LA RECUPERACION UNIVERSITARIA

El Norte de Castilla, 27 de Septiembre de 1996

No como algo convencional, sino porque la importancia y el interés del momento invitan a ello, parece aconsejable aprovechar el inicio del nuevo curso académico para alentar la reflexión en torno a algunos de los grandes temas que en la actualidad marcan el rumbo del panor­ama universitario, y a los que la sociedad no debe permanecer indiferente, por más que con frecuencia cuanto concierne a la Universidad resulte confuso o difícil de entender para quien no se encuentra en continuo contacto con tan complicada realidad. Y, sin embargo, nadie podría dejar de reconocer hasta qué punto las cuestiones universitarias siguen incidiendo de lleno en aspectos esenciales de la vida de una comunidad, algunos de tanta trascendencia como los que se relacionan con la formación integral del ciudadano, con el avance de la investigación científica o, en fin, con la formulación racional de ideas, propuestas y aportaciones que, surgidas de un debate crítico, permanente y en equipo, tratan de crear el marco idóneo que haga posible la mejora de las condiciones de vida y el logro de mayores cotas de bienestar y desarrollo, sólo alcanzables a partir de la evolución libre del pensamiento en todas las ramas del saber y en la doble vertiente - teórica y aplicada- que lo identifica.

Si, en general, estos objetivos definen a lo largo del tiempo el horizonte hacia el que intencionalmente se ha proyectado la misión de la Universidad, urge enfatizarlos de nuevo en unos momentos en los que no son pocas las opiniones que cuestionan la misión que ha de desempeñar, al haber quedado desvaída en un ambiente repleto de deficiencias y contradiccio­nes, causantes del deterioro de su funcionalidad y, lo que es peor, de su pérdida de crédito para afrontar con eficacia los problemas en que se halla sumida la sociedad a la que ha de servir.

En realidad, esta corriente de opinión, suscitada dentro y fuera de la Institución, va cobrando en los últimos años una sensible resonancia a medida que la rotundidad de sus planteamientos, propensos a la imputación indiscriminada, hace mella en un segmento importante del conjunto social, muy sensible, por lo demás, a la crítica generalizada y a los reproches que tan menudo se hacen en relación con su aparente inadecuación a los cambios del entorno, a la lentitud de su capacidad de respuesta, a los inconvenientes de la masificación o la existenca de pautas de funcionamiento poco permeables a los fecundos estímulos de la competen­cia. A partir de este diagnóstico, trata de justificar las posturas a favor de la decadencia y empobrecimiento inexorables de la Universidad pública, entendida como un ejemplo elocuente de obsolescencia e inepta, por tanto, de cumplir a plenitud con esa misión que le ha sido consustancial desde su mismo nacimiento.

En su defecto, parece llegado al momento propicio para la búsqueda de estilos universitarios alternativos, que contrarresten el modelo declinante y permitan satisfacer las necesidades planteadas bajo las premisas acuciantes de la competitividad en un espacio óptimo de relaciones, intereses e influencias, libre ya, por tanto, de los condicionamientos y servidumbres observados en el complejo académico tradicional. Así se justifica, pues, esa presunta renovación que está teniendo lugar en la nueva oferta de estudios de alto nivel, donde, bajo un panorama publicitariamente regido por el signo homogeneizador de la calidad y la innovación, se perciben, empero, indicadores que no invitan a una valoración uniforme­mente positiva.

No en vano, junto a realizaciones ya consolidadas y con un prestigio que nadie discute, en el elenco de las nuevas "Academias" afloran iniciativas que dejan bastante que desear, bien porque resultan inspiradas en fundamentos poco congruentes con lo que siempre se ha entendido por el espíritu y el talante universitarios o, lo que es peor, porque arteramente se amparan en el crédito que las aportan ampulosas denominaciones como único soporte de su pretendida consistencia. Entiéndase bien: de ninguna manera mi posición se decanta en contra de los Centros universitarios privados cuando éstos están bien concebidos y son respetuosos de los valores que simbolizan los requisitos básicos, irrenunciables, de la enseñanza superior. En el contexto actual, y con la Ley en la mano, es lógico que también el binomio público-privado pueda servir para dar entidad al sistema universitario español, cada cual con sus especificidades pero ambos sujetos al cumplimiento de análogos objetivos y parejas responsabilidades.

Sentado este principio de mutuo reconocimiento, la cuestión estriba en estar alerta a fin de evitar la aparición de desequilibrios que amenacen con poner en tela de juicio el significado de la Universidad contemplada como servicio público y abierta a toda la sociedad, sin más limitaciones que la falta de idoneidad intelectual para acceder a ella y la ausencia de esfuerzo para beneficiarse de sus contribuciones. Pues lo cierto es que, pese a todas las críticas que pudiera hacerse y admitiendo que en buena parte su dinámica interna adolece de problemas preocupantes, no es fácil encontrar modelos subsidiarios con capacidad y garantía para ejercer a largo plazo una labor tan compleja y arriesgada, en la que la docencia y la investigación pluridisciplinar se entreveran en el seno de estructuras organizativas que, cuando se desarrollan bien y aprovechan con eficiencia los importantes instrumentos puestos a su disposición, arrojan un balance satisfactorio que dificilmente podría alcanzarse de otra manera. Admitiendo que las situaciones óptimas jamás existen, parto de la convicción de que la Universidad, entendida de este modo, debe seguir siendo considerada como el pilar esencial en el que se asienta la fecundidad intelectual y científica de un país, sin que existan sucedáneos que puedan neutralizar o eclipsar sus intrínsecas potencialidades.

Ahora bien, no parece fácil el cumplimiento pleno de este compromiso, con todo lo que ello representa con vistas a la etapa de recuperación deseable, si no se adoptan con energía las medidas encaminados a facilitarlo en un período de tiempo que en modo alguno puede ser prolongado. Son medidas que nacen no sólo del conocimiento críitico de la realidad sino del más elemental sentido común, apoyadas en el margen de maniobra de que disponen las propias Universidades, que se erigen así en las artífices del proceso de cambio, una vez comprobado el desinterés que los responsables políticos a escala nacional manifiestan por el tema universitario, ausente por completo de los debates y mero convidado de piedra en los principales campos de preocupación que galvanizan desde hace tiempo la atención del país.

De este modo, paralizada la necesaria readaptación de la Ley de Reforma Universita­ria, el terreno de las decisiones se corresponde con la voluntad de que puedan hacer gala quienes, conscientes, por la responsabilidad que ostentan, de los problemas planteados en su esfera de actuación y merced a la autonomía que se les reconoce, posean la autoridad y la firmeza para llevarlas a cabo en el sentido más conveniente, siempre en el sentido del robustecimiento de un prestigio aquejado de síntomas patentes de debilidad. Nadie ignora que el enfoque en esta dirección forma parte ya del planteamiento estratégico de algunas Universidades españolas, incursas en una carrera a favor de la renovación de la que depende su futuro y su posición en un concierto fuertemente concurrencial. Con todo, la sistematización de las pautas a seguir se impone por encima de cualquier visión apresurada o fragmentaria, que palíe parcialmente un problema para dejar otros muchos irresueltos.

De ahí que, en aras de la coherencia pretendida, todo propósito de recuperación de la Universidad pública sea indisociable del logro de resultados sólidos en dos esferas capitales de la vida universitaria: de un lado, la de la calidad y la búsqueda de altos niveles de excelencia, mediante la aplicación de sistemas rigurosos de evaluación, referidos tanto a la calidad de la enseñanza como a la selección efectiva del alumnado, sin olvidar la asunción de los desafíos planteados en el campo científico por el celebrado Manifiesto de El Escorial; y, de otro, qué duda cabe que la introducción de mecanismos de racionalidad en la configuración de la oferta docente, en la concreción del "mapa de titulaciones" en el ámbito de la región o en los criterios objetivos de financiación acabará imponiendo a la postre una nueva lógica en el comportamiento de la vida universitaria, a sabiendas de que de ella siempre dependerá una parte sustancial del peso específico de una comunidad en el entorno de relaciones en el que inexcusable­mente se inserta.

