EDITORIAL AMBITO: NUEVA ETAPA, LOS MISMOS DESAFIOS

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El Norte de Castilla, 9 de Junio de 2008

A raíz de la absorción de la Editorial Ámbito por Gráficas Simancas en febrero de 2007, dí a conocer estas reflexiones en la referencia que sobre el tema publicó El Norte de Castilla unos meses después, cuando ya la operación estaba decidida y presagiaba una nueva etapa, que muchos acogimos con optimismo y una alta dosis de esperanza a la vista del empeño que en la nueva empresa ponía Ricardo Sainz Rojo, gerente de Simancas y entusiasta impulsor de  la iniciativa

De los múltiples comentarios y consideraciones que se han hecho sobre la crisis de la Editorial Ámbito en los dos últimos años, sólo conservo en el recuerdo las ideas vertidas al respecto por Carlos Blanco en un artículo publicado en EL NORTE DE CASTILLA el 16 de Diciembre de 2006. Habían transcurrido ya casi seis meses desde que el Consejo de Administración decidiera hacer frente a la gravísima situación financiera en que se encontraba la empresa cuando sentimos como un aldabonazo las palabras de Carlos al leer su observación de que “Ámbito agoniza entre la indiferencia de muchos, el dolor de algunos y los odios de quienes fueron durante los últimos 18 años sus dos principales gestores”. Confieso que personalmente esta afirmación, procedente de uno de los periodistas más lúcidos que conozco, me indujo a pensar que la versión que se estaba dando de la crisis, así como la percepción que de ella se tenía por parte de quienes habían vivido de cerca su trayectoria y, a la postre, por el conjunto de la sociedad, corrían el riesgo de quedar definitivamente tergiversadas, como si de un tema personal se tratase y todo el ruido montado no fuera si no la expresión de un despiadado ajuste de cuentas.

Decidí guardar silencio entonces porque en ese momento precisamente se iniciaba una larga y complicada travesía, que habría de prolongarse durante más de año y medio en un entorno enrarecido y, sobre todo, de gran dificultad, dada la variedad de frentes hacia los que orientar un sinfín de iniciativas, orientadas a un objetivo irrenunciable: la preservación de la continuidad del sello editorial de Ámbito, con la finalidad de ser leales a un doble compromiso. De un lado, el mantenido con los 606 socios; de otro, el que nos ha ligado durante veintiséis a la sociedad de Castilla y León, sin perder tampoco la perspectiva de los vínculos mantenidos con la cultura española.

El intento de interpretar la crisis como algo asociado a disputas personales quedó pronto desmentido por la admisión a trámite del “concurso de acreedores”, al que hubo que acudir ante la necesidad de acometer jurídicamente, y sin dilación, el proceso derivado de una situación financiera insostenible, que elevaba la deuda acumulada por encima del medio millón de euros. Ante hecho tan insostenible no hay paliativos ni equívocos que valgan: era simple y llanamente la manifestación dramática de una mala práctica gerencial, que había que reorientar de forma drástica, no sin antes hacer frente a las graves disfunciones en que se encontraba la empresa, tanto desde la perspectiva de su gestión interna como desde la que concierne a su relación con el complejo mercado del libro. Es más, cualquier intento de minimizar la gravedad ulterior de los datos comprobados ante la eventualidad de su neutralización mediante hipotéticos convenios institucionales, que jamás se habían llegado a formalizar y que eran presentados como la panacea virtual de todos los males, no dejaba de ser un desvarío, puesto al descubierto por las evidencias a que conducía el procedimiento llevado a cabo merced a una intervención judicial, tan rigurosa como eficaz, que disipaba toda duda en este sentido.

Ámbito era una empresa sumida en una profunda crisis, cuya supervivencia y autonomía dependían de sí misma y de la capacidad que, para sacarla adelante, pudieran desplegar los administradores que aún seguíamos al pie del cañón. La entrada en la órbita de una institución suponía un riesgo para la independencia del sello editorial, a lo que en modo alguno se estaba dispuesto.

La trayectoria de Ámbito en esta etapa vio jalonada hasta mediados de 2007 por ocho procesos judiciales, todos ellos, incluyendo los recursos, resueltos a favor del Consejo de Administración. Superada esta fase, la elaboración del Plan de Viabilidad se enmarca ya en una etapa de reconducción de la empresa que cristaliza en la aprobación del Convenio por parte de la Junta de Acreedores a finales de Octubre de ese año, lo que supone un avance importantísimo hacia la salida del túnel, merced a la comprensión y generosidad de los acreedores, que, al asumir las condiciones pactadas, dieron muestra palpable de su sensibilidad por lo que Ámbito ha representado y puede seguir representando. Desde entonces los acontecimientos se han sucedido en un clima de recuperación de la confianza, que, al tiempo que alejaba las nieblas anteriores, permitía atisbar un nuevo horizonte, ajustado a parámetros y a estrategias totalmente renovados, pues, con las advertencias recibidas, difícilmente se podía caer ya en los riesgos, en los errores y en las deficiencias de gestión que habían desembocado en una trágica situación que gradualmente iba siendo superada.

No cabe duda que la formalización del compromiso por parte de Ediciones Simancas a la hora de asumir el cumplimiento del Convenio suscrito con los acreedores ha significado la tabla de salvación, quizá impensable si el panorama judicial hubiera sido adverso para el Consejo de Administración. No lo fue y ello estuvo en la base de un restablecimiento de la voluntad de acuerdo entre ambos, esencial para proceder a las reestructuraciones necesarias y a la capitalización que las hiciera posible. Presentada y defendida como la única opción viable, la entrada de Simancas en el accionariado de la empresa de forma mayoritaria no ha sido nunca objeto de rechazo por los socios, que continúan formando parte de la sociedad y que en las dos últimas Juntas de Accionistas han aprobado por abrumadora mayoría la ampliación del capital, la suscripción mayoritaria por parte de Ediciones Simancas y los nombres que han de integrar el nuevo Consejo de Administración.

Se crea así un nuevo escenario, que invita al optimismo, aunque siempre con visto prudencia. Ámbito ha sobrevivido a la catástrofe, pero ha aprendido muy bien la lección. La que le aconseja operar como una editorial eficiente, moderna y competitiva, como única garantía para preservar su lealtad a los principios y a los objetivos que inspiraron su razón de ser, al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y abierta a la colaboración con instituciones y empresas, sin menoscabo de su independencia y pluralidad de enfoques y perspectivas. Precisamente lo que defendía Carlos Blanco.

