolid en el futuro al margen de lo que cada una de estas realidades pueda dar de sí.

En la primera década del siglo XXI estos tres baluartes del potencial vallisoletano se encuentran inmersos en una etapa decisiva de su historia, coincidente en todos ellos con la apertura de nuevos horizontes que van a suponer transformaciones cruciales con la consiguiente readaptación del peso que les corresponde en la trayectoria de la ciudad. Por lo que respecta a la Universidad, son numerosas las circunstancias que abundan a favor de la necesidad de adoptar estrategias innovadoras, acordes no sólo con los requerimientos a que obliga el acoplamiento al llamado Espacio Europeo de Educación Superior, que de hecho va a suponer una auténtica reconversión del sistema, sino también con las nuevas pautas inducidas por las exigencias de la sociedad y de las dinámicas a que dan lugar las actuales tendencias del desarrollo económico, social, cultural y territorial, con las que la Universidad asume un compromiso ineludible. Por otro lado, y de forma casi sincrónica, la relevancia de Valladolid como enclave ferroviario tenderá a reafirmarse al compás de la entrada en funcionamiento del ferrocarril de alta velocidad, que, aparte de las repercusiones urbanísticas a que pudiera dar lugar, contribuirá a afianzar aún más la centralidad geográfica de la ciudad, inevitablemente asociada a su progresiva consolidación como plataforma logística de primer nivel en el sistema circulatorio europeo. No en vano, las economías de escala de transporte así generadas van a traer consigo efectos multiplicadores con resonancia en el conjunto de la región y que habrá que valorar desde la perspectiva del reequilibrio territorial con que deben ser tratadas sus implicaciones.

Ahora bien, especial atención merece lo que haya de ocurrir con la poderosa dotación técnica y laboral vinculada a la fabricación automovilística. Planteado hace tiempo el debate sobre las amenazas que se ciernen sobre el sector, es evidente que la reciente tensión ocasionada en Valladolid por los ajustes llevados a cabo en la regulación del trabajo, como consecuencia de la situación crítica de mercado a que se ha enfrentado el modelo producido en la factoría de Renault España, ha sido un catalizador de las inquietudes que en todas las esferas (trabajadores, directivos, poderes públicos) no han dejado de poner al descubierto la enorme sensibilidad que suscita cuanto ocurre en la principal instalación industrial de la región y una de las más relevantes en España. Y si es cierto que esto ha sucedido siempre en todos los momentos en que, por una razón u otra, los síntomas de crisis hacían mella en el complejo fabril del que en este año se conmemora el primer medio siglo de existencia, a nadie se le oculta que la situación actual conecta con tendencias que no tienen ya tanto que ver con problemas coyunturales o de éxito comercial de un determinado modelo como con los procesos desencadenados en el contexto de la economía globalizada, especialmente incisiva en el comportamiento espacial de la actividad que nos ocupa.

Varios factores convergen, en efecto, para entender que no se trata de una crisis pasajera en “la industria de las industrias” como expresivamente la definió Paul Drucker. Nos encontramos en un momento en que al creciente atractivo de los países recién incorporados a la UE como espacios preferidos para la implantación automovilística transnacional, en la que algunos de ellos (Polonia, República Checa y Hungría) están tendiendo aceleradamente a centrar el aumento de sus posibilidades exportadoras y sus estrategias de internacionalización productiva, se suma los problemas inherentes a un sector donde el exceso de capacidad instalada deriva en una acentuación de la competencia provocada por la presión de aquellas firmas que en el mercado globalizado prefieren operar en un entorno de fabricación con mayores ventajas competitivas. Identificada, pues, como la actividad más propensa a la deslocalización, la situación se agrava en España por el hecho de que el país no ha logrado consolidar una industria automovilística propia, acentuando así la dimensión de las dificultades en momentos críticos como los señalados en el último informe de la ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles), con la alta dosis de vulnerabilidad que se crea cuando la estrategia depende de centros de decisión alejados de nuestro ámbito de responsabilidad. Y por más que éste sea un tema necesitado aún de muchas clarificaciones, hay que reconocer que el problema de la deslocalización se ha visto agravado en España por mor de una administración central que en los últimos diez años ha hecho dejación manifiesta de lo que debe ser una política industrial capaz, entre otros objetivos, de neutralizar los previsibles riesgos consecuentes a esta situación de dependencia foránea en un sector que representa nada menos que el 8 % del PIB y da trabajo a la décima parte de la población activa industrial. A falta, por tanto, de una estrategia industrializadora estatal de carácter preventivo e innovador frente a la deslocalización los esfuerzos desplegados por las Comunidades Autónomas han logrado en parte contrarrestar esta carencia pero en modo alguno podrán sustituir a lo que ante todo ha de significar una política de Estado, precisamente porque es a esta escala, con todas las estrategias de cooperación internas que se quieran, como de hecho se está abordando la cuestión en los grandes países europeos ante la posibilidad de verse afectados por la tendencia. Y es precisamente en el contexto de una política de industrialización efectiva donde cobra especial trascendencia de nuevo el valor de la interacción entre los tres factores – Universidad, accesibilidad y capacidad tecnológica - que permitirán mantener a Valladolid como esa potente ciudad industrial que nunca debe dejar de ser.