¿CÓMO REFORZAR EL PESO DE LA REGIÓN?

El Norte de Castilla, 2 de Junio de 2006

Con frecuencia las declaraciones de quienes ostentan responsabilida­des de poder suelen mostrarse propensas a la formulación de solemnes principios de intencio­nes, que por lo común coinciden con la celebración de efeméride en un afán por ratificarla no como un simple evocación del pasado sino como el momento más oportuno para el lanzamiento de una proclama henchida de ambiciones de futuro. Es la actitud lógica, y hasta cierto punto inevita­ble, en que necesa­riamente se inscribe el propósi­to de dar continuidad y consistencia temporal a la tarea realizada con la mirada puesta en los objetivos aún pendientes y sólo alcanzables desde la plata­forma previamente construida, algo así como una especie de prolongación, sin solución de continuidad, de lo ya realizado.

Por eso, cuando, al conmemorar sus cinco años al frente del ejecuti­vo, el presidente del Gobierno autónomo ha aludido, entre otras considera­ciones del mismo tenor, a su voluntad de "tener en la España autonómica un peso mucho mayor del que hemos tenido hasta ahora", el dirigente regional trataba de ser congruente con la predisposición señalada y con las exigen­cias propias de un contexto en el que esta suerte de afirmaciones vienen obligadas por las condiciones y el entorno particulares en que se plan­tean. Si, por princi­pio, siempre es justo reclamar y defender nuevos avances en el proyecto del que uno es responsable, a la hora de la verdad nada tiene de extraño que la preten­sión sin más de reforzar el peso de Castilla y León en el panorama nacional y europeo corra el riesgo de convertirse en una preten­sión permanente y nunca satisfecha, en la medida en que, difícil de establecer el umbral en el que habría de situarse la fuerza deseada, los compromisos para su consecución aparezcan a la postre limitados al simple juego de intenciones cuando no circunscritas en abstracto a la mera reivindicación de lo banal o de lo inconcreto.

Sin embargo, para que la banalidad y el lugar común desaparezcan y la pretensión apuntada cobre visos de auténtica sinceridad, es preciso dejar bien claras y explícitas una serie de ideas básicas. A mi juicio, tres fundamental­mente: hacia qué aspectos o valores se orienta la voluntad de reforzamiento de la región en un entorno cada vez más competi­tivo y más propenso a la desigualdad, sobre qué principios de actuación se sustenta a corto y medio plazo, cuáles, en fin, las priori­dades estableci­das para su puesta en práctica. En otras palabras, y para resumir­las en una sola, bastaría definir sin ambigüedades ni demagogias sobre qué pilares es posible construir la estrategia que, tanto sectorial como global­mente, permita alcanzar al fin esa dinámica efectiva de recupe­ración que, junto al presti­gio y al respeto que siempre merece a propios y extraños la solidez de un concepto de región bien diseñado, consiga poner término a la estéril sensación de permanente agravio comparativo que, mezcla de frustración, de­sencanto e impotencia, todavía late en la forma de concebir la actuación política en no pocas regiones españolas de las llamadas "de vía lenta".

De bien poco vale una actitud de estas características cuando lo que parece primar es la voluntad concurrencial y la reafirmación de la diferen­cia como baluarte para la justificación de la desigualdad o, por lo menos, de la existencia de márgenes de maniobra distintos para la búsqueda de posiciones ventajosas en un clima de movilidad y flexibilidad creciente del capital y del trabajo. Reconocido este marco como algo dificilmente reversible, es evidente que cualquier política comprometida en el robuste­cimiento de la posición ostentada por el territorio bajo su responsabilidad pasa necesariamente por la adopción y puesta en práctica de una notable capacidad de iniciativa que, de lo general a lo concreto, de lo inmediato a lo lejano, cimente las bases de un proyecto consistente, presidido desde el primer momento por el afán de valorización de las ventajas comparativas que a piori toda región posee, por más que muchas veces aparezcan desleídas ante la falta de decisión para potenciarlas adecuada­mente.

Y aunque, en efecto, esta noción aparezca todavía difuminada en España, en virtud de la simplificación que las identifica en determinadas comunidades con argumen­tos favorecedores de la exclusividad, lo cierto es que, entre los diversos méritos atribuibles al modelo autonómico, descuella precisamente éste, es decir, el de profundizar en el conocimiento de las propias cualidades entendidas a un tiempo como recursos y como mecanismos de afianzamiento de la personalidad, puestos, en cualquier caso, al servicio de esa voluntad de integración entre lo específico y lo unitario de lo que tanto se habla en España y que, sin embargo, tan precario se manifiesta en el terreno de las realizaciones concretas.

De ahí que si partimos del posible doble campo de acción (política y económico-cultural) en que, a mi modo de ver, se desglosan los dos grandes ejes en torno a los cuales cabría articular ese aumento de "peso" preconi­zado, tal vez el énfasis inicial - y dejo para otra ocasión la segunda perspectiva - habría de correspon­der al plano sustan­cialmente político, en el que Castilla y León debiera desempeñar un papel de primer orden en sintonía con la defensa de un enfoque de la realidad que se muestra a todas luces tan necesa­rio como ineludible en medio de la porfía en que amenaza quedar sumida la previsible evolución del Estado autonó­mico. Y es que en el contexto de los nuevos reequilibrios surgidos en el panorama políti­co-territorial español se echan de menos las voces que, con más contunden­cia que efectismo, se decanten a favor de una política activa, firme y sistemá­tica en defensa del principio de solidaridad interregional, aportan­do ideas y movilizando voluntades a todas las escalas, con el fin de procurar verosimilitud y confianza a un princi­pio que hasta la fecha ha sido formulado de forma en exceso vaga y con no pocas incógnitas en su modo de aplicación efectiva.

Y, desde luego, la responsabili­dad que en este empeño concierne a Castilla y León no es en modo alguno desechable. Por su magnitud territorial, por sus críticos perfiles demográ­ficos, por las particula­ridades de su estructura socio-productiva, por la atomización de su poblamiento, por su participación en la distribución de la riqueza, por sus dificultades de cohesión interna, por su singularidad dentro de las Comunidades Autónomas del Art. 143... es quizá hoy por hoy la región europea a que mayores riesgos se enfrenta en un ambiente en el que las posiciones proclives al privile­gio acaben prevaleciendo sobre las más sensibles a la corrección o mitiga­ción de las desigualda­des. Mas no se entienda con esto una defensa de la justicia distribu­tiva sin más ni tampoco el presunto enmascara­miento de una pasividad que jamás ha existido. En el fondo, la llamada de atención sobre un tema de tanta trascen­dencia, en el que la región debiera asumir una función de liderazgo dentro de un conjunto territorial muy significativo en España y en Europa, no está en modo alguno desconectada con la pretensión de apoyar simultaneamente esta idea de reforza­miento comparati­vo, y con idéntica firmeza, en la valoriza­ción de la segunda perspec­tiva mencio­nada (la económi­co-cultural), en la que tampoco caben plantear actitudes que vayan a la zaga de los aconteci­mientos sino en sintonía con los patrones de renovación, calidad y antici­pación imperan­tes en los escenarios más dinámicos del espacio europeo.

Convengamos, en cualquier caso, que fortalecer el peso de la región va más allá de una reflexión bienintencionada para convertirse en un compromiso ineludible. Un compromiso cuya magnitud y perentoriedad ponen de relieve hasta qué punto ejercer el gobierno de una Comunidad Autónoma no va a ser ya tarea fácil ni cómoda en unos momentos en que las reglas del juego se readaptan con extraordinaria rapidez al compás de una tarea marcada por los retos de la competi­tividad y por las antinomias que entraña una gestión en la que cada vez va a resultar más difícil internalizar los logros y derivar hacia fuera los costos y sinsabores de las decisiones acometidas.

