1 de diciembre de 2008

CRISIS INDUSTRIAL, ¿RESIGNACIÓN O DESAFÍO?


El Norte de Castilla, 1 de Diciembre de 2008


Hace aproximadamente cinco años en Francia, Alemania y Reino Unido comenzaron a cobrar fuerza interesantes debates sobre el porvenir industrial a que estos países, y la Unión Europea en general, se enfrentaban en el panorama de incertidumbres provocado por la globalización de la economía. Prueba de ello fue, entre otros, el contenido del documento elaborado por la Presidencia de la República francesa en septiembre de 2004 sobre las condiciones de evolución de la política industrial para darse cuenta de los vientos que soplaban por Europa sobre un tema de tanta trascendencia para su futuro. No había que tener especiales dotes adivinatorias para presagiar cambios decisivos en el comportamiento espacial de las empresas, atraídas por las ventajas que otros escenarios pudieran ofrecer para la implantación de instalaciones fabriles al amparo de sus menores costes laborales y de su proyección hacia áreas de mercados en expansión. A ello se unía en el caso europeo el atractivo margen de perspectivas creadas por la ampliación hacia el Este, que ya dejaba entrever su repercusión en este sentido mucho antes de que se produjese la integración de estos países.


Sin embargo, hablar de política industrial, de estrategias de futuro, de proyectos de innovación encaminados a fortalecer el tejido productivo de base endógena no formaba parte de las prioridades en las que entonces se enmarcaba la política económica española. Los temas que atraían la atención eran otros, alentados por altas tasas de crecimiento en la renta y el empleo en los sectores que se consideraban motores de la economía, responsables de una sensación de confianza traducida en declaraciones entusiastas que, leídas de nuevo hoy, no dejan de causar un cierto rubor. Y sorprende que así fuera pues a nadie se le ocultaba tampoco la vulnerabilidad de un modelo de crecimiento sustentado en exceso sobre pilares cuya inconsistencia ya se había puesto de relieve en otros escenarios. No eran muchas las voces que en la prensa especializada se hacían eco de esta amenaza, pero sí encontrábamos de cuando en cuando advertencias aleccionadoras que, apoyándose en la experiencia comparada, destacaban que la dependencia de la actividad inmobiliaria y del turismo introducía niveles potenciales de riesgo asociados a su característica evolución coyuntural y a la dificultad de plantear dinámicas estables de crecimiento en virtud del comportamiento fluctuante de la demanda.


Estas tendencias críticas eran aún más previsibles en el sector de la construcción, sobre el que algún día habrá que hacer un análisis a fondo de las circunstancias que han motivado su consideración como uno de los factores más traumáticos de la economía así como de sus implicaciones en la sociedad, en la política y en el territorio españoles. Nada más lejos de mi ánimo que cuestionar su importancia y necesidad, pero lo que ha ocurrido en España en los últimos diez años a este respecto es realmente muy grave.


Entre tanto, insistentes y reiterativas eran las advertencias sobre los bajos niveles de productividad y de competitividad que afectaban a la economía española, situándola en estos decisivos indicadores en los últimos lugares de los países más avanzados de la Unión Europea. Este déficit, destacaron Luis de Guindos y Emilio Ontiveros, en una interesantísima mesa redonda celebrada en Valladolid a comienzos de este año, constituye un grave condicionamiento que es necesario afrontar en unos momentos en los que el modelo de crecimiento comienza a entrar en crisis y se impone la necesidad de afrontar los retos impuestos por la fuerte competencia internacional y las tendencias a la deslocalización de las empresas, en el nuevo marco de posibilidades y expectativas de recuperación de la rentabilidad permitidas por la globalización de la tecnología y de los mercados.


Y es que la importancia y la magnitud de las operaciones de deslocalización sufridas por la industria española en esta primera década del siglo XXI son sin duda alarmantes. Casi un centenar de actuaciones acometidas o proyectadas en tal sentido durante estos años han hecho mella sobre cerca de 50.000 trabajadores al tiempo que revelado la fragilidad de un tejido productivo - encabezado por el sector de material de transporte, equipos eléctricos, caucho, madera y textil – en el que las estrategias planteadas por las empresas que acometen esta decisión escapan por completo al control del país de acogida, lo que trae consigo, aparte de un fortísimo coste social, la descapitalización de las áreas de implantación y la génesis de un horizonte de incertidumbre para el que no existen respuestas y alternativas a un plazo lo suficientemente corto para neutralizar la gravedad de sus efectos.


Son tan numerosas las experiencias vividas en España y en la mayor parte de sus Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla y León, que sorprende el que esta cuestión no haya sido abordada como un gran tema de Estado, primordial por su importancia y, desde luego, mucho más interesante y necesario que las polémicas encrespadas que han sacudido la vida política española y que, a la postre, han quedado relegadas al olvido.


Ha habido que esperar al estallido de la crisis financiera que conmociona nuestra época, y que en España se ve agravada por una crisis económica y de competitividad, para que comenzasen a aflorar las voces a favor de la necesidad de poner en marcha una política industrial, que reafirmase las posiciones del país en este sentido y le liberase de los contrapesos que aún dificultan seriamente una inserción sólida y estable en la economía y en la sociedad globalizadas. Desde esta perspectiva, bienvenido sea el reconocimiento del papel esencial que la industria debe desempeñar en el desarrollo económico. No en vano, es el sector que fortalece la innovación, el desarrollo de los servicios avanzados y la presencia en el mercado internacional, que de ningún modo debiera estar basada en la especialización en sectores de bajo valor añadido, con el riesgo de debilitamiento de sus posiciones en la economía internacional que ello traería consigo.