Castilla y León en la Unión Europea: viejos problemas, nuevas perspectivas

El Mundo-Diario de Valladolid, 24 de Enero de 2006

La nueva etapa iniciada a partir del año 2007 va a suponer un cambio muy significativo respecto a la posición que ha ocupado España en la distribución de los Fondos Estructurales y de Cohesión desde su integración hace ya cuatro lustros en el espacio comunitario europeo. De figurar en primer lugar como país receptor de ayudas en el periodo 2000-2006, y tras haber recibido entre 1989 y ese último año más de 100.000 M€ (a precios de 1999) - a los que habría que sumar al tiempo la notable aportación correspondiente a los fondos de garantía agrícola – el horizonte financiero abierto para nuestro país durante el próximo septenio (2007-2013) nos inscribe en un escenario bruscamente distinto, en el que la acusada reducción de estas asignaciones, con una caída de su saldo operativo con la UE de 43.715 M€ en la totalidad del periodo, coincide con el comienzo de un proceso decreciente que culminará en 2013 cuando España aparezca ya como contribuyente neto positivo en el presupuesto de la Unión.

Dentro de este panorama, debemos ser conscientes de que Castilla y León se singulariza como la región española más afectada por esta tendencia. Deja definitivamente de pertenecer a las primadas Regiones Objetivo 1, al superar con holgura el listón que hasta ahora la había permitido figurar entre las más beneficiadas, precisamente por su condición de “región asistida”, acentuada a su vez por los bajos niveles de renta de sus provincias occidentales. Sin embargo, merced al llamado efecto de crecimiento natural, reflejado en un índice de convergencia (97,99) muy próximo a la media comunitaria (100), y llamativamente con tres de sus provincias (Soria, Burgos y Valladolid) colocadas en el listón de las diez primeras españolas según la evolución de este indicador en los últimos cinco años, abandona el grupo de las regiones receptoras del capítulo principal de ayudas junto a la Comunidad Valenciana y Canarias, de las que, sin embargo, la separan diferencias notorias: todos sabemos de la espectacular vitalidad del “eje mediterráneo”, ostensiblemente liderado por el Levante español, y también nos consta hasta qué punto la condición del archipiélago como “región ultraperiférica” la otorga una ventaja de tratamiento excepcional que posiblemente se va a mantener para siempre.

El desafío así planteado en nuestro caso reviste, a mi modo de ver, una doble dimensión, que conviene clarificar. En primer lugar, sobresale la de carácter financiero, necesariamente ajustada a los márgenes impuestos por la nueva política regional europea, en la que, como no podría ser de otro modo, se aprecia un sesgo muy marcado a favor de los países incorporados en 2004, con el consiguiente desplazamiento hacia el Este del área de atención frente a la anterior primacía ostentada por el Mediterráneo. En su beneficio está concebido el primero de los tres Objetivos con que a partir de ahora se estructura el reparto de las ayudas. Con la denominación de “Convergencia”, el primero de ellos ha de canalizar el 78,5 % de todo el presupuesto (336.100 M€) aplicado a la política regional Ahora bien, de esta cantidad, y dentro del porcentaje asignado a los Fondos de Cohesión, Castilla y León, según el compromiso adoptado en el encuentro del presidente del Gobierno central con el de la Junta el pasado 16 de Enero, va a recibir un total de 900 M€ , equivalentes al 27,6 % de los destinados a España. No es, desde luego, una partida baladí si se tiene en cuenta que la Comunidad sobrepasa ya el 90 % de la media de renta comunitaria, lo que la coloca en una posición globalmente al margen del Objetivo de Convergencia, del que, sin embargo, se beneficia a causa de la delimitación espacial asignada a esta ayuda, obligadamente circunscrita a proyectos (transporte, medio ambiente y energía renovables) que han de llevarse a cabo en las provincias de Ávila, León, Salamanca y Zamora.