Portugal: tan cerca y a la vez tan lejos

El Norte de Castilla, 29 de Enero de 2008

Como ha señalado el ex Presidente Mario Soares en el Diário de Notícias lisboeta, la última Cumbre hispano-portuguesa, recientemente celebrada en Braga, “ha constituido un paso importante en las relaciones peninsulares, abriendo una oportunidad única, que no se debe perder, para los dos Estados, en el dominio de las convergencias políticas y económicas, en el marco europeo en particular, pero también en relación al Mediterráneo, al Atlántico y a América Latina”.Objetivos encomiables que seguramente han sido reiterados en ediciones anteriores con la misma grandilocuencia, aunque su repetición no haga sino destacar que una estrategia que debiera estar ya consolidada aparece en este XXIII Encuentro como la manifestación de un deseo aún por cumplir.

Sin embargo, y a la vista de lo acordado, es evidente que los avances en la cooperación entre ambos Estados han ido adquiriendo entidad a través de realizaciones importantes, cuya incidencia habrá de notarse tanto globalmente para cada uno de ellos como para las regiones y lugares en las que se materialicen. No son desdeñables las comprometidas en esta reunión, donde se ha acordado la instalación en Braga del Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología, o proseguir en el camino, ya emprendido, hacia la integración energética. Un proyecto tan ambicioso como necesario, cuyos hitos más relevantes han de venir dados por los avances en la compatibilidad reguladora y convergencia tarifaria en el sector energético que permitan configurar un Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), acordado en 2004, por la política de fomento conjunto de las energías renovables, y por la ordenación del Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS), todo ello con la mirada puesta al tiempo en la creación de un gran operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMI).

Ahora bien, el buen funcionamiento de los vínculos entre los dos países no ha de limitarse sólo a los grandes acuerdos interestatales, que dan cumplimiento al Tratado de Amistad y Cooperación, suscrito el 22 de Noviembre de 1977. Desde que, tras la caída de las dictaduras que los distanciaron durante décadas, vieron la luz los primeros intentos de crear espacios de relación a menor escala basados en estrategias compartidas de desarrollo, la cooperación transfronteriza descentralizada se ha convertido en el punto de referencia esencial a la hora valorar el éxito o la frustración de esa voluntad de encuentro a favor de estrategias beneficiosas para ambas partes. Se trata de una cuestión cuya dimensión como problema, variable en su gravedad según los espacios concernidos, no ha dejado de persistir a o largo del tiempo, por mor de unos resultados que ni siempre pueden calificarse de satisfactorios ni, menos aún, incurrir en la autocomplacencia.

Los estudios sobre el tema son tan explícitos que no ha lugar al equívoco cuando ponen al descubierto las insuficiencias de desarrollo o los crónicos problemas de regresión global de estas áreas, que siguen acusando, salvo excepciones singulares, el estigma de la fragmentación histórica. Algo que resulta particularmente perceptible en el tramo de la “raya” correspondiente a la Comunidad de Castilla y León, que sigue siendo el más refractario a la rentabilización de las posibilidades permitidas por la confluencia de fuerzas a uno y otro lado, como ya puse de manifiesto en estas mismas páginas hace años (El Norte de 21 de Mayo de 2001). De manera puntual algunas iniciativas revelan el alcance del esfuerzo realizado y de las ayudas que lo han hecho posible, pero en la mayor parte de los casos son precarias o carecen de las condiciones capaces de asegurar su continuidad en el tiempo como garantía para la creación de oportunidades de desarrollo realmente consistentes. Recurrir para explicarlo a la debilidad demográfica nos lleva, en mi opinión, a un argumento no cuestionable pero insuficiente. Pues cuando ha existido verdadera voluntad de avanzar en la formación de espacios de encuentro creativos e innovadores, la experiencia ha servido para lo que se pretendía, es decir, para fijar población y crear expectativas, y sobre todo confianza, hacia el futuro.

Y es que, en general, la cultura de la cooperación transfronteriza deja todavía que desear: ni está asentada en el conjunto del territorio ni es asumida como una opción estratégica integradora, por más que las proclamas entusiastas que de vez en cuando se hacen den la impresión de lo contrario. De todos modos, para que los propósitos bienintencionados se conviertan en logros contundentes no es necesario improvisar instrumentos de cooperación sino aprovechar convenientemente, y sobre la base de los recursos disponibles, los ya creados y garantizar su operatividad. En resumen, bastaría con centrar la atención en dos soportes de actuación esenciales. Por un lado, en el fortalecimiento de las posibilidades permitidas por la Fundación Rei Afonso Henriques y por el Instituto Interuniversitario asociado a ella, evitando que languidezcan o que sus actividades sean poco más que acciones esporádicas o de mera intencionalidad; y, por otro, dar consistencia a la voluntad política de aplicar en Castilla y León, con fuerte implicación de los municipios y las organizaciones más dinámicos, las directrices contempladas en los acuerdos adoptados en el Encuentro Luso-Español sobre Cooperación Transfronteriza de 13 de Enero de 2006, que fijaron los principios en los que se apoya la programación de los Fondos Europeos para el periodo 2007-2013.

Si se tiene en cuenta que la próxima Cumbre (¿porqué no convocarla en Zamora?) va a celebrarse en Castilla y León – una oportunidad para recabar la implantación de iniciativas innovadoras de alcance interestatal, como se ha hecho en Braga - y que las posibilidades de las Comunidades de Trabajo constituidas con las regiones Norte y Centro de Portugal están avaladas por la contundencia de los diagnósticos y por el convencimiento de que existen potencialidades que han de ser aún valorizadas, nos encontramos ante una ocasión histórica que en modo alguno puede quedar desaprovechada, pese a que las inercias heredadas obliguen aún más a la prudencia que al triunfalismo.

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Castilla y León ante el nuevo modelo ferroviario

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El Norte de Castilla, 16 de Enero de 2008

Nadie duda que la entrada en funcionamiento del eje ferroviario de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid ha incorporado una infraestructura de primordial importancia en el proceso de intensa reordenación a que se halla sometido el sistema de transporte en la Unión Europea y en España. Es la doble perspectiva, necesariamente complementaria, desde la que se concibe la estrategia aplicada a la circulación ferroviaria en un espacio supraestatal integrado como el europeo, en el que todas las actuaciones se rigen por una lógica bien definida: es decir, la de asegurar la máxima calidad, eficiencia y seguridad en los desplazamientos de viajeros entre ciudades que disponen de un potencial de demanda capaz de rentabilizar las elevadas inversiones requeridas. Se trata, por tanto, de una dotación espacialmente muy selectiva, no exenta de controversias y argumentadas opiniones críticas, que no sólo contribuye a redefinir el significado tradicional del ferrocarril - a través de lo que se conoce como “nuevo modelo ferroviario” - sino que al tiempo favorece una nueva configuración de la infraestructura circulatoria apoyada en la interoperabilidad de los distintos modos, dando origen a la formación de plataformas logísticas donde confluyen la carretera, el ferrocarril y el aeropuerto, que operan de manera integrada al servicio de la mejora de las condiciones en que se desenvuelve la movilidad de las personas.

