Luis Jesús Pastor: un universitario excepcional

El Mundo-Diario de Valladolid, 24 de Febrero de 2005

La Universidad de Valladolid ha perdido a uno de sus mejores profesores. Muerte brutal, absurda, injustamente cebada tan temprano en un hombre bueno, sensible, honrado y generoso, de sólo 46 años. Es una noticia atroz, que me resisto a asumir, que no quiero aceptar, con la rebeldía de quienes sienten que con la desaparición de un amigo o, como en este caso para mí, de un discípulo, de un compañero leal e irremplazable, se va para siempre algo de lo mejor de nosotros mismos. ¡Cuesta tanto construir una relación de amistad, desinteresada, gratificante e incólume al paso del tiempo!. ¡Es tan dificil asegurar que una sintonía en tantos aspectos no se acabe debilitando!.

Y es que para quienes tuvimos el placer de disfrutar casi a diario de su compañía, Luis Pastor era motivo de satisfacciones permanentes. Un verdadero lujo de calidad personal e intelectual. Aún le recuerdo cuando tenía poco más de veinte años, con su enorme barba rubia y con esa mirada vivaz, inquieta y siempre abierta al descubrimiento de lo nuevo, acompañada de una sonrisa que denotaba inteligencia, un excelente sentido del humor y un contagioso optimismo vital. La primera vez hablamos de temas que nos han acompañado durante años y que han sido motivo de intensas discusiones, de enriquecedoras complicidades. Hablamos de derechos humanos, de medio ambiente, de desarrollo, de arte, de política, de futuro. Conocerle supuso para mi un rejuvenecimiento y una llamada de atención que me mantendría alerta frente a los riesgos de la apatía y la resignación ante la magnitud de los problemas que aquejan a nuestro mundo y a sus sociedades. Con Luis no habia lugar para el desencanto, la abulia o el abandono. Era el hombre enérgico que no se enfadaba nunca. Desde la firmeza de sus convicciones, desde un sólido rigor de pensamiento, y arropado por una gran familia, en la que las figuras de Gundy y de sus hijos, Miguel y Diego, emergen como sólidos baluartes, fue fraguando los cimientos de una carrera profesional como geógrafo que ha traido consigo resultados más que encomiables. A él se deben trabajos excelentes, y en muchos casos pioneros, sobre las redes de transporte de Castilla y León, sobre el papel de la inmigración en la génesis de la nueva sociedad vallisoletana, sobre las implicaciones espaciales del Estado de Bienestar, sobre la transformación de los barrios de nuestra ciudad, sobre el significado de los cambios urbanos contemporáneos, etc. etc. Autor de una obra intelectual meritoria, vigilante sagaz de cuanto sucedía en su entorno, en todo momento fue fiel al compromiso con las causas más justas y sin más contrapartida que la que deparaba la satisfacción por el deber bien cumplido. Sólo recordaré aquí las que mejor me permitieron conocerle de cerca. Impulsor clave de la Fundación “Andrés Coello” y presidente ilusionado de la Cofradía universitaria, fue además un excelente y activo vicedecano en una etapa de intensa transformación de la Facultad de Filosofia y Letras.

Afrontó con éxito y reconocimientos inequívocos la dificil época que le tocó vivir como Presidente de Justicia y Paz, institución que contribuyó a relanzar con su entusiasmo característico, frente a viento y marea, víctima de incompresiones, que no le impidieron, tenazmente, ser fiel a los objetivos que él consideraba irrenunciables. Y fue también un gran enamorado del espacio latinoamericano, de sus gentes y de sus paisajes, un buen conocedor de sus posibilidades, de sus incógnitas y de sus zozobras. Compartimos experiencias magníficas e inolvidables en este sentido: la puesta en marcha de la Red ALFA con Brasilia, la celebración en Valladolid del Congreso Internacional de Geografía de América Latina, la preparación del Master sobre Desarrollo Urbano Sostenible en Rosario, que la crisis económica argentina nos impidió llevar a cabo, el análisis de las dinámicas territoriales del Mercosur.

Me viene a la memoria nuestro viaje a Sudamérica a mediados de los noventa y las insólitas experiencias compartidas en Buenos Aires y en La Plata, en Tacuarembó y en Caraguatá, en Valparaíso y en Isla Negra. Y en la CEPAL de Santiago de Chile. Con nuestros compañeros del Departamento de Geografía estábamos a punto de emprender un trabajo sobre políticas urbanas en la interesante provincia argentina de Santa Fe. Y, aunque no podrás acompañarnos, debes saber, querido Luis, que regresaremos a Rosario y, en compañía de Alberto, de Betto y de Mirta, nuestros entrañables amigos santafesinos, dejaremos en las feraces islas del rio Paraná – ¿te acuerdas de los quebraderos que nos daba el tema de la Hidrovía? - algún testimonio que de forma perenne nos evoque tu figura y tu recuerdo en aquellas tierras, al tiempo próximas y remotas, que tanto nos ayudaste a descubrir e interpretar. No lo dudes: jamás te olvidaremos. Ni a ti ni a los tuyos.

¿ES POSIBLE UN ESTADO INTEGRADOR?

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El Mundo-Diario de Valladolid, 19 de Febrero de 2005

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En el momento político que en la Unión Europea se perfila cuando su proyecto de Tratado Constitucional está a punto de ser sometido a consulta de los ciudadanos, la situación española sigue dando muestras de una patente singularidad, que no deja de sorprender dentro y fuera de nuestras fronteras. Es la excepcionalidad española, tantas veces recogida y valorada en el pensamiento de José Ortega y Manuel Azaña, y que más de un cuarto de siglo después de aprobada la Carta Magna que establece y organiza el sistema democrático vigente, se revela tan inequívoca como las propias evidencias reveladoras de un modelo de organización territorial del Estado que no tiene parangón con ningún otro país del mundo.

Sólo en medio de este panorama pudiera tener su explicación el esfuerzo permanente por encontrar, a través del lenguaje, nada trivial por cierto, las expresiones – “nación de naciones”, “federalismo asimétrico”, “comunidad nacional”, por mencionar las más reiteradas - que mejor cuadren con las características y, sobre todo, con las tendencias de un modelo que, si constitucionalmente está bien definido en sus líneas maestras, presenta, empero, matizaciones que sistemáticamente tratan de adecuarse a las perspectivas interesadas de quienes las plantean como algo permanentemente sujeto a reconsideración. No hay en todo el espacio comunitario europeo una realidad institucional tan profundamente condicionada por un debate fatigosamente centrado en cuestiones y conceptos que la propia evolución histórica ha dejado obsoletos y caducos hace ya mucho tiempo. Y es que además se trata de consideraciones cuya importancia no parece muy congruente con los problemas y los afanes que hoy priman en las preocupaciones de la ciudadanía, mucho más atenta a las perspectivas que permite un mundo abierto que a la esterilidad de disquisiciones que sólo encubren muchas veces intereses enmascarados.