Incluida parcialmente en los Fondos de Cohesión, lo que representa una valiosa aportación justificada por la intención de corregir las carencias de las provincias citadas, las posibilidades de financiación adicional no son ajenas a los potenciales flujos que pudieran también derivarse de las otras dos fuentes de ayuda establecidas para la nueva etapa. La situación de Castilla y León tiene, en efecto, plena cabida en el segundo de los Objetivos - “Competitividad Regional y Empleo” - al que se destinan 57.900 M€ (17,2 % del presupuesto). No en vano pertenece de manera específica a la categoría de las regiones que, cubiertas por el Objetivo 1 entre 2000 y 2006, abandonan por crecimiento natural el Objetivo de “Convergencia”, lo que lleva a considerarlas en el periodo que se inicia en 2007 en “phasing-in”, es decir, en proceso de adaptación a una nueva situación que aconseja facilitar su capacidad para afrontar los desafíos y ajustes que en el nuevo contexto se les plantean. Interesa destacar que dentro de este rango las prioridades en las líneas de actuación aplicadas a estas regiones (receptoras en conjunto de 9.580 M€) se decantan, junto a proyectos de carácter ambiental o relacionados con la mejora del transporte, hacia el fomento explícito de planes de apoyo a la innovación, al espíritu de empresa y al desarrollo la sociedad del conocimiento así como de iniciativas relacionadas con los mercados de trabajo previstas en las grandes directrices de la Estrategia Europea de Empleo.

Y, por último, no hay que olvidar que también la región castellano-leonesa es susceptible de reconocimiento en el reparto de los Fondos contemplados en el tercero de los Objetivos (Cooperación Territorial Europea), destinatario de 13.200 M€ (3,94% del presupuesto). Si se tiene en cuenta que más de la tercera parte de este monto corresponde a los proyectos de cooperación transfronteriza, no hay que desestimar la importancia de aquellas acciones que mantengan una línea de continuidad con lo que tradicionalmente ha sido una de las mayores preocupaciones del desequilibrio regional, identificada con las carencias de desarrollo de su margen occidental, sin duda el más desfavorecido de todo el espacio ibérico a lo largo y ancho de la “raya” con Portugal.

Puede decirse, en suma, que, aunque las perspectivas financieras en la fase 2007-2013 se van a reducir sensiblemente respecto a las percibidas en el septenio anterior (se estima que el recorte de los Fondos Estructurales habrá de superar los 3.000 M€, el mayor en términos absolutos de todas las regiones españolas), no significa que el margen de maniobra llegue a desaparecer en este sentido. En todo caso, tenderá a reacomodarse, adquiriendo una nueva dimensión, verdaderamente crucial, que yo definiría de carácter “estratégico-territorial”. Es decir, obliga, de un lado, a la rigurosa elaboración y cumplimiento efectivo de los proyectos centrados en las provincias que hasta ahora han quedado descolgadas del proceso de transformación global de la región y para las que la ayuda excepcional proveniente de los Fondos de Cohesión va a significar, si no la última, sí una de las oportunidades límite en cuanto a sus opciones futuras de respaldo comunitario con cierta relevancia. Ni que decir tiene que, entre otros requisitos, ello va a implicar, por lo que a Zamora y Salamanca respecta, fuertes e innovadores avances en el proceso de cooperación con Portugal, en los que Castilla y León debiera ejercer una función cercana al liderazgo en el grupo de las regiones españolas limítrofes con el país vecino e implicadas en compromisos estratégicos similares.