15 de agosto de 2008

LA PARADOJA POLITICA DE ADOLFO SUÁREZ



El Norte de Castilla, 15 de Agosto de 2008


Posiblemente ningún otro político español del siglo XX haya alcanzado el nivel de respeto, reconocimiento y admiración de que actualmente goza Don Adolfo Suárez González, y que por desgracia ya no puede percibir. Olvidados en el tiempo quedan los comentarios que, a raíz de su sorprendente designación por el Rey, trataban de descalificar una decisión que consideraban equivocada, bien porque no respondía a las esperanzas de promoción de quienes los formulaban bien porque la filiación franquista del elegido hacia prever que lo del “atado y bien atado” iba para largo. Pocas voces autorizadas se alzaron entonces en apoyo de un nombramiento que, como después se ha visto, no sólo estaba bien calculado sino que respondía a un conocimiento previo de las enormes dotes de adaptación a las circunstancias por parte de un personaje, cuyas cualidades permanecían para el común de los españoles en el mayor de los arcanos.


Su mandato (1976-1981) fue breve, aunque decisivo en todos los órdenes de la vida política española. Se tomaron decisiones de enorme trascendencia, se sentaron los cimientos de una etapa identificada con los principios que regían las democracias más avanzadas del mundo, se arrumbaron con habilidad pasmosa, no exenta de riesgos impensables, las estructuras formales de un régimen de casi cuarenta años, haciendo uso de tácticas que nadie era capaz de presagiar tras la muerte del dictador. Fue una complicada y azarosa peripecia que Adolfo Suárez afrontó casi en solitario, a falta de un partido político que, con la consistencia necesaria, respaldara sin fisuras una acción de gobierno dirigida hacia un objetivo claro a partir de un complejo de decisiones en las que se mezclaban, en dosis más bien aleatorias, la improvisación, la genialidad y la audacia.


Tuvo suerte en disponer a su lado de un grupo de dirigentes leales, que en cada momento supieron apuntar en la dirección correcta, aportando los conocimientos y el prestigio necesarios que permitieran al Presidente del Gobierno, menos preparado que ellos, diseñar y llevar a término, con el coraje que le caracterizaba, sus iniciativas más relevantes. Formaron el núcleo rector de los momentos más difíciles de la transición y sin dudarlo a ellos debe mucho el balance de la experiencia suarista, pues sirvieron para afrontar con fortaleza y viabilidad los tres grandes desafíos en los que vertebró su etapa de gobierno como una solución de continuidad, pues no otra cosa fue, entre la dictadura y la democracia. Me refiero, en concreto, a los logros alcanzados en la normalización constitucional del país (Fernando Abril Martorell), en la voluntad de corrección de las deficiencias funcionales de la Economía (Enrique Fuentes Quintana) y en la supeditación del Ejército a los principios del poder civil democrático, tarea ímproba a la que tanto contribuyeron Manuel Gutiérrez Mellado y Alberto Oliart Saussols.


Surgen estas reflexiones al hilo de la noticia de que el Ayuntamiento de Cebreros pretende construir un Museo a la persona y a la obra de Adolfo Suárez en su pueblo natal. Dejando al margen la polémica partidista que ha aflorado cuando se ha dado a conocer públicamente el proyecto, y sin valorar la fiebre museística omnipresente en todo municipio que se precie, no me parece correcto cuestionar una idea que, en principio, no está mal pues todo lo que sea enaltecer el recuerdo del personaje debe considerarse bienvenido. Sin embargo, tampoco la aplaudo, temeroso de que, lejos de contribuir al objetivo deseado, establezca con el tiempo un contrapunto al reconocimiento de una imagen que debe estar libre de las desatenciones e indiferencias a que a menudo se expone este tipo de muestras, como la experiencia se encarga a menudo de revelar frente a resultados pretendidamente optimistas.


Y es que la figura de Adolfo Suárez forma parte indisociable de la Historia de España y a la par ocupa lugar destacado en las referencias internacionales alusivas al esfuerzo de los pueblos por salir de situaciones de dictadura. Opino que, más que un Museo, la dimensión simbólica que el hijo de Cebreros tuvo en la trayectoria histórica reciente de nuestro país merece una Fundación, que sirviera de aglutinante ideológico de los empeños intelectuales centrados en el significado histórico de la transición y en la defensa de los valores que identifican la calidad democrática, tan necesarios en momentos en que dichos valores se ven con frecuencia preteridos o amenazados.


Mas me temo que eso no es ni será nunca posible. Y no sólo porque las fronteras políticas son hoy tan rígidas que impiden confluencias interpartidarias en esta dirección, sino también porque Adolfo Suárez no ha tenido albaceas ni herederos, que preservaran su legado tal y como él, y quienes le acompañaron, lo concibieron. Tuvo el mérito de desempeñar con éxito su papel en un momento excepcional, único, e improrrogable, de la vida política española, pero ese momento hace tiempo que pasó y los procesos que de él derivaron se corresponden con otros patrones y estilos, que son simplemente distintos. Quizá no lo supo entender, lo que explicaría su desconcierto y decepción ante el hecho de que, sintiéndose admirado y reconocido, sus intentos de regresar a la política, bajo la marca del Centro Democrático y Social, culminasen en el fracaso. Varias veces lo señaló con más amargura que consolación, víctima, al fin, de su propia paradoja: la que le llevó a la contradicción de comprobar de que la estima de que era objeto no se correspondía con el débil respaldo merecido en un contexto político encauzado por derroteros que ya no eran los suyos.

25 de julio de 2008

JUVENTUD, MALGASTADO TESORO


El Norte de Castilla, 25 de Julio de 2008


Más que el “divino tesoro” con que la concibió la mente poética de Rubén Darío, la juventud actual es más bien un tesoro a menudo malgastado, una generación infrautilizada y en cierto modo abandonada a su suerte. A todos se nos llena la boca cuando hablamos de lo bien formados que están los jóvenes de nuestro tiempo. Como nunca. Hace años se habló de los JASP (Jóvenes Aunque Suficientemente Preparados), para designar una categoría que destacaba por su cualificación, por sus dotes para levantar el país. Al tiempo se enfatiza sobre lo que representan otras siglas casi mágicas - I+D+i - un polinomio que integra investigación, desarrollo e innovación. Son los pilares del desarrollo, los cimientos de la sabiduría y la posición sólida en un sistema muy concurrente, el objetivo de toda política económica que se precie. Sin ellos, no hay competitividad ni correcta inserción en la economía global, que selecciona y al tiempo discrimina a cuantos - países, organizaciones, ciudadanos - no se acomoden a sus pautas y exigencias. Asumidas estas siglas como indispensables, qué mejor garantía que la juventud que tenemos para convertirlas en armónica y fecunda realidad. El modelo a seguir.