Pues, francamente, ¿tiene sentido seguir hablando de “nacionalidad histórica” o de “pueblo”, cuando la propia dinámica de las sociedades contemporáneas ha convertido a ambas nociones en antiguallas, difícilmente conciliables con una visión objetiva, funcional e innovadora de la realidad?. No son los “pueblos” – entendidos como expresión de esa acepción identitaria que tantos quebrantos ha ocasionado a la historia europea –los que sustentan las formas de convivencia construidas en nuestros días, sino las sociedades, que resultan de estructuras complejas, basadas en el contraste, la multiculturalidad y la integración a partir de procedencias diversas; sociedades en función de las cuales se vertebra un modelo de relaciones en permanente cambio, proclive a la articulación de iniciativas y cohesionada por la voluntad de contribuir, en un espacio de encuentro y cimentado en sus valores distintivos, al desarrollo, lo más fecundo posible, de un proyecto compartido y, por ende, integrador.

Aceptar esta perspectiva equivale a entender que el engarce de la pluralidad estructural española sólo puede llevarse a cabo si se cumple la única premisa que permite asegurar un funcionamiento estable del modelo de convivencia establecido a partir de 1978. Y ésta no es otra que la que imprime al principio de lealtad constitucional un valor y una importancia prevalente respecto a la intencionalidad de cualquier planteamiento que cuestione los fundamentos básicos del sistema en el que ha descansado la etapa de libertad y prosperidad más dilatada de la historia contemporánea de España. Ahora bien, garantizar la pervivencia de este modelo, y la superación de las amenazas que lo cuestionan, implica simultáneamente la adopción de altas dosis de inteligencia y flexibilidad, capaces de garantizar, al amparo de las indudables posibilidades permitidas por la Constitución, el necesario equilibrio que impone la defensa del sistema constitucional con el inevitable buen entendimiento que debe perseguir las relaciones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco.

¿Cómo lograr, por tanto, que este objetivo deje de ser una quimera o aparezca mediatizado por un clima de tensión insoportable para la mayor parte de la ciudadanía española y seguramente también para una fracción significativa de quienes viven en esas Comunidades?. La evolución de la política española nos revela que, en ausencia de mayorías absolutas, la cultura de la negociación se acaba imponiendo por la propia exigencia de los hechos o, mejor aún, por la lógica de la deseable estabilidad. Gobernar en España se ha convertido así para las opciones políticas mayoritarias en una labor complicada, permanentemente abierta a las modificaciones de escenario y a la búsqueda de fórmulas de compromiso que, bajo la presión permanente, se avienen mal con un horizonte a largo plazo, pues ni siquiera cubren el marcado por la legislatura.

El pacto inmediato, puntual, revisable cada poco, tiende a establecer la trayectoria de las reglas de juego, creando un ambiente proclive al desencadenamiento de tensiones que sólo pueden ser conjuradas mediante el acuerdo reactivado y permeable a las nuevas exigencias requeridas por las causas que motivaron su puesta en entredicho. Visto desde fuera puede parecer un mecanismo agotador, pero quizá en la mente de quienes lo protagonizan constituya un hábito asumido, por más que el ejercicio del acuerdo no deba entrar en contradicción con los principios generales en los que ha de basarse su desarrollo, precisamente por el riesgo de desestabilización del sistema que ello pudiera suponer.

En cualquier caso, la experiencia adquirida hasta ahora es muy aleccionadora y ha proporcionado los suficientes elementos de juicio para reflexionar acerca de qué manera es posible abordar la etapa actualmente abierta en la que el proyecto de reforma constitucional va asociado a la modificación prevista de los Estatutos de Autonomía a la par que coincide con el envite de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, que con tanta vehemencia sectaria y ad nauseam personifica el actual lehendakari. Nadie cuestiona que, en efecto, nos encontramos en un momento histórico, crucial y de cuya salida va a depender la solidez del Estado para muchos años. Una salida que no puede ser otra que la decidida voluntad de llevar a cabo una política que, apoyándose en la necesidad de dar coherencia a las decisiones adoptadas en el marco de la pluralidad reconocida – y tan necesaria de consideración como la que distingue a las propias sociedades que habitan las Comunidades Autónomas gobernadas por los partidos nacionalistas - sea al propio tiempo capaz de transmitir la imagen de España como un Estado integrador, eficiente, moderno, solidario y tolerante, en el que todos los ciudadanos tengan cabida, al margen de clientelismos espureos o de presiones reivindicativas, que pueden poner en entredicho a salvaguarda de sus propios intereses.

Es un desafío que concierne ineludiblemente al Gobierno actual del Partido Socialista y que compromete también al resto de las fuerzas políticas. De ahí que, a la vista de lo que nos espera, sea en ese sentido, ahora quizá más que en ningún otro, como habría que plantear en el momento presente por parte de toda la sociedad española aquel “no nos falles” con el que fue recibido José Luis Rodriguez Zapatero en la noche electoral del 14 de Marzo de 2004.

El Tratado Constitucional de la Unión Europea: Un apoyo decisivo y necesario

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El Mundo-Diario de Valladolid, 11 de Febrero de 2005

“Cuando la normalidad democrática se instala en nuestras vidas, muchas veces perdemos la cuenta de lo que eso significa y del valor de las reglas que lo permiten”. Con estas palabras André Malraux quiso subrayar en los años dificiles de la postguerra europea la importancia que tiene no olvidar que los avances logrados en la convivencia y en el desarrollo de la sociedad no son nada baladíes, sino el resultado de un inmenso esfuerzo colectivo en el que todos los empeños son pocos cuando se trata de garantizar el que no tengan marcha atrás. Y es preciso también recordar que en estos tiempos de cambios frenéticos, de renovación incesante de la información y de propensión al olvido nada hay más torpe y equivocado que perder la perspectiva sobre los hechos y las circunstancias que han ido configurando la realidad hasta definirla en los rasgos, con sus carencias y también con sus ventajas, que hoy la identifican. Las enseñanzas de la historia son suficientemente aleccionadoras cuando se trata de comprender los límites en los que se desenvuelve la realidad que nos ha tocado vivir. De ahí que, cuando a comienzos de este año el Parlamento Europeo aprobó el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, los debates previos a la votación pusieron de manifiesto hasta qué punto se asistía en ese momento a una situación crucial, en la que coincidía la evocación autocrítica de lo que ha sido la trayectoria de Europa a lo largo del siglo XX y el convencimiento de que, con la mirada puesta en el futuro, el proyecto aprobado constituía el más sólido baluarte para que las experiencias trágicas del continente no volvieran a repetirse.