Pese a las preocupaciones que algunos agentes sociales muestran acerca de la posibilidad de que esta tendencia a la multimodalidad no culmine satisfactoriamente en Valladolid, conviene recordar que desde comienzos de los noventa esta ciudad ha merecido tal reconocimiento en todos los análisis e informes de la UE sobre la política de redes transporte. Suficientemente conocidos y analizados, huelga insistir sobre lo que es un hecho inequívoco: el afianzamiento de la posición de Valladolid, con la consiguiente predisposición financiera en los fondos comunitarios, como nodo primacial en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica y vértice redistribuidor de los trazados de alta velocidad ferroviaria previstos para la conexión con un espacio clave para la vertebración del territorio europeo, como es todo el conjunto de la España Atlántica. Constituye, en suma, la plasmación territorial de lo explícitamente contemplado en la Directiva 96/48/CE sobre el sistema ferroviario europeo de alta velocidad, transpuesta cuatro años después en el ordenamiento español (RD 1191/2000).

De ahí que la importancia de la actuación llevada a cabo rebase el estricto marco de la aglomeración vallisoletana – cuyas posibles implicaciones he analizado ya en estas mismas páginas (EL NORTE DE CASTILLA del 19.12.2007)- para incidir con mayor o menor intensidad en las perspectivas de transformación que pudieran derivarse para Castilla y León. Si bien es cierto que no abundan referencias comparativas sobre la dimensión regional provocada por unas dotaciones siempre concebidas y diseñadas a gran escala, parece pertinente hacer una aproximación desde esta perspectiva, toda vez que la regionalización es un hecho cada vez más vigoroso en la Unión Europea al tiempo que representa un nivel de atención primordial para valorar el alcance de la política de convergencia de desarrollo y cohesión económico-social. Tratándose de Castilla y León la cuestión cobra especial interés en función de los rasgos geográficos que la identifican (magnitud, situación estratégica, contrastes internos...) y de las posibilidades que, como consecuencia de ello, permite su toma en consideración como experiencia ilustrativa en todo el espacio europeo.

Las repercusiones a nivel regional irán perfilándose a medida que los trazados previstos vayan siendo ejecutados y comiencen a percibirse en la región los nuevos dinamismos inducidos en su red urbana principal, y que lógicamente habrán de venir determinados por las dos circunstancias que respectivamente las concierne de manera específica: de un lado, por su proximidad respecto a los centros extrarregionales con mayor capacidad de crecimiento y por la entidad de los vínculos desarrollados con ellos; y, de otro, por la calidad de los estímulos que cada ciudad pueda ofrecer para canalizarlos a su favor y consolidarlos de forma estable y a largo plazo. Si no parece previsible que surjan relaciones de competencia, que condicionen los equilibrios pretendidos, lo que sí tenderán a producirse son ritmos diferenciales en la magnitud de los impactos y sinergias desencadenados al amparo de una movilidad que cuantitativa y cualitativamente ofrecerá matices importantes.

Sobre la base de los datos disponibles, y teniendo en cuenta el alcance de las actuaciones acometidas o en fase de realización hasta la fecha dentro de un Plan ambicioso, cuyo horizonte puede experimentar desviaciones debido a problemas de financiación o a dilaciones técnicas, considero que, a corto y medio plazo, el trazado de alta velocidad va a dar origen en Castilla y León a tres tendencias espacial y económicamente significativas. La más inmediata y determinante consistirá en la cada vez más plena inserción de Segovia en los flujos generados en el área metropolitana de Madrid, incluso con mayor intensidad que lo detectado en el caso de Toledo.

Los efectos en este sentido habrán de ser múltiples, recurrentes y acumulativos, con resonancias marcadas en la presión inmobiliaria y en las posibilidades de uso que permite una ciudad y un entorno muy apetecidos en la percepción de la sociedad madrileña. Se asistirá, por otro lado, al definitivo afianzamiento de la centralidad vallisoletana, acrecentada por la polarización que finalmente acabará imponiéndose al amparo de los fuertes vínculos formados entre Valladolid y Palencia. Más allá de las implicaciones que ello pudiera tener en su valorización como espacio de nuevas oportunidades en la industria y el turismo, no es arriesgado pensar que supondrá el espaldarazo al fortalecimiento regional del aeropuerto de Villanubla, cuyo potencial de demanda está aún subestimado. Y, finalmente, la mejora de la accesibilidad ferroviaria con Asturias, facilitada por el túnel de Pajares, va a suponer, al fin, la incorporación de León a los ejes de crecimiento de los que hasta ahora permanecía alejado.

No sería, pues, aventurado presagiar la génesis de un corredor ferroviario Madrid-Asturias que favorecería un buen engarce a través de Valladolid y León, haciendo de la capital leonesa un punto crucial de referencia circulatoria en el sistema de comunicaciones de Castilla y León en sentido meridiano, con beneficios indudables tanto para la ciudad del Bernesga como para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Son, en cualquier caso, hipótesis sugeridas, a falta de un debate que todavía no se ha planteado.

Los impactos de la Alta Velocidad Ferroviaria

El Norte de Castilla, 19 de Diciembre de 2007

La experiencia comparada revela que los procesos de transformación económica y territorial no experimentan en nuestra época cambios tan drásticos y acelerados como los que han tenido lugar en etapas anteriores, cuando causas similares han desencadenado dinamismos y reestructuraciones de notable intensidad, hasta el punto de marcar nítidas rupturas con las tendencias precedentes. Algunos comentaristas han anticipado que la llegada a Valladolid del Tren de Alta Velocidad (TAV) a finales de 2007 puede tener la misma trascendencia que la del ferrocarril en 1859. Partiendo de la idea, en principio acertada, de que el Valladolid moderno se identifica con los grandes hitos que han marcado su condición de enclave ferroviario de primer orden, exageran al extrapolar a nuestros días fenómenos que, si tuvieron lugar en el contexto característico de la industrialización española en la segunda mitad del siglo XIX, difícilmente pueden reproducir los efectos acumulativos de entonces en un momento como el actual en el que las premisas sobre las que se fundamenta el desarrollo son mucho más complejas y diversificadas. Y sobre todo no tan dependientes de las infraestructuras, cuyo papel se ha modificado de modo sustancial.