Todo eso está muy bien, pero...... ¿en qué situación se encuentra esa juventud profesionalmente tan sólida, y que tantas garantías de seguridad nos ofrece?. Salvo que cundan los mecanismos que, a través de las influencias personales o políticas, resuelven la incertidumbre, cada vez son más numerosos y reiterados los ejemplos que evidencian que esa juventud se enfrenta a un panorama más que sombrío: o el paro o la explotación. No hay paliativos que contengan y maticen tan dura y preocupante realidad para los que compiten con sus solos recursos intelectuales. Los jóvenes están sumidos en un círculo vicioso, en el que priman la precariedad y la indefensión, de los que resulta difícil salir: precariedad ante el empleo e indefensión ante el empleador y las instituciones que teóricamente les amparan.


Su expresión más clara es el humillante tratamiento salarial otorgado, que mayoritariamente les sitúa en el rango de los "mileuristas" o, mejor aún, de los "submileuristas", lo que se traduce en una absoluta incapacidad para organizar la vida con perspectivas confiadas de futuro. Según los últimos datos ofrecidos por el Consejo de la Juventud de España (2008), el salario medio por tramos de edad y sexo era de 1.203 euros los hombres y de 1.000 las mujeres. Cifras medias que encubren la posición crítica en que se encuentran los que están por debajo de los 24 años que apenas rozan los mil euros en aquéllos primeros para alcanzar los 753 en éstas. Hay informes que rebajan en casi un 20% estos umbrales, agravados por la brevedad de las contrataciones.


Con este listón salarial, que se mantiene inamovible, se retribuye un trabajo cualificado, esencial para el funcionamiento de las empresas y propenso además a una adaptabilidad que echa por tierra los tópicos de que la formación adquirida no se adecua a las exigencias del sistema productivo. Falso. Los JASP trabajan duro y mucho, con horarios superiores a los establecidos, con contratos temporales y sujetos a modificaciones que escapan a su control. Se adaptan rápidamente a las circunstancias técnicas y estratégicas de las empresas y su versatilidad es reconocida como una de sus principales cualidades.


Y además, lo que agrava aún más el panorama, es que sobreviven en un contexto de individualismo atroz, absolutamente desprovistos de los instrumentos de defensa que de hecho existen, aunque cada vez más mitigados, para el conjunto de los trabajadores. De ahí la crítica situación de la juventud que se esfuerza, que trabaja, que evita el oropel de lo fácil y lo oportunista y que no se diluye en los discursos banales de quienes utilizan la imagen de los jóvenes como pretexto para sus declaraciones no exentas de demagogia.


Que alguien me corrija, pues deseo estar equivocado: ¿se recuerda que en las políticas de igualdad que se propalan desde el poder con tanto énfasis cobre fuerza la propuesta en contra de las discriminaciones que afectan al reconocimiento del trabajo de los jóvenes y al desigual tratamiento salarial por sexos?, ¿tenemos noticia de que el relumbrón con que se presenta la promoción de ambiciosos jóvenes, profesionalizados en la política, va ligado a la manifestación de una preocupación por quienes no optan por esta vía para satisfacer sus ambiciones personales y profesionales?, ¿hasta qué punto resulta ético presentar a aquéllos como un símbolo a seguir?, ¿ha visto alguien a uno o varios dirigentes sindicales, en activo o en su cómodo retiro, sacar la cara, con la contundencia y persistencia que merecen, por la situación de los jóvenes explotados con contratos temporales, con becas de miseria y con trabajos en prácticas, suscritos con las Universidades, y merced a los cuales se dispone de mano de obra apta a precios irrisorios?, ¿dónde están los principios que respaldan el reconocimiento dignificado de un trabajo de gran competencia?.


Por favor, díganmelo, porque yo no estaba cuando salían en su defensa. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades: todos se concitan para incurrir en la misma componenda, aceptando convenios que redundan en la consideración deteriorada del trabajo. Pero, eso sí, mirando para otro lado cuando les sacan los colores, que tampoco son tantas veces.

1 de julio de 2008

¿Podrá tener la Unión Europea alguna vez un Tratado apoyado por los ciudadanos?


El Norte de Castilla, 1 de Julio de 2008


Tanto en el 2005, cuando se sometió a referéndum el Tratado Constitucional en Francia y Holanda, como con ocasión de la reciente consulta planteada en Irlanda para la ratificación del Tratado de Lisboa los debates sólo han comenzado a tener verdadera resonancia a medida que los sondeos apuntaban a un posible rechazo por parte de los ciudadanos. Bien es verdad que la lección aprendida en el primer caso advirtió de los riesgos que podría deparar el hecho de que el futuro del nuevo Tratado estuviera supeditado al respaldo ciudadano, lo que explica la remisión del tema a los respectivos Parlamentos, salvo en el caso excepcional de la República de Irlanda que, por imperativo constitucional, forzó a la consulta popular.


El rechazo irlandés ha puesto sobre la mesa una cuestión decisiva: ¿es posible que un Tratado concebido con los objetivos que inspiraron los ya mencionados pueda ser aceptado alguna vez por las sociedades europeas, conscientes de que, al respaldarlo, se decantan por la mejor opción posible para el futuro de sus Estados y del suyo propio? O, dicho de otro modo, ¿hasta qué punto los ciudadanos de los 27 países miembros pueden llegar a sentirse identificados con un compromiso de esa envergadura, abierto a posibilidades pero también a renuncias y a equilibrios muchas veces difíciles de entender?. Considero que las posibilidades de lograr un respaldo democrático a este tipo de iniciativa tropiezan con cuatro obstáculos nada desdeñables.