De la actual Constitución española se ha dicho hasta la saciedad que uno de sus principales méritos estriba en el hecho de que, si bien no logra complacer plenamente a casi nadie, tiene a su favor la cualidad de dar cabida, y satisfacer, a las sensibilidades de todos. En mi opinión, argumento similar puede ser utilizado cuando se analiza con detenimiento el proyecto de Tratado Constitucional sometido a consulta en España el próximo 20 de Febrero. Texto prolijo y en ocasiones farragoso, cuestionable en algunos de sus contenidos y, como no podría ser de otro modo, muy polémico, tiene, en cambio, la virtualidad de recoger una serie de aspectos que justifican una actitud decididamente proclive a su respaldo y ratificación.

El principal viene dado por su condición de proeza histórica, política e institucionalmente hablando. Detenerse a pensar en lo que supone el que un conjunto tan heterogéneo y con fuertes disparidades en todos los órdenes se llegue a dotar de un sistema organizativo y de funcionamiento de carácter integrador, fraguado gradualmente a lo largo de los sucesivos Tratados y al compás de los crecientes desafíos planteados por las ampliaciones, lleva a entender que se trata no sólo de un fenómeno insólito, sin precedentes, y posiblemente irrepetible en mucho tiempo en otras áreas del mundo; es también la expresión inequívoca de una complicada y laboriosa estrategia de armonización económica e institucional, de cuyos éxitos pocas dudas caben, y que ahora se recualifica al concebir a la Unión como un ámbito para la coordinación de las políticas de los Estados miembros al servicio de unos objetivos que destacan los propósitos y las ideas más resueltas sobre los valores que acreditan la dignidad del ser humano y de las sociedades en las que se integra. Supone alcanzar lo que Adela Cortina ha llamado acertadamente “una identidad moral”.

Recogerlos explícitamente no puede ser entendido a modo de simple inventario, entre otras razones porque su inclusión y su defensa suponen un compromiso que va más allá del simple enunciado de buenas intenciones para concretarse en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, verdadera pieza maestra del articulado y en la que se fundamentan la ciudadanía europea, el derecho europeo de los servicios públicos y todo un cúmulo de aportaciones desde la perspectiva social, que inciden de manera reiterada en las condiciones de trabajo, en la lucha contra la exclusión, en la igualdad entre hombres y mujeres, con especial referencia a la igualdad de retribución por el mismo trabajo, y en la protección social de los trabajadores. Y aunque sólo fuera por la relevancia otorgada a los derechos humanos, que permiten, sobre la base del texto comentado, singularizar a la Unión Europea como “un espacio de libertad, igualdad u justicia”, ya sería motivo más que suficiente para justificar el apoyo solicitado.

Mas no son los únicos argumentos en los que cabría insistir, por más que no resulte posible sintetizar en pocas líneas las reflexiones que avalan un pronunciamiento favorable. Me limitaré simplemente a destacar tres cuestiones que no pueden pasar desatendidas. Por un lado, se ha de tener en cuenta que el gran salto cualitativo que este Tratado Constitucional aporta consiste en otorgar dimensión y racionalidad política comunitaria a unos cimientos que hasta ahora se habían decantado primordialmente hacia la lógica económica del mercado único, sin menoscabo de las iniciativas de solidaridad en las que se ha basado una parte esencial de la modernización de España. La construcción de la Europa política, sustentada en el reconocimiento de su personalidad jurídica, se convierte de este modo en una garantía indispensable para la preservación del modelo social europeo y de su propia entidad en el marco de las nuevas coordenadas definidas por la globalización económica y el afianzamiento de la hegemonía estadounidense. Para lograrlo el documento incorpora una serie de mecanismos de decisión destinados a facilitar un funcionamiento más democrático de un entramado tan complejo, en el que los Estados, de fronteras incuestionables, ejercen una importante responsabilidad de equilibrio y de coherencia interna.

Y así el que las competencias ejercidas por la Unión y los Estados se hallen debidamente clarificadas, el que se asegure la transparencia de las deliberaciones, el que el Presidente de la Comisión sea elegido por el Parlamento en función de los resultados de las elecciones europeas o la posibilidad de que un determinado número de firmas puedan respaldar la introducción de cambios legislativos son, entre otras muchas, consideraciones claves que hay que hacer a la hora de valorar los avances introducidos en pro de un funcionamiento más democrático del sistema. Por otro lado, no quepa duda que la reiteración del principio de “cohesión económica y social”, al que se suma la valiosa connotación de “territorial”, permite abrigar expectativas susceptibles de favorecer, amén de políticas medioambientales realmente aplicadas, la toma en consideración de situaciones críticas como cuando se alude a “las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes” (¿alguien ha pensado de qué manera puede incidir este criterio en el futuro de Castilla y León?). Y, por último, cuando se alude a las reservas que suscitan los capítulos referidos a la “acción exterior de la Unión” y cunde la alarma frente a los efectos que se derivan del principio de unanimidad, no estaría de más observar al tiempo que, si resulta dificil minimizar lo que en el fondo continua siendo una prerrogativa dificilmente renunciable en aras de la defensa de la soberanía de los Estados, el Tratado Constitucional es harto contundente cuando defiende la necesidad de la cooperación al desarrollo y una actuación en el exterior basada en el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. ¿Podemos imaginarnos cómo hubiera podido afectar este respeto hace dos años a la actitud de los países europeos frente a la guerra y ocupación de Irak?.

El XXVI Congreso de la OICI: Ciudades y Municipios ante el siglo XXI

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El Mundo-Diario de Valladolid, 12 de Octubre de 2004

Pocos aspectos evidencian con tanta nitidez la complejidad y los contrastes del mundo contemporáneo como las diversas manifestaciones con que se expresa la realidad urbana. Si las ciudades aparecen, en efecto, identificadas como espacios de concentración demográfica y de actividades, también son ámbitos sujetos a procesos de transformación constantes, y en ocasiones muy acelerados, que comúnmente se asocian a las tensiones surgidas como resultado de las tendencias contradictorias y de los numerosos conflictos - sociales, económicos, culturales, urbanísticos - que se producen en su seno. “Las ciudades por todas partes y por todas partes en crisis”: así rezaba elocuentemente el título genérico con el que una prestigiosa revista de pensamiento ha tratado de significar lo que realmente subyace tras un fenómeno que no es tan familiar como a menudo desconocido en sus detalles, en sus tendencias y en sus múltiples implicaciones. Cuestión de primordial importancia a lo largo de la historia, las lógicas urbanas cobran en nuestro tiempo una dimensión que hace de la ciudad y de sus problemas un tema de atención permanente y obligada.