Si históricamente el tren introdujo un decisivo factor de diferenciación en la dinámica de los territorios al amparo de las posibilidades abiertas por la nueva función otorgada a los núcleos favorecidos por su trazado - y de ello Valladolid siempre será un ejemplo emblemático -, la realidad contemporánea relativiza el alcance de estos impactos, en la medida en que la mejora de la movilidad ya no constituye en sí mismo una garantía de desarrollo o de generación de actividad a los niveles estimados por las previsiones más optimistas. Se trata más bien de un soporte técnico al servicio de las economías de escala preexistentes o de los potenciales de demanda que han sido utilizados como criterio para la implantación del nuevo eje circulatorio, que inevitablemente ha de acomodarse a los principios de eficiencia y rentabilidad con que se concibe y diseña este tipo de línea férrea.

Desde que en 1981 entró en funcionamiento el primer TAV europeo entre París y Lyon, los análisis realizados son más que elocuentes a la hora de valorar el alcance de los impactos provocados, su incidencia en el desarrollo y la repercusión en el sistema territorial en el que se inserta. En síntesis se puede decir que la mejora de la conectividad y la accesibilidad que una operación de estas características trae consigo reviste una doble dimensión. La más relevante, inmediata y de gran resonancia, es sin duda la urbanística y la territorial. Ya sea mediante la creación de un área específica, ya mediante la ordenación con este fin del espacio tradicionalmente ocupado por las instalaciones ferroviarias en todos los casos tiene lugar un fortísimo proceso de revalorización del suelo, que repercute sobre el conjunto del área afectada, con las consiguientes derivaciones especulativas, claramente estimuladas por las ventajas a que induce la nueva centralidad construida.

En este sentido, Valladolid va a ser posiblemente la ciudad europea con mayor superficie a reordenar, heredada del aprovechamiento del espacio ocupado por los antiguos talleres del ferrocarril, a la que se suma la resultante de la operación de soterramiento cuando se lleve a cabo. La disponibilidad de más de 90 Has. en un espacio urbano consolidado constituye una singularidad que explica el alcance de la impresionante metamorfosis funcional y estética prevista, al tiempo que va a representar, para bien o para mal, un ejemplo de referencia sobre el modo de intervenir en los antiguos espacios de uso ferroviario. Y, por otro lado, es evidente también que, merced a la intermodalidad propiciada por la conexión física de la nueva infraestructura con los enlaces viarios y aéreos, a los que ha de impulsar notablemente, la posición estratégica de Valladolid se ha de fortalecer sobremanera como nodo logístico crucial tanto en la Península Ibérica como en el conjunto del llamado Arco Atlántico.

En cambio, conviene entender la dimensión económica y social de manera más cautelosa. En ninguna de las experiencias europeas o españolas el salto cuantitativo ha sido tan intenso como se esperaba. En el ejemplo al que se suele recurrir en España para demostrar que los impactos pueden ser de envergadura – Ciudad Real – los datos no revelan magnitudes tan elevadas por lo que respecta al desarrollo económico e inmobiliario, por más que sea cierta una acentuación de la movilidad al amparo de los desplazamientos pendulares que tienen lugar entre Madrid y las ciudades sujetas a su área de influencia. Tal parecer ser la repercusión más manifiesta: una intensificación de la movilidad, asociada bien la sustitución del modo de transporte utilizado (el vehículo particular e incluso el avión, como ha sucedido en Sevilla y se prevé ocurra también en el caso de Barcelona) o bien a un aumento de la frecuencia de los usuarios habituales, lo que de hecho no implica un incremento sensible del número de viajeros ni, por ende, de las expectativas de demanda de vivienda, máxime cuando se aprecia una saturación del mercado por sobreoferta, con la consiguiente modificación a la baja de los precios.

Y lo mismo cabría decir de sus efectos en la implantación de empresas o en la captación de inversiones, destinadas a vigorizar el tejido productivo, avanzar en la innovación y animar la creación de empleo. No hay ningún automatismo comprobado en este sentido, ya que, cuando la distancia deja de ser un factor condicionante de la localización de las empresas, emergen otros factores (potencial humano, suelo industrial, redes tecnológicas, calidad de los servicios….) que elevan la magnitud del capital territorial y que hay que saber valorizar, lo que explicaría las tendencias selectivas que al respecto se perciben en Europa. El caso de Lille, esa espléndida ciudad del Norte de Francia hermanada con Valladolid desde 1987 y con una posición estratégica privilegiada entre Paris y Bruselas al amparo del TAV puesto en funcionamiento en 1993 y después ampliado hasta Londres a través del Canal de la Mancha, es una prueba fidedigna de que si la alta velocidad ferroviaria afianza la centralidad no asegura por sí sola la dinamización de las potencialidades latentes ni resuelve a su favor las ventajas que derivarían de que la ciudad acabe prevaleciendo más como destino final que como mero lugar de tránsito.

JUVENTUD QUE EMIGRA

El Norte de Castilla, 6 de Diciembre de 2007

Pocos temas han suscitado tanta atención en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos años los problemas que aquejan a su realidad demográfica. Salvo excepciones, la mayor parte de los análisis posee ese nivel de madurez y concreción que permite hacer diagnósticos rigurosos y llegar a conclusiones fiables para comprender sus tendencias esenciales e interpretar correctamente tanto los problemas que afectan a la sociedad castellana y leonesa como sus perspectivas de futuro. Y es que la dinámica de la población no es sino el fiel reflejo de la economía de un territorio. Todos los procesos que desde esta perspectiva tienen lugar en él responden a los efectos derivados de las actividades económicas y, por tanto, de las estrategias que las orientan. Profundizar en esta relación de interdependencia se convierte en un ejercicio obligado cuando se detectan síntomas de alarma que exigen la toma en consideración de factores que, yendo más allá de lo estrictamente demográfico, posibilitan su mejor comprensión y tratamiento.