En primer lugar, las perspectivas de aprobación popular están muy condicionadas por la gran heterogeneidad de los Estados que la forman. Lo son en tamaño, en nivel de desarrollo, en distribución del poder territorial y en sensibilidad política supraestatal, entendiendo como tal esa “articulación positiva de escalas complementarias” de que hablaba Jacques Delors. Ante una realidad tan dispar, los recelos y las suspicacias frente a lo comunitario son habituales y, a la postre, se acaban imponiendo como mecanismo de protección ante temores o prevenciones que subjetivamente son asumidos como arriesgados.


Este hecho se agrava, en segundo lugar, si tales comportamientos no son debidamente contrarrestados por una pedagogía política que convenza a la ciudadanía del valor de la pertenencia a un espacio integrado del que derivan posibilidades que de otra forma pudieran verse mermadas o simplemente no existir. Cuando oímos al Premier irlandés calificar al Tratado de farragoso y aburrido o cuando los epítetos que aplica la Liga Norte que cogobierna en Italia son cualquier cosa menos alentadores, por no mencionar los apelativos que merece por parte de los gobernantes de la República Checa, alineados desde el primer momento con los irlandeses, no es difícil llegar a la conclusión de que la falta de entusiasmo de que con frecuencia hacen gala quienes debieran transmitir un mensaje de confianza o, al menos, de pesimismo controlado, constituye un serio obstáculo a la hora de emprender proyectos que a menudo son trivializados o distorsionados en su análisis y valoración. No cabe duda que afrontar las consultas populares con este bagaje desalentador anticipa la adversidad de los resultados.


En cierto modo, esta falta de clarificación de lo que significa un Tratado que profundiza en la integración de un mosaico tan dispar tiende, en tercer lugar, a exacerbar los temores a la pérdida no tanto de la identidad como de las particularidades que garantizan la defensa de las posiciones de cada comunidad estatal en un contexto mucho más amplio. Un contexto que necesariamente conlleva tanto la adecuación a una lógica integradora de carácter global como la asimilación de unas reglas del juego que comprometen las líneas de actuación futuras, a la par que obligan a efectuar renuncias o a revisar prácticas e instrumentos presuntamente disconformes con los principios comunes. Surge así una especie de contradicción entre la defensa de la especificidad y la asunción de lo comunitario. De ahí que no sea fácil que esa antinomia se resuelva con dosis más o menos elevadas de pragmatismo, por cuanto las ventajas que derivan de la integración – generalmente asociadas a los fondos que acompañan a la política de cohesión económica y social entre las regiones y a los subsidios agrarios, que siguen ocupando una fracción muy destacada del presupuesto comunitario – se anteponen como argumentos a defender, aunque su consistencia declina cuando de se trata de introducir ajustes en aras de una convergencia de intereses y solidaridades compartidas.


Y, por último, creo que no es escasa la responsabilidad que en este intento de explicación desempeña lo que podríamos calificar como una percepción remota o banal del mismo concepto de lo europeo. ¿Existe en las plurales sociedades que integran la UE la conciencia de una identidad complementaria a las escalas de referencia más próximas (local, regional o nacional) capaz de entender la “europea” como algo progresivamente indisociable de los sentimientos de pertenencia más consolidados? Se ha avanzado mucho en el proceso de construcción europea, insólito en el mundo, pero a medida que las ampliaciones han hecho de la experiencia comunitaria algo difícil de abarcar, no es de extrañar que la dimensión del Estado prevalezca para la mayoría de los ciudadanos europeos como mecanismo de salvaguarda frente a un panorama de horizontes difusos o de directivas muy cuestionables que ni entienden ni se les explica convenientemente.

24 de junio de 2008

EL MAESTRO QUE LO SABIA TODO


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El Norte de Castilla, 24 de Junio de 2008
Cuando un gran maestro desaparece, algo de nuestras vidas se va con él. En los últimos años hemos visto tristemente partir la nave sin retorno de nombres emblemáticos en la historia de la Universidad de Valladolid. Personas relevantes como Jesús García Fernández, mi maestro, Ángel Alberola, Juan José Barbolla, José Casanova, José Antonio Garrido, Fidel Mato, Carlos de Miguel, Olegario Ortiz, Ernesto Sánchez Villares, Ignacio Serrano o Miguel Martín- que, aunque terminó su vida activa en la Complutense, dejó en la de Valladolid una huella imborrable- marcaron una época y un modo de entender la Universidad que, más allá de las opiniones particulares que cada uno de ellos pudiera merecer, aportaron en sus diferentes especialidades, tanto para sus discípulos como para quienes aún nos dedicamos a ella, una deuda impagable. Es el mismo reconocimiento que ahora debemos otorgar a la figura de Pedro Gómez Bosque, que silenciosamente se ha ido cuando comienza el verano, dejando un vacío al que será difícil acostumbrarnos.

Hablar de Don Pedro no es tarea sencilla, pero sí muy gratificante. Como es obvio, no seré yo quien aluda a sus méritos y aportaciones a la ciencia médica, a la que dedicó su vida y sus ilusiones como Catedrático de Anatomía de la Universidad vallisoletana durante muchísimos años. Generaciones de alumnos habrán pasado por sus clases y dejarán testimonio de un legado que le trasciende en el tiempo para convertirse en un capital intelectual de enorme valor tanto para ellos como para la Medicina española. Los reconocimientos y galardones recibidos lo demuestran con creces. Tampoco entraré a considerar sus cualidades como persona con responsabilidad en las distintas tareas académicas que le concernieron en un panorama de precariedad de medios e incertidumbres de todo tipo. Digamos que en ambos casos quienes disponen de la experiencia cotidiana, directa, son los más idóneos para calibrar aspectos esenciales de la calidad humana del Dr. Gómez Bosque, a sabiendas de que estaría sobradamente a la altura de las circunstancias y que de ellas se beneficiaría el conjunto de la Universidad.