Pues no cabe duda que aspectos tan esenciales para el ciudadano como son cuantos se relacionan con el desarrollo económico, la calidad de vida y de su entorno de relaciones y, en definitiva, los avances en la consecución de su propio bienestar, dependen directamente de las decisiones que se adoptan desde los órganos de poder directamente responsables de las medidas que procuran avanzar en esa dirección. Tarea, desde luego, nada fácil, ya que la ciudad se encuentra enfrentada a una situación de riesgo y desestabilización permanentes. Riesgos en la calidad y eficiencia de los servicios básicos, riesgos medioambientales, riesgos de exclusión social, de confrontación, de inseguridad, de deterioro de su imagen y de su proyección... riesgos, en fin, que hacen de las políticas públicas acometidas en las ciudades verdaderos y acuciantes retos, impostergables en el tiempo y, lo que es más importante, la demostración fidedigna del bueno o mal gobierno urbano, hasta el punto de convertirse en un factor clave de la legitimidad y el reconocimiento de quienes ostentan en los municipios la responsabilidad máxima de las decisiones.

Todas estas consideraciones vienen a cuento a propósito de la relevancia que sin duda tienen las iniciativas que, sensibles a la envergadura de los problemas y desafíos que afectan a la gestión municipal, buscan la forma de abordarlos a través de la utilidad de la experiencia comparada y compartida, sobre la base del conocimiento mutuo. Tal ha sido desde hace muchos años la preocupación permanentemente defendida por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI), que a mediados de este mes ha convocado en Valladolid la celebración de su XXVI Congreso Iberoamericano de Municipios. Y lo hace ya por segunda vez, doce años después de que la ciudad acogiera, siendo alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, a los congresistas que en las instalaciones de la Universidad se dieron cita en Julio de 1992 para abordar un tema – “Cooperación Intermunicipal para el fortalecimiento de la democracia local” – que motivó debates de gran interés y reflexiones muy valiosas, algunas bastante innovadoras y todas materializadas en una obra de casi el millar de páginas.

En realidad, la reunión de Valladolid no fue sino un hito más en una trayectoria fecunda y muy activa, aunque no exenta lógicamente de inflexiones y altibajos, iniciada en La Habana a mediados de noviembre de 1938, cuando se creó la OICI – entonces denominada Interamericana - coincidiendo con el I Congreso Panamericano de Municipios. El protagonismo que en ello tuvo el Historiador de la Ciudad, Emilio Roy Leousate, como uno de los impulsores del proyecto de cooperación basado en las posibilidades de la intermunicipalidad, debe ser destacado en la medida en que ratifica la perspectiva cultural con que fue concebida esta idea, específicamente americana en sus orígenes, para casi de inmediato plasmarse en un órgano de confluencia política, en el que estuvieran representados los municipios de la América de habla hispana, incluyendo también a las ciudades meridionales de Estados Unidos, partícipes, con aquéllas, de una misma vertiente cultural. El fuerte despegue experimentado en los años cincuenta y sesenta, con momentos tan significativos como los marcados por los Congresos de Panamá, San Diego, Mar del Plata, Caracas y Nueva Orléans, revela la capacidad de convocatoria de la organización y el progresivo enriquecimiento de sus temas de atención, coherentes con las necesidades de la época y siempre conscientes de la necesidad de mantener viva la defensa del Municipio como elemento fundamental de la realidad social y económica de los respectivos países.

A partir de los años setenta, el distanciamiento de Estados Unidos, la fuerte crisis política y social provocada por las dictaduras latinoamericanas y la progresiva aproximación de España a la organización, introducen un nuevo rumbo, que se concreta en el XIV Congreso, celebrado en Málaga en 1972, y en el traslado de la Secretaría General a Madrid, que sería definitivo en 1985 y hoy desempeñada por el historiador del municipalismo Enrique Orduña. Es la etapa en que su horizonte espacial se amplía de manera sensible, al contemplar la presencia de municipios españoles, brasileños - de ahí la importancia que tuvo el Congreso de Aracajú (Sergipe) en 1984 – y portugueses, lo que llevaría en el de Montevideo (1976) a identificar estos Congresos como Iberoamericanos. La Organización ratificará así su condición de foro auténticamente iberoamericano, esto es, el de un espacio de encuentro formado por los países que a uno y otro lado del Atlántico son tributarios de la cultura y de la lengua ibéricas, fundamento, en suma, de una concepción integradora que hace hoy de la OICI una de las experiencias de cooperación internacional más extensas y relevantes del mundo contemporáneo, entre cuyas grandes aportaciones destaca la promulgación de la Carta de la Autonomía Local Iberoamericana (Caracas, 1990).

Pues bien, con una historia repleta de vicisitudes, logros y proyectos, satisfechos en unos casos y frustrados en otros, la OICI suscribe en Valladolid, doce años después y gobernada la ciudad por Javier León de la Riva, su compromiso con los fines que han inspirado la trayectoria de esta veterana organización municipalista. De un lado, el de contribuir al desarrollo, fortalecimiento y autonomía de los municipios; de otro, el de defender la democracia en la escala local; y, por si esto fuera poco, el de promover la incorporación efectiva de las administraciones locales en el proceso de desarrollo de sus respectivos países. Con el epígrafe “Democracia y Desarrollo Local”, el XXVI Congreso de la OICI trata de dejar bien claro que, pese a las tensiones y conflictos de nuestro tiempo, hay conceptos y principios que se mantienen irrenunciables y tan vigentes como cuando fueron formulados.

La Unión Europea ampliada

El Mundo-Diario de Valladolid, 5 de Mayo de 2004

Se ha dicho que la construcción del proyecto comunitario europeo representa la iniciativa económica, territorial, cultural y política más ambiciosa de cuantas se han llevado a cabo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Quizá pueda parecer exagerada tal afirmación en un panorama de dinamismos y cambios tan trascendentales como los que han jalonado la evolución del planeta en los últimos cincuenta años. Pero no de lo que no cabe duda es de que, aun no exenta de críticas y de reservas más que justificadas sobre los puntos débiles de los que aún adolece, la construcción de la Unión Europea arroja un balance en el que los aspectos positivos prevalecen ostensiblemente sobre sus carencias, los logros sobre los fracasos, los avances sobre los retrocesos, las innovaciones sobre las rémoras.