No es una apreciación sin fundamento la que destaca la importancia que tiene la pérdida de población juvenil en el censo de Castilla y León. Además de las numerosas referencias por parte de los más relevantes estudiosos de nuestra realidad demográfica, del problema se han hecho eco también un sólido informe auspiciado por el Consejo Económico y Social en el año 2002 y, más recientemente, el estudio de la Fundación BBVA – “Actividad y territorio: un siglo de cambios” - , uno de los análisis más completos sobre los impactos provocados por la movilidad de la población en España.

Como aproximación a la magnitud del fenómeno, bastaría señalar que, según datos contrastados, en lo que va de siglo XXI cerca de 110.000 personas entre los 16 y los 30 años han salido de la región, en su mayoría para encontrar empleo en otros ámbitos. Mas, con ser una cifra elevada, no se trata sólo de un hecho cuantitativo. Su alcance, cualitativamente hablando, es aún mayor si cabe, teniendo en cuenta lo que realmente significa la pérdida de población joven en una estructura demográficamente problemática. Representa sin duda la circunstancia que más debe alertar en la medida en que a ella aparecen asociadas las tres tendencias que determinan un proceso de alarma en la dinámica de una sociedad, a saber, el aumento progresivo del envejecimiento, el debilitamiento del capital humano y la desvitalización natural, en función de la mella provocada en los índices de natalidad y la fecundidad. La concatenación que tiene lugar entre estos aspectos debe situar, por tanto, al descenso de los niveles de población joven en el centro mismo de la preocupación socio-política sobre la cuestión y de las medidas encaminadas a afrontarla.

Precisar las causas que lo explican no es tarea fácil, a falta de una investigación a fondo sobre el tema, aún sin realizar. Con todo, no está de más, como contribución al debate necesario, apuntar algunas de las razones que pudieran estar en la base de esta preocupante tendencia. A mi juicio, resulta muy cuestionable el argumento que la atribuye a la falta de adaptación del sistema formativo a las necesidades de la oferta de empleo. Aunque siempre se puede avanzar en este sentido, es evidente que el nivel de preparación proporcionado por la dotación académica con que cuenta la Comunidad permite disponer suficientemente de la plataforma adecuada para lograr una buena inserción de la juventud en el potencial mercado de trabajo. Hay que recurrir, por tanto, a otras motivaciones que, por lo que puede percibirse, tienen más que ver con los dos aspectos que en mayor esgrimen quienes optan por orientar su vida fuera de la región en la que se han formado y a la que, en no pocos casos, desearían volver.

De un lado, existe para muchos jóvenes la percepción de que las oportunidades de empleo en Castilla y León son limitadas, de que las exigencias de experiencia previa acaban creando un círculo vicioso del que a veces es muy difícil salir, de que la precariedad de la contratación es excesiva o de que las expectativas de promoción y mejora, una vez logrado el empleo, no son precisamente alentadoras. Y, de otro, no es menor la comprobación objetiva de que la capacidad de iniciativa empresarial se encuentra muy por debajo de las posibilidades que en principio cabría esperar de una sociedad dinámica, comprometida con su territorio y dispuesta a asumir los riesgos necesarios a la hora de optimizar los recursos disponibles. Cierto es que la trayectoria económica de Castilla y León ofrece experiencias muy encomiables en la creación y gestión de proyectos empresariales innovadores, con un balance positivo en la generación de riqueza y empleo, al tiempo que han servido como plataforma de proyección comercial y tecnológica hacia el exterior. Pero también hay que reconocer que los valores inherentes a la cultura empresarial no presentan la dimensión generalizada ni la continuidad en el tiempo ni la escala que haga posible la consolidación de un tejido productivo con posibilidades a largo plazo y con capacidad de resistencia frente a los reveses de la coyuntura.

Afrontar la pérdida de efectivos juveniles con éxito no es tarea fácil, ya que las inercias en demografía suelen ser muy fuertes, por más que existan instrumentos reguladores que tiendan al fomento del empleo o traten de estimular políticas de rejuvenecimiento. Bastaría, sin embargo, conocer a fondo las causas que desde el punto de vista económico y social justifican este problema para intervenir decididamente sobre ellas con la firmeza y contundencia que la situación requiere. De ahí el interés que el recientemente llamamiento del Presidente de la Junta a fortalecer “el músculo financiero” de la región tiene como parte de una estrategia que, más allá de las declaraciones bienintencionadas, reafirme la convicción de que la competitividad y el prestigio de una región son indisociables del buen aprovechamiento de su capital humano.

Guatemala: entre la esperanza y la incertidumbre

El Norte de Castilla, 3 de Diciembre de 2007

Aunque las experiencias vividas en el conjunto de la región hayan sido en ocasiones terribles, no hay en todo el continente que se identifica con el Nuevo Mundo un espacio tan castigado y convulso como el istmo centroamericano. Si exceptuamos la singularidad política de Costa Rica, no cabe duda de que el tortuoso brazo de tierra que enlaza México con el ámbito andino ha acusado de manera crónica las huellas de la violencia y la desestabilización, casi tan patentes como las que revela una naturaleza que de cuando en cuando transmuta su espectacular magnificencia por las manifestaciones de la catástrofe más demoledora.

Pese a sus fuertes vínculos históricos y culturales con España, poca atención mediática suele prestarse, sin embargo, a este espacio, al que sólo se alude cuando algún hecho dramático lo afecta o su consideración parece episódicamente justificada en función de los intereses que desde fuera se concitan sobre la zona. Y pese a que las diferentes formas de cooperación al desarrollo dejan notar en nuestros días un legado nada desdeñable, lo cierto es que ante los grandes problemas que le aquejan prima el silencio cuando no la indiferencia, frecuentemente entendida por sus sociedades como la expresión de un inmerecido desamparo.

Reflexionar en estos momentos sobre lo que sucede en Centroamérica no carece de interés por dos motivos que conviene resaltar. De un lado, porque por primera vez en mucho tiempo todos los países de la zona gozan de una situación de estabilidad política, consecuente con el cumplimiento de los acuerdos de paz allí donde se ha logrado poner fin a larguísimas guerras civiles o, en cualquier caso, con la normalización del proceso democrático, finalmente resuelto en un ambiente político donde las alternancias no posibilitan sorpresas significativas, ya que las fuerzas en liza se autolimitan a márgenes de maniobra plenamente asumidos por los distintos contendientes. Y, de otro, porque lo que antaño era un rasgo distintivo, asociado a los enfrentamientos armados o a la feroz represión, hoy ha cedido paso al agravamiento de los problemas internos, reflejados en un panorama donde son patentes las tensiones motivadas por la pobreza, la extrema desigualdad, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, síntomas de un profundo deterioro en el que todos estos aspectos guardan entre sí íntimas correlaciones, en cuya génesis no son irrelevantes la crisis del Estado y la debilidad de los instrumentos institucionales.