La relevancia profesional y humana de Don Pedro rebasó con creces el estricto ámbito universitario, y es en esa dimensión donde dispongo de elementos de juicio y experiencias que me permiten opinar de él con conocimiento de causa. Gómez Bosque fue ante todo y sobre todo un hombre comprometido, profundamente comprometido, con su época y con el entorno hacia el que proyectaba su fecunda actividad intelectual. Nada de lo que ocurrió en la España que luchaba por acceder a la democracia desde finales de los sesenta estuvo ajeno a sus preocupaciones y a sus iniciativas. Fue una suerte que todo el mundo le reconociera la autoridad que se necesita para en un momento determinado servir de aglutinante de personalidades heterogéneas, discrepantes en modos de entender la realidad y de tratar de mejorarla, y que sin duda hubieran derivado hacia la confrontación de no haber sido por la enorme paciencia y capacidad de diálogo desplegadas por Don Pedro. Y las utilizaba para hacer entender que la lucha por la libertad debía ir asociada no sólo a la firmeza de las convicciones democráticas sino a la credibilidad que aporta el trabajo serio y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: “saber transmitir a los demás nuestras ideas con el poder de convicción que nos proporciona la firmeza y la seriedad con que lo decimos”, esa era una idea que aún conservo anotada en mis libretas de entonces. Conclusiones como éstas, que hoy pueden parecer baladíes, tuvieron, cuando se plantearon, un efecto muy positivo en la maduración de posturas y actitudes que de otra forma, sin la toma en consideración de estas ideas, hubieran abocado en el ridículo.

Primero como estudiante y después como colega me cupo siempre el honor de disfrutar de la amistad del profesor Gómez Bosque, que él siempre correspondió con la bondad, la comprensión y la sabiduría que le caracterizaban. En varias ocasiones tuve la oportunidad de comprobar de cerca su inalterable firmeza con la causa de la libertad en España y en la vida universitaria. Lo dejó bien patente a raíz del cierre a que fue sometida la Universidad de Valladolid en Febrero de 1975, momento en el que hizo valer su prestigio en las numerosas reuniones que se celebraron para mostrar el rechazo a tal arbitrariedad y dar salida a una situación aberrante. En una de ellas, celebrada en su casa de Sanz y Fores el jueves 6 de Marzo, y a la que asistimos Marino Barbero, Justino Duque, Miguel Martín, José Luis Barrigón y yo mismo, se acordó ponernos en contacto con las autoridades de la época – sindicatos verticales incluidos – con el fin de recabar el mayor apoyo posible a la exigencia de reapertura. La iniciativa no tuvo éxito pero contribuyó a fraguar una buena relación.

Durante la transición fueron también varias las ocasiones que tuve de apreciar su especial sensibilidad política. La plasmó en su compromiso con el Partido Socialista, en cuyas listas figuró como Senador en la etapa constituyente. Le vi en varios mítines y el recuerdo de aquello no se puede borrar: no eran peroratas al uso, sino verdaderas clases de educación cívica, en la que se mezclaban ideas referidas siempre a la defensa de los débiles y al efecto liberador de la cultura. Recuerdo especialmente un mitin en las Delicias contra la pena de muerte, previo al referéndum constitucional, que, de haberlo grabado, podría pasar a los anales de la historia de los derechos humanos.

Tras su etapa de senador, y de vuelta a las aulas, vivió momentos muy dolorosos en su vida personal. Poco a poco se fue quedando solo en su familia, circunstancia que particularmente sentí muchísimo cuando falleció su hija Maria Eugenia, a la que me unía una gran amistad y a la que dediqué una pequeña nota de recuerdo (EL NORTE DE CASTILLA de 12 de Octubre de 1990), que siempre me agradeció. Con la ayuda de sus amigos y el apoyo generoso de Teresa, supo afrontar el último tramo de su vida con el coraje y la lucidez de siempre. Conferenciante solicitado, su palabra era escuchada siempre con respeto y admiración. La última vez que hablé con él fue en la Librería Margen, en Marzo de este año, cuando fue invitado a hablar del efecto terapéutico de la música. Prácticamente ciego, sin poder andar, pero con la voz potente de siempre, explicó con detalle la estructura del cerebro y del sistema nervioso, concluyendo la charla con el sonido ambiente de la Sinfonía Pastoral de Beethoven. A la salida, le dije: "Pedro, cada día eres más maestro". "¿Y qué es para ti ser maestro?", me preguntó. "Lo que siempre has sido tú", le contesté, "alguien que enseña lo mejor sin que se note".

9 de junio de 2008

EDITORIAL AMBITO: NUEVA ETAPA, LOS MISMOS DESAFIOS


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El Norte de Castilla, 9 de Junio de 2008

raíz de la absorción de la Editorial Ámbito por Gráficas Simancas en febrero de 2007, dí a conocer estas reflexiones en la referencia que sobre el tema publicó El Norte de Castilla unos meses después, cuando ya la operación estaba decidida y presagiaba una nueva etapa, que muchos acogimos con optimismo y una alta dosis de esperanza a la vista del empeño que en la nueva empresa ponía Ricardo Sainz Rojo, gerente de Simancas y entusiasta impulsor de  la iniciativa


De los múltiples comentarios y consideraciones que se han hecho sobre la crisis de la Editorial Ámbito en los dos últimos años, sólo conservo en el recuerdo las ideas vertidas al respecto por Carlos Blanco en un artículo publicado en EL NORTE DE CASTILLA el 16 de Diciembre de 2006. Habían transcurrido ya casi seis meses desde que el Consejo de Administración decidiera hacer frente a la gravísima situación financiera en que se encontraba la empresa cuando sentimos como un aldabonazo las palabras de Carlos al leer su observación de que “Ámbito agoniza entre la indiferencia de muchos, el dolor de algunos y los odios de quienes fueron durante los últimos 18 años sus dos principales gestores”. Confieso que personalmente esta afirmación, procedente de uno de los periodistas más lúcidos que conozco, me indujo a pensar que la versión que se estaba dando de la crisis, así como la percepción que de ella se tenía por parte de quienes habían vivido de cerca su trayectoria y, a la postre, por el conjunto de la sociedad, corrían el riesgo de quedar definitivamente tergiversadas, como si de un tema personal se tratase y todo el ruido montado no fuera si no la expresión de un despiadado ajuste de cuentas.