Prueba de ello es que, más allá de algún referendum puntual con resultado negativo, ningún país que haya accedido al grupo a lo largo de su ya dilatado proceso de ampliación ha optado por el abandono ni se lo ha planteado siquiera. Y aunque en algunos, como ocurre con el Reino Unido, las cautelas siguen siendo notorias, lo cierto es que en el fondo de la actitud británica subyace más el atávico recelo hacia el continente – compatible con un deseo de ser tenido en cuenta, como en 1962 señaló el expremier Mac Millan al iniciar las negociaciones para la incorporación de Gran Bretaña - que una postura decidida a poner seriamente en entredicho lo que se muestra sin paliativos como un logro compartido y que, como las investigaciones han subrayado con reiteración, es, de una u otra manera, beneficioso para todos.

La misma lógica que a lo largo de todo este tiempo ha presidido la voluntad integradora, por encima de la heterogeneidad estructural característica del espacio europeo, lleva a acometer a partir del 1 de Mayo de 2004 una iniciativa cuya envergadura no puede ser pasada por alto. Es un paso más, gigantesco sin duda, en la ratificación de la singularidad que en el mundo supone, sin parangón posible, la experiencia de la Europa unida. Cuando, situados frente al mapa y con los indicadores respectivos sobre la mesa, observamos el complejísimo mosaico de los diez Estados que en este momento se incorporan a la Unión, en la sensación experimentada se entreveran el asombro, la admiración y la incertidumbre. ¿Cómo es posible que un conjunto tan heteróclito pueda ser asumido por una realidad económico-territorial ya consolidada, trabada por la disciplina que impone la unidad monetaria y a punto de dotarse de un texto constitucional, que, en su Art.1, “crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros confieren competencias para alcanzar sus objetivos comunes”?. La cuestión no admite matices: las Unión Europea aparece ya dotada de reglas de juego bien precisadas, implica la adscripción de sus miembros a principios de actuación inequívocos y afronta su futuro sobre la base de un sistema regulador tan potente en sus mecanismos como irreversible en los aspectos sustanciales que articulan su voluntad integradora. Son las mismas premisas que, en una muestra de sensibilidad continental, otorgan su pleno sentido al Art. 2 del proyecto de Constitución cuando claramente señala que “la Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se compometan a promoverlos en común”.

La prueba de toque de lo que todo esto va a significar a partir de ahora vendrá dada, casi de inmediato, por las experiencias, interesantísimas y de gran valor referencial, asociadas a la nueva ampliación, cuyas implicaciones, que trataré de exponer aquí sintéticamente, van a incidir sobre dos aspectos que, en mi opinión, revisten una gran trascendencia.

En primer lugar, no cabe duda de que tanto por el incremento del número de miembros como por la personalidad espacial que los distingue tenderá a producirse un cambio muy sensible en la percepción y en la dimensión política y económica del propio espacio comunitario. Al tiempo que aumenta la superficie de la Unión en un 20% y su cifra de habitantes lo hace en un porcentaje algo superior (25%), la proyección hacia el Este del proyecto europeo contrapesa el sesgo eminentemente atlántico que desde sus orígenes había tenido y, lo que no es menos importante, fortalece la importancia numérica de los pequeños Estados – 19 de los 25 pertenecen a esta categoría - con todo lo que ello representa desde el punto de vista de los complicados equilibrios y de las alianzas a que puede abrirse la toma de decisiones.

De modo que, sin cuestionar la fortaleza del “núcleo duro” de la Unión, cimentado con firmeza variable en la relación franco-alemana (de “alianza incierta” la ha calificado Georges Soutou), su impacto no será irrelevante en la configuración de las nuevas tramas del poder comunitario como corresponde a un panorama extraordinariamente versátil que las negociaciones previas al proceso de adhesión han dejado entrever con cierta preocupación para determinado tipo de situaciones, tal y como se preveía en el primer informe provisional de la Comisión sobre los efectos de la ampliación presentado en el Consejo Europeo de Madrid en Diciembre de 1995.

. Se ha creado así un contexto inédito en el que ha de desenvolverse el funcionamiento de las estructuras intergubernamentales de gobierno, cuya responsabilidad básica no ha de ser otra que la de evitar situaciones de bloqueo procurando la satisfacción de intereses nacionales tan dispares. Es lo que Valéry Giscard d’Estaing, presidente de la Convención que ha elaborado el proyecto de tratado constitucional, denominó “el encaje fecundo, pese a sus dificultades, de la pluralidad”, consciente de que el paso dado a partir del 1 de Mayo entraña tantas potencialidades como desafíos.

Y junto a este aspecto no menor importancia ofrecen las readaptaciones que seguramente van a tener lugar a la hora de acometer, con la responsabilidad plenamente asumida desde el Tratado de Maastricht, los objetivos de la “cohesión económica y social”. Principio vertebrador de la política comunitaria a favor de la solidaridad interterritorial y de su propósito de favorecer la convergencia de las regiones en los indicadores más representativos del desarrollo, su aplicación en el nuevo escenario va a mostrarse decididamente proclive al respaldo de unos espacios que, globalmente, apenas alcanzan el 40% del promedio de renta de la Unión.

Y, a la par que muchas de las regiones hasta ahora “asistidas” – entre ellas, Castilla y León – abandonan esta condición bien por efecto estadístico o porque han logrado rebasar de manera efectiva el listón del 75% de dicha variable, los flujos de ayuda financiera al desarrollo tenderán a bascular hacia el Este por propia coherencia con lo que ha sido una línea de actuación que hasta el momento no ha tenido réplica. Bien es cierto que aún queda un margen disponible hasta que concluya el actual periodo de programación (2000-2006), durante el cual los nuevos miembros dispondrán de 213 millardos de euros, pero también es verdad que a corto plazo, y desde la perspectiva que más nos concierne, será preciso dar respuesta a dos incógnitas inevitablemente planteadas: de qué manera la competitividad por bajos costos laborales alcanzado en los nuevos países, y que los empresarios contemplan como potenciales espacios de oportunidad, puede ser contrapesada por factores y estrategias que al tiempo sean capaces de garantizarla en regiones hasta ahora beneficiarias de los Fondos Estructurales; y, lo que no es menos importante, hacia qué horizontes han de dirigirse nuestros esfuerzos de cooperación interregional para que la posición de Castilla y León se afiance con solidez en Europa más allá de buenos propósitos o de actitudes de confianza no siempre bien justificadas.