CASTILLA Y LEON ANTE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Suplemento ICAL, Febrero 1996

Para analizar correctamente lo que significa el agua en la economía y en la sociedad española es preciso abordar los aspectos que la caracterizan desde una perspectiva dual y a la vez comple­men­taria. Difícilmentee se pueden afrontar los problemas y suscitar las soluciones más idóneas para corregir­los si, en efecto, no se inscribe la valora­ción de los recursos hídricos dentro de su entorno ambiental específico (o, lo que es lo mismo, en las particularidades de su correspon­diente Cuenca Hidrográfi­ca) y al propio tiempo en el contexto de las estrechas interdepen­dencias que necesariamen­te existen entre aquéllos y los caudales del sistema hidrográ­fico global en el que se integran. De ahí que cual­quier visión fragmentaria o reduc­cionista de la política del agua resulta hoy no sólo anacrónica y disfuncional sino que entra en flagran­te contradic­ción con la función estratégica de un recurso que, como sucede en España, debe cumplir la doble función de satisfacer equitativa y racionalmente las demandas planteadas y de contrarrestar los inconvenientes derivados de la fuerte desigual­dad en su distri­bución geográfi­ca. A ello responde el propósito que en su momento inspiró la promulgación de la Ley de Aguas de 1985 y, sobre todo, la intención explícita de los importan­tes Reglamentos (del Dominio Público Hidráuli­co y de la Planifica­ción Hidroló­gica) que posterior­mente la desarrollaron.

Sin embargo, a pesar de los diez años transcurridos desde su entrada en vigor los interesantes objetivos que animaron la azarosa entrada en vigor de la Ley se han visto notoriamente decepcionados por la dificultad sistemática de llevar a cabo a lo largo de este período la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional. Es decir, de ese ambicio­so e indispensable proyecto que merecería ser resaltado sin paliativos como el gozne en torno al cual se habría de articular, al margen de fracturas y antagonismos absurdos, la ordena­ción de los recursos hídricos en España y, en consecuencia, como uno de los pilares esencia­les de toda política de desarrollo solidaria y con visión de futuro, en la que el agua ocupa una posición primordial.

Aunque, dados los precedentes y las actitudes mantenidas en torno a la cuestión, no resulta fácil ser optimista sobre las perspectivas de cumpli­miento de este compromiso a corto o medio plazo, debemos subrayar una idea de importancia capital: la disponibi­lidad de un Plan Hidrológico constituye en los momentos actuales una de las exigen­cias prioritarias del país, al tratarse del único instru­mento capaz de resolver, o al menos de mitigar con garantía, los graves inconvenientes que derivan tanto de los factores de índole natural como de las anomalías de gestión y tratamiento de un bien de singular importancia estraté­gica. Si en el primer caso, convendría evocar los riesgos inherentes a la fuerte irregularidad pluvio­métrica del país, en el segundo los problemas tienen que ver, en general, con el solapamiento de competencias en esta materia, lo que explica la descoor­dinación existente y esa dificul­tad estructural a que se enfrenta la aplicación de criterios de racionali­dad y visión prospectiva en la utilización de un recurso tan valioso como inestable.

Pues bien, a falta de acometer ese paso tan fundamental que no debiera demorarse más allá de otra legislatura, nos encontramos todavía ante una política del agua que, debido a estas servidumbres, sigue adolecien­do de no pocas limitaciones e insufi­cien­cias y que, como se ha visto con motivo del fuerte periodo de sequía sufrido por España en el pasado quinquenio, se traduce en una preocupante propen­sión a generar tensiones y conflictos marcada­mente contra­dicto­rios con la indispensable coordinación de iniciati­vas que convendría primar sobre el enfoque frag­men­tario con que a menudo suelen abordarse los problemas económicos y territo­riales en nuestro país con resultados harto insatisfactorios.

No es difícil entender, por esta razón, que la mayor parte de los esfuer­zos realizados en esta direc­ción aparezcan casi siempre restringidos a la adopción de soluciones parciales o, en todo caso, concebidos con una finalidad que sólo contempla, tal vez porque no pueda hacerlo de otra manera, una vertiente de las múltiples en que aparece estructurada la compleja gestión del agua en nuestros días. Así se explican las frecuentes paradojas observadas en la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos implicados, ya que si desde la Adminis­tración Central las actuacio­nes se centran ante todo en el campo de la inversión y en la adopción de medidas técnicas concretas, no cabe duda que, por más que las realizaciones en este sentido arrojen en general un balance muy digno de encomio, su efectividad a la larga puede verse entorpecida por las deficiencias observadas en el seguimiento del uso de la obra efectuada y, lo que es más importante, en la ordenación del régimen económico de explotación.

Pues es evidente que si los mecanismos de gestión del agua se identifica­sen con criterios de globalidad, racionalidad, armonización y optimización de inicia­tivas y proyectos, en un marco de coordinación eficiente de las decisiones, y en un momento además en que las innovaciones técnicas permiten afrontar problemas de gran envergadura, no cabe duda que muchas de las inquietudes, enfrentamientos y discrepancias que hoy afectan al panorama hídrico español quedarían, si no totalmente superados, sí por lo menos sujetos a la tranquilidad que proporciona el control eficaz y coherente del recurso, más allá de los inevitables ciclos naturales a que se halla supeditado, y con los que necesariamente hay siempre que contar. Dicho de otro modo, se trata de dar un paso más, y a ser posible definitivo, en la supera­ción de las limitaciones impuestas por la Naturaleza en un país donde a los altísimos contrastes en la distribu­ción geográfica y estacional de las precipi­taciones se suman los inconvenientes propios de una situación geográfica favorable a la alternan­cia de largos períodos de aridez con fuertes episo­dios lluviosos que incluso pueden desembocar, como ha ocurrido este año, en la catástrofe más o menos generalizada.

En mi opinión, no carece de interés efectuar estas reflexiones desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre todo si se tiene en cuenta la personali­dad que la identifi­ca desde el punto de vista hídrico y, por ende, del significa­tivo margen de maniobra que ello le proporciona. Varios son los indicadores que podrían ser esgrimidos a la hora de ponderar sus posibilidades al respecto.

En principio, el rasgo más llamativo viene dado por la magnitud de la superficie drenada por el Duero, que configura - en sus 79.500 Km² - la más extensa entre las Cuencas Hidrográficas españolas, siendo a la vez la que presenta un grado de articulación fluvial más coherente tanto desde el punto de vista físico, merced a la perfecta ordenación jerárquica de la red, como funcional, por cuanto cerca del 98 % de su superficie se corresponde con el territorio autónomo.

Por otro lado, y ciñéndonos a la Cuenca del Duero y al escenario bien regulado por la Confederación, se trata de un espacio cuyos potenciales hídricos vienen avalados por una serie de factores naturales que en cierto modo la liberan de los déficits, comparativa­mente mucho más elevados, del resto de la España Mediterránea. Si la posición transicional entre las regiones atánticas, lluviosas, del país y las que se encuentran más intensamente afectadas por la aridez la proporciona una mayor disponibilidad de agua, incrementada a su vez por los aportes fluviales procedentes de los sistemas montañosos septentrional y oriental, también es conocido el valor cuantitativo de los recursos subterrá­neos, en virtud de las posibilidades de filtración permitidas por la estructura sedimentaria de la cuenca. Y así, mientras los cálculos elevan la cuantía de precipitaciones medias a los 50.900 Hm³/año, de los que 15.200 representan el volumen de aportación, los efectuados a partir de las Unidades Hidrogeológicas contabilizadas estiman en casi 1.900 los Hm³ existentes bajo superficie.

