Por una región cohesionada

El Mundo-Diario de Valladolid, 13 de Enero de 1995

Quien haya seguido con atención durante los últimos años la apasio­nante polémica suscitada en la mayor parte de las Comuni­dades Autónomas españolas en torno a las políticas que en cada caso se consi­deran más idóneas para el logro de los objetivos pretendidos de desarro­llo socio-económico y de reordena­ción territo­rial, habrá podido perci­bir que buena parte del balance obtenido no se correspon­de en la práctica ni con la abundancia de los textos publicados ni con las hipotéticas esperanzas inicial­mente abrigadas por los protago­nistas bienintencionados del empeño. Lejos de emitir ningún juicio de valor al respecto, considero que, entre las razones que pueden justificar esta falta de operatividad, hay una que me parece particular­men­te convin­cen­te, a tenor de lo observado en numerosos encuentros y debates de todo tipo realizados sobre la cuestión. Me refiero al hecho de que la sensibili­dad por encontrar soluciones efectivas a las crónicas situaciones de desequili­brio existen­tes a escala regional no ha sido habitualmente la misma entre quienes, una vez afianzado el marco autonómico, han conseguido asumir la responsabili­dad directa de las decisiones, y los que, dentro del campo estrictamen­te intelectual, muestran una preocupación más globalizadora por los problemas planteados, que les lleva a formular con mayor o menor coherencia propuestas y alterna­tivas para su posible corrección.

En el fondo, los matices que separan ambas posicio­nes no revelan tanto posibles contrastes en la valoración objetiva de los fenóme­nos o en su diagnóstico como, sobre todo, unas perspectivas y métodos de entender la realidad que casi siempre discrepan en la concep­ción del tiempo y del espacio desde la que han de ser contemplados. La disonancia en la tempora­lidad se entiende fácil­mente en virtud de los diferentes ritmos con que por parte de una y otra se valora la consecución de resultados tangibles, pues si en el primer caso la inmediatez y el corto plazo prevalecen por encima de cualquier otro criterio, en el segundo cualquier estimación rigurosa pasa necesariamente por el cumplimien­to garantizado de las finalidades pretendi­das, de acuerdo con el horizonte necesario para que lo logrado no tenga reversión ni vuelta atrás. De todas formas, aun tratándose de planteamien­tos distin­tos, no por ello tiene que estable­cerse una separación excesiva, ni ser tampoco ésta valorada como un síntoma demasiado preocupante, máxime cuando los controles en la toma de decisiones pueden, en un marco democrático y de vigilancia cuidadosa, contrarres­tar los riesgos inheren­tes a las medidas precipitadas o propensas a un exceso de triunfalismo, totalmente injustifi­cado y casi siempre desmentido, tarde o temprano, por la rotundidad inapelable de los hechos.

A mi juicio, el principal problema surge, sin embargo, cuando los planteamientos propugnados, como fundamentación previa de las posibles actuacio­nes a llevar a cabo, pueden adquirir una dimensión concreta y patente en el espacio, pues son precisamente las líneas de acción formula­das a este nivel las que más fácilmente se asocian a la aplicación de criterios de carácter selectivo o, por lo menos, suscepti­bles de favorecer pautas discriminato­rias en la estimulación de las fuerzas que contribuyen, o pueden contribuir, al desarrollo. De ahí a la sensación intuitiva de abandono por parte de los que se sienten lesivamente afectados media el mismo trecho que comúnmente separa a la provocación de la actitud de rechazo frente al sesgo preferencial de las decisiones, con toda la carga demagógica que ello implica, propalada sin cesar por la socorrida bandera del agravio comparativo. Se va creando así un ambiente progresivamente enrarecido que si, por lo general, siempre resulta negativo en cualquier clase de escena­rio, se muestra especialmente incómodo en la Comunidad de Castilla y León, donde, como bien se sabe, han sido harto frecuentes las muestras de conflicto responsables de enfrenta­mientos que han entorpecido el cumplimiento de los objetivos de cohesión.