Y, de otro lado, tampoco cabe duda que ante la posición crítica en la que ha quedado Castilla y León con vistas al nuevo período de programación operativa todos los esfuerzos por procurar que el proceso de transición sea lo menos traumático posible, y teniendo en cuenta además la magnitud de los problemas irresueltos, han de merecer una atención, un cuidado y una vigilancia extraordinarios. Es a partir de ahora cuando va a ponerse a prueba como nunca tanto la efectividad de las decisiones y negociaciones que habrá de llevar a cabo el Gobierno autónomo como la fortaleza con la que la sociedad regional sea capaz de aprovechar sus propias potencialidades, a fin de asegurar, con perspectivas de futuro, un desarrollo eminentemente basado en la solidez y en las ventajas de su capital territorial o, lo que es lo mismo, en la calidad de todos sus recursos, en el talento y buen gobierno de quienes los gestionan y en la defensa de un modelo territorial donde las desigualdades internas tiendan a mitigarse en aras de la mayor eficiencia del conjunto. Dicho de otro modo, embarcados en un proceso en el que forzosamente la maximización de las oportunidades debe ir en paralelo con la minimización de los riesgos, hay que aceptar sin titubeos ni dilaciones la idea de que en lo sucesivo nos veremos obligados a depender cada vez más de nosotros mismos.

Paisajes maltratados

El Mundo-Diario de Valladolid, 11 de Enero de 2006

De una u otra manera, con mayor o menor acierto, todos hemos sido educados en la percepción de los paisajes. Nuestras vivencias aparecen siempre asociadas a un modo de entender, interpretar y valorar la realidad espacial que nos rodea. No hay experiencia sin paisaje imbricado en ella, ni reflexión que no sea efectuada a partir de la referencia geográfica que la motiva. Tanto es así que parece imposible recordar los hechos que nos sucedieron en un determinado momento sin tener presentes al tiempo las características del ámbito en el que tuvieron lugar, y que en medida nada desdeñable ayudan a entenderlos y a conservarlos en la memoria. Somos, pues, tributarios directos de lo que sucede en nuestro entorno, de suerte que nuestra cultura territorial se enriquece a medida que sabemos entender las otras culturas, expresivas de realidades que nos alertan sobre el significado de la diferencia, la magnitud de los contrastes, la utilidad creativa de la experiencia comparada. Nos enseña a relativizar los conocimientos, que precisamente se fortalecen cuando los asumimos como partes integrantes de un todo complejo, bien estructurado e incluyente.

Esenciales, por tanto, en la maduración de la personalidad, la imagen que tengamos de cada uno de ellos constituye un elemento primordial de nuestra propia sensibilidad, que precisamente se fragua a medida que asimilamos los valores que los distinguen. De ahí la necesidad de subrayar hasta qué punto de la calidad de los paisajes depende también la de nuestra propia cultura, que no es sino la manifestación de los comportamientos que nos permiten enriquecernos con el entorno tanto individual como colectivamente.

Debemos advertir, sin embargo, que en el territorio español los valores que encierra la noción de paisaje, clave a la hora de definir la fortaleza de un proceso educativo que obliga a la beligerancia a favor de los aspectos que en mayor medida lo cualifican, no gozan en los momentos actuales de buena salud. No en vano al toparnos con la realidad circundante y analizar con espíritu crítico cuanto se hace a nuestro alrededor la imagen cualitativamente pretendida se desvanece para abrir paso a un panorama en el que las diferentes modalidades de agresión derivan en deterioros tan graves como generalizados. Asistimos al apogeo de acciones simplificadoras y banales, que, concibiendo el cambio de uso del espacio como algo ajeno a cualquier tipo de restricción, tienden ostensiblemente a prevalecer frente a las que, en cambio, preconizan la defensa y salvaguarda de los valores paisajísticos o a las que lo entienden como un conjunto integral, formado por componentes indisociables.

A poco que en nuestro país se profundice en el seguimiento de la cuestión, no es difícil asustarse ante la magnitud de las barbaridades que se están cometiendo en nombre de no sé sabe muy bien qué progreso o desarrollo. Por doquier, y con excepciones contadísimas, asistimos desde hace unos años a la proliferación errática de intervenciones sobre el territorio marcadas por un denominador común: la ocupación y consumo desenfrenados del espacio a través de promociones inmobiliarias ante las que no se establecen otros límites que los determinados por los mismos intereses y criterios sobre los que se sustentan. Si los datos numéricos registrados al respecto son más que elocuentes, pues sitúan a España, y con asombrosa diferencia, en la cabeza de los países europeos por el volumen de edificación llevada a cabo, el problema no estriba tanto en la dimensión cuantitativa del fenómeno como en las implicaciones que desde el punto de vista estratégico, cultural y medioambiental traducen una peculiar forma de entender las relaciones entre sociedad, desarrollo y territorio marcadas por tres tendencias francamente preocupantes y entre las que se impone una urdimbre lógica muy bien definida.