Y, por supuesto, en modo alguno habría que olvidar la entidad de la riqueza almacenada en la importante red de embalses con que cuenta este ámbito hidrográfico. Baste señalar que, pese a su excesiva atomización, la relevancia de la media docena de grandes presas construidas permite alcanzar una capacidad de almacena­miento de 7.400 Hm³, lo que sitúa a la del Duero en el tercer lugar en esta variable dentro de las C.C.HH. españolas, tras las espectaculares operaciones llevadas a cabo en el Tajo y el Guadiana. Es cierto que estas cifras, dignas de un análisis más detallado, no deben llevar a posiciones optimistas infundadas ni a incurrir en la despreocupa­ción ante los eventuales riesgos de escasez, pero tampoco son irrelevantes cuando se las sitúa en un panorama ineludiblemente abocado contra el derroche y proclive a la defensa de la racionalidad en el usufructo de tan inestimable riqueza. De ahí la importancia de la base territorial de que dispone Castilla y León - a través del excelente entorno de experimentación integral propiciado por la Cuenca del Duero - para defender, en el marco de un clima de sintonía, claridad y cooperación interinstitucional, los dos grandes principios que han de regir la política del agua: la optimización y racionalización de los mecanismos de gestión en todas las fases del ciclo, y la defensa de las actuaciones que, insertas al fin en un Plan Hidrológi­co Nacional debidamente consensuado, se hallen encaminadas al reforzamiento de la solidaridad en un país donde el agua ha de desempeñar un decisivo papel de cohesión interregional, sin agravios ni discrimina­ciones.

EL PLAN TECNOLOGICO REGIONAL: UN MARCO DE POSIBILIDADES AÚN POR DEFINIR

El Norte de Castilla, 11 de Febrero de 1996

Es sin duda una excelente noticia la que recientemente se ha dado a conocer con motivo de la elección de nuestra Comunidad Autónoma como territorio en el que llevar a cabo la elaboración y puesta en marcha de un Plan Tecnológico Regional, promovido y auspiciado por la Comisión Europea. Tratándose de una decisión a la que han contribuido los esfuerzos conjugados de las Administraciones Central y Autonómica, nos encontramos, finalmente, ante una iniciativa de capital importancia, pues, merced a ella y en virtud del compromiso que supone acometer un proyecto de tal envergadura, Castilla y León se individualiza en España como la única experiencia planteada hasta ahora en este sentido y, lo que no es menos importante, como un espacio a tener en cuenta entre ese reducido número de regiones europeas (seis en total) asimismo seleccionadas en función de una serie de criterios que, entre otros indicadores, ponderan positivamente la calidad de sus recursos y sus reconocidos potenciales de crecimiento, aún infrautilizados.

Al margen de cualquier optimismo carente de sentido, lo cierto es que este hecho permite avalar dos argumentos inequívocos: por un lado, ratifica claramente el alcance de los nuevos horizontes abiertos por la integración europea que, más allá de la vertiente simplista y demagógica desde la que a veces se la contempla, propicia la apertura hacia nuevas estrategias de crecimiento, dificilmente abordables ya en un contexto ajeno a los mecanismos de la integración en estructuras territoriales más amplias e interdependientes; y, por otro, pone igualmente en entredicho esa visión propensa al pesimismo, e incluso a la catátrofe, que con tanta frecuencia como vaguedad se esgrime todavía a la hora de identificar los perfiles distintivos de la realidad regional. Sin incurrir "a priori" en el planteamiento contrario, digamos que, si el conocimiento objetivo de los hechos acaba siempre proporcionando a los análisis su adecuada dimensión, la valoración de los aspectos citados induce a pensar que en el equilibrio actualmente planteado entre posibilidades y servidumbres o entre ventajas y limitaciones tienden a prevalecer las primeras, al menos como soportes globales que, evidentemente, deberán de ser estimulados y aprovechados como auténticos factores de dinamización a través del rigor y eficacia de las medidas adoptadas al efecto.

Entiendo que es precisamente en coherencia con estas ideas donde hay que situar la presumible trascendencia del Plan Tecnológico, de los instrumentos de gestión diseñados para llevarlo a cabo y, sobre todo, de sus estrategias de actuación operativa. En este sentido, y como punto de partida, resulta convincente el protagonismo otorgado a la casi recién creada Agencia de Desarrollo Económico, a la que, aparte de las funciones que le son específicas, se le asigna ahora una responsabilidad sólida, acorde con los objetivos que la inspiran y susceptible de convertirla, por tanto, en uno de los artífices clave de la política de desarrollo tanto sectorial como territorialmente.

Finalidad que, en concreto, puede encontrarse bien apoyada en los pilares que han de cimentar el funcionamiento del Plan, es decir, el Foro Tecnológico y el Comité Ejecutivo. Concebido el primero como el órgano donde se produce la confluencia de las perspectivas planteadas por parte de las empresas, los agentes institucionales y la Universidad, dando lugar así a un "sistema" de interrelaciones que en teoría se presenta tan fecundo como lo permitan los niveles de sintonía, complementariedad y corresponsabilidad que entre ellos pudiera establecerse, la estructura del Comité Ejecutivo reproduce, aunque lógicamente simplificado, el mismo esquema tridimensional, adecuándolo a los propósitos de un ente con poder decisorio.

Sobre esta base de partida, que, en principio, parece razonable y funcionalmente válida, se impone la consideración en torno a cuáles debieran ser las líneas maestras capaces de ir cubriendo gradualmente los objetivos pretendidos en un horizonte temporal no excesivamente dilatado. Y es que en ésta, como en otras cuestiones de similar relevancia, no es ocioso invocar la necesidad de una reflexión abierta y plural, entre otras razones porque bajo el epígrafe genérico de la innovación tecnológica se aglutina un gran número de elementos y factores, dotados de distintos grados de protagonismo pero, en cualquier caso, implicados todos ellos en una finalidad compartida: la de contribuir a la readaptación integral del aparato productivo como premisa necesaria para afrontar ventajosamente los retos de la competitividad y para generar efectos positivos en el empleo, en las cualificaciones, en la economía y, consecuentemente, en la dinámica global del territorio.

Pues bien, como contribución a esta voluntad de intercambio flexible de ideas, y a modo de simple apunte, tal vez fuera oportuno hacer una llamada de atención sobre algunos de los aspectos que no convendría olvidar en la ordenación de las decisiones o de las estrategias a llevar a cabo. Entre ellos, y pese a la necesaria brevedad con que han de ser expuestos, me permito apuntar los siguientes:

- en primer lugar, sólo con un conocimiento científico de las características, tendencias condicionamientos, imbricaciones y potencialidades del sistema productivo regional, y al margen de esquemas preestablecidos, es posible sentar las bases de un diagnóstico lo suficientemente riguroso y objetivo como para que la aplicación de los instrumentos programados no se vea invalidada por disfunciones imprevistas, con el consiguiente riesgo de frustración y despilfarro que ello implica.

- es indispensable, por otro lado, lograr la superación de los recelos, las desconfianzas e incomunicaciones que entorpezcan los esfuerzos encaminados a lograr una mayor cohesión del entramado empresarial, sin cuyo consenso y asimilación es muy dificil colmar las expectativas creadas en este sentido. De ahí que el tránsito de una actitud basada en el predominio de la fragmentación individualista a otra en la que, por el contrario, prime "la cultura de la cooperación" constituye uno de los requisitos primordiales para la consecución de un balance satisfactorio.

- en análogo sentido, la experiencia comparada - y bastaría remitirse a algunos de los Programas acometidos con particular éxito en determinadas regiones europeas - demuestra hasta qué punto la efectividad de un Plan Tecnológico pasa necesariamente por la configuración de "redes" de empresas focalizadas en torno a firmas innovadoras con auténtica capacidad de arrastre, e insertas a su vez en una vigorosa Red Territorial de Innovación, en la que resultase perfectamente compatible el desempeño de la función coordinadora con el estímulo de la capacidad de iniciativa ejercida, descentralizadamente, por las áreas o conjunto de enclaves con mayores posibilidades de dinamismo en función de la entidad y coherencia de sus potenciales productivos y empresariales.