La importancia del conocimiento del tiempo y del espacio en la formación de la juventud

Este texto corresponde a la intervención realizada, por encargo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León,  con motivo de la presentación del "curriculum" de Ciencias Sociales correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Universitaria.  Fue pronunciada en el Palacio de los Serrano de la ciudad de Ávila y distribuida posteriormente a los asistentes 

El motivo que nos convoca en este acto posee una indudable trascendencia. No significa sólo la culminación de un proceso técnico, construido sobre unos cimientos predeterminados y encaminado formalmente a la configuración del curriculum que ha de orientar la enseñanza secundaria en Castilla y León y llevado a cabo en un ambiente proclive a la coordinación de esfuerzos, enfoques y perspectivas, sino que, ante todo,  representa el comienzo de una nueva etapa, repleta de desafíos y de compromisos, y también entendida como aquélla en la que es necesario sentar las bases de un sólido proyecto de futuro al servicio de los intereses, del prestigio y de la formación integral de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma en los niveles educativos de referencia. 

Bastaría para percatarse de ello traer a colación la  idea de Bertrand Russell cuando señala “todos los pasos que se acometan, y con conciencia de lo que representan para el futuro, en el campo de la educación, siempre serán pasos en la dirección adecuada, en la dirección que lleva a una sociedad a labrar su futuro con la fortaleza que proporcionan las ideas cuando éstas se muestran sensibles con la realidad a la que han de servir”. Estas palabras, escritas a mediados del  siglo pasado, siguen manteniendo su plena vigencia, entre otras razones porque, más allá de las modas y de las innovaciones que progresivamente han ido perfeccionando los métodos aplicados a la enseñanza, la educación entendida como la transmisión de los saberes a través de la relación profesor-alumno sigue fiel a los mismos principios y a idénticas fundamentaciones.

Sin embargo, es evidente que el ejercicio de la función docente no puede permanecer ajeno a los numerosos desafíos que implican los cambios en el panorama en el que ha de ser llevada a cabo. Vivimos una época realmente crucial en este sentido, época de transformaciones aceleradas en todos los sentidos y desde todas las perspectivas. Particularmente tres son, en mi opinión, los aspectos que están influyendo más directamente en la reorientación de la labor educacional: de un lado, la acumulación de conocimientos, que derivan de los avances en el desarrollo del saber hasta el punto de que su actualización y asimilación se convierten en un compromiso permanente para quienes por exigencias profesionales deben proyectarlos en el proceso formativo; de otro, la irrupción de las nuevas tecnologías, que han modificado sustancialmente los procedimientos y los modos de trabajo, facilitando su nivel de eficiencia y su capacidad de sistematización, al tiempo que ha favorecido una concepción del mundo mucho más próxima y solidaria; y, por último, no cabe duda que la globalización, con todas las connotaciones y posibilidades que ello representa, ha provocado asimismo la aparición  de ideas y de planteamientos, hasta hace poco desconocidos, que ponen al descubierto las fuertes interdependencias entre las sociedades y la dimensión planetaria de los fenómenos. Insistir en el significado de estas circunstancias y de lo que representan en la orientación de las actividades educativas se convierte en una necesidad incluso cuando se trata de abordar las directrices que deben tener los principios inspiradores de la educación en ámbitos como el que ahora nos ocupa.

Tal es el motivo por el que no ha podido ser entendido de otro modo el compromiso de llevar a cabo un nuevo diseño y configuración del curriculo de la ESO y del Bachillerato para los alumnos y alumnas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y aunque es cierto que su  aplicación no está exenta de dificultades  y que el logro de los resultados satisfactorios que se pretenden está  inevitablemente ligado a la motivación del profesorado y a la disponibilidad de los recursos que lo hagan factible, no hay que ignorar tampoco que los pilares para que estos fines se conviertan en realidad operativa y fecunda están plenamente garantizados por los objetivos que lo inspiran y por los contenidos que específicamente los desarrollan.

En esta reflexión parece justificado resaltar el papel desempeñado por el conjunto de materias que conforman el campo de las Humanidades. A nadie se le oculta la importancia que sin duda poseen estos saberes en la formación integral del alumnado. No en vano el equilibrio entre la enseñanza científico-técnica y la de carácter humanístico constituye una de las premisas esenciales cuando se trata de alcanzar, con criterios rigurosos y efectivos, el desarrollo de la personalidad del alumno, evitando posturas reduccionistas o simplificadoras que deriven en una visión carente de esa visión integradora de la realidad  que se pretende con la Educación Secundaria, concebida como una sólida plataforma sobre la que asentar la trayectoria educativa posterior.

Reconocido, por tanto, el alcance de la vertiente humanística que impregna el diseño curricular, se trata de poner en evidencia, y abiertos al espíritu crítico y a la independencia de criterio que ha de inspirar su aplicación, cuáles han sido fundamentalmente los principios que han sustentado su formalización o concreción en la estructura de contenidos finalmente planteada. Y es que, más allá de las particularidades que cada Area encierra y que explícitamente se subrayan de manera respectiva, la metodología utilizada nos permite llamar la atención sobre aquellos puntos o principios rectores que, a modo de hilo conductor y con una finalidad decididamente articuladora del conjunto, aparecen presentes en los distintos campos en que se desglosa el complejo y al propio tiempo coherente campo de las Humanidades. Admitiendo la imposibilidad de efectuar aquí una enumeración exhaustiva de los planteamientos que sustentan el diseño curricular desde el punto de vista humanístico, me limitaré a dejar constancia, a modo de muestra y de forma sucinta, de aquéllos que ejemplifican el sentido de la iniciativa llevada a cabo: 

-          Se ha tratado de lograr una visión actualizada y coherente de los aspectos que caracterizan y definen la complejidad del mundo contemporáneo desde las diversas perspectivas del conocimiento, entendiéndolo como el resultado de las interacciones que se dan entre la sociedad y el entorno, y al propio tiempo como el reflejo de los contrastes que derivan de la evolución histórica, de las desigualdades en los niveles de desarrollo y de los comportamientos culturales.

-          Este conocimiento se apoya a su vez en el fomento de actitudes centradas en los valores de tolerancia, solidaridad y respeto a la diferencia, necesarios para comprender la integración que se produce entre perspectivas complementarias,  que se enriquecen mutuamente y que van desde la escala local, más inmediata, hasta los escenarios que revelan la dimensión y el impacto de los procesos globalizadores. En este mismo sentido, cobra fuerza el empeño en afianzar el reconocimiento de los valores inherentes al sistema democrático y al Estado social de Derecho, como expresión de una perspectiva ética de los comportamientos que centra su atención en el significado de los derechos y libertades individuales y en las exigencias del deber moral.