Demasiadas tensiones han perturbado, en efecto, la construcción del hecho regional como para que de nuevo se susciten ideas o reflexiones que potencialmente puedan alimentar el fuego de la discordia, todavía no plenamente sofocado. Mas para que esto no suceda o, mejor aún, para que tales riesgos queden definitivamente conjurados es preciso lograr una identificación del modelo territorial deseado para el conjunto de la Comunidad, afrontando sin dilaciones ni ambigüedades el compromiso estatutariamente reconocido. Poco importa que la formulación de estas directrices no descienda, en la delimitación de sus ejes fundamentales, al terreno de los detalles a pequeña escala o deje pendientes cuestiones merecedoras de una mayor concreción hacia el futuro: lo que interesa, ante todo, es cimentar las bases interpretativas del tipo de región hacia el que se tiende, de los objetivos esenciales a alcanzar y de los instrumentos más adecuados para su consecución, fiel, eso sí, a la idea que preconiza el aprovecha­miento integral de todas las posibilidades existentes.

Dicho de otro modo, se impone impregnar de este espíritu clarificador y solidario, abierto al enriquecimien­to proporcionado por la participación de una sociedad ilusionadamente identificada con el proyecto, el diseño y concepción de las grandes actuaciones y programas de desarrollo, en los que la componente territorial debe ocupar un lugar de primer orden, sin hacer nunca abstrac­ción de fenómenos y situaciones críticos que, integrantes de una realidad extraordina­riamente heterogénea, no han de ser ni relegados a un segundo plano ni, por supuesto, desatendidos en la toma de decisiones.

Si la concepción de nuestra Comunidad Autónoma fuese abordada a partir de estos postulados, difícil cabida podrían tener las sugerencias que abundan a favor de tratamiento privilegiado de determinados escenarios en detrimento u olvido de otros. Partiendo de que la noción de equilibrio no implica jamás homogeneidad absoluta ni despilfarro en la utilización de los recursos, sino adecuación relativizada de las estrategias de desarrollo a las capacidades potenciales respectivas, no parece lógico, como recientemente se ha defendido, simplificar el alcance que han de tener las directrices de política territorial en Castilla y León, pretendiendo que la rentabilización de las iniciativas en un tramo muy concreto de la Comunidad - al que en el último momento se adosan posibles "variantes" adicionales - pueda deparar positivos efectos de inducción para el resto del territorio. Y es que, sin necesidad de entrar aquí en el debate que a lo largo de los últimos años ha movilizado la atención de los estudiosos de este tipo de cuestiones, considero que, definitivamente superado y en entredicho el viejo esquema del crecimiento polarizado, nuestra Comunidad Autónoma puede constituir, si realmente existe voluntad para ello, un excelente marco de aplicación de las pautas metodológicas que, referidas a nuestro ámbito concreto, hacen hincapié, por el contrario, en la necesidad de afianzar, al amparo de su dimensión de escala, los "puntos fuertes" de la región - que, por cierto, son varios y con posibilida­des nada desdeñables - para vertebrar en torno a ellos posibles áreas expansivas que, a su vez, propicien la construcción de un territorio vertebrado por una red de diversos ejes de dinamismo, no necesariamente supeditados, aunque sí en interrelación, con el que, incorrectamente llamado "triángulo" Burgos-Palencia-Valladolid, se erige, por la ventaja que le procura su misma centralidad y por su inserción en los grandes enlaces intraeuropeos, en uno de los principales vectores de desarrollo de la región, aunque en modo alguno deba mostrarse incompatible ni excluyente respecto a otros espacios capaces de ser también valorizados sin derivar hacia esas posturas de arrogancia en unos casos o de victimismo en otros que tanto daño han hecho a la configuración de una realidad autonómica sólida y debidamente cohesionada.