- y, por último, no cabe duda el enorme desafío que todo ello ha de suponer en la remodelación a corto plazo del sistema universitario regional. Cada vez más afianzado el papel de la Universidad como un componente esencial de las estrategias de desarrollo contemporáneo, en virtud de un proceso de perfeccionamiento cualitativo que admite ya difícil réplica por otros ámbitos del saber y la investigación, no sería aventurado afirmar que del peso que se la conceda tanto en el terreno propositivo como en relación con el amplio abanico de cuestiones y perspectivas en que se desglosa actualmente el concepto y la práctica de la innovación tecnológica va a depender el buen funcionamiento de una iniciativa que, aun en sus albores, puede contribuir a clarificar las incertidumbres en que actualmente se encuentra sumido el futuro industrial y terciario de nuestra región.

Por una región cohesionada

El Mundo-Diario de Valladolid, 13 de Enero de 1995

Quien haya seguido con atención durante los últimos años la apasio­nante polémica suscitada en la mayor parte de las Comuni­dades Autónomas españolas en torno a las políticas que en cada caso se consi­deran más idóneas para el logro de los objetivos pretendidos de desarro­llo socio-económico y de reordena­ción territo­rial, habrá podido perci­bir que buena parte del balance obtenido no se correspon­de en la práctica ni con la abundancia de los textos publicados ni con las hipotéticas esperanzas inicial­mente abrigadas por los protago­nistas bienintencionados del empeño. Lejos de emitir ningún juicio de valor al respecto, considero que, entre las razones que pueden justificar esta falta de operatividad, hay una que me parece particular­men­te convin­cen­te, a tenor de lo observado en numerosos encuentros y debates de todo tipo realizados sobre la cuestión. Me refiero al hecho de que la sensibili­dad por encontrar soluciones efectivas a las crónicas situaciones de desequili­brio existen­tes a escala regional no ha sido habitualmente la misma entre quienes, una vez afianzado el marco autonómico, han conseguido asumir la responsabili­dad directa de las decisiones, y los que, dentro del campo estrictamen­te intelectual, muestran una preocupación más globalizadora por los problemas planteados, que les lleva a formular con mayor o menor coherencia propuestas y alterna­tivas para su posible corrección.

En el fondo, los matices que separan ambas posicio­nes no revelan tanto posibles contrastes en la valoración objetiva de los fenóme­nos o en su diagnóstico como, sobre todo, unas perspectivas y métodos de entender la realidad que casi siempre discrepan en la concep­ción del tiempo y del espacio desde la que han de ser contemplados. La disonancia en la tempora­lidad se entiende fácil­mente en virtud de los diferentes ritmos con que por parte de una y otra se valora la consecución de resultados tangibles, pues si en el primer caso la inmediatez y el corto plazo prevalecen por encima de cualquier otro criterio, en el segundo cualquier estimación rigurosa pasa necesariamente por el cumplimien­to garantizado de las finalidades pretendi­das, de acuerdo con el horizonte necesario para que lo logrado no tenga reversión ni vuelta atrás. De todas formas, aun tratándose de planteamien­tos distin­tos, no por ello tiene que estable­cerse una separación excesiva, ni ser tampoco ésta valorada como un síntoma demasiado preocupante, máxime cuando los controles en la toma de decisiones pueden, en un marco democrático y de vigilancia cuidadosa, contrarres­tar los riesgos inheren­tes a las medidas precipitadas o propensas a un exceso de triunfalismo, totalmente injustifi­cado y casi siempre desmentido, tarde o temprano, por la rotundidad inapelable de los hechos.

A mi juicio, el principal problema surge, sin embargo, cuando los planteamientos propugnados, como fundamentación previa de las posibles actuacio­nes a llevar a cabo, pueden adquirir una dimensión concreta y patente en el espacio, pues son precisamente las líneas de acción formula­das a este nivel las que más fácilmente se asocian a la aplicación de criterios de carácter selectivo o, por lo menos, suscepti­bles de favorecer pautas discriminato­rias en la estimulación de las fuerzas que contribuyen, o pueden contribuir, al desarrollo. De ahí a la sensación intuitiva de abandono por parte de los que se sienten lesivamente afectados media el mismo trecho que comúnmente separa a la provocación de la actitud de rechazo frente al sesgo preferencial de las decisiones, con toda la carga demagógica que ello implica, propalada sin cesar por la socorrida bandera del agravio comparativo. Se va creando así un ambiente progresivamente enrarecido que si, por lo general, siempre resulta negativo en cualquier clase de escena­rio, se muestra especialmente incómodo en la Comunidad de Castilla y León, donde, como bien se sabe, han sido harto frecuentes las muestras de conflicto responsables de enfrenta­mientos que han entorpecido el cumplimiento de los objetivos de cohesión.

Demasiadas tensiones han perturbado, en efecto, la construcción del hecho regional como para que de nuevo se susciten ideas o reflexiones que potencialmente puedan alimentar el fuego de la discordia, todavía no plenamente sofocado. Mas para que esto no suceda o, mejor aún, para que tales riesgos queden definitivamente conjurados es preciso lograr una identificación del modelo territorial deseado para el conjunto de la Comunidad, afrontando sin dilaciones ni ambigüedades el compromiso estatutariamente reconocido. Poco importa que la formulación de estas directrices no descienda, en la delimitación de sus ejes fundamentales, al terreno de los detalles a pequeña escala o deje pendientes cuestiones merecedoras de una mayor concreción hacia el futuro: lo que interesa, ante todo, es cimentar las bases interpretativas del tipo de región hacia el que se tiende, de los objetivos esenciales a alcanzar y de los instrumentos más adecuados para su consecución, fiel, eso sí, a la idea que preconiza el aprovecha­miento integral de todas las posibilidades existentes.

Dicho de otro modo, se impone impregnar de este espíritu clarificador y solidario, abierto al enriquecimien­to proporcionado por la participación de una sociedad ilusionadamente identificada con el proyecto, el diseño y concepción de las grandes actuaciones y programas de desarrollo, en los que la componente territorial debe ocupar un lugar de primer orden, sin hacer nunca abstrac­ción de fenómenos y situaciones críticos que, integrantes de una realidad extraordina­riamente heterogénea, no han de ser ni relegados a un segundo plano ni, por supuesto, desatendidos en la toma de decisiones.

Si la concepción de nuestra Comunidad Autónoma fuese abordada a partir de estos postulados, difícil cabida podrían tener las sugerencias que abundan a favor de tratamiento privilegiado de determinados escenarios en detrimento u olvido de otros. Partiendo de que la noción de equilibrio no implica jamás homogeneidad absoluta ni despilfarro en la utilización de los recursos, sino adecuación relativizada de las estrategias de desarrollo a las capacidades potenciales respectivas, no parece lógico, como recientemente se ha defendido, simplificar el alcance que han de tener las directrices de política territorial en Castilla y León, pretendiendo que la rentabilización de las iniciativas en un tramo muy concreto de la Comunidad - al que en el último momento se adosan posibles "variantes" adicionales - pueda deparar positivos efectos de inducción para el resto del territorio. Y es que, sin necesidad de entrar aquí en el debate que a lo largo de los últimos años ha movilizado la atención de los estudiosos de este tipo de cuestiones, considero que, definitivamente superado y en entredicho el viejo esquema del crecimiento polarizado, nuestra Comunidad Autónoma puede constituir, si realmente existe voluntad para ello, un excelente marco de aplicación de las pautas metodológicas que, referidas a nuestro ámbito concreto, hacen hincapié, por el contrario, en la necesidad de afianzar, al amparo de su dimensión de escala, los "puntos fuertes" de la región - que, por cierto, son varios y con posibilida­des nada desdeñables - para vertebrar en torno a ellos posibles áreas expansivas que, a su vez, propicien la construcción de un territorio vertebrado por una red de diversos ejes de dinamismo, no necesariamente supeditados, aunque sí en interrelación, con el que, incorrectamente llamado "triángulo" Burgos-Palencia-Valladolid, se erige, por la ventaja que le procura su misma centralidad y por su inserción en los grandes enlaces intraeuropeos, en uno de los principales vectores de desarrollo de la región, aunque en modo alguno deba mostrarse incompatible ni excluyente respecto a otros espacios capaces de ser también valorizados sin derivar hacia esas posturas de arrogancia en unos casos o de victimismo en otros que tanto daño han hecho a la configuración de una realidad autonómica sólida y debidamente cohesionada.

