Han pasado 20 años y parece que fue ayer. Estábamos reunidos en la Sala de Profesores de la Facultad de Derecho de Valladolid en un acto cultural cuando César Aguirre Viani, catedrático de Medicina, nos dio la noticia. Era el 16 de Noviembre de 1989. Ocho personas habían sido asesinadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador. Entre ellos, los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. En la masacre murieron también la señora que les atendía, Elba Ramos, y su hija, Celina, de 16 años. Lo recuerdo como una noticia atroz que, como un mazazo, conmocionó las conciencias y reveló la descarnada dimensión de la tragedia que entonces se cernía sobre aquel país centroamericano.
Durante todo este tiempo ha permanecido como un recuerdo imborrable, causante de esa sensación de impotencia que provocan la impunidad y el frustrado deseo de que se haga justicia. Con frecuencia acudo a la Fundación Segundo y Santiago Montes, que en Valladolid dirige su hermana Catalina, y en la que se llevan a cabo actividades culturales de una extraordinaria calidad, en un ambiente gratísimo, que no me impide nunca evocar la memoria de las víctimas de aquel crimen horrendo con la pesadumbre de que todavía nadie haya sido imputado. En El Salvador se habla poco del tema, salvo en círculos reducidos que sienten cómo la imagen del país sigue lacerada por un hecho que trasciende la historia local para convertirse en otro símbolo más de la barbarie que ha marcado buena parte de la del siglo XX.
Al fin ocurrió hace un año. El 13 de noviembre del 2008 fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) una querella contra 14 miembros del Ejército salvadoreño y respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), que tiene su sede en San Francisco. Amparándose en el principio de justicia universal que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Garzón y en el hecho de que cinco de las víctimas eran españolas, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha admitido a trámite a comienzos de este año la querella que, aunque desestima la imputación del entonces Presidente de la República, Alfredo Cristiani, sí lo hace con los catorce militares - entre ellos, cuatro generales, dos coroneles y tres tenientes - incluidos en la querella de la APDHE.
La instrucción promete ser ambiciosa a fuer de dilatada. Al tiempo que ordena la declaración del ex fiscal general de la República y de los jueces y fiscales asignados al caso cuando, sin resultados, se juzgó en El Salvador, solicita, a través de una comisión rogatoria, la remisión del testimonio completo de la causa penal que en aquel pais se llevó a cabo, con el fin de conocer los "mecanismos de perdón y de extinción de la responsabilidad criminal" de los que pudieron beneficiarse los "autores intelectuales y/o materiales de los asesinatos". Asimismo, solicita a la Justicia de Estados Unidos la toma de declaración de los miembros de la Delegación norteamericana que en representación del Congreso de Estados Unidos investigó, también sin resultados efectivos, los hechos en 1990.
No es fácil hacer pronósticos sobre la evolución del proceso iniciado en España. Apoyado por las organizaciones salvadoreñas de Derechos humanos,aparece, sin embargo, cuestionado por los responsables de la Universidad Centroamericana, partidarios de afrontar ese crimen “mediante los instrumentos legales y de diálogo de El Salvador”, al tiempo que en la sociedad salvadoreña no son pocas las resistencias a que los culpables sean sancionados, al señalar que los horrores del pasado quedaron diluidos en los Acuerdos de Paz con los que se trató de reconciliar a una comunidad fuertemente traumatizada por doce años de guerra civil.
Dos décadas han pasado ya. Catalina Montes, la entrañable Caty para muchos de nosotros, ha declarado que confía en que, al fin, se haga justicia. Es lo que muchos deseamos para que los autores de aquella terrible masacre sean condenados y el dolor que nos produjo reciba el alivio que merece. Suceda lo que suceda, la imagen de la tragedia y de quienes la sufrieron siempre permanecerá viva en la memoria.
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