Decidí guardar silencio entonces porque en ese momento precisamente se iniciaba una larga y complicada travesía, que habría de prolongarse durante más de año y medio en un entorno enrarecido y, sobre todo, de gran dificultad, dada la variedad de frentes hacia los que orientar un sinfín de iniciativas, orientadas a un objetivo irrenunciable: la preservación de la continuidad del sello editorial de Ámbito, con la finalidad de ser leales a un doble compromiso. De un lado, el mantenido con los 606 socios; de otro, el que nos ha ligado durante veintiséis a la sociedad de Castilla y León, sin perder tampoco la perspectiva de los vínculos mantenidos con la cultura española.

El intento de interpretar la crisis como algo asociado a disputas personales quedó pronto desmentido por la admisión a trámite del “concurso de acreedores”, al que hubo que acudir ante la necesidad de acometer jurídicamente, y sin dilación, el proceso derivado de una situación financiera insostenible, que elevaba la deuda acumulada por encima del medio millón de euros. Ante hecho tan insostenible no hay paliativos ni equívocos que valgan: era simple y llanamente la manifestación dramática de una mala práctica gerencial, que había que reorientar de forma drástica, no sin antes hacer frente a las graves disfunciones en que se encontraba la empresa, tanto desde la perspectiva de su gestión interna como desde la que concierne a su relación con el complejo mercado del libro. Es más, cualquier intento de minimizar la gravedad ulterior de los datos comprobados ante la eventualidad de su neutralización mediante hipotéticos convenios institucionales, que jamás se habían llegado a formalizar y que eran presentados como la panacea virtual de todos los males, no dejaba de ser un desvarío, puesto al descubierto por las evidencias a que conducía el procedimiento llevado a cabo merced a una intervención judicial, tan rigurosa como eficaz, que disipaba toda duda en este sentido.
Ámbito era una empresa sumida en una profunda crisis, cuya supervivencia y autonomía dependían de sí misma y de la capacidad que, para sacarla adelante, pudieran desplegar los administradores que aún seguíamos al pie del cañón. La entrada en la órbita de una institución suponía un riesgo para la independencia del sello editorial, a lo que en modo alguno se estaba dispuesto.

La trayectoria de Ámbito en esta etapa vio jalonada hasta mediados de 2007 por ocho procesos judiciales, todos ellos, incluyendo los recursos, resueltos a favor del Consejo de Administración. Superada esta fase, la elaboración del Plan de Viabilidad se enmarca ya en una etapa de reconducción de la empresa que cristaliza en la aprobación del Convenio por parte de la Junta de Acreedores a finales de Octubre de ese año, lo que supone un avance importantísimo hacia la salida del túnel, merced a la comprensión y generosidad de los acreedores, que, al asumir las condiciones pactadas, dieron muestra palpable de su sensibilidad por lo que Ámbito ha representado y puede seguir representando. Desde entonces los acontecimientos se han sucedido en un clima de recuperación de la confianza, que, al tiempo que alejaba las nieblas anteriores, permitía atisbar un nuevo horizonte, ajustado a parámetros y a estrategias totalmente renovados, pues, con las advertencias recibidas, difícilmente se podía caer ya en los riesgos, en los errores y en las deficiencias de gestión que habían desembocado en una trágica situación que gradualmente iba siendo superada.

No cabe duda que la formalización del compromiso por parte de Ediciones Simancas a la hora de asumir el cumplimiento del Convenio suscrito con los acreedores ha significado la tabla de salvación, quizá impensable si el panorama judicial hubiera sido adverso para el Consejo de Administración. No lo fue y ello estuvo en la base de un restablecimiento de la voluntad de acuerdo entre ambos, esencial para proceder a las reestructuraciones necesarias y a la capitalización que las hiciera posible. Presentada y defendida como la única opción viable, la entrada de Simancas en el accionariado de la empresa de forma mayoritaria no ha sido nunca objeto de rechazo por los socios, que continúan formando parte de la sociedad y que en las dos últimas Juntas de Accionistas han aprobado por abrumadora mayoría la ampliación del capital, la suscripción mayoritaria por parte de Ediciones Simancas y los nombres que han de integrar el nuevo Consejo de Administración.

Se crea así un nuevo escenario, que invita al optimismo, aunque siempre con visto prudencia. Ámbito ha sobrevivido a la catástrofe, pero ha aprendido muy bien la lección. La que le aconseja operar como una editorial eficiente, moderna y competitiva, como única garantía para preservar su lealtad a los principios y a los objetivos que inspiraron su razón de ser, al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y abierta a la colaboración con instituciones y empresas, sin menoscabo de su independencia y pluralidad de enfoques y perspectivas. Precisamente lo que defendía Carlos Blanco.