La Universidad ante una nueva etapa

El Mundo-Diario de Valladolid, 12 de Marzo de 2009

Dos son fundamentalmente en mi opinión, los rasgos distintivos que en mayor medida individua­lizan a la Universidad moderna en el conjunto de las grandes ins­tituciones sobre las que se asien­tan el prestigio, la vitalidad y, en definitiva, el propio funciona­miento de un país. De una parte, resulta patente su extraordinaria y cada vez mayor complejidad estructural, derivada de la siem­pre fecunda coexistencia de los múltiples saberes, metodologías, directrices y líneas de investiga­ción que en ella han ido conflu­yendo al amparo del desarrollo de la ciencia y de la tecnología en sus más diversas vertientes y aplicaciones. Y de otra, sobresale igualmente su comprobada sen­sibilidad ante los cambios ocurri­dos en el entorno en el que se desenvuelve, hasta el punto de que, por más que a veces se cues­tione o minimice la importancia de las relaciones que la conectan con la realidad social, es inne­gable que la trayectoria univer­sitaria constituye de forma siste­mática el reflejo fidedigno de las múltiples interdependencias que necesariamente la conectan con el exterior. La conjunción de ambos aspectos obliga, por tanto, a la Universidad a realizar un esfuerzo de adaptación constan­te, a menudo de alcance impre­visible, que dificulta los pronós­ticos y las planificaciones a medio y largo plazo al tiempo que impone pautas de compor­tamiento muy ajustadas al siem­pre variable margen de maniobra permitido tanto por las coyuntu­ras como por los virajes unila­terales de estrategia acometidos por parte de los agentes externos que con sus decisiones inciden, directa o indirectamente, sobre ella.

Estas ideas generales sirven, en principio, de punto de partida para entender mejor las expre­sivas discontinuidades que han jalonado la evolución de la Uni­versidad española desde el momento en que, al compás del proceso político, se procede el tránsito desde un sistema orga­nizativamente autoritario, intelectualmente mediocre, financie­ramente raquítico y socialmente discriminatorio a otro poco a poco modificado por el cambio social y la progresiva aplicación de las reglas del juego democrá­tico en un proceso casi simultá­neo con el incremento de la demanda global de enseñanza superior. Desde entonces, y dependiendo de los factores antes señalados, hemos asistido a la delimitación de tres grandes etapas, con caracteres, tendencias y perspectivas bien dispares, de las que, como es obvio, no per­manecerá ajena la Universidad de Valladolid.

1) La primera, que se cierra con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.) en septiembre de 1983, marcará con rasgos de notable confusión los perfiles de una época breve en el tiempo pero pródiga en toda suerte de contradicciones y desa­sosiegos. Pasando del simple ensayo a los afanes sinceros por aplicar una norma reguladora de nuevo cuño que sirviese de sólido marco de referencia hacía el futu­ro, las obstrucciones políticas para llevarlo a cabo -se llegó a hablar incluso de una «Univer­sidad sin ley»-supusieron una considerable pérdida de tiempo que casi siempre implicó la existencia do fortísimas servi­dumbres c incó­modas frustr­aciones. Sobre todo para quie­nes, desde los órganos de gobierno y arro­pados por el respaldo demo­crático universalmente recibi­do, se vieron mediatizados sistemáticamente por la dificul­tad de abordar sus proyectos, carentes de medios econó­micos, de autonomía decisional y de verdadera voluntad de concertación en el panorama del momento, lo que, en definitiva, desencadenaría uno de los episo­dios más tensos que haya vivido la Universidad española desde el fin del franquismo.

2) Empero, la entrada en vigor de la L.R.U. a partir del curso 1983-84 establecerá de manera nítida el comienzo de una segunda etapa, que se prolongará sin solu­ción de continuidad hasta los últi­mos meses de 1992. Nadie discute ya que los casi diez años trans­curridos coinciden con el desarro­llo de un proceso de metamorfosis nunca experimentado hasta entonces y con tanta intensidad por la realidad universitaria espa­ñola. Ha sido, sin lugar a dudas, la década de las grandes transfor­maciones, de los proyectos satis­fechos, que han ido cristalizando en armonía con la propia remodelación socioeconómica del país y en consonancia con las premisas políticas y culturales en que nece­sariamente se inscriben.

Ahora bien, este planteamiento globalizador reviste, contemplado desde la Universidad, una dimen­sión mucho más concreía, al poner en evidencia los motivos respon­sables de !a magnitud de su cre­cimiento cuantitativo y el alcance de los nuevos mecanismos de ges­tión que, apoyados en la Ley y en los respectivos Estatutos, han per­mitido justificarlo e incluso rentabilizarlo con hol­gura.

Es decir, sin eludir el balance negativo o desfa­vorable que en muchos aspectos de la vicia uni­versitaria ha ofrecido, y sigue ofreciendo, la aplicación de la Ley -tan pen­diente de un riguroso juicio crítico como de un inaplazable plan de reforma excesivamente demorado- es evidente que, merced a ella, se han forjado las condiciones idó­neas para provo­car una ruptura absoluta con las ostensibles pre­cariedades de la etapa precedente.

En pocas palabras, estas condi­ciones se resumen en lo que yo denominaría «el trípode sustenta­dor» de la expansión universitaria de la segunda mitad de los ochen­ta, desglosado a su vez en una serie de factores muy bien defi­nidos: a) el significativo incremen­to de la financiación pública, resul­tado de un enorme esfuerzo por parte del Estado que debe ser reconocido, pese a los desfases que aún lo separan de los umbrales más altos del ámbito desarrollado; b) la facultad de efectuar libre­mente la captación de recursos financieros externos, a medida que los convenios suscritos con Enti­dades ajenas -públicas o privadas-y los aflujos procedentes de los Fondos comunitarios abren un inmenso campo de posibilidades hasta entonces desconocido o de valor insignificante; y c) el crecien­te margen de autonomía otorgado por la ley a los órganos respon­sables de la decisión, con la con­siguiente libertad de iniciativa que ello comporta, tan satisfactoria en su diseño como gratificante por la variedad de realizaciones en que pueda materializarse a voluntad. No es cierto, sin embargo, que los problemas se hayan desvanecido ni que las dificultades estructurales de una Institución cada vez más compleja y plural carezcan de esa relevancia y preocupación que lógicamente hay que concederlos. Acumulándose en el tiempo, han podido ser parcialmente afronta­dos o enmascarados, al menos has­ta los inicios de los noventa en el marco de una disponibilidad importante de recursos, cuando no aplazados «sine die» o a la espera de que la propia evolución del sis­tema pudiera mitigar la gravedad de las situaciones más perentorias, confiando en esa presunta capa­cidad de autorregulación que la misma versatilidad de sus compor­tamientos, y los inducidos por los agentes exterior, le permite.

3) Pues bien, en este clima ambivalente, y en cierto modo antinómico, observamos el naci­miento de una tercera etapa, cuyo diagnóstico, apoyado en la base empírica ya disponible, no plantea, en principio, serias dificultades de interpretación. Entiendo que los detonantes de esta fractura en el proceso alumbrado a mediados de los ochenta son básicamente dos: por un lado, el conflicto súbita­mente surgido a comienzos del nuevo curso con ocasión de la nor­mativa ministerial referente a la subida de las tasas académicas; y por otro, la decisión de llevar a cabo dentro de un plazo prefijado la transferencia de la enseñanza superior al ámbito competencial las Comunidades autónomas.