La primera tiene mucho que ver con la ausencia absoluta de cultura y de sensibilidad territorial con la que se acometen la mayor parte de las actuaciones. Aparecen como la manifestación fehaciente de una falta de respeto y de consideración por el entorno en el que se llevan a cabo. La ausencia de evaluaciones de impacto ambiental resulta con frecuencia tan grave como el incumplimiento de las que se realizan, que o bien son cuestionadas por restrictivas de la liberalidad edificatoria o se acomodan en sus indicaciones a los objetivos de quienes las demandan, evitando así cualquier obstáculo que entorpezca el objetivo deseado.

En segundo lugar, es evidente que en el modo de concebir la decisión prima casi siempre la perspectiva a corto plazo, la inmediatez de los resultados, con independencia de sus implicaciones hacia el futuro. Y no sorprende que esto ocurra por la sencilla razón de que esta visión cortoplacista que rige la ocupación desbordada y congestiva del espacio viene impuesta por la circunstancia, realmente grave, de que el poder de decisión, la capacidad de iniciativa real, ha cambiado de manos. Los promotores inmobiliarios se han adueñado del territorio y han ido cercenando, a la par que mediatizando en función de sus intereses, al poder municipal, que se pliega ante hechos de los que se sólo percibe su rentabilidad inmediata. La experiencia de nuestro pais sobreabunda en irregularidades de este tipo y de hecho son muy pocos los municipios, tanto urbanos como rurales, que resisten a la constatación de esta tendencia generalizada. Y, por lo que se ve, las diferencias políticas parecen diluirse en aras de una tendencia a la homogeneización de estrategias que, si en parte encuentra uno de sus fundamentos primordiales en los problemas de suficiencia financiera a que se enfrentan de las administraciones locales, no es menos cierto que a la par acaba siendo asumido como algo meritorio y digno de reconocimiento, asociándolo demagógicamente a un presunto “desarrollo” mediante campañas de manipulación informativa y de marketing grandilocuente, en las que la opacidad de las intenciones marcha en paralelo con la propia consolidación del entramado de intereses e influencias que a la postre acaban configurando el modelo de ciudad que se pretende por parte de unos pocos frente a los intereses y las preocupaciones de la mayoría.

Hay que recurrir a estos argumentos para comprender el tercero de los pilares en los que se apoya esta situación. Me refiero a la visión fragmentaria y reduccionista con que se abordan la gestión del patrimonio y de los recursos territoriales, y, por ende, las propias políticas urbanas. En pocas palabras, puede decirse que se ha procedido a la sustitución del paisaje, en su dimensión más noble e integradora, por la intervención puntual, comúnmente asociada a la monumentalidad de las iniciativas (esas arquitecturas de la retórica de las que habla Herzog) o a la preservación más o menos cuidada de las áreas emblemáticas, tal y como se expresa en las políticas de rehabilitación de los centros históricos, aunque aquí tampoco sea oro todo lo que reluce. Conservar y atender lo que atrae turisticamente o recurrir a la escenografía que depara la espectacularidad de un edificio determinado, más allá de su funcionalidad y coste, suponen tal vez un alivio frente a la mala conciencia que pudiera provocar el tratamiento especulativo sobre el suelo público o el hacinamiento y el deterioro estético a que se ven sometidas las periferias, donde el concepto de ordenación del territorio, tal y como está concebido en la Estrategia Territorial Europea, sufre hoy en España de las mayores aberraciones.

Ante una situación como la que nos ocupa, inequívocamente marcada por el encarecimiento brutal de la vivienda, por el desencadenamiento de escandalosos procesos especulativos, por la destrucción irreversible de espacios de gran valor ambiental o por la hipertrofia de un mercado hipotecario que en los últimos años ha crecido exponencialmente, cabe lamentar que los ciudadanos, inermes, masivamente endeudados, y por más que de manera individual manifiesten una actitud crítica, han acabado adoptando colectivamente un resignado silencio, convencidos de que frente a tales atropellos muy poco o casi nada se puede hacer.