29 de enero de 2008

Portugal: tan cerca y a la vez tan lejos


El Norte de Castilla, 29 de Enero de 2008



Como ha señalado el ex Presidente Mario Soares en el Diário de Notícias lisboeta, la última Cumbre hispano-portuguesa, recientemente celebrada en Braga, “ha constituido un paso importante en las relaciones peninsulares, abriendo una oportunidad única, que no se debe perder, para los dos Estados, en el dominio de las convergencias políticas y económicas, en el marco europeo en particular, pero también en relación al Mediterráneo, al Atlántico y a América Latina”.Objetivos encomiables que seguramente han sido reiterados en ediciones anteriores con la misma grandilocuencia, aunque su repetición no haga sino destacar que una estrategia que debiera estar ya consolidada aparece en este XXIII Encuentro como la manifestación de un deseo aún por cumplir.


Sin embargo, y a la vista de lo acordado, es evidente que los avances en la cooperación entre ambos Estados han ido adquiriendo entidad a través de realizaciones importantes, cuya incidencia habrá de notarse tanto globalmente para cada uno de ellos como para las regiones y lugares en las que se materialicen. No son desdeñables las comprometidas en esta reunión, donde se ha acordado la instalación en Braga del Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología, o proseguir en el camino, ya emprendido, hacia la integración energética. Un proyecto tan ambicioso como necesario, cuyos hitos más relevantes han de venir dados por los avances en la compatibilidad reguladora y convergencia tarifaria en el sector energético que permitan configurar un Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), acordado en 2004, por la política de fomento conjunto de las energías renovables, y por la ordenación del Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS), todo ello con la mirada puesta al tiempo en la creación de un gran operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMI).


Ahora bien, el buen funcionamiento de los vínculos entre los dos países no ha de limitarse sólo a los grandes acuerdos interestatales, que dan cumplimiento al Tratado de Amistad y Cooperación, suscrito el 22 de Noviembre de 1977. Desde que, tras la caída de las dictaduras que los distanciaron durante décadas, vieron la luz los primeros intentos de crear espacios de relación a menor escala basados en estrategias compartidas de desarrollo, la cooperación transfronteriza descentralizada se ha convertido en el punto de referencia esencial a la hora valorar el éxito o la frustración de esa voluntad de encuentro a favor de estrategias beneficiosas para ambas partes. Se trata de una cuestión cuya dimensión como problema, variable en su gravedad según los espacios concernidos, no ha dejado de persistir a o largo del tiempo, por mor de unos resultados que ni siempre pueden calificarse de satisfactorios ni, menos aún, incurrir en la autocomplacencia.


Los estudios sobre el tema son tan explícitos que no ha lugar al equívoco cuando ponen al descubierto las insuficiencias de desarrollo o los crónicos problemas de regresión global de estas áreas, que siguen acusando, salvo excepciones singulares, el estigma de la fragmentación histórica. Algo que resulta particularmente perceptible en el tramo de la “raya” correspondiente a la Comunidad de Castilla y León, que sigue siendo el más refractario a la rentabilización de las posibilidades permitidas por la confluencia de fuerzas a uno y otro lado, como ya puse de manifiesto en estas mismas páginas hace años (El Norte de 21 de Mayo de 2001). De manera puntual algunas iniciativas revelan el alcance del esfuerzo realizado y de las ayudas que lo han hecho posible, pero en la mayor parte de los casos son precarias o carecen de las condiciones capaces de asegurar su continuidad en el tiempo como garantía para la creación de oportunidades de desarrollo realmente consistentes. Recurrir para explicarlo a la debilidad demográfica nos lleva, en mi opinión, a un argumento no cuestionable pero insuficiente. Pues cuando ha existido verdadera voluntad de avanzar en la formación de espacios de encuentro creativos e innovadores, la experiencia ha servido para lo que se pretendía, es decir, para fijar población y crear expectativas, y sobre todo confianza, hacia el futuro.


Y es que, en general, la cultura de la cooperación transfronteriza deja todavía que desear: ni está asentada en el conjunto del territorio ni es asumida como una opción estratégica integradora, por más que las proclamas entusiastas que de vez en cuando se hacen den la impresión de lo contrario. De todos modos, para que los propósitos bienintencionados se conviertan en logros contundentes no es necesario improvisar instrumentos de cooperación sino aprovechar convenientemente, y sobre la base de los recursos disponibles, los ya creados y garantizar su operatividad. En resumen, bastaría con centrar la atención en dos soportes de actuación esenciales. Por un lado, en el fortalecimiento de las posibilidades permitidas por la Fundación Rei Afonso Henriques y por el Instituto Interuniversitario asociado a ella, evitando que languidezcan o que sus actividades sean poco más que acciones esporádicas o de mera intencionalidad; y, por otro, dar consistencia a la voluntad política de aplicar en Castilla y León, con fuerte implicación de los municipios y las organizaciones más dinámicos, las directrices contempladas en los acuerdos adoptados en el Encuentro Luso-Español sobre Cooperación Transfronteriza de 13 de Enero de 2006, que fijaron los principios en los que se apoya la programación de los Fondos Europeos para el periodo 2007-2013.


Si se tiene en cuenta que la próxima Cumbre (¿porqué no convocarla en Zamora?) va a celebrarse en Castilla y León – una oportunidad para recabar la implantación de iniciativas innovadoras de alcance interestatal, como se ha hecho en Braga - y que las posibilidades de las Comunidades de Trabajo constituidas con las regiones Norte y Centro de Portugal están avaladas por la contundencia de los diagnósticos y por el convencimiento de que existen potencialidades que han de ser aún valorizadas, nos encontramos ante una ocasión histórica que en modo alguno puede quedar desaprovechada, pese a que las inercias heredadas obliguen aún más a la prudencia que al triunfalismo.