Aunque de diferente signo no es errado deducir que entre ambos aspectos se ha acabado imponiendo una relación muy próxima. Nada tiene de fortuito el hecho de que en los momentos previos a la definiti­va descentra­lización del sistema universitario, hayamos asistido al desencadenamiento repentino por parte de los estudiantes, y en medio de la indiferencia de la mayor parte del profesorado, de una lógica reacción hostil frente a la brusca subida de las tasas, cuya virulencia cuesta pensar no hubiera sido prevista por el Gobierno. Siempre he creído, sin embargo, que una medida de esta naturale­za encerraba en sí misma algo de premonitorio, una especie de advertencia explícita, sobre lo que tarde o temprano habría de suceder, a sabiendas de que el conflicto, fortísimo en su estallido y proyec­tado en exclusiva hacia el Ministerio de Educación, se iba a conver­tir a la postre, tras la rápida vuelta a la normalidad y congelada la tensión, en un posible ariete que habría de encontrar en las instancias autonómicas o en las propias Universidades sus ulteriores focos de responsabilidad.

De este modo, los inicios de la nueva etapa se corresponden con el frágil equilibrio planteado entre la descentralización competencial y la crisis de financia­ción, lo que genera un clima de incertidumbre que no puede si no deparar sorpresas turbulentas a corto plazo. Presagio no aventurado si se tiene en cuenta que las incógnitas que tal binomio encierra coinciden con la práctica congela­ción de las subven­ciones estata­les desde el curso 1992-93, y con la puesta al descubierto de las crónicas situacio­nes deficitarias en que se hallan sumidas no pocas Universi­dades, lo que ha forzado a los Gobiernos autónomos al trasva­se de fondos desde las arcas regiona­les para enjugar el acusado balance negati­vo de sus presupuestos, como hace unos días se acaba de dar a conocer a propósito del País Vasco.

Nos encontramos, pues, ante una coyuntura incierta y repleta de acuciantes desafíos. Pues, en verdad, no han de ser pocos los escollos que habrá que superar si lo que se pretende, en buena lógica, no es otro objetivo que la consolida­ción y mejora de lo ya logrado a fin de abordar, sobre la base de criterios de renova­ción democrática, eficacia y transpa­rencia, nuevos proyectos y realizaciones, en la línea de perfeccionamiento cualitativo permanente a que se ve obligada la Universidad para convertirse cada vez más en ese "espacio crítico de exigencia y rigor" de que ha hablado recientemente el Prof. Laporta y que, de no alcanzarse, corre el riesgo de poner enseguida en entredicho la nada desdeñable plataforma construida durante la fase expansi­va. Evitar que, cuando cambian las tornas, esto suceda se convierte de pronto en una preocupación y en un objetivo primor­diales, pues no es poco lo que se juega en el porvenir de una Institución obligada a crecer y remodelarse sin cesar.

Y así, Planes de Estudio recién comenzados o en vías de inminente incorpo­ración al organigrama académico, plantillas en inevitable proceso de adecuación a las necesidades reales, dotaciones técnicas que precisan de un gran esfuerzo de mantenimiento, líneas de investigación consolidadas e inmersas en un deseable equilibrio global que no admite las postergaciones, una infraestructura necesitada de amortización y actualización en breves plazos....: tales son, en esencia, algunos de los retos que han de ser afronta­dos en un contexto organizativo diferente, donde se impone la urgencia de adoptar rigurosos criterios reguladores, aún por definir incluso en sus formulaciones más generales.

Me refiero, en concreto, al nuevo marco en que en el futuro han de desenvolverse las relaciones y los mecanismos de intercomuni­cación entre los órganos respon­sables de la Comunidad Autónoma y los componentes de una trama universitaria, en la que hoy por hoy no resulta fácil valorar hasta qué punto la voluntad de convergencia logre primar sobre las actitu­des de discrepancia, antesala presumible de una fronda de intereses encontrados, muy contrapro­ducente a la hora de desplegar la capacidad de iniciativa o de acometer los intentos para una distribución eficiente - y, porqué no, también equitativa - de los recur­sos.

En cualquier caso, la primacía que actualmente ostenta el paradigma de la competitividad, bajo el que se trata de englobar casi todo, hace prever que las reglas de la competencia se conviertan automáticamente en los factores reguladores de un intenso proceso de reestructuración interna al que muy posiblemente se verá abocado el sistema universitario castella­no-leonés. Pues si, en general, sus tendencias, dinamismos y problemas básicos no van a diferir sustancialmente de los ya verifica­dos hasta ahora en otras regiones españo­las, no carece de sentido interrogarse acerca de los ajustes, más o menos duros según los casos, que previsiblemente tendrán lugar a este respecto en una Comunidad Autónoma donde las perspec­tivas universitarias no pueden ser indiferentes ni al campo de acción determinado por su nivel de desarrollo ni a las características diferencia­les de la oferta educativa ni, por supuesto, a los comportamientos de una demanda condicio­nada a plazo no excesivamente largo por su declinante evolución demográfica.

Planteada la cuestión en estos términos, no es ocioso aventurar hipótesis sobre la duración más o menos efímera de esta tercera etapa en la que entramos y que ahora se esboza con hori­zontes tan difusos. Bajo las coordenadas críticas en que se produce la intervención del nuevo marco de referen­cia, todo abunda a favor de que la labor que espera a los respon­sa­bles institu­cionales no va a ser sencilla ni cómoda, entre otras razones porque son tantos los intereses en juego como restringido el margen de posibilidades capaz de satisfacerlos. Si nadie discute la buena voluntad y el denuedo manifestados en general por las Administraciones autonómicas a favor de su acervo universitario transferido, considero llegado el momento de evaluar con datos objetivos y sin ningún tipo de prejuicios de qué manera - positiva, negativa o indiferente - ha redundado la descentraliza­ción competencial en la transformación de la dinámica universitaria española, aunque tengo la impresión de que en la mayor parte de las experiencias ha prevalecido más la política de proliferación de nuevas Universidades que de racionalización rigurosa de la infraestructura ya existente.

El grado de eficiencia que tal estrategia pueda introducir en la configu­ración del sistema está todavía por ver y valorar. Entretanto, los proble­mas de base continúan pendientes de resolución, sin que quepa prever un cambio de rumbo significativo, a menos que la agudización de las contra­dic­ciones surgidas en un esquema de funcionamiento sustancial­mente atomiza­do y disperso, que tiende a prolongar casi siempre los modos y métodos precedentes y en el que apenas se percibe el efecto aglutinante e integra­dor del Consejo de Universidades, tense la situación hasta el extremo de obligar a definir claramente y de una vez qué modelo de Universidad se quiere para España.

He aquí, desde mi punto de vista, la cuestión fundamen­tal que hoy se plantea para el futuro de nuestra realidad universitaria, situada en una especie de deriva inercial, que en nada contribuye a poten­ciar los ambicio­sos proyectos ligados a la puesta en marcha de los nuevos Planes de Estudio. Y es que, en esencia, todo va a quedar supeditado a la resolución de dos incógnitas decisivas: la regulación de los mecanismos de financiación y la adecuada vertebración del sistema a escala de todo el Estado. Ambos constituyen sin duda requisitos ineludibles si se parte de la consideración de que a la postre el prestigio del país es indisociable de una Univer­sidad funcionalmente abierta y democrática, debidamente dotada, rigurosa en sus criterios de acceso, exigente y moderna en el desarrollo del proceso formativo y científicamente competitiva, entendiendo como tal el reforza­miento de la solidez de todas sus Areas en el panorama de la comunidad científica y su plena imbricación en el tejido social y territo­rial en que se se inserta. Tal vez la urgencia de tales desafíos, mediati­zados hoy por la crisis y por una politica de tratamiento parcial de los problemas, abra paso a una cuarta etapa. Pero ésta será ya otra historia.