-          Especial interés se asigna también a la voluntad de estimular el desarrollo de la competencia y capacidad comunicativa a través del aprovechamiento de  las ventajas de formación que, apoyadas en las inmensas posibilidades del lenguaje, permitidas por la lengua castellana, las lenguas clásicas y las lenguas extranjeras, se vinculan  con la realización de tareas de comunicación, indispensables cuando se trata de lograr una adecuada inserción en un contexto caracterizado por la lógica de la comunicación abierta y permanente, así como por los retos de la multiculturalidad, como uno de los grandes desafíos de nuestra época.

-          La formación humanística en las diferentes áreas que la configuran no se entiende de manera estática sino enriquecida formalmente mediante el empleo de estrategias de aprendizaje y de recursos didácticos capaces de facilitar el uso de la información disponible, de elaborarla y entenderla, con el fin de resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma y al propio tiempo en equipo.

-          Obviamente, una de las finalidades primordiales del proyecto curricular ha consistido precisamente en ampliar el margen de posibilidades que permitan un mejor y más completo conocimiento de la realidad de Castilla y León y de los aspectos que conforman  y dan coherencia a  su identidad espacial, socio-económica y cultural. A ello se llega a través de un planteamiento integrador  que los concibe, explica e interpreta dentro del contexto español y de la compleja estructura europea, de modo que las singularidades que caracterizan a la Comunidad Autónoma no sean entendidas como algo excluyente sino como parte de un acervo compartido con los espacios en los que se integra e indisociable de sus problemas, posibilidades y tendencias.  Creemos que de este modo,  con toda la modestia necesaria pero también con la debida contundencia, ha quedado puesta en entredicho la polémica suscitada en torno a la función de las Humanidades – identificada de hecho con el papel susceptible de ser desempeñado por la Historia- en la estructura del sistema formativo español.  Pues, lejos de plantearse esta cuestión en un clima de conflicto o de confrontación, se ratifica con fuerza el argumento de que el conocimiento de las realidades históricas y espaciales se comprenden y valoran mucho mejor cuando se abordan al margen de prevalencias, de mixtificaciones o de omisiones injustificadas. 

-          Como no podía ser de otro modo, se hace especial hincapié en el reconocimiento de la importancia del patrimonio, en sus múltiples dimensiones – natural, histórico-artística y literaria – como reflejo de un legado de valor inestimable y merecedor a la vez de un tratamiento que permita su preservación bajo las premisas de la sostenibilidad y que sólo puede venir garantizada por la fortaleza que proporcione a estos fines el conocimiento y la sensibilidad que de él se deriva. No es el patrimonio el resultado de una memoria inerte, que sobrevive al paso del tiempo y evoluciona subordinado a la lógica de actuaciones que minimizan su valor en función de las coyunturas o de apetencias determinadas por la inmediatez, sino ante todo el baluarte de una personalidad distintiva que identifica al territorio y le pone en valor con la continuidad que sólo su debida asimilación por la sociedad puede proporcionar.

Todos estos principios, explícitamente recogidos, definen, por tanto, las líneas maestras en función de las cuales se ha planteado y concebido  el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de Castilla y León en ese nivel  de tanta trascendencia formativa  como es sin duda la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Y es que, como señalaba al principio no se trata de una meta, de un punto de llegada,  sino de un escenario de partida que a todos compromete y que hay que valorar en su justa dimensión  en la medida en que la actividad docente ejercida en estos niveles ostenta la responsabilidad de contribuir a la maduración intelectual y cívica en la que sin duda representa la etapa más decisiva, por razones que nadie ignora, del proceso formativo de un persona en un panorama de complejidades y de cambios permanentes como el que nos ha tocado vivir. De ahí que no sea aventurado afirmar que, en la escala en que nos desenvolvemos, las expectativas de la educación dependen en buena medida del grado de eficacia y de proyección que las opciones y objetivos aquí previstos puedan tener. Unos fines que se apoyan en una estructura curricular que, siendo lógicamente perfectible, ha de estar necesariamente abierta a la reflexión y al valor añadido que sólo la experiencia puede aportarle. Por eso, aunque habrá de ser la aplicación de estos contenidos por parte de los docentes la que permita a la postre evaluar el alcance de sus intenciones y el grado de incidencia sobre la sociedad, no cabe duda que a priori ofrece un marco de posibilidades que, críticamente asumidas y debidamente valorizadas, reúnen  los requisitos indispensables para contribuir a la mejora  de la educación y lo mucho que ella representa para el porvenir de nuestra Comunidad Autónoma y al afianzamiento de su prestigio en los espacios en que se integra. 

LA UNIVERSIDAD QUE VIENE

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El Mundo-Diario de Valladolid, 16 de Noviembre de 2002

Nadie que haya seguido de cerca la evolución de la vida univer­sitaria española a lo largo del pasado curso ignora hasta qué punto el que ahora se inicia presenta un notable interés. Ha de suponer el periodo de aplicación efectiva de las princi­pales disposiciones previstas en la Ley Orgá­nica de Universidades, mediante la puesta en práctica de un proceso de adaptación funcio­nal que, fuertemente cuestionado en algunos de sus contenidos básicos y por su escandalo­so proceso de tramitación, se ha acabado im­poniendo por la fuerza de la ley hasta relegar al olvido las tensiones provocadas desde su entrada en vigor a comienzos de este año. Aparte de la reestructuración en los instru­mentos de gobierno y de ordenación de las fi­guras de profesorado contratado, en él se va a llevar a cabo la elaboración de los nuevos Estatutos, algo que, por lo que concierne a la Universidad de Valladolid, posee también una dimensión simbólica, en la medida en que permite superar la situación de bloqueo en que se ha visto sumida la actualización del sistema estatutario, que ningún Rectora­do ni Claustro han conseguido resolver hasta que, por imperativo legal, la situación se ha visto, al fin, desatascada.

Ahora bien, si es cierto que el desarrollo del proceso regulador implica el comienzo de una nueva etapa al menos desde la pers­pectiva formal, cabe plantearse si en esas circunstancias el rumbo inducido por la LOU va a tener la trascendencia y el impac­to que tuvo hace ya casi veinte años la apli­cación de la Ley de Reforma Universitaria, la norma concebida para la modernización y democratización del sistema superior de enseñanza e investigación. Evidentemente no. Pues es obvio que la verdadera transfor­mación de la Universidad española ha teni­do lugar, sin precedentes, a lo largo del pe­riodo comprendido entre los años 1983 y 1998, es decir, desde la entrada en vigor de la LRU y las transferencias de la educación universitaria a las Comunidades Autóno­mas. Han sido tres lustros decisivos, carac­terizados no sólo por una tendencia al in­cremento en todas las variables (alumnos, plantillas, equipos de investigación, planes de estudio, internacionalización, dotacio­nes e infraestructuras de toda índole) que confluyen en él, sino también por la consolidación de sus estructuras básicas de fun­cionamiento, al amparo de las crecientes posibilidades permitidas, con sus luces y sus sombras, por la autonomía universitaria.