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16 de enero de 2008

Castilla y León ante el nuevo modelo ferroviario


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El Norte de Castilla, 16 de Enero de 2008
Nadie duda que la entrada en funcionamiento del eje ferroviario de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid ha incorporado una infraestructura de primordial importancia en el proceso de intensa reordenación a que se halla sometido el sistema de transporte en la Unión Europea y en España. Es la doble perspectiva, necesariamente complementaria, desde la que se concibe la estrategia aplicada a la circulación ferroviaria en un espacio supraestatal integrado como el europeo, en el que todas las actuaciones se rigen por una lógica bien definida: es decir, la de asegurar la máxima calidad, eficiencia y seguridad en los desplazamientos de viajeros entre ciudades que disponen de un potencial de demanda capaz de rentabilizar las elevadas inversiones requeridas. Se trata, por tanto, de una dotación espacialmente muy selectiva, no exenta de controversias y argumentadas opiniones críticas, que no sólo contribuye a redefinir el significado tradicional del ferrocarril - a través de lo que se conoce como “nuevo modelo ferroviario” - sino que al tiempo favorece una nueva configuración de la infraestructura circulatoria apoyada en la interoperabilidad de los distintos modos, dando origen a la formación de plataformas logísticas donde confluyen la carretera, el ferrocarril y el aeropuerto, que operan de manera integrada al servicio de la mejora de las condiciones en que se desenvuelve la movilidad de las personas.

Pese a las preocupaciones que algunos agentes sociales muestran acerca de la posibilidad de que esta tendencia a la multimodalidad no culmine satisfactoriamente en Valladolid, conviene recordar que desde comienzos de los noventa esta ciudad ha merecido tal reconocimiento en todos los análisis e informes de la UE sobre la política de redes transporte. Suficientemente conocidos y analizados, huelga insistir sobre lo que es un hecho inequívoco: el afianzamiento de la posición de Valladolid, con la consiguiente predisposición financiera en los fondos comunitarios, como nodo primacial en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica y vértice redistribuidor de los trazados de alta velocidad ferroviaria previstos para la conexión con un espacio clave para la vertebración del territorio europeo, como es todo el conjunto de la España Atlántica. Constituye, en suma, la plasmación territorial de lo explícitamente contemplado en la Directiva 96/48/CE sobre el sistema ferroviario europeo de alta velocidad, transpuesta cuatro años después en el ordenamiento español (RD 1191/2000).

De ahí que la importancia de la actuación llevada a cabo rebase el estricto marco de la aglomeración vallisoletana – cuyas posibles implicaciones he analizado ya en estas mismas páginas (EL NORTE DE CASTILLA del 19.12.2007)- para incidir con mayor o menor intensidad en las perspectivas de transformación que pudieran derivarse para Castilla y León. Si bien es cierto que no abundan referencias comparativas sobre la dimensión regional provocada por unas dotaciones siempre concebidas y diseñadas a gran escala, parece pertinente hacer una aproximación desde esta perspectiva, toda vez que la regionalización es un hecho cada vez más vigoroso en la Unión Europea al tiempo que representa un nivel de atención primordial para valorar el alcance de la política de convergencia de desarrollo y cohesión económico-social. Tratándose de Castilla y León la cuestión cobra especial interés en función de los rasgos geográficos que la identifican (magnitud, situación estratégica, contrastes internos...) y de las posibilidades que, como consecuencia de ello, permite su toma en consideración como experiencia ilustrativa en todo el espacio europeo.

Las repercusiones a nivel regional irán perfilándose a medida que los trazados previstos vayan siendo ejecutados y comiencen a percibirse en la región los nuevos dinamismos inducidos en su red urbana principal, y que lógicamente habrán de venir determinados por las dos circunstancias que respectivamente las concierne de manera específica: de un lado, por su proximidad respecto a los centros extrarregionales con mayor capacidad de crecimiento y por la entidad de los vínculos desarrollados con ellos; y, de otro, por la calidad de los estímulos que cada ciudad pueda ofrecer para canalizarlos a su favor y consolidarlos de forma estable y a largo plazo. Si no parece previsible que surjan relaciones de competencia, que condicionen los equilibrios pretendidos, lo que sí tenderán a producirse son ritmos diferenciales en la magnitud de los impactos y sinergias desencadenados al amparo de una movilidad que cuantitativa y cualitativamente ofrecerá matices importantes.

Sobre la base de los datos disponibles, y teniendo en cuenta el alcance de las actuaciones acometidas o en fase de realización hasta la fecha dentro de un Plan ambicioso, cuyo horizonte puede experimentar desviaciones debido a problemas de financiación o a dilaciones técnicas, considero que, a corto y medio plazo, el trazado de alta velocidad va a dar origen en Castilla y León a tres tendencias espacial y económicamente significativas. La más inmediata y determinante consistirá en la cada vez más plena inserción de Segovia en los flujos generados en el área metropolitana de Madrid, incluso con mayor intensidad que lo detectado en el caso de Toledo.
Los efectos en este sentido habrán de ser múltiples, recurrentes y acumulativos, con resonancias marcadas en la presión inmobiliaria y en las posibilidades de uso que permite una ciudad y un entorno muy apetecidos en la percepción de la sociedad madrileña. Se asistirá, por otro lado, al definitivo afianzamiento de la centralidad vallisoletana, acrecentada por la polarización que finalmente acabará imponiéndose al amparo de los fuertes vínculos formados entre Valladolid y Palencia. Más allá de las implicaciones que ello pudiera tener en su valorización como espacio de nuevas oportunidades en la industria y el turismo, no es arriesgado pensar que supondrá el espaldarazo al fortalecimiento regional del aeropuerto de Villanubla, cuyo potencial de demanda está aún subestimado. Y, finalmente, la mejora de la accesibilidad ferroviaria con Asturias, facilitada por el túnel de Pajares, va a suponer, al fin, la incorporación de León a los ejes de crecimiento de los que hasta ahora permanecía alejado.
No sería, pues, aventurado presagiar la génesis de un corredor ferroviario Madrid-Asturias que favorecería un buen engarce a través de Valladolid y León, haciendo de la capital leonesa un punto crucial de referencia circulatoria en el sistema de comunicaciones de Castilla y León en sentido meridiano, con beneficios indudables tanto para la ciudad del Bernesga como para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Son, en cualquier caso, hipótesis sugeridas, a falta de un debate que todavía no se ha planteado.