DIEZ AÑOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA: UN PANORAMA DEE INCERTIDUMBRES Y DESAFIOS

El Mundo- Diario de Valladolid, 25 de Febrero de 2009

Conmemorar el décimo aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León represen­ta, desde luego, mucho más que la mera evocación de una efeméride relevante. Es, ante todo, una ocasión particularmente propicia para efectuar con rigor el balance de lo logrado duran­te un periodo de tiempo que, si breve en su dimensión cro­nológica, ha coincidido sin duda con una de las etapas más importantes y decisivas en la evolución histórica de la España contemporánea. De ahí que cualquier inten­to de valoración de lo que en realidad ha supuesto para nuestra región el desenvolvi­miento de la experiencia autonómica no pueda hacer­se sin tener en cuenta al mis­mo tiempo la doble perspec­tiva en que, a mi juicio, con­viene enmarcar necesaria­mente la trayectoria del proceso.

Dicho de otro modo, si, por un lado, se trata de compro­bar hasta qué punto las ilu­siones abrigadas a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía se han visto satisfechas o decepcionadas, no resulta menos interesante, por otro, hacer una ponde­ración rigurosa sobre el papel que realmente ha desempe­ñado Castilla y León en el contexto de los cambios que de manera tan rotunda como generalizada han afectado a la sociedad y a la economía españolas a lo largo del dece­nio trascurrido.

Parto de la idea de que, en general, no han sido escasos ni baladíes muchos de los esfuerzos que los dife­rentes gobiernos autonómi­cos han realizado desde 1983 para alumbrar horizontes de cambio e impulsar nuevos dinamismos en la Comunidad cuya gestación resultó la más laboriosa y conflictiva de cuantas vieron la luz al socai­re del Art. 143 de la Cons­titución. En buena medida la tarea realizada sobre una base ini­cia] tan frágil puede ser cali­ficada de honrosa, por más que la crítica deba prevalecer tanto a la hora de enjuiciar determinadas carencias o errores estratégicos como de evaluar las repercusiones derivadas de líneas de actua­ción no siempre acordes con las necesidades reales de un territorio necesitado ante todo de estabilidad y de una gran dosis de autoconfianza, que sólo podían estar garan­tizadas, dejando de lado cual­quier tipo de sobresalto ino­portuno o de pragmatismo político, por la coherencia, sensibilidad y dedicación desinteresada de sus dirigen­tes. Bien sentadas estas premi­sas, considero oportuno hacer una sucinta reflexión sobre las dos perspectivas antes mencionadas.

Respecto a la primera de ellas, es bien cierto que los avances logrados a través del autogobierno no se corres­ponden con las entusiásticas expectativas abiertas a comienzos de los ochenta. . Aunque atribuibles a la ende­blez de los cimientos previa­mente construidos, han sido demasiado patentes las vaci­laciones y titubeos que han entorpecido el afianzamiento de la conciencia autonómica, entendida en su dimensión más operativa, eficiente y solidaria. Y precisamente porque la base de partida era tan pre­caria es por lo que merece especial hincapié la crítica que hoy debe hacerse sobre la tibieza de muchas de las actuaciones encaminadas en esa dirección. Salvo en cuestiones muy concretas, y por lo común cir­cunscritas en su proyección a un sector minoritario de la sociedad, se ha adolecido sis­temáticamente de indecisión o falta de iniciativas conce­bidas para profundizar en el conocimiento de las posibili­dades que entraña el desarro­llo de una voluntad de cohe­sión regional, de valor ines­timable cuando se trata de potenciar al máximo los pro­pios recursos y de competir al tiempo en un contexto dominado a gran escala por la acreditación permanente de las ventajas comparativas.

En consecuencia, podemos afirmar que aún no se ha producido ese salto cualitativo que, en mi opinión, resulta a todas luces indispensable para que el ciudadano castella­no-leonés asuma, al fin, com­promisos de solidaridad con los problemas que afectan al conjunto de su propio ámbito autonómico, para, de esta for­ma, superar definitivamente la tradicional disociación que la mayor parte de ellos sigue estableciendo todavía entre los intereses que estrictamente afectan a su provincia y los del resto.

Sin que esta voluntad de pertenencia a un proyecto común, firmemente apoyado en el convencimiento del mar­gen de maniobra permitido por la consolidación del hecho autonómico, se halle bien cimentada, no parece factible alcanzar el nivel de robuste­cimiento deseable de la per­sonalidad castellano-leonesa en las esferas nacional v comunitaria.

Es esta también otra de las carencias parciales que se ins­criben en el envés de lo rea­lizado en la década que ahora conmemoramos. Pues, en efecto, cuando se analiza la evolución seguida por la Comunidad en el concierto de las magnitudes socio-económi­cas generales, no percibimos durante este tiempo un avance significativo de su posición en el ranking formado por las regiones españolas, toda vez que la persistencia reiterada de Castilla y León en la mitad inferior de la serie testifica las escasas variaciones observadas en su dinámica de desarrollo, lo que viene agravado a su vez por el incremento gradual de la tasa de desempleo y la ligera pérdida de peso comparativo en las tres variables (PIB/hab., Tasa de ocupación y Renta Familiar Disponible/hab.), que pueden ser utilizadas para identificar la entidad económi­ca de un espacio determinado.

Situación que, por cierto, no deja de ser paradó­jica con el descenso registrado en cifra de habitantes a lo lar­go del último periodo inter­censal, cuando precisamente Castilla y León ofrece un saldo negativo, compartiendo en solitario esta misma tendencia con las regiones atlánticas más intensamente lesionadas por el ajuste industrial. Estos indicadores son, entre otros, una muestra elocuente de las insuficiencias mostradas para captar o beneficiarse con cierta entidad en los influjos positivos resultantes de la eta­pa expansiva vivida por la eco­nomía española en la segunda mitad de los ochenta, que, des­de la iniciativa central, apenas se ha materializado en algunas realizaciones puntuales, más en consonancia con proyectos infraestructurales de dimen­sión suprarregional que con voluntad de contribuir en nues­tro caso al relanzamiento de medias efectivas y consistentes de desarrollo.

Por el contrario, han sido éstos también los años en que las implicaciones de la integra­ción comunitaria han comen­zado a ofrecer su faz más prag­mática y selectiva. Asistiendo, inermes, a la profundización sin paliativos de la crisis del mundo rural, posible­mente la más traumática entre las regiones españolas, no menor ha sido la sensación de impotencia a que nos ha lle­vado la desestabilización o derrumbe de elementos emble­máticos de nuestro sistema productivo minero-industrial, que no ha hecho sino repro­ducir a escala regional los graves perjuicios ocasionados por una estrategia de crecimiento descontrolada y a corto plazo. No invita, pues, al simple optimismo Ja celebración del décimo aniversario del Estatu­to de Autonomía.

Pero tampoco el diagnóstico de la realidad debe inducir a desestimar el significado del hecho ni, muchos menos, al abatimiento o a la desesperan­za. Después del tiempo trans­currido, y ante las nuevas reglas de juego que imponen de consumo el reconocimiento creciente del hecho regional en el ámbito comunitario, la necesaria y prevista revisión de las funciones a desempeñar por la Administración Central y las llamadas comunidades de «vía lenta», y la tendencia al' incremento de la autonomía para la utilización de los recur­sos que sin duda ha de arti­cularse a partir de un sistema de financiación congruente con las necesidades reales, todo parece abogar a favor de una racionalización del proce­so autonómico en España, todavía inconcluso.

En estas cir­cunstancias, cabe plantear si diez años después de la pro­mulgación del Estatuto de Castilla y León se ha cumplido satisfactoriamente «el periodo de rodaje y ahondamiento de la conciencia de autogobier­no», utilizando a propósito una expresión elocuente del Dr. García de Enterría. Si la respuesta es negativa, me temo que habremos des­perdiciado una etapa decisiva de nuestra historia, con la con­siguiente dificultad para recu­perar el tiempo perdido. El que, en cambio, no sea así depende de que los gran­des e ineludibles retos que hoy se presentan ante nuestra Comunidad Autónoma sean afrontados con la energía, imaginación y voluntad de decisión política construidas sobre la base de un territorio y de una sociedad bien cohe­sionados, conscientes de sus posibilidades y capaces de superar, al fin, la visión frag­mentaria y cicatera de sus pro­blemas.