A la postre, el formidable crecimiento cuantitativo experimentado y las innova­ciones funcionales asociadas a él han per­mitido lograr un balance satisfactorio, que ha hecho posible la homologación plena con las Universidades europeas y el consecuente fortalecimiento de su prestigio, por más que tampoco haya que ignorar la apa­rición de disfunciones o la pervivencia de inercias residuales, difíciles de evitar en una realidad estructuralmente tan comple­ja y heterogénea como los comportamien­tos y las pautas de actuación que tienen lu­gar en su seno.

Sobre estos cimientos se ha de edificar, pues, el modelo universitario contemplado en la LOU y, lo que es más importante, el que tiende a configurarse en un contexto diferente, cuando las -circunstancias y los factores que sustentaron el fuerte despegue anterior se inscriben en coordenadas bien distintas. En líneas generales, puede decirse que el cambio sustancial al que nos en­frentarnos consiste en el tránsito de una etapa en la que la fortaleza de la Universidad aparecía sólidamente respaldada por su propia tendencia al crecimiento, en au­sencia de otras opciones canalizadoras de los objetivos de promoción social y del re­conocimiento que como tal se le hacía por parte de los poderes públicos, motivados además por la urgencia de resolver las os­tensibles carencias heredadas, a otra en la que, satisfechos buena parte de los objeti­vos pretendidos, la problemática de la Uni­versidad (trasciende a sí misma, para mostrarse como una estructura cada vez más sensible y condicionada por las transforma­ciones, drásticas e imperiosas a su vez, que en apenas unos años están modificando sustancialmente el entorno en que se de­senvuelve.

Defiendo la idea de que con frecuencia la Universidad no ha sido consciente del significado de este viraje y de la trascendencia que, más pronto que tarde, iba a tener co­no factor primordial de su concepción interna y de su propia reorientación estratégica. Por ello es una lástima que el Informe “Universidad 2000", promovido desde la Conferencia de Rectores precisamente en 1998, y brillantemente coordinado por el Doctor Josep María Bricall, no tuviera el eco merecido y, ante todo, necesario. Más bien fue objeto de una lamentable actitud de vituperio, que se quedó en la epidermis de las propuestas para mostrar una imagen desafortunada e incoherente de !a comunidad universitaria. En la mayor parte de las Universidades - entre ellas la de Valladolid - permaneció al margen de la reflexión y del debate rigurosamente planteados, no se entró en el fondo del modelo preconizado y todo quedó reducido a esquemáticas descalificaciones nunca cuestionadas.

Se desaprovechó. y en ello los rectores que promovieron el documento tuvieron responsabilidad inequívoca, una ocasión excelente y !excepcional para aclarar diagnósticos, dilucidar directrices y mostrar ante las ¡instituciones y la sociedad la envergadura de los desafíos planteados. Y se trataba además de una oportunidad muy valiosa, suscitada en un momento clave en el proceso de readaptación universitaria, que, de haberse di­lucidado en la línea innovadora pretendida, tal vez hubiera permitido mostrar una ima­gen cohesionada de la Universidad pública ante el futuro, susceptible de haber refor­zado argumentalmente las reclamaciones financieras necesarias y, lo que no es me­nos importante, de haber matizado de ante­mano muchas de las imperfecciones de que adolece la L.OU, en cuyas posibles implica­ciones tampoco se profundizó con el grado de atención deseable en nuestra Universi­dad.

Sin embargo, la situación del entorno ofrece ya un panorama que obliga a plantear las cosas de otra manera. De hecho, dos con las circunstancias que más claramente confluyen para explicarla. De un lado, las fuertes variaciones registradas en la demanda de estudios superiores, coincidente con un declive continuado en la cifra de alumnos convencionales, con la aparición de otras opciones alternativas a la for­mación con posibilidades más o menos comprobadas de acceso al mercado de trabajo y con una intensificación de la competencia, en la que intervienen la movilidad auspiciada por el distrito único, por la integración en la trama universitaria europea y por la presencia concurrente de las univer­sidades privadas. Y, de otro, no cabe duda que la necesidad de intensificar la acredita­ción de los conceptos de calidad y eficien­cia cobra fuerza creciente a la hora de en­tender el aprovechamiento de los ingentes, y a veces infrautilizados, bienes disponi­bles, hasta convertir a la cultura de la eva­luación en el criterio determinante para la correcta asignación de los recursos.

Asumir el alcance a corto plazo de estos condicionamientos, que se acabarán impo­niendo por la presión de los hechos, obliga a ir más allá de una estrategia de mero reto­que, formalmente amparada en la reforma estatutaria, cuya trascendencia actual no va a ser, desde luego, misma que la que hubiera tenido la modernización de los Estatutos durante la vigencia de la LRU, ni tampoco puede resolverse mediante actitudes triunfalistas o autocomplacientes. Requiere fundamentalmente, y como corresponde a la actitud autocrítica consustancial a la Universidad pública, someter a revisión lo que sé hace, cómo se hace y para quién se hace. Esto es, implica la toma de conciencia rigurosa de las propias fortalezas y debilidades para orientar el funcionamien­to del sistema en la dirección más adecuada de modo que se neutralice el riesgo, no hace mucho denunciado por el responsable de una de las universidades valencianas, de que la Universidad pudiera llegar a ser un simple aparcamiento de funcionarios". Y, aunque es cierto que en no pocos casos se han dado pasos firmes en el sentido que lo evite, la cuestión estriba en incorporarlos plenamente a la lógica de la Universidad, de quienes la gobiernan y de quienes la in­tegran, convirtiéndolos en elementos acti­vos de un complejo de actividades de servi­cio a la sociedad que tiene precisamente en la superación de las inercias una de sus principales justificaciones.

De ahí la dimen­sión estratégica que revisten todas las ini­ciativas coherentemente encaminadas a sa­tisfacer cuatro objetivos fundamentales: la valorización de las propias ventajas especí­ficas, la mejora de la atención al alumno, la cohesión de una realidad estructuralmente heterogénea a través de los mecanismos que hagan posible el conocimiento mutuo y la coordinación de proyectos interdisciplinares en docencia e investigación y el afianzamiento de su proyección, sin rupturas ni contradicciones. Entre otros motivos porque la credibilidad y la competitividad de la Universidad pública, para algunos ahora en entredicho, sólo pueden venir da­das por la progresión de la calidad y la efi­cacia de sus aportaciones a la mejora de la situación en que se desenvuelve la sociedad y el espacio en el que, a todas las escalas, se inserta.