Es en este contexto donde cobra importancia y suscita curiosidad el horizonte abierto con la reciente elección presidencial en Guatemala. Las particulares características del país (su magnitud física, su contigüidad con México, su fuerte componente indígena y una trayectoria histórica demasiado marcada por la violencia: (“uno de los países más desgraciados de América Central, de toda América Latina”, diría Ryszard Kapucinski) justifican la atención que merece la preferencia mostrada a favor de un candidato, Álvaro Colom, ingeniero industrial decantado hacia objetivos que tienen más que ver con la voluntad de justicia e integración social que con la defensa de la seguridad a ultranza que preconizaba su adversario, Otto Pérez, militar retirado y artífice de una campaña repleta de descalificaciones que con frecuencia alcanzaban niveles inaceptables en una sociedad democrática.

Es cierto que la figura de Colom no responde a priori a los perfiles que en Europa o en Sudamérica se adscriben al modelo de político socialdemócrata con el que él mismo se ha tratado de revestir durante la contienda electoral. No es un reproche que deba hacérsele, pues quien conozca la historia guatemalteca convendrá en que difícilmente es posible construir trayectorias políticas coherentes en un entorno tan inestable e inseguro. Colom ejemplifica la capacidad de resistencia del político que en la esfera civil ha tratado de mantenerse fiel a sus principios y objetivos incurriendo en contradicciones y altibajos que, más que por su personalidad, han venido impuestos por una realidad que en ese país ha ido modelando las trayectorias de sus mejores cuadros al compás de las exigencias a que ha obligado el elemental deseo de supervivencia.

Lograda la victoria con un margen muy ajustado, habría que remontarse a lo que fue la figura de Jacobo Arbenz a mediados del siglo pasado para encontrar un precedente asimilable, aunque las circunstancias históricas condicionantes de las perspectivas de ambos no tengan ya nada que ver. En este escenario la sociedad guatemalteca más sensible a los problemas de su sociedad y de su tiempo, la que abomina de una etapa política que se encuentra entre las más funestas de Latinoamérica (no es fácil olvidar una guerra civil de 36 años), la que busca con esfuerzo su lugar en el mundo y pugna por una mayor transparencia y sentido de la justicia en la acción de gobierno, mira con cierta esperanza la nueva etapa que se ha abierto tras las elecciones. No hay que esperar a la toma de posesión del nuevo Presidente para adquirir conciencia de la gran expectación suscitada a través del particular debate que está teniendo lugar como expresión de una inquietud centrada en la composición del nuevo gobierno, en la relación que ha de mantener con los municipios (una realidad muy activa y de gran resonancia ciudadana), en la orientación de la política social y en las que hayan de ser las primeras medidas en sintonía con el programa defendido, ante el convencimiento de los grandes obstáculos que sin duda van a entorpecer su labor.

Demasiadas incógnitas a la vez para incurrir en el optimismo, de momento reemplazado por una actitud repleta de incertidumbres sobre lo que habrá de ser el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza - tal es el nombre del partido ganador - para el futuro del tan atormentado como hermoso país de los mil colores.

¿Quo vadis, Argentina?

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El Norte de Castilla, 14 de Noviembre de 2007

En una de las paredes exteriores del edificio central de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, hay una inscripción que dice: “Cuidado: por aquí se entra al laberinto de la realidad”. Aunque sin duda alude al juicio que merece la siempre crítica situación universitaria argentina, no es desacertado aplicarla a lo que sucede en el país que acaba de salir de una contienda electoral agotadora con resultados que hacía tiempo eran previsibles. Y es que adentrarse en la evolución política de Argentina nos lleva a un escenario que no admite parangón con ningún otro país del Cono Sur latinoamericano. Las fronteras entre opciones electorales que en Chile, Brasil o Uruguay aparecen coherentes con lo que ocurre en Europa, aquí están difuminadas en un heteróclito abanico de candidaturas que se modelan de manera oportunista durante la campaña, se modifican al albur de los sondeos, se contradicen en sus mensajes y, sobre todo, se supeditan en exceso a la imagen personalista de quien las encabeza, adobadas a menudo de una dosis de populismo expuesto sin ningún rubor.

No es posible entender el momento actual de Argentina y sus horizontes de futuro sin analizar de qué manera ha logrado superar la profunda convulsión vivida en 2001: “un embudo siniestro y colosal que nos arrastró a las cavidades del infierno”, como lo define Marcos Aguinis. Como un estallido brutal, afloraron los problemas larvados durante la etapa de Menem y que De la Rua fue incapaz de afrontar. La crisis económica, asociada a una paridad ficticia del peso con el dólar, al deterioro galopante de la competitividad y de la producción, al engrosamiento desbocado de la deuda externa y a la evasión masiva de capitales, derivó de inmediato en una catástrofe política de enorme envergadura, que llevó a la ciudadanía a proferir aquella terrible frase, nunca oída en otro país, de “¡Que se vayan todos!”, reflejo de hasta qué punto la imagen de los políticos se hundía sin remisión. Visitar Argentina en aquellos años era desolador: sentimiento de frustración histórica, deseo de abandonar el país, falta de proyecto personal y profesional, sensación de que no había nada que hacer, vivir al día…

La presidencia de Néstor Kirchner introdujo un cambio de rumbo que llamó la atención por sus aspectos de forma y también de fondo. Proveniente de la provincia patagónica de Santa Cruz, donde había sido gobernador, las directrices de su acción de gobierno estuvieron marcadas desde el primer momento por la voluntad de establecer claras distancias con sus predecesores para así de demostrar que no era uno más. Los análisis que se han hecho sobre su labor son redundantes cuando describen un modo de actuación en el que se mezcla la contundencia (supeditación de las Fuerzas Armadas, derogación de las leyes de punto final, postura de firmeza frente las empresas extranjeras, voluntad de demostrar independencia de las siglas convencionales, estilo iracundo…) con la toma de decisiones que, en el ámbito económico, no han hecho si no poner en práctica lo que parecía inevitable: devaluación del peso, fomento del comercio exterior en un clima coyuntural favorable y renegociación de la deuda con el FMI. La responsabilidad que en ello concierne a Roberto Lavagna, candidato en estas últimas elecciones, es clave. Si durante los últimos cuatro años, Kirchner ha gozado de niveles de aprobación insólitos en la historia argentina, este reconocimiento no es indiferente al hecho de haber logrado, gracias a Lavagna, fortalecer su posición competitiva en el comercio internacional, mientras afianza su proyección comercial en relación con Europa y se consolida como un país fuerte dentro de MERCOSUR, ampliando al tiempo sus conexiones con el mundo andino.

Mas cuando se examina de cerca este proceso de recuperación las cautelas no son pocas. Desde la perspectiva económica Argentina no ha modificado de momento un ápice sus pautas de crecimiento clásicas. Dos pilares lo sustentan: la exportación masiva de productos agrarios, en la que a los tradicionales rubros de cereal y ganado se ha unido el espectacular impulso de la soja (expandida a costa de las superficies de uso pecuario) y el turismo, que acude a Argentina al socaire de sus buenos precios y de sus espectaculares bellezas naturales. Sin embargo, y pese a disponer de excelentes profesionales, no hay innovación, la industrialización está casi paralizada, los salarios son muy bajos, la inflación supera los dos dígitos y la modernización de los servicios a las empresas ni se plantea. Entre tanto, el modelo político kirchnerista retoma en esencia los cánones sustentadores del peronismo de siempre, de esa mezcla de populismo y voluntarismo posibilista, que anega otras formas de hacer política e impide que otras opciones alternativas puedan competir en igualdad de condiciones. Cristina Fernández, respaldada por un aparato mediático y gubernamental impresionante, ha sido elegida sin efectuar ningún debate ni someter a la controversia con los demás candidatos un programa vacuo e intrascendente.

Con todo, los reclamos para que las cosas sean de otro modo no cesan de plantearse. Baste mencionar la reflexión publicada por Enrique Kleppe en “La Nación” tres días antes de las elecciones: “Necesitamos un partido que con entidad suficiente, conducta y buen proyecto, logre galvanizar el hartazgo social, diferenciarse, ser creíble y desatar la movilización que inaugure una nueva y fundacional manera de hacer política, en la que pueda florecer la Argentina que merecemos”. “La Argentina que merecemos”: ese era precisamente el lema de campaña de Roberto Lavagna, el gran ministro que sacó a Argentina del infierno económico de 2001, que ahora presentaba un verdadero plan de recuperación y que ha visto frustradas sus aspiraciones. Una oportunidad perdida.

Universidad pública y competitividad

El Norte de Castilla, 8 de Octubre de 2007

En uno los sondeos de opinión efectuados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a mediados de este año destacaba la observación de que la Universidad era, en ese momento, la institución más valorada por la sociedad española. Aunque la referencia apenas suscitó comentarios en la prensa o en los foros académicos, no faltaron quienes en el mundo universitario mostraron ante la noticia una actitud de cierta perplejidad: ¿cómo es posible – se preguntaban – que con todos los problemas que la aquejan, sus carencias, sus contradicciones y defectos, con todas esas imputaciones que a menudo se la hacen, unas injustas y otras más fundamentadas, sea la institución universitaria merecedora de tan alto reconocimiento, por encima de la administración de justicia, del empresariado o, a distancia notable, de quienes se dedican al ejercicio de la política?.

Sin otra pretensión que la de apuntar ideas en torno a una cuestión necesitada de un debate más a fondo, me permito señalar que la valoración de la Universidad, recogida en la encuesta del CIS, puede deberse al hecho de que la sociedad hace caso omiso de aquellos aspectos de funcionamiento críticos que, por complicados o ajenos a la preocupación ciudadana, pueden pasar desapercibidos o minimizados. En su lugar, reconoce, en cambio, y con toda la carga meritoria que posee, lo que verdadera revalida el alcance social de las actividades universitarias en aquello que realmente la distingue, esto es, la labor realizada en el desarrollo del conocimiento y en la transmisión de los saberes y destrezas que cualifican para el ejercicio profesional o, en todo caso, contribuyen al enriquecimiento intelectual de quienes de una u otra manera acceden a sus enseñanzas y aportaciones científicas.

Ahora bien, aunque estos atributos sean consustanciales a la Universidad, y, por lo que se ve, sigan influyendo positivamente en su imagen, nadie puede ignorar que el prestigio socialmente adquirido no constituye un valor en sí mismo más que en la medida en que logre estar preservado de las disfunciones que pueden llegar a cuestionarlo en unos momentos en los que las perspectivas universitarias se hallan expuestas a transformaciones decisivas, capaces de poner a prueba la solidez de sus aparentes o reales fortalezas. Se avecinan, en efecto, tiempos de cambio trascendental, cuya incidencia se ha de mostrar inevitable tanto en el diseño de las titulaciones o en la configuración de las plantillas como en los mecanismos de gestión responsables de sus estrategias básicas de funcionamiento. A la vista de cómo se están planteando los hechos no es aventurado afirmar que en estos momentos la Universidad es, en el sistema institucional europeo, la organización abocada a mayores transformaciones, que en esencia se apoyan en una premisa que conviene asumir: la necesidad de hacer compatible su condición de servicio público con la inevitable asimilación de las lógicas inherentes a la eficacia y la competitividad del sistema. Lejos de suponer una contradicción, este planteamiento permite entender hasta qué punto del modo en que cada Universidad, al amparo de la autonomía reconocida, ejerza sus funciones va a depender algo tan fundamental como la consolidación de su prestigio y la posición que puedan alcanzar las respectivas capacidades de cara a un sistema de relaciones cada vez más abierto y exigente.

La eficacia ha de ir indefectiblemente asociada a la calidad de los servicios prestados. Una exigencia tan ineludible como necesaria, pues ya no basta con que las Universidades ejerzan de manera convencional las actividades que les son propias sino que es indispensable dar a conocer cómo lo hacen, para qué lo hacen y con qué resultados, entre otras razones porque la sociedad, los organismos responsables de su financiación, los procesos de competencia, la dinámica de la diferenciación y las metas de calidad y excelencia incorporan una perspectiva evaluadora y de verificación de resultados que en modo alguno es posible cuestionar.

El compromiso a favor de la calidad integral de las responsabilidades universitarias, garantizado por las medidas e instrumentos – de ahí la importancia de la evaluación y sus efectos incentivadores – que permitan lograr avances irreversibles en esa dirección representa el más sólido soporte para el robustecimiento de su competitividad. A quienes cuestionan este concepto aplicado al complejo y diverso ámbito que nos ocupa, convendría advertirles de que una Universidad pública competitiva ni es en principio excluyente ni ha de primar unas vertientes de su actividad científico-docente frente a otras ni representa tampoco una amenaza para el aprovechamiento de todos los recursos, opciones y enfoques que en ella se cultivan y confluyen. Se trata, por el contrario, de entenderla, y de acuerdo con Vicente Guallart, como la capacidad que han de tener las organizaciones “para crear estructuras que respondan a las oportunidades y los retos del entorno en el que operan y a la velocidad adecuada”.

Es, en suma, sobre la base de esta simbiosis que en el nuevo horizonte se impone entre eficacia cualitativa y competitividad como la Universidad debe asegurar y fortalecer a la vez su condición de servicio público y de espacio crítico y libre, sin descuidar las ventajas que derivan de poner el mercado al servicio del bien público. De ese modo, no sólo se evitaría que la reputación aún mantenida pueda verse deteriorada, sino que al tiempo se podría aprovechar el amplio margen de posibilidades que, en un mundo globalizado, existe cuando son bien gestionadas sobre la base un modelo de Universidad en el que el saber y la innovación aparezcan debidamente imbricados y al tiempo acreditados por el paradigma de la calidad integral del sistema.

Universidad y Cooperación al Desarrollo

El Norte de Castilla, 20 de Septiembre de 2007

No es posible dejar de considerar a la pobreza como uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. El “germen de todos los males”, en atinada expresión de Jeffrey Sachs. La desigualdad entre regiones y países del mundo nos alerta cada día con manifestaciones lacerantes sobre los fuertes contrastes que desde la perspectiva del desarrollo separan a las sociedades hasta alcanzar niveles de disparidad nunca conocidos en la historia de la Humanidad. Es cierto que la propia noción de subdesarrollo, a la par que su dimensión espacial, ha ido evolucionando merced a los cambios que, con incidencia variable, han tenido lugar en ese amplísimo escenario – el antaño llamado Tercer Mundo - que en los años setenta y ochenta experimentó fuertes transformaciones, que diversificaron la relativa homogeneidad de sus indicadores y tendencias para dar origen a un proceso gradual de diferenciación, en el que si unos han logrado conectar con la lógica del mundo desarrollado, otros se ven sumidos en la crisis, en la marginalidad o en el acusado debilitamiento de sus instituciones de gobierno y gestión como actualmente sucede en no pocos países de África, Asia o Latinoamérica.

No descubrimos nada nuevo al afirmar que la desigualdad, con sus estigmas de exclusión y de miseria, define de forma dramática el mundo actual, ofreciendo en ocasiones tintes de desolación, bien manifiestos en la tragedia de los flujos inmigratorios descontrolados que hoy adquieren en Europa Occidental, y particularmente en España, su grado más alto de tensión y de mayor dificultad de tratamiento. Ante problemas de tal envergadura no cabe adoptar actitudes de indiferencia, pues se trata de situaciones que ni nos son lejanas en el espacio ni pueden resolverse con posturas demagógicas o de rechazo visceral. Son realidades cercanas, acuciantes e imposibles de eliminar de la percepción del mundo en que vivimos.

Si, desde luego, nunca será la panacea que permita poner fin a una situación asociada a la persistencia de graves factores estructurales, tampoco cabe duda de la importancia que en este sentido ha de concederse a los mecanismos de solidaridad apoyados en la cooperación al desarrollo, entendida en su vertiente más rigurosa y profesionalizada. Numerosos son los testimonios que avalan los resultados conseguidos a través de programas y proyectos de cooperación gestionados por las instituciones o por las organizaciones no gubernamentales. Su esfuerzo no debe quedar empañado por la improvisación de que a veces adolecen algunas intervenciones aisladas o por los escándalos que puntualmente denuncian el riesgo de que, bajo los objetivos de la cooperación al desarrollo, puedan aflorar hechos que traicionen la confianza otorgada. La necesidad de cautelas frente al despilfarro o la corrupción, así como la evaluación rigurosa de resultados, se imponen en nuestros días como principios básicos de actuación, sólidamente respaldados por la garantía que aporta una actividad de cooperación cuando ésta se apoya en la formación y en la debida solvencia y honestidad de quienes la ejecutan o la dirigen.

A este respecto no es baladí el papel que compete a la Universidad. Necesariamente sensibles a cuanto sucede en la realidad que las rodea y conscientes de los problemas de su tiempo, las Universidades tienden a asumir las responsabilidades que ineludiblemente las corresponden como espacios de reflexión y formación en un tema de tanta trascendencia. Las experiencias en este sentido son abundantes y en algunas de ellas han conseguido ya una prestigiosa acreditación, que respalda la conveniencia de abordar este compromiso con las herramientas de que se disponen, es decir, la capacidad científica, el conocimiento empírico, la valoración crítica a partir de la experiencia comparada y la proyección internacional.

Son instrumentos a disposición del amplio abanico de potenciales expertos relacionados con la gestión de los proyectos capaces de incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida y de actividad de las sociedades hacia las que se dirigen. Teniendo en cuenta que es un campo de acción en el que se observa una creciente participación de las administraciones públicas, bien a escala autonómica o local, justo es señalar que su presencia se verá sensiblemente reforzada a medida que los proyectos impulsados sean acometidos dentro de las coordenadas que, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico, aseguren el mejor cumplimiento posible de los objetivos pretendidos. Eficacia y solidaridad son términos complementarios en la ejecución de ese amplio abanico de opciones hacia el que se proyecta la conocida como cooperación descentralizada al desarrollo.

Por fortuna, la Universidad de Valladolid se incorpora a partir de este Curso al elenco de Universidades comprometidas con esta dignísima tarea. La realización de un celebrado Curso sobre esta temática por parte del Centro Buendía en Marzo de 2006 ha tenido, al fin, continuidad en un ambicioso proyecto formativo que aúna e integra las capacidades intelectuales que en las diversas áreas del saber comparten esta misma sensibilidad, enriqueciéndola con sus metodologías respectivas. El Curso de “Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo”, en el que al tiempo colaboran la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Coordinadora Castellano Leonesa de ONGs para el Desarrollo, pretende ser algo más que una mera relación de contenidos y de prácticas. Trata, ante todo, de satisfacer el objetivo que lo justifica, esto es, el de proporcionar una formación especializada que permita a quienes lo cursen ejercer de técnicos capacitados para trabajar en el ámbito de las instituciones y organizaciones sociales dedicadas a tan encomiable propósito.